En una carta enviada hoy al Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, Botero señaló varias disposiciones en la ley que "podrían resultar incompatibles con los estándares internacionales en la materia", sobre la nueva Ley de Comunicación que entró en vigor el pasado martes."Algunas de las obligaciones que impone la Ley sobre los medios de comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes", subrayó la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La falta de precisión o claridad en el régimen de obligaciones o la existencia de obligaciones desproporcionadas (excesivamente costosas o verdaderamente innecesarias), podría impedir, de manera injustificada, la operación o incluso la propia existencia de medios de comunicación que no puedan soportar las obligaciones impuestas o crear un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática", advirtió Botero.
La relatora consideró que, al regular el ejercicio al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, "la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces".
Según la Relatoría, esas "restricciones" parten de considerar que "el ejercicio de la libertad de expresión mediante cualquier medio de comunicación es un servicio público", lo que lleva al Estado a asumir "facultades exorbitantes de regulación".
"La Relatoría Especial considera de la mayor importancia que las autoridades revisen la norma aprobada a la luz de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y modifiquen los aspectos que podrían conducir a una grave afectación del derecho a la libertad de expresión de todas las personas en Ecuador", indicó esa división de la CIDH en un comunicado.
La Relatoría se ofreció a "colaborar con el Estado en todo aquello que considere procedente para adecuar sus normas a los citados estándares internacionales".
En su carta, Botero expresó además su inquietud por la figura del "linchamiento mediático" y la posibilidad de que pueda aplicarse a "cualquier denuncia sostenida de corrupción" sobre un funcionario público, sin requerir evidencias de "falsedad de la noticia" o "negligencia" del comunicador.
También mostró su "enorme preocupación" por la obligación a los medios de contar en sus redacciones con un "veedor de la audiencia" elegido por el Estado, y aseguró que la Relatoría "no encuentra en el derecho internacional en materia de libertad de expresión una sola razón para justificar una decisión de esta naturaleza".
Botero destacó "los términos en exceso amplios y vagos empleados por la referida Ley" en varias de sus disposiciones sobre las atribuciones del Gobierno.
Respecto a la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, encargada de la "vigilancia" de los medios de comunicación, Botero consideró que presenta incompatibilidades con "los artículos 13, 8 y 25 de la Convención Americana".
La Relatoría aseguró que ya había advertido a Ecuador de muchos de estos puntos en varias comunicaciones en los últimos tres años, y lamentó "que las autoridades competentes no hubiesen atendido a los estándares internacionales puestos de presente en las cartas e informes enviados oportunamente".
Fuente: Agencia EFE
