Los asesores legales le aconsejaron al empresario Cristóbal López que no haga la división de empresas del grupo Indalo con su socio Fabián de Sousa porque podría tener más complicaciones ante la Justicia.
El problema es que hay un memorándum de entendimiento firmado para la división de varios de los activos, aunque no de todos, y no está claro si se puede dar marcha atrás con la iniciativa. Para los abogados y consejeros más cercanos “no es momento de hacer esa división”. “No se sabe qué va a pasar”, explicó una fuente de la empresa a Perfil.
Tras la investigación de La Nación, que denunció una retención de impuestos por ocho mil millones de pesos por parte del Grupo, López y De Sousa anunciaron que se repartirían las empresas. El socio minoritario se quedaría con los medios y con Oil combustibles, y López con la construcción, la perforación de petróleo y el juego. Una versión indica que el anuncio fue una reacción apresurada a la investigación del diario. Otra sostiene que vienen trabajando en ello desde enero.
El viernes, la jueza en lo penal económico María Verónica Straccia ordenó una serie de allanamientos en las oficinas de Indalo. Prefectura y la Policía Federal se llevaron documentación de C5N, Oil, Inversora M&S, Deloitte y dos agencias de la AFIP de Palermo y el centro. Fue a partir de una denuncia de la AFIP.
La acusación sostiene que durante cuatro años el Grupo Indalo retuvo el impuesto a las transferencia de combustibles, que se paga por cada litro de nafta que se carga en estaciones de servicio, y que con ese dinero fondeó el resto de sus empresas. Para los abogados de López, si el Grupo se mantiene unido, será menor el impacto judicial.
En la cúpula de la empresa existe la convicción de que el gobierno de Mauricio Macri quiere que se desprenda de la “caja” y de los medios, para no sufrir más ataques desde la programación. La caja es el petróleo y el juego. Afirman que Cristóbal está molesto y que se quiere desprender de los medios. Una versión es que podría cederle parte de los medios o incorporar como socio al gigante Turner. “Lo que no quiere es que gane Canal 13. Tinelli tiene contrato con Indalo hasta 2024”, especificó una fuente de la empresa.
Aunque oficialmente lo niegan, hay versiones de que los medios no están siendo rentables. Consultadas por este tema, fuentes de la compañía indicaron que “es parejo. Hay medios que pierden, otros que ganan”.
Junto con la tormenta por la denuncia de AFIP, Indalo quiere dar por finalizado el conflicto con CN23. Por la conciliación obligatoria, la empresa tuvo que reincorporar a los despedidos. Abrió los retiros voluntarios, despidió a 13 personas y unas 40 quedaron en el canal, que sería una señal para el GBA.
Embestida
En la misma edición, Perfil da cuenta de la “embestida” del Gobierno de Mauricio Macri contra los negocios de Cristóbal López. La nota la firma Ezequiel Spillman: "Macri va a profundizar la embestida contra los negocios de Cristóbal López"
Lotería realizará una auditoría sobre las salas de juego del Hipódromo y los barcos casinos. Vialidad intervendrá sus concesiones en autopistas.
“Ya me puteaste toda la campaña, ahora no te debo nada”. Era el día en que Mauricio Macri había ganado las elecciones presidenciales y Cristóbal López lo fue a ver personalmente. Era el 23 de noviembre, el encuentro duró pocos minutos y fue en Barrio Parque. “Tenemos que poder dialogar y tener un vínculo, soy un empresario de trayectoria”, le expresó el Zar del Juego, quien había apostado todo a Daniel Scioli, incluso hasta darlo ganador en primera vuelta en C5N.
La relación entre ambos ya estaba quebrada pero, al menos, había puentes. Hoy ya no los hay: el gobierno nacional encaró una serie de auditorías y revisiones de los contratos que tenía Cristóbal López tanto en sus medios de comunicación (hoy en manos de su ex socio, Fabián de Sousa) hasta las concesiones viales que le entregó el kirchnerismo de manera poco clara. También, están en revisión los tributos que hoy paga Cristóbal por el millonario negocio del juego, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.
