28 de septiembre "Día Mundial del Derecho al Saber"
El derecho de todos los habitantes a conocer las acciones que se realizan en los distintos niveles de gobierno es un presupuesto que no debiera necesitar muchas explicaciones. Sin embargo, el contar con una ley en la materia sigue siendo una deuda de la democracia a nivel del gobierno nacional y también en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Aquí, durante muchos años, un grupo de legisladores –para ser justos, el bloque de senadores justicialistas-, puso todas las trabas imaginables para que la norma no se aprobara o para que el derecho quedara limitado y el texto fuera, en definitiva, la negación de la que es una de las condiciones esenciales de la democracia.
El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho al Saber. Esa fecha quedó fijada a partir del encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el acceso a la información que se realizó en Sofía (Bulgaria), en 2002, cuando también se creó la Red de Defensores del Acceso a la Información (Freedom of Information Advocates, FOIA por sus siglas en inglés).
Ante otro Día Internacional del Derecho al Saber, esta Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario, que a la vez forma parte de la Comisión Nacional en la materia y que funciona en el marco de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FeTraCCom), de la Central de Trabajadores de la Argentina, recuerda que el acceso a la información en poder del Estado –Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, es un instrumento vital para el desarrollo de las sociedades.
El desarrollo invocado fortalece la democracia, promueve la justicia en el ámbito socioeconómico y es necesario para prevenir los abusos contra los derechos humanos por parte de los agentes de los gobiernos en todos sus niveles. También para garantizar la existencia de recursos efectivos a través de la formación de opinión y la construcción de debates que partan de contar con elementos y conocimientos para llevarlo adelante.
Una ley de acceso a la información pública, que en el Congreso Nacional tuvo un derrotero de objeciones y manipulaciones hasta que perdió estado parlamentario en más de una oportunidad, es además una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por cuanto asegura la transparencia en las actuaciones estatales, a la vez que permite monitorear y controlar la gestión pública, y posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos.
La provincia de Santa Fe no cuenta con una ley en materia porque, como ya se dijo, el bloque de Senadores Justicialistas boicoteó en reiteradas oportunidades las sucesivas medias sanciones que dieron los diputados a los varios proyectos sobre el tema que contaban con la adhesión ciudadana porque no imponían ningún tipo de restricciones. En tanto, la Cámara Alta quedó a expensas –y así todos los santafesinos- del ideólogo del oscurantismo y la limitación democrática, el ex senador Raúl Gramajo Benavídez. La situación actual es también complicada porque existe una media sanción al proyecto apoyado por todos los diputados y otra media sanción en senadores que si bien ya no invoca el “interés legítimo” de Gramajo, continúa poniendo limitaciones al ejercicio del derecho.
Desde esta Comisión saludamos que el gobernador Hermes Binner piense en hacer efectivo este derecho pero lamentamos que esto se deba realizar a través de un decreto que será válido sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo, porque esta muestra de decisión política no es suficiente para garantizar el conocimiento de las acciones de los otros poderes, legislativo y judicial.
Por último, hay que señalar que para que un derecho pueda ser ejercido necesita ser conocido. Por tanto cualquier iniciativa requiere ser acompañada de una muy profunda campaña de difusión y hasta puede decirse de educación participativa, la única forma posible de mejorar la calidad democrática.
Rosario, 26 de septiembre
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Sindicato de Prensa Rosario
Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional
FeTraCCom- CTA
domingo, 28 de septiembre de 2008
Ni los propios creen... "Si la Ley se sanciona..."
Se realizó el Foro-debate: Hacia una nueva Ley de Radiodifusión en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis, con la participación de destacados panelistas.
Argumentos y opiniones de los panelistas
La Dra. Claudia Díaz, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo y miembro del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, en su disertación hizo hincapié en el marco legal en el cual se gestó la Ley de Radiodifusión durante la dictadura militar.
“Si esto es un avance para poder dar un nuevo paso, una nueva modificación a la Ley de Radiodifusión, lo primero que tendríamos que ver es cómo modificar los entes públicos. Una de las grandes modificaciones que se tendría que hacer es que las autoridades del COMFER no sean elegidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sino que sean elegidas por el Poder Legislativo, de esta manera se lograría un equilibrio entre el que está ejerciendo el poder y la minoría que debe controlarlo”.
Luego, el Lic. Néstor Piccone, representante de la Secretaría de Medios y Director de Contenidos en Telesur, habló sobre los monopolios, además destacó que hay que democratizar la comunicación.
“Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Ley de Radiodifusión es importante destacar que no sólo hablamos de la libertad de prensa, libertad de expresión, sino de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la información, cosa que está vedada en el esquema de medios que hoy tenemos. Estamos hablando de una discusión de poder y de poder económico.”
Respecto al panorama actual de la comunicación en el país destacó que: “Argentina tiene una deuda muy grande con respecto a legislación de medios de comunicación. Este es el contexto en el cual nos estamos moviendo y en donde estamos planteando modificar ese texto del año ‘80. Un contexto donde fundamentalmente es el sector privado el que hegemoniza el discurso, el que se adueña de la palabra, y lo hace fundamentalmente porque tiene el control de toda la estructura comunicacional, y puede llegar a todo el país con un recurso, que es el avance sobre la actual Ley, o violando la misma. Esto es lo principal que tiene que corregir la nueva ley. La mayor distorsión se genera a través del manejo que hacen sin control ninguno tanto de los contenidos como de la publicidad.”
Por su parte, el Ing. Bernardo Tirellim, Coordinador General del Movimiento Arturo Jauretche de Profesionales y Empresarios, explicó brevemente el porqué de la necesidad de tener una nueva Ley de este tipo en la Argentina.
“El poder ejercido desde la dictadura era absoluto. Los principios que guiaron al gobierno dictatorial en ese momento fueron centralmente dos: El principio de la subsidiaridad del Estado, que implicaba generar las bases para la descripción del estado; y el principio de la apertura irrestricta de mercados, que implicaba someter a nuestro país a la injerencia externa en forma irrestricta. Ambas cosas provocaron profundos cambios estructurales en nuestro país, y que sobreviven hasta el día de hoy. Los medios de comunicación son parte de este fenómeno.”
“Nuestra lucha está en el debate de las ideas, en la posibilidad de que haya medios de expresión en múltiples sectores que permitan profundizar este ejercicio. Depende de que entre todos logremos el consenso necesario para que esto que lo propuesto sea una Ley y después facilite la organización política, popular, que requiere nuevos liderazgos que permitan la recuperación de nuestro país en forma soberana.”
Más tarde, el Dr. Carlos Roberto Pereyra, del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y del Instituto de Estudios Jurídicos, se refirió a otras implicancias que se deben contemplar en el debate.
“Estimamos que esta normativa legislativa se debe dar en conjunto con una Ley que regule la publicidad oficial y otra que garantice el acceso a la información pública. Sin estos elementos estamos obviando los verdaderos problemas que hoy tiene la libertad de expresión. Es evidente la necesidad de contar con un plexo legal que establezca y que regule cómo el Estado contrata, publicita, etc.”
Luego expuso su postura el Lic. Pascual Calicchio, Coordinador de Comunicación del Programa de Formación de Actores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en un recorrido histórico hasta la actualidad.
“Este debate no es nuevo, viene discutiéndose desde 1983, pero recién en el 2004 se creó algo que se llama Coalición por una Radiodifusión Democrática, que surgió porque se dio un contexto político distinto, que había avanzado con el tema de la obediencia debida. Se había progresado con el tema de Derechos Humanos y se estaban enfrentando muchos poderes que nadie se había animado a enfrentar, por ejemplo, esta Ley que se mantiene de la época de la dictadura.”
