Las ponencias fueron realizadas en una audiencia convocada bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, que permitió que la sociedad civil, representada por organismos de derechos humanos, de medios comunitarios, universidades nacionales, académicos, medios del sector PyME y cooperativas de servicio público, intercambiaran posiciones con los representantes del gobierno nacional, Miguel De Godoy, presidente del ENaCom; Silvana Giudici, directora del ENaCom -que no habló en la audiencia-; Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Bertoni, director nacional de Datos Personales; y Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, los dos últimos ex funcionarios de la CIDH.
A través del titular del CELS Horacio Verbitsky, los solicitantes denunciaron que con el pretexto de las falencias en la aplicación de la ley y con la promesa de una futura ley de convergencia “se sustituyó un esquema participativo por otro de gestión puramente gubernamental, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales". Los miembros de la sociedad civil cuestionaron la política de hechos consumados que “habilita una mayor concentración en vez de limitarla" a la vez que permite mercantilizar la gestión de medios “como si no tuvieran relación con la circulación de la información y el debate de ideas; reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores".
El especialista e investigador Martín Becerra, detalló la forma en que opera la concentración en el sistema de comunicación y explicó la necesidad de regulaciones específicas por fuera del marco de la defensa de la competencia para atenuar sus efectos. Destacó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2013 que convalidó la plena constitucionalidad de las reglas que limitan la propiedad de los medios previstas en la Ley 26.522. Los expositores resaltaron la relación directa entre el control de la concentración y la democratización de la palabra.
Las alternativas de la audiencia fueron seguidas en directo en una pantalla gigante instalada en el auditorio de la Cámara de Diputados en Buenos Aires, en una actividad que convocó la Coalición y que contó con la participación de más de doscientas personas entre los que estuvieron presentes legisladores nacionales, referentes de las organizaciones, de medios y universidades así como comunicadores. Allí se informó que el evento también estaba siendo transmitido en más de 50 ciudades de toda la Argentina, en centros universitarios, escuelas, medios populares y del sector cooperativo.
La afectación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos fue abordada por Damián Loreti vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Secretario del CELS, quien destacó que los decretos vulneran la autarquía de la autoridad de aplicación en cuanto a su jurisdicción ministerial así como la representación multisectorial y federal que se expresaba en el disuelto Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (CoFeCA). Loreti también denunció la eliminación de la obligación de transporte de señales (must carry) que tenían las empresas de televisión paga -debían poner en su grilla a los medios abiertos locales, los medios públicos, universitarios y comunitarios- como parte de los derechos afectados.
El integrante de la Coalición subrayó además que el procedimiento adoptado por el Ejecutivo viola el principio de legalidad de la medida reguladora, al modificar una ley aprobada por el Congreso mediante un decreto presidencial.
En el turno del sector universitario se destacó el rol de los medios de universidades y las carreras de Comunicación, que contaban con amplia representación en el Consejo Federal y en el directorio del órgano de aplicación conforme la letra original de la ley 26.522. El presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCom) Daniel Badenes, fue el encargado de explicar el impacto de la eliminación de estas instancias participativas para el sector universitario.
Como lo destacaron algunos de los comisionados por la CIDH presentes en la audiencia, es tan relevante el control de la concentración económica como la presencia de la sociedad civil en instancias de participación y gestión. En este sentido, la trayectoria de más de 12 años de trabajo para modificar la antigua ley de la dictadura militar y su reemplazo por una ley de la democracia fue reseñada por el representante del Foro Argentino de Radio Comunitarias (FARCo) Néstor Busso, quien repasó los 21 puntos de la Coalición que sirvieron de plataforma para el acceso del sector no comercial, de comunidades de pueblos originarios y emisoras de la Iglesia Católica a la legalidad.
Los representantes del gobierno argentino dedicaron su esfuerzo a cuestionar las políticas de comunicación del anterior gobierno constitucional, la distribución de la pauta oficial y los contrapuntos con grupos corporativos de medios, pero evitaron referirse a los aspectos cuestionados que surgen de los decretos firmados por Mauricio Macri. Verbitsky lamentó, en este sentido, “que hayan perdido el tiempo en criticar a un Gobierno que ya no está y no pudieran defender los aspectos del DNU”.
La imposibilidad de competir y subsistir en mercados concentrados fue abordada por el dirigente de la Asociación de Radios Bonaerenses y del Interior de la Argentina (ARBIA), Osvaldo Francés, en tanto que el titular de la Cooperativa Eléctrica de La Pampa, Oscar Nocetti, reclamó a los comisionados que “no abandonen” a cientos de cooperativas que sienten la amenaza de una concentración feroz del mercado luego de haber conseguido derechos históricos para dar televisión por cable.
Más allá de las promesas expresadas por los funcionarios acerca de un proyecto de ley que no se conoce, la Coalición entiende que la sociedad argentina se enfrenta hoy con los efectos reales y cotidianos de decretos que impiden la participación federal y multisectorial en los órganos de control y la mercantilización de un derecho básico como es la comunicación. Queda pendiente el compromiso de Miguel de Godoy a la sociedad civil de que el gobierno está dispuesto "a dialogar y entregar la información que se requiera” y que va “a convocar a cada uno de los peticionarios para escucharlos y llegar a conclusiones juntos".
Las explicaciones no han logrado ocultar el efecto devastador de las medidas que ya se han adoptado. Queda por ver si hay voluntad de escuchar y corregir.
Coalición por una Comunicación Democrática
Ver anterior: Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH cambios a la Ley Audiovisual