En una entrevista con Perfil, Macri explicó que en aquella reunión con López “dijo que quería contarme que era un empresario de trayectoria, y que quería seguir trabajando”. No parece haberle creído. El gobierno nacional avanzará contra las irregularidades que encontró en sus contratos con el Estado.
“Que pase lo que tenga que pasar”, se lo escuchó decir a Macri en los últimas días cuando lo consultaron por la debacle progresiva del imperio del Zar del Juego y la división de parte de sus empresas con De Sousa.
La AFIP lo investiga por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, por el uso de beneficios impositivos para la compra de nuevas empresas. Esta causa, por la cual el viernes la empresa fue allanada, es sólo la punta del iceberg. Según pudo reconstruir Perfil, Lotería Nacional lanzó una compulsa de precios (que ya tiene tres oferentes y se adjudicará en los próximos días) para realizar una extensa auditoría sobre el sistema de fiscalización de los dos barcos casinos y el Hipódromo de Palermo, cuyas máquinas tragamonedas pertenecen al Zar del Juego. Lotería busca determinar los “puntos flojos” de la fiscalización que realizaba el kirchnerismo: si están, efectivamente, las máquinas conectadas online al organismo estatal, si se pagaron los premios que se aducen y en qué estado se encuentra el control general del negocio. A ello se le suma la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de subir el impuesto a Ingresos Brutos del 8% a 12% en diciembre. Larreta quiere cobrar unos $ 2 mil millones que adeuda Cristóbal por ese gravamen.
Otra mala noticia para Cristóbal López: la semana que viene Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, intervendrá en la concesión de la autopista Ezeiza - Cañuelas (con la firma CPC), ya que se detectaron irregularidades y una deuda impositiva de $ 400 millones. El contrato, de 2009, es por $ 50 millones, vencía en 2019 e incluía la construcción de un enlace vial con la Ruta 3 por $ 1.300 millones. El Gobierno evaluó que se puede construir el mismo proyecto por sólo $ 725 millones. López envió a sus emisarios para que se renueve la concesión hasta 2029 y “arreglar”. Dietrich se negó y les pidió que regularicen su situación para completar el contrato. Nunca lo hicieron.
Además, Vialidad también dará de baja una de las dos obras que tiene López en el Sur: la de la Circunvalación de Comodoro Rivadavia. El Gobierno decidió darla de baja y volver a licitar. Por ahora, la obra de estabilización del Cerro Chenque en Comodoro (que incluyen una serie trabajos complejos para que el desmoronamiento no se lleve la ruta) no se tocará, pero está en la mira. Lo mismo ocurre con las concesiones de las Rutas 2 y 11.
En el ENaCom, el organismo que regula los medios, planean revisar el expediente de venta de parte de Daniel Hadad de C5N, Radio 10 y el paquete de radios a Indalo Media así como la cuota de mercado. Al momento de la compra superaba lo permitido. Indalo Media todavía tiene que presentar los papeles de compra de CN23 y la mitad de radio Vorterix. Debería demostrar capacidad financiera para que lo aprueben. No son pocos en el Gobierno los que tienen serias dudas al respecto.
Un vínculo roto
Desde mitad del año pasado, cuando comenzó una ofensiva desde sus medios de comunicación contra el macrismo, la relación entre Cristóbal López y Macri se fue deteriorando progresivamente. Primero fue Federico de Achával, su socio en el Hipódromo, y luego Daniel “el Tano” Angelici, quienes quisieron interceder para “aflojar” la tensión. En abril de 2015, Macri judicializó la licitación de cinco bingos porteños prácticamente quebrados, para evitar que el Zar del Juego se los quedara. Un mes y medio después vino la segunda estocada: el Gobierno porteño decidió no renovar el convenio del juego por el cual renunciaba a cobrarle impuestos y fiscalizar los negocios de Cristóbal López en la Ciudad.