“Esta coalición estaba constituida por Universidades, carreras de comunicación, todos los sindicatos, tanto de la CGT como de la CTA (que tienen injerencia en el tema de la comunicación), organismos de derechos humanos, organizaciones sociales. Se elaboraron veintiún puntos, uno por cada año de democracia. En el 2004 presentamos estos puntos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, y se empezó a discutir hasta que finalmente este año se dio el cambio de situación política que todos conocemos, y el tema se puso en el tapete. En abril nos convocó la Presidente para presentarle formalmente los veintiún puntos, y a partir de ahí se inició una serie de rondas de discusiones con distintos sectores sociales, gente de la cultura, de empresas, sectores religiosos, para tratar de lograr una Ley con el mayor consenso. Hace un mes estos puntos fueron Declarados de Interés en la Cámara de Diputados, pero hubo un gran rechazo por parte algunos sectores políticos, lo que tiene que ver con la pauta oficial.”
Rescatando algunos de los puntos más importantes resumió: “Existe la necesidad de mejorar la pauta publicitaria, también el acceso a la información, la necesidad de restringir los monopolios (que es el peor acto de censura) y la publicidad oficial, también de contemplar los tres tipos de propiedades: privada, pública y organizaciones sin fines de lucro”.
Concluyendo su exposición expresó: “Si la Ley se sanciona vamos a tener la responsabilidad de la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro, el Estado va a tener que dar un fuerte apoyo a los nuevos actores que quieran ingresar al sistema de medios”.
Finalmente, el Lic. Luis Lázaro, Coordinador General del Comité Federal de Radiodifusión, se refirió a la concentración del mercado, a los Art. 12 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica.
“Lo que esta en juego acá es la posibilidad de construir una sociedad más democrática y más plural, a partir de una política de Estado que nos represente como sociedad. Un proceso de construcción de soberanía.”
“La legislación actual deja fuera de su posibilidad material de regulación en materia de protección a la niñez, protección familiar, al 80% de las señales que se distribuyen por el cable, y esto es así porque para la vieja Ley, el único licenciatario que existe es el distribuidor de las señales.”
“El problema que subyace es poner sobre la mesa la capacidad del sistema democrático que esté en condiciones de producir la legislación y al mismo tiempo definir qué tipo de sociedad quiere, lo que se define por los contenidos de la comunicación.”
Fuente: Cuyo Noticias
Argumentos y opiniones de los panelistas
La Dra. Claudia Díaz, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo y miembro del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, en su disertación hizo hincapié en el marco legal en el cual se gestó la Ley de Radiodifusión durante la dictadura militar.
“Si esto es un avance para poder dar un nuevo paso, una nueva modificación a la Ley de Radiodifusión, lo primero que tendríamos que ver es cómo modificar los entes públicos. Una de las grandes modificaciones que se tendría que hacer es que las autoridades del COMFER no sean elegidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sino que sean elegidas por el Poder Legislativo, de esta manera se lograría un equilibrio entre el que está ejerciendo el poder y la minoría que debe controlarlo”.
Luego, el Lic. Néstor Piccone, representante de la Secretaría de Medios y Director de Contenidos en Telesur, habló sobre los monopolios, además destacó que hay que democratizar la comunicación.
“Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Ley de Radiodifusión es importante destacar que no sólo hablamos de la libertad de prensa, libertad de expresión, sino de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la información, cosa que está vedada en el esquema de medios que hoy tenemos. Estamos hablando de una discusión de poder y de poder económico.”
Respecto al panorama actual de la comunicación en el país destacó que: “Argentina tiene una deuda muy grande con respecto a legislación de medios de comunicación. Este es el contexto en el cual nos estamos moviendo y en donde estamos planteando modificar ese texto del año ‘80. Un contexto donde fundamentalmente es el sector privado el que hegemoniza el discurso, el que se adueña de la palabra, y lo hace fundamentalmente porque tiene el control de toda la estructura comunicacional, y puede llegar a todo el país con un recurso, que es el avance sobre la actual Ley, o violando la misma. Esto es lo principal que tiene que corregir la nueva ley. La mayor distorsión se genera a través del manejo que hacen sin control ninguno tanto de los contenidos como de la publicidad.”
Por su parte, el Ing. Bernardo Tirellim, Coordinador General del Movimiento Arturo Jauretche de Profesionales y Empresarios, explicó brevemente el porqué de la necesidad de tener una nueva Ley de este tipo en la Argentina.
“El poder ejercido desde la dictadura era absoluto. Los principios que guiaron al gobierno dictatorial en ese momento fueron centralmente dos: El principio de la subsidiaridad del Estado, que implicaba generar las bases para la descripción del estado; y el principio de la apertura irrestricta de mercados, que implicaba someter a nuestro país a la injerencia externa en forma irrestricta. Ambas cosas provocaron profundos cambios estructurales en nuestro país, y que sobreviven hasta el día de hoy. Los medios de comunicación son parte de este fenómeno.”
“Nuestra lucha está en el debate de las ideas, en la posibilidad de que haya medios de expresión en múltiples sectores que permitan profundizar este ejercicio. Depende de que entre todos logremos el consenso necesario para que esto que lo propuesto sea una Ley y después facilite la organización política, popular, que requiere nuevos liderazgos que permitan la recuperación de nuestro país en forma soberana.”
Más tarde, el Dr. Carlos Roberto Pereyra, del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y del Instituto de Estudios Jurídicos, se refirió a otras implicancias que se deben contemplar en el debate.
“Estimamos que esta normativa legislativa se debe dar en conjunto con una Ley que regule la publicidad oficial y otra que garantice el acceso a la información pública. Sin estos elementos estamos obviando los verdaderos problemas que hoy tiene la libertad de expresión. Es evidente la necesidad de contar con un plexo legal que establezca y que regule cómo el Estado contrata, publicita, etc.”
Luego expuso su postura el Lic. Pascual Calicchio, Coordinador de Comunicación del Programa de Formación de Actores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en un recorrido histórico hasta la actualidad.
“Este debate no es nuevo, viene discutiéndose desde 1983, pero recién en el 2004 se creó algo que se llama Coalición por una Radiodifusión Democrática, que surgió porque se dio un contexto político distinto, que había avanzado con el tema de la obediencia debida. Se había progresado con el tema de Derechos Humanos y se estaban enfrentando muchos poderes que nadie se había animado a enfrentar, por ejemplo, esta Ley que se mantiene de la época de la dictadura.”
“Esta coalición estaba constituida por Universidades, carreras de comunicación, todos los sindicatos, tanto de la CGT como de la CTA (que tienen injerencia en el tema de la comunicación), organismos de derechos humanos, organizaciones sociales. Se elaboraron veintiún puntos, uno por cada año de democracia. En el 2004 presentamos estos puntos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, y se empezó a discutir hasta que finalmente este año se dio el cambio de situación política que todos conocemos, y el tema se puso en el tapete. En abril nos convocó la Presidente para presentarle formalmente los veintiún puntos, y a partir de ahí se inició una serie de rondas de discusiones con distintos sectores sociales, gente de la cultura, de empresas, sectores religiosos, para tratar de lograr una Ley con el mayor consenso. Hace un mes estos puntos fueron Declarados de Interés en la Cámara de Diputados, pero hubo un gran rechazo por parte algunos sectores políticos, lo que tiene que ver con la pauta oficial.”
Rescatando algunos de los puntos más importantes resumió: “Existe la necesidad de mejorar la pauta publicitaria, también el acceso a la información, la necesidad de restringir los monopolios (que es el peor acto de censura) y la publicidad oficial, también de contemplar los tres tipos de propiedades: privada, pública y organizaciones sin fines de lucro”.
