Después de que en enero de 2008 fuera promulgada en Uruguay la Ley Nº 18.232, más conocida como Ley de Radiodifusión Comunitaria (LRC), las radios comunitarias que hasta el momento eran consideradas “clandestinas” o “piratas” tuvieron la oportunidad de regularizarse y fueron reconocidas por el Estado como un actor más de la radiodifusión uruguaya, algo que fue ratificado en 2014 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, la era de la legalidad también trajo nuevos desafíos para las emisoras comunitarias, que tuvieron que hacer frente a requisitos de equipamiento y de obligaciones impositivas. Un grupo de investigación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República investigó los desafíos que vive el sector comunitario de la radiodifusión en el país. Ese trabajo se concretó en el libro ¿Qué radios para qué comunidades?, escrito por Gabriel Kaplún (coordinador y editor), Alicia García, Óscar Orcajo, Martín Martínez y Lucía Olivari.
La investigación tomó como referencia las primeras 92 radios comunitarias habilitadas en 2010, luego de un llamado a regularizaciones al que se presentaron en total 412 radios, de las que más de 300 fueron rechazadas por tener un formato comercial o por ser emisoras de contenidos religiosos. Además, entre 2011 y 2013 fueron habilitados 16 radios y 23 grupos de personas que accedieron a frecuencias compartidas administradas por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que en total hay 131 grupos o asociaciones autorizadas a utilizar el espectro comunitario. Para el caso de las primeras 92 radios comunitarias, 24% se encuentra en Montevideo, 25% en el área metropolitana cercana a la capital y el restante 51% pertenece al interior no metropolitano, mientras que 57% usufructúa una señal por medio de la conformación de una asociación civil y el otro 43% corresponde a grupos de personas que tienen acceso a una frecuencia compartida. Además, 75% de las emisoras no están agremiadas y 25% sí lo están (14% a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y 11% a la Coordinadora de Radios Comunitarias del Uruguay).
La investigación confirma que en el área metropolitana existe un problema de saturación del espectro radioeléctrico, más allá de que si se realizaran ajustes a las normas técnicas se podría asignar alguna frecuencia más. Esta situación lleva a que el cumplimiento de la reserva de un tercio del espectro para el sector comunitario previsto en la LRC no sea posible en Montevideo sin desafectar alguna de las 23 radios FM asignadas al sector comercial, plantea el libro.
En comunidad
En la investigación se realizaron entrevistas y talleres con radios de distintas partes del país y en distintas situaciones (incluso se entrevistó a una radio que nunca regularizó su situación y no está autorizada para emitir). En términos de la relación con la comunidad y de la gestión, por lo general las radios mencionan la toma colectiva de decisiones, la participación de vecinos y organizaciones de la zona en los contenidos, y de la atención de las necesidades de la comunidad en la programación. Al respecto, el grupo de investigadores plantea que la realidad de cada una de las radios y sus comunidades es distinta, pero que en cualquier caso son necesarios la reflexión y el conocimiento sobre esas realidades, algo que no siempre ocurre en este tipo de emisoras. De esa forma se podría “evitar el riesgo de quedar desfasados frente a procesos de cambio social y cultural importantes, hablándole a audiencias que tal vez ya no existen en un lenguaje que ya no se entiende, o de hablarle a muy pocos y tener aún menos oyentes”.
En relación con las distintas formas de participación de la comunidad, la investigación identifica mecanismos como el trabajo de vecinos u organizaciones que realizan programas, el involucramiento de estos en la gestión de la emisora, la participación de la radio en espacios de coordinación con otras organizaciones, pero también mediante mensajes que envía la audiencia a los programas, colaboraciones económicas directas o la necesidad de publicidad de comercios o difusión de actividades. El equipo investigador plantea que para abordar esta dimensión es útil reflexionar sobre el modelo de comunicación y de participación que está por detrás de la radio. Por ejemplo, si es uno más de transmisión de mensajes o uno que apunta “al diálogo entre interlocutores”, en el que el comunicador sería más un “facilitador de la comunicación” o un “estimulador del diálogo”.
Otra de las áreas de análisis es la programación de las radios, que según los responsables de las emisoras se centra en la información local, que se aborda con un enfoque distinto del que ponen en juego los medios comerciales. Sin embargo, en la práctica la música ocupa un lugar mayor en las grillas que la información, que tiene costos importantes de producción, según detalla el estudio. Agrega que, sobre todo en las radios montevideanas, el rock y el hip hop suelen tener una “fuerte presencia”, ya que les dan lugar a bandas locales que no acceden a los medios masivos, y también tiene espacio la música tropical, aunque “suele haber un rechazo” a la llamada cumbia villera, por ir en contra de los valores que promueven las radios. También se señala la búsqueda de una programación de interés para todas las edades, pero se constata una puja entre “los viejos” y “los jóvenes” por horarios y lugar.