En ese momento se detonó la guerra. Achával y Angelici intentaron bajar la tensión pero no pudieron. Y C5N contraatacó con la difusión de los negocios de Fernando Niembro. López puso todo a disposición de Daniel Scioli, hasta a su sobrina, Agostina Scioli, llegó a conducir el noticiero. Hoy ni Angelici intenta recomponer el vínculo.
Retuvo aportes por $ 300 millones
Hugo Alconada Mon sigue con su serie de notas sobre Cristóbal López en La Nación. Ahora revela que el empresario retuvo aportes por $ 300 millones, de los empleados para expandir su emporio
El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.
Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó La Nación.
La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.
La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de La Nación fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos.
Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.
¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó La Nación.
Las fechas en que comenzaron los incumplimientos varía en cada empresa. En algunas empezó hace al menos un año; en otras, a partir de diciembre pasado, en coincidencia con el fin de ciclo kirchnerista. Y en algunas sólo adeudan los aportes jubilatorios; en otras, también los aportes a las obras sociales y las contribuciones patronales a la obra social.
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados implicó así, en la práctica, otra fuente de financiamiento o "apalancamiento", a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
A cargo de la administración diaria del Grupo Indalo, De Sousa expuso esa estrategia en al menos dos desayunos de trabajo que mantuvo con gerentes y empleados de sus empresas en Puerto Madero, según dos relatos coincidentes que La Nación escuchó por separado. Sostuvo que no pagaban los aportes porque "preferían" destinar esos fondos a otros fines.
Ante la consulta de La Nación, sin embargo, dos ejecutivos del Grupo Indalo de la más íntima confianza de De Sousa reconocieron que las empresas del holding adeudan aportes previsionales por "unos 140 millones de pesos", aunque se negaron a confirmar o desmentir que ese dinero se haya canalizado a nuevas inversiones.
Tanto López como De Sousa consideran además "injusto" que se los señale por prácticas que, afirman, también utilizan otros empresarios de los medios y que apelaron al "canje" de esa deuda previsional por espacios de publicidad oficial que habilitó, para todos los medios, el decreto 852/14 de la entonces presidenta Cristina Kirchner (La Nación nunca adhirió a ese régimen durante un reclamo del Estado con decenas de publicaciones, que nada tuvo que ver con el pago siempre a término de los aportes patronales. Dos fallos judiciales avalaron la posición de esos medios finalmente).
Desde el Grupo Indalo también explican que parte de la deuda previsional que acumulan con sus empleados la heredaron de los anteriores dueños de las empresas que compraron. Por ejemplo, los medios de comunicación de Daniel Hadad, como Radio 10 y la señal de cable C5N, o Sergio Szpolski, con CN23.
Así, según datos oficiales de la ex AFSCA, Telepiu (C5N) registra una deuda exigible por $ 33,1 millones, Votionis (Radio 10 y Mega), por $ 11,8 millones, DH Com (Pop) por $ 8,2 millones, y Soluciones Logísticas (CN23) por $ 3,7 millones, a las que se suman multas y otros montos menores en otras firmas controlantes de medios.
En Indalo le adjudican a Hadad la responsabilidad por la génesis de esa deuda, ya que mantenía "al 75 por ciento" de sus empleados como "factureros", mientras que López y De Sousa los blanquearon y colocaron en relación de dependencia.
Al límite del reglamento
Ese argumento defensivo es válido, pero sólo de manera parcial, según verificó La Nación, porque al vender sus medios, Hadad traspasó la deuda previsional a López y De Sousa que a su vez multiplicaron ese pasivo y derivó en la apertura de una causa penal que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico de Javier López Biscayart, tras una denuncia del abogado Gonzalo Espinosa Paz.
La investigación se centra en la apropiación ilegal de recursos de la Seguridad Social de algunos empleados -no todos- de Telepiú por al menos $ 35,7 millones de capital -monto al que deben sumarse intereses- entre mayo de 2012 -cuando ya había pasado a manos del "zar del juego"- y julio de 2014.