Concluyendo su exposición expresó: “Si la Ley se sanciona vamos a tener la responsabilidad de la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro, el Estado va a tener que dar un fuerte apoyo a los nuevos actores que quieran ingresar al sistema de medios”.
Finalmente, el Lic. Luis Lázaro, Coordinador General del Comité Federal de Radiodifusión, se refirió a la concentración del mercado, a los Art. 12 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica.
“Lo que esta en juego acá es la posibilidad de construir una sociedad más democrática y más plural, a partir de una política de Estado que nos represente como sociedad. Un proceso de construcción de soberanía.”
“La legislación actual deja fuera de su posibilidad material de regulación en materia de protección a la niñez, protección familiar, al 80% de las señales que se distribuyen por el cable, y esto es así porque para la vieja Ley, el único licenciatario que existe es el distribuidor de las señales.”
“El problema que subyace es poner sobre la mesa la capacidad del sistema democrático que esté en condiciones de producir la legislación y al mismo tiempo definir qué tipo de sociedad quiere, lo que se define por los contenidos de la comunicación.”
Fuente: Cuyo Noticias
sábado, 27 de septiembre de 2008
Fallo a favor de la libertad de expresión. El hijo de Jorge Antonio perdió un juicio civil contra Carrió
Era por calumnias e injurias y reclamaba una indemnización de 300 mil pesos.
Por: Pablo Abiad
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a ganarle un juicio a un empresario pesquero al que acusó de tener vínculos con el kirchnerismo y al que vinculó con un crimen.
A un año de ser absuelta en una querella por calumnias e injurias, un juez en lo Civil rechazó la demanda que el mismo empresario le había entablado por daño moral.
Héctor Antonio, hijo del fallecido dirigente peronista Jorge Antonio y representante en el país de una pesquera española, pretendía que Carrió lo indemnizara con 300 mil pesos. El juez Roberto Parrilli se lo negó en base al "lugar eminente" que los "antecedentes históricos y jurídicos" reconocen para la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino.
"No parece razonable suscitar conflicto de derechos cuando las expresiones que se pretenden injuriosas constituyen opiniones vertidas por una dirigente política en el ejercicio del rol de líder de su partido y de interés público", afirmó el juez Parrilli en su fallo.
Los cruces con Antonio hijo datan de 2003, cuando el empresario pesquero Raúl Espinosa fue asesinado en Chubut. Carrió inició una investigación, que incluyó una entrevista grabada con la joven viuda de la víctima, e hizo declaraciones periodísticas en las que afirmó que Antonio estaba implicado en el hecho; también lo relacionó con el tráfico de drogas y le atribuyó favores del kirchnerismo.
Denunciada penalmente, Carrió fue sometida a juicio por esto mismo en plena campaña presidencial, el año pasado. Un juez en lo Correccional, Luis Schelgel, la absolvió. Esa sentencia está firme,
Tozudo, Antonio fue por la reparación económica. El juez Parrilli, sin embargo, entendió que Carrió tenía buenos motivos para decir lo que dijo; por empezar, porque Héctor Antonio -según se lee en esta sentencia civil- "no estaba (sólo) insinuado, sino mencionado (por la pareja de Espinosa) explícitamente en el expediente" sobre el homicidio; por otro lado, Carrió como dirigente política, "se limitó a transmitir a la opinión pública líneas de investigación" en ese caso de fuerte interés público.
Carrió no se retractó de estos dichos. La demanda incluía un pedido para que una eventual sentencia condenatoria fuera publicada en los medios. El rechazo de la demanda puede ser apelado.
El juez Parrilli tomo nota de otro dato, que el propio Antonio aportó en el expediente. Junto con su socio Fernando Alvarez Castellano, que en su momento fue citado a indagatoria en el caso Espinosa, Antonio compró una yegua de carrera y la bautizó "Lakarrió". En el juicio penal, dijo que era una forma de "marcar la injusticia de lo hablado por la doctora Carrió".
Ahora, Parrilli le hizo notar lo siguiente: "Esa extraña forma de buscar justicia -además de abrir dudas sobre la magnitud de la condena que reclama, pues cuesta comprender la existencia de sufrimiento espiritual de quien procede de ese modo- le resta entidad y seriedad a su pretensión frente a la libertad de expresión".
Paso a paso
En 2003 el empresario pesquero Héctor Espinosa fue asesinado en Chubut. Carrió involucró en el crimen a, entre otros, Héctor Antonio, al que le adjudicó vínculos con el kirchnerismo.
El año pasado, Antonio logró sentar a Carrió en el banquillo de los acusados. Un juez Correccional la absolvió: 1 a 0 para Carrió.
Aun así, Antonio quiso 300 mil pesos de reparación por daño moral. Le acaban de rechazar esa demanda: 2 a 0.
Fuente: Diario Clarín
Foto: Maxie Amena, La Nación
Por: Pablo Abiad
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a ganarle un juicio a un empresario pesquero al que acusó de tener vínculos con el kirchnerismo y al que vinculó con un crimen.
A un año de ser absuelta en una querella por calumnias e injurias, un juez en lo Civil rechazó la demanda que el mismo empresario le había entablado por daño moral.Héctor Antonio, hijo del fallecido dirigente peronista Jorge Antonio y representante en el país de una pesquera española, pretendía que Carrió lo indemnizara con 300 mil pesos. El juez Roberto Parrilli se lo negó en base al "lugar eminente" que los "antecedentes históricos y jurídicos" reconocen para la libertad de expresión en el sistema constitucional argentino.
"No parece razonable suscitar conflicto de derechos cuando las expresiones que se pretenden injuriosas constituyen opiniones vertidas por una dirigente política en el ejercicio del rol de líder de su partido y de interés público", afirmó el juez Parrilli en su fallo.
Los cruces con Antonio hijo datan de 2003, cuando el empresario pesquero Raúl Espinosa fue asesinado en Chubut. Carrió inició una investigación, que incluyó una entrevista grabada con la joven viuda de la víctima, e hizo declaraciones periodísticas en las que afirmó que Antonio estaba implicado en el hecho; también lo relacionó con el tráfico de drogas y le atribuyó favores del kirchnerismo.
Denunciada penalmente, Carrió fue sometida a juicio por esto mismo en plena campaña presidencial, el año pasado. Un juez en lo Correccional, Luis Schelgel, la absolvió. Esa sentencia está firme,
Tozudo, Antonio fue por la reparación económica. El juez Parrilli, sin embargo, entendió que Carrió tenía buenos motivos para decir lo que dijo; por empezar, porque Héctor Antonio -según se lee en esta sentencia civil- "no estaba (sólo) insinuado, sino mencionado (por la pareja de Espinosa) explícitamente en el expediente" sobre el homicidio; por otro lado, Carrió como dirigente política, "se limitó a transmitir a la opinión pública líneas de investigación" en ese caso de fuerte interés público.
Carrió no se retractó de estos dichos. La demanda incluía un pedido para que una eventual sentencia condenatoria fuera publicada en los medios. El rechazo de la demanda puede ser apelado.
El juez Parrilli tomo nota de otro dato, que el propio Antonio aportó en el expediente. Junto con su socio Fernando Alvarez Castellano, que en su momento fue citado a indagatoria en el caso Espinosa, Antonio compró una yegua de carrera y la bautizó "Lakarrió". En el juicio penal, dijo que era una forma de "marcar la injusticia de lo hablado por la doctora Carrió".
Ahora, Parrilli le hizo notar lo siguiente: "Esa extraña forma de buscar justicia -además de abrir dudas sobre la magnitud de la condena que reclama, pues cuesta comprender la existencia de sufrimiento espiritual de quien procede de ese modo- le resta entidad y seriedad a su pretensión frente a la libertad de expresión".
