La norma colisiona con la Ley de Medios Audiovisuales sancionada por el Congreso de la Nación. Deja en manos de un Consejo Consultivo de Libertad de Expresión el otorgamiento de licencias. El senado puntano dio media sanción al proyecto
El senado de San Luis dio media sanción hoy al proyecto para que la provincia siente su jurisdicción sobre todas "las materias relativas a los servicios de difusión que comprenden: Radiodifusión, Televisión abierta y por cable, Escritos y cualquier otro que se realice dentro de sus límites territoriales".
El primer artículo de la norma señala que "ninguna Ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de la misma" y en el tercero afirma que "todos los ciudadanos tienen derecho a la información veraz y a escoger libremente los servicios que quieran recibir, sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan interferir ni sustituir sus decisiones".
La norma, de once artículos, que sale a competir con Ley de Medios Audivisuales sancionada por el Congreso de la Nación, dice en su artículo cuarto que la provincia "llevará un registro público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponible y otorgará, a través del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, la autorización pertinente...". Las licencias que otorgue el Consejo Consultivo "tendrán una duración indefinida" y, para otorgarlas, se limitará "a la efectiva disponibilidad de frecuencias".
La norma aprobada por los senadores contempla también respetar "los derechos adquiridos, relativos a los servicios de difusión".
El artículo 8 fija las siete funciones del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión: Definir el espectro radioeléctrico disponible; llevar el Registro Público de Frecuencias; autorizar las frecuencias disponibles; elaborar las reglamentaciones de alcance general y particular; prevenir o corregir prácticas anticompetitivas; dirimir los diferendos que pudieran surgir y "entender y coordinar en todo trámite de autorización".
La provincia de San Luis hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuál solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales.
El máximo Tribunal declaró su competencia originaria para tratar el tema, pero no se expidió sobre el planteo realizado por el gobierno de Rodríguez Saá.
Fuente: Noticias Argentinas
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