El cuadro es muy distinto en Ideas del Sur. Tinelli cedió el control de la productora sin deudas previsionales, pero hoy acumula reclamos de sus empleados. Adeuda aportes a Seguridad Social y a la obra social al menos desde febrero de 2015
En rigor, la misma política de quedarse con cientos de millones de pesos que correspondían a los aportes jubilatorios de sus empleados se repiten incluso dentro de Inversora M&S, la firma que durante los últimos años recibió $3400 millones de los impuestos que retuvo la petrolera Oil Combustibles.
Pero también en el portal Minuto Uno y en el diario Buenos Aires Herald, que junto a los aportes previsionales acumula deudas en la obra social. Según López y De Sousa, sin embargo, las deudas que acumulan con el Estado y sus empleados son una "pantalla" de un conflicto más profundo. Consideran que el presidente Mauricio Macri les declaró una "guerra" y que sufren una "persecución política" por sus vínculos con la familia Kirchner. En ese contexto enmarcan las últimas decisiones de AFIP y Vialidad Nacional.
Los dueños del Grupo Indalo defienden además la decisión de haber financiado con impuestos y aportes previsionales su expansión durante la última década.
"Lo que hicimos podrá no ser ético, pero fue legal", planteó un ejecutivo que expresa el sentir y el pensar de De Sousa a La Nación. "Nosotros no violamos ningún ley; como máximo jugamos al límite del reglamento -abundó-. Y si algo se hizo mal, habrá sido responsabilidad de quienes estaban en la AFIP."
El facsímil muestra el plan de facilidades de pago que la AFIP concedió a Votionis SA, la empresa controlante de Radio 10
“Ya me puteaste toda la campaña, ahora no te debo nada”. Era el día en que Mauricio Macri había ganado las elecciones presidenciales y Cristóbal López lo fue a ver personalmente. Era el 23 de noviembre, el encuentro duró pocos minutos y fue en Barrio Parque. “Tenemos que poder dialogar y tener un vínculo, soy un empresario de trayectoria”, le expresó el Zar del Juego, quien había apostado todo a Daniel Scioli, incluso hasta darlo ganador en primera vuelta en C5N.La relación entre ambos ya estaba quebrada pero, al menos, había puentes. Hoy ya no los hay: el gobierno nacional encaró una serie de auditorías y revisiones de los contratos que tenía Cristóbal López tanto en sus medios de comunicación (hoy en manos de su ex socio, Fabián de Sousa) hasta las concesiones viales que le entregó el kirchnerismo de manera poco clara. También, están en revisión los tributos que hoy paga Cristóbal por el millonario negocio del juego, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.
En una entrevista con Perfil, Macri explicó que en aquella reunión con López “dijo que quería contarme que era un empresario de trayectoria, y que quería seguir trabajando”. No parece haberle creído. El gobierno nacional avanzará contra las irregularidades que encontró en sus contratos con el Estado.
“Que pase lo que tenga que pasar”, se lo escuchó decir a Macri en los últimas días cuando lo consultaron por la debacle progresiva del imperio del Zar del Juego y la división de parte de sus empresas con De Sousa.
La AFIP lo investiga por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, por el uso de beneficios impositivos para la compra de nuevas empresas. Esta causa, por la cual el viernes la empresa fue allanada, es sólo la punta del iceberg. Según pudo reconstruir Perfil, Lotería Nacional lanzó una compulsa de precios (que ya tiene tres oferentes y se adjudicará en los próximos días) para realizar una extensa auditoría sobre el sistema de fiscalización de los dos barcos casinos y el Hipódromo de Palermo, cuyas máquinas tragamonedas pertenecen al Zar del Juego. Lotería busca determinar los “puntos flojos” de la fiscalización que realizaba el kirchnerismo: si están, efectivamente, las máquinas conectadas online al organismo estatal, si se pagaron los premios que se aducen y en qué estado se encuentra el control general del negocio. A ello se le suma la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de subir el impuesto a Ingresos Brutos del 8% a 12% en diciembre. Larreta quiere cobrar unos $ 2 mil millones que adeuda Cristóbal por ese gravamen.