Paso a paso
En 2003 el empresario pesquero Héctor Espinosa fue asesinado en Chubut. Carrió involucró en el crimen a, entre otros, Héctor Antonio, al que le adjudicó vínculos con el kirchnerismo.
El año pasado, Antonio logró sentar a Carrió en el banquillo de los acusados. Un juez Correccional la absolvió: 1 a 0 para Carrió.
Aun así, Antonio quiso 300 mil pesos de reparación por daño moral. Le acaban de rechazar esa demanda: 2 a 0.
Fuente: Diario Clarín
Foto: Maxie Amena, La Nación
El derecho a saber ya es nuestro
Por: Marta Oyhanarte*
El 3 de diciembre de 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó el Decreto N° 1172/03 que reglamenta el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. A casi cinco años de su sanción, ciudadanos y funcionarios aprendimos que la existencia de una norma escrita es condición necesaria pero no suficiente para la efectiva implementación de su contenido. La reglamentación del derecho fue un paso fundamental para el establecimiento de reglas claras no sólo para la realización de pedidos de información por parte de la ciudadanía, sino también para la provisión de documentos por parte de los funcionarios. Conocimos las inquietudes y expectativas de la ciudadanía en relación a los asuntos públicos.
Las consultas recibidas por los organismos abarcaron diversos temas, desde cuestiones presupuestarias, contenido de contrataciones, implementación de políticas e informes de auditorías. La experiencia demuestra que el acceso a la información ha funcionado como una herramienta para el ejercicio de otros derechos.
Muchas organizaciones no gubernamentales han mejorado su capacidad de participación y monitoreo; muchos estudiantes han comprendido que el Estado no es una pura abstracción sino un conjunto de personas que pueden atender sus consultas y, en algunos casos, viabilizar el efectivo ejercicio de derechos sociales tales como la salud o la educación.
El ejercicio del derecho a saber resulta también una herramienta de reclamo e integración para algunos individuos que se sentían marginados y que probablemente consideraban que el Estado les daba la espalda. Ciudadanos y funcionarios hemos aprendido a debatir y a demostrar que información pública no es sólo lo que se establece en un texto escrito sino también lo que colectivamente vamos definiendo en el ejercicio del derecho. Hemos participado también en arduos debates que contribuyen a la consolidación progresiva de la información como objeto de una política pública. Mañana, 28 de septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, ciudadanos y funcionarios debemos celebrar juntos estos aprendizajes y comprometernos a avanzar en los desafíos pendientes.
* Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fuente: Subsecretaria para la Reforma Institucional
El 3 de diciembre de 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó el Decreto N° 1172/03 que reglamenta el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. A casi cinco años de su sanción, ciudadanos y funcionarios aprendimos que la existencia de una norma escrita es condición necesaria pero no suficiente para la efectiva implementación de su contenido. La reglamentación del derecho fue un paso fundamental para el establecimiento de reglas claras no sólo para la realización de pedidos de información por parte de la ciudadanía, sino también para la provisión de documentos por parte de los funcionarios. Conocimos las inquietudes y expectativas de la ciudadanía en relación a los asuntos públicos.
Las consultas recibidas por los organismos abarcaron diversos temas, desde cuestiones presupuestarias, contenido de contrataciones, implementación de políticas e informes de auditorías. La experiencia demuestra que el acceso a la información ha funcionado como una herramienta para el ejercicio de otros derechos.
Muchas organizaciones no gubernamentales han mejorado su capacidad de participación y monitoreo; muchos estudiantes han comprendido que el Estado no es una pura abstracción sino un conjunto de personas que pueden atender sus consultas y, en algunos casos, viabilizar el efectivo ejercicio de derechos sociales tales como la salud o la educación.
El ejercicio del derecho a saber resulta también una herramienta de reclamo e integración para algunos individuos que se sentían marginados y que probablemente consideraban que el Estado les daba la espalda. Ciudadanos y funcionarios hemos aprendido a debatir y a demostrar que información pública no es sólo lo que se establece en un texto escrito sino también lo que colectivamente vamos definiendo en el ejercicio del derecho. Hemos participado también en arduos debates que contribuyen a la consolidación progresiva de la información como objeto de una política pública. Mañana, 28 de septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, ciudadanos y funcionarios debemos celebrar juntos estos aprendizajes y comprometernos a avanzar en los desafíos pendientes.
* Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fuente: Subsecretaria para la Reforma Institucional
¿Dónde comienza el límite entre la esfera de lo público y de lo privado?
En portada, la publicación dice textualmente que la Infanta Elena "alega consumo ocasional de cocaína" por parte del Duque de Marichalar
Muchos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Y es que, al margen de lo sorprendente de su contenido, se ha puesto sobre la mesa un tema directamente relacionado con el ejercicio periodístico: ¿Dónde comienza el límite entre la esfera de lo público y de lo privado?
"La infanta Elena quiere hacer desaparecer su matrimonio por completo, rotundamente. Fuentes familiares afirman que el motivo que pretenden alegar doña Elena es que desconocía, en el momento del compromiso, el consumo de cocaína antes del matrimonio". Así arranca la exclusiva de la revista 'Época' que ha levantado un intenso debate informativo.
Según esta misma publicación, Jaime de Marichalar no acepta dicha acusación. De hecho, habría presentado un documento ante notario desmintiendo dichas acusaciones. "Jaime de Marichalar no acepta este desconocimiento del consumo ni el consumo mismo como causa de nulidad matrimonial y al parecer ha aportado una prueba notarial que desmiente este hecho".
La separación se complica día a día debido a que Doña Elena no cumple con los horarios de visitas. Según se indica en el reportaje publicado por 'Época', la custodia y las visitas de los niños está siendo conflictiva en el divorcio de los Duques de Lugo.
Por su parte, la Casa Real ha respondido contundentemente a este reportaje, según ha hecho público el diario elplural.com: "Es una infamia, una canallada, no hay nada de nada. No se ha iniciado ningún paso en la jurisdicción civil ni en la eclesiástica (...) Es un periodismo de rumores".
El consumo de drogas es una causa reconocida por el Derecho Canónico para conseguir una nulidad matrimonial, pero de hecho existen muchas posibilidades de obtener la nulidad, motivo por el que esta información ha resultado especialmente sorprendente, en tanto que no sería imprescindible para conseguir la nulidad supuesta perseguida.
El debate en los medios.
Ángel Expósito, director de ABC: "Cuando alguien no te dice toda la verdad, la confianza no es la misma. Aún teniendo esta información, ¿cómo la confirmamos?"
Manuel Cerdán, director de Interviú: "Si la propia infanta ha recogido esta información en un documento no se le puede reprochar al periodista la difusión de esta información. Lo que no sabemos es si la infancia ha usado esta información en una separación (...) Si una pareja en su libre decisión de separación utiliza esta información en el proceso de separación no es algo que haga ningún periodista (...). Una cosa es que Marichalar en su actividad privada pueda hacer lo que quiera en consumo de estupefacientes y otra que esto esté en el documento (...)"
Gorka Landáburu, Director de Cambio 16: "Es el eterno debate que tenemos los periodistas y la gente que es conocida, este debate entre la vida pública y la privada. Yo so yo partidario de no meterse en la vida privada hasta que no haya pruebas contundentes".
"Época": "La Casa Real sabía que lo íbamos a sacar y tras publicarlo no ha protestado"
La revista 'Época' vive una jornada especialmente revuelta. Todos los medios quieren saber 'más' sobre la polémica información que sacaron el jueves en los kioscos: el posible "consumo ocasional" de cocaína de Jaime de Marichalar. Una información conflictiva de la que, por otro lado, La Casa Real no ha protestado al verla publicada.
