En
un acto público, el mandatario alertó sobre el reforzamiento de una campaña externa e interna contra su gobierno y consideró que la acción contra Globovisión fue un acto anárquico y contrarrevolucionario, pese a ser Ron una declarada partidaria suya."Hoy ella se presentó y está detenida, no hay más alternativas, violó la ley" dijo Hugo Chávez, quien pidió que se le aplique "todo el peso de la ley" sobre Ron, cuya captura había sido pedida por la justicia, acusada por opositores de actuar siempre en favor del oficialismo.
Cuando se trata del cumplimiento de la ley no puedo meter las manos por nadie. Fue una violación de la ley inaceptable, precisó Chávez quien recordó que ha hecho llamados públicos y privados a la dirigente de la Unión Popular Venezolana (UPV).
Precisó que con su actuación Ron "le hace daño a la revolución, se presta para un juego a favor del enemigo", aunque lo haga de forma inconsciente.
El presidente venezolano apuntó que como la líder de UPV se declara "chavista", la oposición le atribuye a su gobierno la responsabilidad por la acción ilegal realizada ayer, cuando fueron lanzadas dos bombas lacrimógenas contra la sede de la televisora.
Aclaró que Ron se presentó hoy a las autoridades y está detenida porque violó la legalidad y debe recibir el peso de la ley, como todos los que participaron en la acción.
Nosotros no somos portadores de la violencia, estamos para garantizar la paz y el cumplimiento de la constitución y las leyes. No se puede tolerar a revolucionarios o supuestos revolucionarios la violación de la ley, subrayó.
En el incidente el trabajador de Globovisión José Peña sufrió quemaduras en una mano debido a una de las dos bombas lacrimógenas lanzadas por los atacantes, y la agente policial resultó herida en la cabeza por un golpe con "objeto contundente".
Ésta no es la primera vez que Ron protagoniza incidentes de esta naturaleza. En 2008, la dirigente 'tomó la sede arzobispal de Caracas, después de que algunos sacerdotes católicos criticaran al Gobierno venezolano, hechos que también fueron condenados por Chávez.
Aunque el ministro del Interior, Tarek El Aissami, condenó el ataque y aseguró que los responsables serían llevados a la justicia, el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, responsabilizó directamente al presidente venezolano.
"Hay heridos, sacaron armas de fuego (...); si el Gobierno lo que quiere es asesinarnos, acabar con nosotros hágalo de una vez", declaró Ravell a los periodistas.
Globovisión, crítico del Gobierno, afronta al menos cinco expedientes administrativos por parte del ente rector de las telecomunicaciones Conatel, dos de los cuales podrían acarrearle la inmediata revocación del permiso de transmisión.
Fuentes: EFE, ANSA, Prensa Latina
Congreso venezolano negó existencia de polémica ley contra delitos mediáticos
El Parlamento venezolano rechazó hoy que discuta una polémica ley sobre delitos mediáticos, y la Fiscalía ordenó la detención de una dirigente "chavista" que encabezó un ataque armado contra la cadena opositora Globovisión.
El presidente de la Comisión de Medios de la oficialista Asamblea Nacional (AN), Manuel Villalba, dijo que "no existe" ningún proyecto de Ley Contra Delitos Mediáticos, y aclaró que la propuesta en ese sentido presentada la semana pasada ante los diputados por la Fiscal General, Luisa Ortega, es solo un "papel de trabajo".
"Queremos reiterar que no es verdad que en esta AN exista o haya llegado una propuesta de ley que contenga 17 artículos. Lo que el país contempló el pasado jueves no es otra cosa que unos aportes de la fiscal que hemos venido discutiendo en esta Comisión, donde no existe consenso" al respecto, afirmó Villalba en rueda de prensa.
Ortega presentó el proyecto legislativo el jueves pasado ante el pleno de la AN, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno del presidente, Hugo Chávez.
Argumentó que era necesaria una ley para "castigar" las "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión".
Según el borrador del proyecto de Ortega, difundido por la prensa local, serán castigadas con entre dos y cuatro años de cárcel quienes mediante la difusión o publicación de lo que la Fiscalía defina como "falso, manipulado o tergiversado", cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental".
La propuesta de Ortega fue inmediatamente rechazada por el gremio de periodistas y organizaciones civiles venezolanas y extranjeras, con el argumento de que criminalizaría cualquier opinión y, en consecuencia, violaría las libertades de expresión e información.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó que la propuesta de la Fiscalía encuadraba "perfectamente dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio".
Ese "ataque orquestado" incluiría, según el CNP, la decisión oficial de sacar del aire este fin de semana a una treintena de radios privadas con el argumento de que operaban de forma "ilegal" por no haber actualizado, en junio pasado, sus datos ante el ente rector de las telecomunicaciones Conatel.
La medida de rescindir los permisos de transmisión por esa causa afectaría a un total de 240 radios y 45 televisiones, anunció en julio pasado el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.
La nueva ofensiva oficial contra los medios privados ha sido ampliamente criticada por organismos regionales y multilaterales, entre ellos el portavoz del relator de la ONU sobre libertad de expresión, Franck La Rue.
La Rue consideró hoy un "mal precedente" la no renovación de las licencias a 34 emisoras, y pidió al Parlamento venezolano que detenga el proyecto de ley que establece los "delitos mediáticos".
Fuente: EFE