Otra mala noticia para Cristóbal López: la semana que viene Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, intervendrá en la concesión de la autopista Ezeiza - Cañuelas (con la firma CPC), ya que se detectaron irregularidades y una deuda impositiva de $ 400 millones. El contrato, de 2009, es por $ 50 millones, vencía en 2019 e incluía la construcción de un enlace vial con la Ruta 3 por $ 1.300 millones. El Gobierno evaluó que se puede construir el mismo proyecto por sólo $ 725 millones. López envió a sus emisarios para que se renueve la concesión hasta 2029 y “arreglar”. Dietrich se negó y les pidió que regularicen su situación para completar el contrato. Nunca lo hicieron.
Además, Vialidad también dará de baja una de las dos obras que tiene López en el Sur: la de la Circunvalación de Comodoro Rivadavia. El Gobierno decidió darla de baja y volver a licitar. Por ahora, la obra de estabilización del Cerro Chenque en Comodoro (que incluyen una serie trabajos complejos para que el desmoronamiento no se lleve la ruta) no se tocará, pero está en la mira. Lo mismo ocurre con las concesiones de las Rutas 2 y 11.
En el ENaCom, el organismo que regula los medios, planean revisar el expediente de venta de parte de Daniel Hadad de C5N, Radio 10 y el paquete de radios a Indalo Media así como la cuota de mercado. Al momento de la compra superaba lo permitido. Indalo Media todavía tiene que presentar los papeles de compra de CN23 y la mitad de radio Vorterix. Debería demostrar capacidad financiera para que lo aprueben. No son pocos en el Gobierno los que tienen serias dudas al respecto.
Un vínculo roto
Desde mitad del año pasado, cuando comenzó una ofensiva desde sus medios de comunicación contra el macrismo, la relación entre Cristóbal López y Macri se fue deteriorando progresivamente. Primero fue Federico de Achával, su socio en el Hipódromo, y luego Daniel “el Tano” Angelici, quienes quisieron interceder para “aflojar” la tensión. En abril de 2015, Macri judicializó la licitación de cinco bingos porteños prácticamente quebrados, para evitar que el Zar del Juego se los quedara. Un mes y medio después vino la segunda estocada: el Gobierno porteño decidió no renovar el convenio del juego por el cual renunciaba a cobrarle impuestos y fiscalizar los negocios de Cristóbal López en la Ciudad.
En ese momento se detonó la guerra. Achával y Angelici intentaron bajar la tensión pero no pudieron. Y C5N contraatacó con la difusión de los negocios de Fernando Niembro. López puso todo a disposición de Daniel Scioli, hasta a su sobrina, Agostina Scioli, llegó a conducir el noticiero. Hoy ni Angelici intenta recomponer el vínculo.
Retuvo aportes por $ 300 millones
Hugo Alconada Mon sigue con su serie de notas sobre Cristóbal López en La Nación. Ahora revela que el empresario retuvo aportes por $ 300 millones, de los empleados para expandir su emporio
El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.
Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó La Nación.
La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.
La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de La Nación fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos.
Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.
¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó La Nación.
Las fechas en que comenzaron los incumplimientos varía en cada empresa. En algunas empezó hace al menos un año; en otras, a partir de diciembre pasado, en coincidencia con el fin de ciclo kirchnerista. Y en algunas sólo adeudan los aportes jubilatorios; en otras, también los aportes a las obras sociales y las contribuciones patronales a la obra social.
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados implicó así, en la práctica, otra fuente de financiamiento o "apalancamiento", a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
A cargo de la administración diaria del Grupo Indalo, De Sousa expuso esa estrategia en al menos dos desayunos de trabajo que mantuvo con gerentes y empleados de sus empresas en Puerto Madero, según dos relatos coincidentes que La Nación escuchó por separado. Sostuvo que no pagaban los aportes porque "preferían" destinar esos fondos a otros fines.