Ante el debate suscitado entre periodistas y comentaristas de diferentes medios sobre la oportunidad o no del reportaje, hemos querido conocer la opinión de los profesionales que se han 'atrevido' a publicarla, y más teniendo en cuenta lo poco acostumbrados que estamos en España a la revelación de escándalos relacionados con la Familia Real.
Desde la redacción de Época se defiende el papel de la revista como medio "serio", riguroso, "no caracterizado precisamente por dedicarse al mundo del corazón". Consideran que "nunca publicarían una información sin contrastar" y que se "ha trabajado hasta el final" para asegurar la veracidad de la información.
A la pregunta de telecinco.es sobre si conocen la reacción que se ha producido en el Palacio de la Zarzuela, explican que "la Casa Real conocía que se iba a publicar este reportaje" y aseguran a la vez que tras la publicación "no se ha producido ninguna llamada de protesta".
Por otra parte, 'Época' nos avanza que, casi con toda seguridad, "en el próximo número continuarán informando sobre el tema" aunque, eso sí, no tienen intención de dar a conocer la fuente en ningún momento.
Eugenia Viñas, autora del reportaje
En una entrevista concedida a la emisora de radio 'Intereconomía', un día antes de la publicación del reportaje, la periodista aseguraba que La Casa Real dice no haber iniciado una invalidación legal ni eclesiástica del matrimonio
Por otro lado, en cuanto a la actitud adoptada por el Duque de Lugo en relación al divorcio, Eugenia Viñas explica que este busca con ello "no perder su status social". No le importa tanto el dinero como seguir poder diciendo que es el yerno del Rey.
Añade que fuentes fiables de la revista 'Época' dicen que el Rey ha afirmado, textualmente que "él considera que su hija lo tiene bastante crudo". Y continúa Eugenia Viñas, "como dicen por ahí, por fin se ha roto algún tabú con respecto a la monarquía".
"Época", dirigida desde hace unos meses por Carlos Dávila, es propiedad del 'Grupo Intereconomía'.
Fuente: Telecinco
Muchos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia. Y es que, al margen de lo sorprendente de su contenido, se ha puesto sobre la mesa un tema directamente relacionado con el ejercicio periodístico: ¿Dónde comienza el límite entre la esfera de lo público y de lo privado?
"La infanta Elena quiere hacer desaparecer su matrimonio por completo, rotundamente. Fuentes familiares afirman que el motivo que pretenden alegar doña Elena es que desconocía, en el momento del compromiso, el consumo de cocaína antes del matrimonio". Así arranca la exclusiva de la revista 'Época' que ha levantado un intenso debate informativo.
Según esta misma publicación, Jaime de Marichalar no acepta dicha acusación. De hecho, habría presentado un documento ante notario desmintiendo dichas acusaciones. "Jaime de Marichalar no acepta este desconocimiento del consumo ni el consumo mismo como causa de nulidad matrimonial y al parecer ha aportado una prueba notarial que desmiente este hecho".
La separación se complica día a día debido a que Doña Elena no cumple con los horarios de visitas. Según se indica en el reportaje publicado por 'Época', la custodia y las visitas de los niños está siendo conflictiva en el divorcio de los Duques de Lugo.
Por su parte, la Casa Real ha respondido contundentemente a este reportaje, según ha hecho público el diario elplural.com: "Es una infamia, una canallada, no hay nada de nada. No se ha iniciado ningún paso en la jurisdicción civil ni en la eclesiástica (...) Es un periodismo de rumores".
El consumo de drogas es una causa reconocida por el Derecho Canónico para conseguir una nulidad matrimonial, pero de hecho existen muchas posibilidades de obtener la nulidad, motivo por el que esta información ha resultado especialmente sorprendente, en tanto que no sería imprescindible para conseguir la nulidad supuesta perseguida.
El debate en los medios.
Ángel Expósito, director de ABC: "Cuando alguien no te dice toda la verdad, la confianza no es la misma. Aún teniendo esta información, ¿cómo la confirmamos?"
Manuel Cerdán, director de Interviú: "Si la propia infanta ha recogido esta información en un documento no se le puede reprochar al periodista la difusión de esta información. Lo que no sabemos es si la infancia ha usado esta información en una separación (...) Si una pareja en su libre decisión de separación utiliza esta información en el proceso de separación no es algo que haga ningún periodista (...). Una cosa es que Marichalar en su actividad privada pueda hacer lo que quiera en consumo de estupefacientes y otra que esto esté en el documento (...)"
Gorka Landáburu, Director de Cambio 16: "Es el eterno debate que tenemos los periodistas y la gente que es conocida, este debate entre la vida pública y la privada. Yo so yo partidario de no meterse en la vida privada hasta que no haya pruebas contundentes".
"Época": "La Casa Real sabía que lo íbamos a sacar y tras publicarlo no ha protestado"
La revista 'Época' vive una jornada especialmente revuelta. Todos los medios quieren saber 'más' sobre la polémica información que sacaron el jueves en los kioscos: el posible "consumo ocasional" de cocaína de Jaime de Marichalar. Una información conflictiva de la que, por otro lado, La Casa Real no ha protestado al verla publicada.
Ante el debate suscitado entre periodistas y comentaristas de diferentes medios sobre la oportunidad o no del reportaje, hemos querido conocer la opinión de los profesionales que se han 'atrevido' a publicarla, y más teniendo en cuenta lo poco acostumbrados que estamos en España a la revelación de escándalos relacionados con la Familia Real.
Desde la redacción de Época se defiende el papel de la revista como medio "serio", riguroso, "no caracterizado precisamente por dedicarse al mundo del corazón". Consideran que "nunca publicarían una información sin contrastar" y que se "ha trabajado hasta el final" para asegurar la veracidad de la información.
A la pregunta de telecinco.es sobre si conocen la reacción que se ha producido en el Palacio de la Zarzuela, explican que "la Casa Real conocía que se iba a publicar este reportaje" y aseguran a la vez que tras la publicación "no se ha producido ninguna llamada de protesta".
Por otra parte, 'Época' nos avanza que, casi con toda seguridad, "en el próximo número continuarán informando sobre el tema" aunque, eso sí, no tienen intención de dar a conocer la fuente en ningún momento.
Eugenia Viñas, autora del reportaje
En una entrevista concedida a la emisora de radio 'Intereconomía', un día antes de la publicación del reportaje, la periodista aseguraba que La Casa Real dice no haber iniciado una invalidación legal ni eclesiástica del matrimonio
Por otro lado, en cuanto a la actitud adoptada por el Duque de Lugo en relación al divorcio, Eugenia Viñas explica que este busca con ello "no perder su status social". No le importa tanto el dinero como seguir poder diciendo que es el yerno del Rey.
Añade que fuentes fiables de la revista 'Época' dicen que el Rey ha afirmado, textualmente que "él considera que su hija lo tiene bastante crudo". Y continúa Eugenia Viñas, "como dicen por ahí, por fin se ha roto algún tabú con respecto a la monarquía".
"Época", dirigida desde hace unos meses por Carlos Dávila, es propiedad del 'Grupo Intereconomía'.
Fuente: Telecinco
El diario que lee Don Jerónimo Luis
Don Jerónimo Luis es: "Jerónimo Luis de Cabrera" y el diario es La Voz del Interior, del Grupo Clarín. + info acá.