El cómo
El grupo de investigadores señala que la programación no siempre se plantea de la mejor forma; lo vincula al escaso tiempo que, en la mayoría de los casos, se puede destinar a la producción, ya que, excepto en el caso de los operadores, suele ser una tarea honoraria o “militante”. Este aspecto se une directamente con otra de las tensiones actuales: la profesionalización del trabajo. Uno de los riesgos que podría traer aparejado ese proceso, y que, se sostiene en el libro, muchas veces se debe a la falta de capacitación, es el de repetir esquemas o formas de comunicación de emisoras o programas radiales comerciales. El estudio concluye que es necesario “romper el círculo vicioso de falta de tiempo, capacidades y recursos”.
El libro plantea que la sustentabilidad y profesionalización de la labor constituyen uno de los mayores desafíos para la radiodifusión comunitaria después de su legalización. Señala que, si bien las radios ya no tienen que enfrentarse al riesgo de que las cierren, tienen que solventar los gastos de funcionamiento y la posibilidad de enfrentar imprevistos, como la rotura de equipos. Según se sostiene, para solucionar este tipo de situaciones muchas veces se acude a la venta de rifas o a la realización de espectáculos, y las formas de financiamiento mensuales suelen pasar por el aporte fijo de oyentes o de la “organización madre” de la radio. Respecto de la publicidad que se consigue, se señala que suele ser la de pequeños comercios, “reducida en montos y frecuencia”, y al mismo tiempo el informe dice que el acceso a fondos concursables suele ser difícil debido a los requisitos de presentación requeridos.
En suma, en las radios no suele haber una persona dedicada a conseguir publicidades o socios, aunque algunas emisoras se dedican específicamente a ello y obtienen buenos resultados. La investigación indica: “Parecería que una parte del problema tiene que ver con una indecisión y hasta con un temor: si empieza a haber dinero habrá que enfrentar decisiones difíciles” como “la de quiénes cobrarán y quiénes no, o cuánto cobrará cada quien”. Respecto de la profesionalización, el estudio plantea una discusión “necesaria” por una tensión planteada entre lo “amateur-militante” y lo “organizado-profesional”, ya que para algunos “el sentido mismo de la radio comunitaria está en su carácter militante”, que en lo radiofónico se traduce en “una defensa de la espontaneidad”. Los autores plantean que esto es una “falsa oposición” que no permite a los comunicadores pensarse como profesionales, y señalan la necesidad de buscar alternativas que “salgan de esta disyuntiva”, sin llegar al extremo del lucro y de modelos de comunicación comerciales.
Para adelante
De acuerdo con el libro, las radios comunitarias ven en la legalización de su tarea la ventaja de que ya no se enfrentan a una posible clausura y que no tienen que preocuparse por la interferencia en la señal con las radios comerciales. Pero, al mismo tiempo, se quejan de que las radios comunitarias que no regularizaron su situación son las que interfieren con las que sí lo han hecho, y también de que estas y las comerciales tienen ventaja para acceder a la publicidad. Además, a raíz de la LRC muchas radios tuvieron que adaptar sus equipos y la programación a las seis o 12 horas de emisión diaria mínima, según si se trata de grupos de personas que administran frecuencias compartidas o de asociaciones civiles que poseen una frecuencia para uso propio. El estudio agrega que muchas radios se quejan de falta de información desde los organismos del Estado o de trámites lentos, y señalan que les es difícil cumplir con la grabación de todas las emisiones, con las obligaciones impositivas y de seguridad social, y con el aporte a la Asociación General de Autores del Uruguay. Al respecto se agrega que varias de estas situaciones son las que llevaron a algunas emisoras a seguir en la ilegalidad.
El equipo de investigadores sostiene que los nuevos desafíos para las radios comunitarias, que reclaman, entre otras cosas, subsidios directos al sector, acceso a la publicidad oficial, capacitación, equipamiento y asesoramiento, deberían ser de recibo de la política pública. Por ejemplo, sugiere la potenciación y fortalecimiento de los fondos concursables existentes para las radios, pero indica que parece “más difícil” que se concreten subsidios permanentes cuando “desde el Estado no hay convicción suficiente de que el sector lo justifique en términos comunicacionales y sociales”. En cualquier caso, se sostiene que para preservar su autonomía las radios comunitarias no pueden pasar a depender de los aportes estatales. Además, se sugiere una posible alianza entre el sector comunitario y el público, o con medios privados del interior o cooperativos. “En la articulación de potencialidades de los actores sociales y el diseño y aplicación de políticas públicas se juega buena parte de las posibilidades de desarrollo del sector comunitario, un desafío clave para un desarrollo equilibrado del sistema de medios de comunicación y de la vida democrática del país”, concluye el estudio.
Fuente: La Diaria