Ante la consulta de La Nación, sin embargo, dos ejecutivos del Grupo Indalo de la más íntima confianza de De Sousa reconocieron que las empresas del holding adeudan aportes previsionales por "unos 140 millones de pesos", aunque se negaron a confirmar o desmentir que ese dinero se haya canalizado a nuevas inversiones.
Tanto López como De Sousa consideran además "injusto" que se los señale por prácticas que, afirman, también utilizan otros empresarios de los medios y que apelaron al "canje" de esa deuda previsional por espacios de publicidad oficial que habilitó, para todos los medios, el decreto 852/14 de la entonces presidenta Cristina Kirchner (La Nación nunca adhirió a ese régimen durante un reclamo del Estado con decenas de publicaciones, que nada tuvo que ver con el pago siempre a término de los aportes patronales. Dos fallos judiciales avalaron la posición de esos medios finalmente).
Desde el Grupo Indalo también explican que parte de la deuda previsional que acumulan con sus empleados la heredaron de los anteriores dueños de las empresas que compraron. Por ejemplo, los medios de comunicación de Daniel Hadad, como Radio 10 y la señal de cable C5N, o Sergio Szpolski, con CN23.
Así, según datos oficiales de la ex AFSCA, Telepiu (C5N) registra una deuda exigible por $ 33,1 millones, Votionis (Radio 10 y Mega), por $ 11,8 millones, DH Com (Pop) por $ 8,2 millones, y Soluciones Logísticas (CN23) por $ 3,7 millones, a las que se suman multas y otros montos menores en otras firmas controlantes de medios.
En Indalo le adjudican a Hadad la responsabilidad por la génesis de esa deuda, ya que mantenía "al 75 por ciento" de sus empleados como "factureros", mientras que López y De Sousa los blanquearon y colocaron en relación de dependencia.
Al límite del reglamento
Ese argumento defensivo es válido, pero sólo de manera parcial, según verificó La Nación, porque al vender sus medios, Hadad traspasó la deuda previsional a López y De Sousa que a su vez multiplicaron ese pasivo y derivó en la apertura de una causa penal que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico de Javier López Biscayart, tras una denuncia del abogado Gonzalo Espinosa Paz.
La investigación se centra en la apropiación ilegal de recursos de la Seguridad Social de algunos empleados -no todos- de Telepiú por al menos $ 35,7 millones de capital -monto al que deben sumarse intereses- entre mayo de 2012 -cuando ya había pasado a manos del "zar del juego"- y julio de 2014.
El cuadro es muy distinto en Ideas del Sur. Tinelli cedió el control de la productora sin deudas previsionales, pero hoy acumula reclamos de sus empleados. Adeuda aportes a Seguridad Social y a la obra social al menos desde febrero de 2015
En rigor, la misma política de quedarse con cientos de millones de pesos que correspondían a los aportes jubilatorios de sus empleados se repiten incluso dentro de Inversora M&S, la firma que durante los últimos años recibió $3400 millones de los impuestos que retuvo la petrolera Oil Combustibles.
Pero también en el portal Minuto Uno y en el diario Buenos Aires Herald, que junto a los aportes previsionales acumula deudas en la obra social. Según López y De Sousa, sin embargo, las deudas que acumulan con el Estado y sus empleados son una "pantalla" de un conflicto más profundo. Consideran que el presidente Mauricio Macri les declaró una "guerra" y que sufren una "persecución política" por sus vínculos con la familia Kirchner. En ese contexto enmarcan las últimas decisiones de AFIP y Vialidad Nacional.
Los dueños del Grupo Indalo defienden además la decisión de haber financiado con impuestos y aportes previsionales su expansión durante la última década.
"Lo que hicimos podrá no ser ético, pero fue legal", planteó un ejecutivo que expresa el sentir y el pensar de De Sousa a La Nación. "Nosotros no violamos ningún ley; como máximo jugamos al límite del reglamento -abundó-. Y si algo se hizo mal, habrá sido responsabilidad de quienes estaban en la AFIP."
El facsímil muestra el plan de facilidades de pago que la AFIP concedió a Votionis SA, la empresa controlante de Radio 10