FM News intimidada por autoridades del ComFeR y la CNC: la declaran “clandestina”
Una de las pocas emisoras de Río Gallegos que está respaldada por una empresa, autorizada a emitir, con canal y frecuencia otorgada por la propia CNC, con absolutamente todos los papeles en regla, solo que con una línea editorial crítica al gobierno fue “fiscalizada” sospechosamente por amigos de Rudy Ulloa Igor. Labraron un acta donde la declaran “Clandestina” y le ordenan desmantelar sus equipos. Ingresaron a la emisora sin autorización judicial y con policías de la provincia respaldando a funcionarios nacionales. Eso se llama: abuso de autoridad.
FM News, una emisora que ha tenido fundamental preponderancia en el 2007 con la cobertura en tiempo real y durante las 24 horas del conflicto que vivió Santa Cruz, sufrió, a lo largo de ese tiempo, amenazas, atentados, interferencias e intimidaciones de todo tipo.
Sin embargo desde que concluyó el conflicto docente la situación estaba en calma hasta hoy viernes 26 de septiembre donde una numerosa (e inexplicable) comisión de autoridades del ComFeR y la CNC acompañados de tres policías de la provincia y dos testigos circunstanciales, se hicieron presentes en la emisora para la “notificación de un expediente del 2006, que ordenaba el decomiso de equipos” lo cual en aquel momento había sido ordenado por Julio Bárbaro sobre (sospechosamente) la única radio en Santa Cruz que abría los micrófonos a los vecinos, permitiendo que se expresaran.
Sin permiso (ni Orden)
Esta tarde, pasadas las 15:10 un grupo de personas se agolparon en el ingreso de la radio e ingresaron sin ninguna autorización judicial con tres policías y dos testigos dentro de la emisora para que el Sr Hugo Moyano procediera a notificarse de la resolución Nº 263 del año 2007 la cual en su punto 2º ordena “el decomiso de los equipos de la emisora porque ha sido considerada clandestina” situación que en aquel momento no se llevó a cabo porque razonablemente el Juez Federal de Río Gallegos Gerardo Caamaño entendió que no correspondía aplicar la medida, debido a la irregular fórmula que utilizó el entonces Director del ComFeR Julio Bárbaro para solicitar el levantamiento de la radio.
“Yo le pregunté al representante de la CNC si tenía orden judicial y me dijo que no, que solo venía a notificarme de la Resolución 263”, expresó Moyano entre sorprendido y molesto.
“Estoy sorprendido por este despliegue – proseguía - vinieron 6 personas y dos testigos solo para hacerme firmar una notificación, no entiendo”.
Se hicieron presentes en FM News los señores Hugo Amador Ageitos (DNI 14056228) y Carlos Alberto Garabaglia (4426572), ambos en representación de la C.N.C; Sergio Eduardo Floridia (13612204) representante local del ComFeR, el Oficial Subinspector Miguel Angel Guzman (32731104) junto a dos efectivos de la policía provincial a su cargo y dos testigos que pasaban por allí quienes fueron también ingresados a las oficinas de la emisora para que dieran fe de lo plasmado en el acta.
“Esta Resolución (la Nº 263) yo ya la firmé ante el Juzgado Federal el año pasado”, le dijo Moyano a uno de los funcionarios de la CNC: “Está bien, pero nosotros no tenemos cumplimentada la notificación, y por ese trámite estamos aquí”, le dijo su interlocutor.
Incubus
Sin embargo el Acta que labró la CNC hoy, la cual traía preformada, es decir impresa de antemano y solo liberado los espacios a llenar con los nombres y las disposiciones de rigor, dice expresa y textualmente en su cuerpo: “… que el propietario de la emisora inspeccionada fue declarada clandestina por el Comité Federal de Radiodifusión mediante la Resolución Nº 263
ComFeR /2007, razón por lo cual deberá desmantelar las instalaciones de la emisora, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de decomiso prevista en la Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285”. Eso, las autoridades del ComFeR y la CNC no lo dijeron, no lo aclararon; como un incubus en el texto permanece allí esperando despertar.
Es decir que tal como está la situación la CNC envió a sus funcionarios, no ya a cumplir con la formalidad de una notificación retrasada en el tiempo, como quisieron hacer ver las autoridades del órgano fiscalizador, sino a revitalizar la resolución Nº 263, a recordarle al propietario del medio que ha sido declarada clandestina “razón por lo cual” lo intiman a desmantelar la emisora o en su defecto le secuestrarán todos los equipos.
Teniendo en cuenta que ya existe una decisión del Juez de no hacer lugar a este tipo de acción, que en el propio Juzgado Federal de Río Gallegos se sabía que por estos días la CNC volvería a la carga con este tema; considerando que News es una emisora que cumple formal y técnicamente todos los requisitos necesarios para emitir ya que la CNC le otorgó canal y frecuencia por Expte 1483.00.0/06 mediante el cual le asignó Canal 282, frecuencia 104.3 inscriptos en la Categoría E con sigla radiofónica LRF806; es poco entendible que la propia CNC en desconocimiento de lo que firmó previamente, sostenga, ratifique y actualice la sentencia de declarar a la emisora clandestina sujeta a decomiso de equipamiento, cuando en Río Gallegos la mayoría de las FM se encuentran en situación irregular, con trámites no iniciados, situaciones precarias o decididamente clandestinas.
¿Quién tira la piedra?
Sin embargo los datos que hemos podido recoger sobre la situación que rodea a este sospechoso comportamiento de las autoridades de fiscalización de radios y frecuencias, n
os llevan a unos meses atrás cuando en junio de este año pasó por Río Gallegos el Sr Gabriel Mariotto ex Subsecretario de Medios y ahora responsable del ComFeR, quien mantuvo una reunión con integrantes de la “Cámpora” una Unidad Básica que tiene entre sus partícipes a los Concejales del FPVS en Río Gallegos, Pablo Grasso y Gómez Bull, quienes responden a la línea política de Rudy Ulloa Igor ex chofer de Néstor Kirchner devenido imprevistamente en empresario de medios. Allí se habló sobre la trastabillada Ley de Radiodifusión ¿Casualidad?
Mariotto es también amigo de Ulloa y las fuentes indican que se les asigna trabajos en conjunto a través del espacio político “Compromiso K” con campañas propagandísticas y coptación de medios, razón por lo cual el titular del ComFeR estuvo en varias oportunidades en Comodoro Rivadavia (Chubut) a principios de este año.
¿Quién da respuestas?
Sin embargo el operativo de hoy, llevado a cabo por la CNC y el ComFeR en conjunto tiene algunas particularidades que llaman la atención:
1º Por qué los funcionarios llegaron acompañados de policías?
2º Por qué ingresaron (con los policías inclusive) al recinto de la emisora, sin autorización judicial para hacerlo?
3º Por qué llegaron con efectivos de la policía provincial, siendo que un procedimiento de este tipo, al ser efectivizado por organismos de control nacional, le hubiera correspondido a la policía Federal? ¿Por qué el Ministro de Gobierno autorizó la actuación de los efectivos provinciales?
4º Por qué estos funcionarios hicieron ingresar a dos particulares de la calle para que sirvan de testigos en un procedimiento de notificación? ¿Con qué autoridad uno de los funcionarios de la CNC le dijo a uno de los testigos que protestaba por el tiempo que lo demoraban “esto es una carga pública”?
5º Por qué el titular de la CNC local, el Sr Oscar Trucco no estuvo presente en esta circunstancia?
6º Por qué y en virtud de qué el Minsitro de Gobierno Barreto y el Jefe de Policía de la provincia ordenó a sus efectivos acompañar a estos funcionarios e ingresar en propiedad privada sin orden de un juez?
