Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.
Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley Audiovisual” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.
“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los FoMCA´s y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley Audiovisual sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FoMeCA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.
Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley Audiovisual, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.
Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley Audiovisual.
“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley Audiovisual. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.
Fuente: Marcha