“Esto no va a quedar acá, como te imaginarás – decía Moyano – ya mismo voy al Juzgado Federal a interponer un recurso porque estos tipos no me van a presionar. Nosotros somos una empresa seria, tenemos nuestras cosas en regla y si lo que quieren es joder, entonces vamos a joder juntos… porque nosotros también vamos a controlar a ver si realmente ellos controlan a todos de la misma manera”, señalaba a nuestro cronista.
Si tiene cuatro patas, cola y ladra: es perro
OPI se hizo presente en el momento en que se estaba llevando a cabo la firma del Acta, encendió las cámaras de video y fotografió a todos los presentes. Todo el material está plenamente corroborado y no hay absolutamente nada que indique que lo sucedido no tiene visos de intimidación.
in embargo hay un detalle que no se puede perder de vista en todo esto: News Multimedios está perfectamente encuadrada en la ley, en cambio hay funcionarios de estos órganos fiscalizadores que han ocultado incompatibilidades y tienen un pasado en los medios con pocas probabilidades de sobrevivir a un revisionismo profundo, lo cual será material para una próxima nota sobre la que OPI está trabajando desde este momento.
Para finalizar esta nota y redondear la idea de que nada de esto es producto de la casualidad, digamos que el titular de la CNC en Río Gallegos, Oscar Trucco ante quien lo quiera escuchar se confiesa como un gran amigo de Rudy Ulloa Igor, repentino empresario dueño de diarios, radios y canales de televisión en varias provincias, cultor de las más ordinarias operaciones de prensa en favor del matrimonio Kirchner y un “denigrador” oficial de todos quienes critican a sus patrones.
El gobierno nacional a través de sus tentáculos remotos acciona en contra de los medios pero aquí en Santa Cruz el gobierno de la provincia a través de su Ministro de Gobierno y su Jefe de Policía deberá explicar la presencia de efectivos de la policía en un procedimiento irregular, intimidatorio, viciado de ilegalidad y altamente censurable. Si las autoridades provinciales no toman medidas, quedará expresado claramente que en Santa Cruz nada cambió.
Fuente: Agencia OPI santa Cruz
FM News, una emisora que ha tenido fundamental preponderancia en el 2007 con la cobertura en tiempo real y durante las 24 horas del conflicto que vivió Santa Cruz, sufrió, a lo largo de ese tiempo, amenazas, atentados, interferencias e intimidaciones de todo tipo.
Sin embargo desde que concluyó el conflicto docente la situación estaba en calma hasta hoy viernes 26 de septiembre donde una numerosa (e inexplicable) comisión de autoridades del ComFeR y la CNC acompañados de tres policías de la provincia y dos testigos circunstanciales, se hicieron presentes en la emisora para la “notificación de un expediente del 2006, que ordenaba el decomiso de equipos” lo cual en aquel momento había sido ordenado por Julio Bárbaro sobre (sospechosamente) la única radio en Santa Cruz que abría los micrófonos a los vecinos, permitiendo que se expresaran.
Sin permiso (ni Orden)
Esta tarde, pasadas las 15:10 un grupo de personas se agolparon en el ingreso de la radio e ingresaron sin ninguna autorización judicial con tres policías y dos testigos dentro de la emisora para que el Sr Hugo Moyano procediera a notificarse de la resolución Nº 263 del año 2007 la cual en su punto 2º ordena “el decomiso de los equipos de la emisora porque ha sido considerada clandestina” situación que en aquel momento no se llevó a cabo porque razonablemente el Juez Federal de Río Gallegos Gerardo Caamaño entendió que no correspondía aplicar la medida, debido a la irregular fórmula que utilizó el entonces Director del ComFeR Julio Bárbaro para solicitar el levantamiento de la radio.
“Yo le pregunté al representante de la CNC si tenía orden judicial y me dijo que no, que solo venía a notificarme de la Resolución 263”, expresó Moyano entre sorprendido y molesto.
“Estoy sorprendido por este despliegue – proseguía - vinieron 6 personas y dos testigos solo para hacerme firmar una notificación, no entiendo”.
Se hicieron presentes en FM News los señores Hugo Amador Ageitos (DNI 14056228) y Carlos Alberto Garabaglia (4426572), ambos en representación de la C.N.C; Sergio Eduardo Floridia (13612204) representante local del ComFeR, el Oficial Subinspector Miguel Angel Guzman (32731104) junto a dos efectivos de la policía provincial a su cargo y dos testigos que pasaban por allí quienes fueron también ingresados a las oficinas de la emisora para que dieran fe de lo plasmado en el acta.
“Esta Resolución (la Nº 263) yo ya la firmé ante el Juzgado Federal el año pasado”, le dijo Moyano a uno de los funcionarios de la CNC: “Está bien, pero nosotros no tenemos cumplimentada la notificación, y por ese trámite estamos aquí”, le dijo su interlocutor.
Incubus
Sin embargo el Acta que labró la CNC hoy, la cual traía preformada, es decir impresa de antemano y solo liberado los espacios a llenar con los nombres y las disposiciones de rigor, dice expresa y textualmente en su cuerpo: “… que el propietario de la emisora inspeccionada fue declarada clandestina por el Comité Federal de Radiodifusión mediante la Resolución Nº 263
ComFeR /2007, razón por lo cual deberá desmantelar las instalaciones de la emisora, bajo apercibimiento de aplicar la sanción de decomiso prevista en la Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285”. Eso, las autoridades del ComFeR y la CNC no lo dijeron, no lo aclararon; como un incubus en el texto permanece allí esperando despertar.Es decir que tal como está la situación la CNC envió a sus funcionarios, no ya a cumplir con la formalidad de una notificación retrasada en el tiempo, como quisieron hacer ver las autoridades del órgano fiscalizador, sino a revitalizar la resolución Nº 263, a recordarle al propietario del medio que ha sido declarada clandestina “razón por lo cual” lo intiman a desmantelar la emisora o en su defecto le secuestrarán todos los equipos.
Teniendo en cuenta que ya existe una decisión del Juez de no hacer lugar a este tipo de acción, que en el propio Juzgado Federal de Río Gallegos se sabía que por estos días la CNC volvería a la carga con este tema; considerando que News es una emisora que cumple formal y técnicamente todos los requisitos necesarios para emitir ya que la CNC le otorgó canal y frecuencia por Expte 1483.00.0/06 mediante el cual le asignó Canal 282, frecuencia 104.3 inscriptos en la Categoría E con sigla radiofónica LRF806; es poco entendible que la propia CNC en desconocimiento de lo que firmó previamente, sostenga, ratifique y actualice la sentencia de declarar a la emisora clandestina sujeta a decomiso de equipamiento, cuando en Río Gallegos la mayoría de las FM se encuentran en situación irregular, con trámites no iniciados, situaciones precarias o decididamente clandestinas.
¿Quién tira la piedra?
Sin embargo los datos que hemos podido recoger sobre la situación que rodea a este sospechoso comportamiento de las autoridades de fiscalización de radios y frecuencias, n
os llevan a unos meses atrás cuando en junio de este año pasó por Río Gallegos el Sr Gabriel Mariotto ex Subsecretario de Medios y ahora responsable del ComFeR, quien mantuvo una reunión con integrantes de la “Cámpora” una Unidad Básica que tiene entre sus partícipes a los Concejales del FPVS en Río Gallegos, Pablo Grasso y Gómez Bull, quienes responden a la línea política de Rudy Ulloa Igor ex chofer de Néstor Kirchner devenido imprevistamente en empresario de medios. Allí se habló sobre la trastabillada Ley de Radiodifusión ¿Casualidad?Mariotto es también amigo de Ulloa y las fuentes indican que se les asigna trabajos en conjunto a través del espacio político “Compromiso K” con campañas propagandísticas y coptación de medios, razón por lo cual el titular del ComFeR estuvo en varias oportunidades en Comodoro Rivadavia (Chubut) a principios de este año.
¿Quién da respuestas?
Sin embargo el operativo de hoy, llevado a cabo por la CNC y el ComFeR en conjunto tiene algunas particularidades que llaman la atención:
1º Por qué los funcionarios llegaron acompañados de policías?2º Por qué ingresaron (con los policías inclusive) al recinto de la emisora, sin autorización judicial para hacerlo?
3º Por qué llegaron con efectivos de la policía provincial, siendo que un procedimiento de este tipo, al ser efectivizado por organismos de control nacional, le hubiera correspondido a la policía Federal? ¿Por qué el Ministro de Gobierno autorizó la actuación de los efectivos provinciales?
4º Por qué estos funcionarios hicieron ingresar a dos particulares de la calle para que sirvan de testigos en un procedimiento de notificación? ¿Con qué autoridad uno de los funcionarios de la CNC le dijo a uno de los testigos que protestaba por el tiempo que lo demoraban “esto es una carga pública”?
5º Por qué el titular de la CNC local, el Sr Oscar Trucco no estuvo presente en esta circunstancia?
6º Por qué y en virtud de qué el Minsitro de Gobierno Barreto y el Jefe de Policía de la provincia ordenó a sus efectivos acompañar a estos funcionarios e ingresar en propiedad privada sin orden de un juez?
“Esto no va a quedar acá, como te imaginarás – decía Moyano – ya mismo voy al Juzgado Federal a interponer un recurso porque estos tipos no me van a presionar. Nosotros somos una empresa seria, tenemos nuestras cosas en regla y si lo que quieren es joder, entonces vamos a joder juntos… porque nosotros también vamos a controlar a ver si realmente ellos controlan a todos de la misma manera”, señalaba a nuestro cronista.
Si tiene cuatro patas, cola y ladra: es perro
OPI se hizo presente en el momento en que se estaba llevando a cabo la firma del Acta, encendió las cámaras de video y fotografió a todos los presentes. Todo el material está plenamente corroborado y no hay absolutamente nada que indique que lo sucedido no tiene visos de intimidación.
in embargo hay un detalle que no se puede perder de vista en todo esto: News Multimedios está perfectamente encuadrada en la ley, en cambio hay funcionarios de estos órganos fiscalizadores que han ocultado incompatibilidades y tienen un pasado en los medios con pocas probabilidades de sobrevivir a un revisionismo profundo, lo cual será material para una próxima nota sobre la que OPI está trabajando desde este momento.
Para finalizar esta nota y redondear la idea de que nada de esto es producto de la casualidad, digamos que el titular de la CNC en Río Gallegos, Oscar Trucco ante quien lo quiera escuchar se confiesa como un gran amigo de Rudy Ulloa Igor, repentino empresario dueño de diarios, radios y canales de televisión en varias provincias, cultor de las más ordinarias operaciones de prensa en favor del matrimonio Kirchner y un “denigrador” oficial de todos quienes critican a sus patrones.
El gobierno nacional a través de sus tentáculos remotos acciona en contra de los medios pero aquí en Santa Cruz el gobierno de la provincia a través de su Ministro de Gobierno y su Jefe de Policía deberá explicar la presencia de efectivos de la policía en un procedimiento irregular, intimidatorio, viciado de ilegalidad y altamente censurable. Si las autoridades provinciales no toman medidas, quedará expresado claramente que en Santa Cruz nada cambió.
Fuente: Agencia OPI santa Cruz
viernes, 26 de septiembre de 2008
"La libertad de prensa en la Argentina se ha visto ensombrecida durante este año"
Conclusiones del informe que brindó hoy, durante la 46a. Asamblea de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa Dr. Carlos Gamond lo siguiente:
La libertad de prensa en la Argentina se ha visto ensombrecida durante este año por reiterados episodios, dirigidos contra los medios de comunicación y provenientes del poder político.
Este deterioro obliga a AdEPA a mantener una actitud de alerta y vigilancia. Rescatamos empero, con alguna expectativa, ciertos gestos recientes como el diálogo instaurado con el actual Jefe del Gabinete de Ministros, aspirando a que el mismo se refleje en una nueva actitud hacia la prensa por parte del Gobierno.
La conflictiva relación del Poder Ejecutivo Nacional con el periodismo, cuya seriedad AdEPA viene señalando en los últimos años, se agravó a partir del prolongado conflicto con el sector agropecuario. El Gobierno buscó desplazar el foco de la cuestión y volvió a recurrir a la práctica de estigmatizar a medios y periodistas ante opiniones o lecturas de la realidad diferentes de la oficial, llegando en este caso a caracterizar a algunos como enemigos de las instituciones.
Desde el más alto nivel de conducción del país, se instaló un clima de suspicacias hacia la labor de la prensa con acusaciones infundadas. Haciendo interpretaciones extremas de noticias y opiniones periodísticas, se adjudicó inspiración golpista a algunos colegas y se calificó de mensaje cuasi mafioso a una caricatura.
La preocupación se acentuó con la aparición de voceros paraoficiales que atacaron a los medios de prensa con campañas de afiches cuya financiación se ignora. También, con amenazas a la seguridad personal de editores y periodistas, como ocurrió con la violación y divulgación de correos electrónicos. Y hasta con convocatorias a movilizaciones a las puertas de algunos medios, con claro propósito intimidatorio. No pueden soslayarse en este sentido las campañas sistemáticas contra Clarín, La Nación, Perfil, o Radio Continental, entre otros, y sus periodistas.
Asimismo ha preocupado la aparición de una serie de medidas y proyectos destinados a afectar –directa o indirectamente– el desenvolvimiento de los medios. La apelación al Observatorio Público contra la Discriminación en Radio y Televisión como un mecanismo de vigilancia de los medios de prensa, es un ejemplo. O el repentino interés por modificar la ley de radiodifusión, cuya necesidad AdEPA no cuestiona, aunque alerta sobre los riesgos que puede implicar para la libertad de prensa hacerlo sin un detenido análisis ni ánimo de consenso.
AdEPA convoca a la tolerancia y rechaza la frecuente utilización de agravios y hasta de violencia por parte del oficialismo, para contestar informaciones y comentarios que contrastan con su visión de los hechos. La labor periodística no puede estar exenta del disenso, la opinión y el debate. Pero cuando ese intercambio se reemplaza por el ataque personal, la amenaza permanente, la no aceptación del pluralismo o un clima de temor y de impunidad, se encienden luces amarillas para la vida democrática.
Como ocurriera en años anteriores, se reiteró la presión al periodismo independiente a través de la adjudicación arbitraria de la publicidad oficial tanto en la Nación como en Provincias y Municipios. Esta situación puede verse como la antesala de hechos más graves que afectan la subsistencia del periodismo libre en algunos países de América Latina, tal como ocurre Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Si bien un gobierno no puede ser obligado a distribuir publicidad oficial entre todos los medios, resulta lesivo para la libertad de prensa que esa distribución se realice de manera arbitraria.
En nota enviada a los legisladores en el año 2007, AdEPA consideró que, una ley sobre un tema tan importante, debería satisfacer prioritariamente el derecho a la información de la sociedad sobre los actos de los tres órganos del gobierno. Es importante evitar que la publicidad oficial se desnaturalice en la propaganda gubernamental, suprimir toda discriminación arbitraria que responda a una política de premios y castigos, y en definitiva, consolidar las instituciones democráticas y la esencia republicana con criterios en los cuales impere la razonabilidad y la transparencia.
La asignación discrecional de la publicidad , solventada con dineros de los contribuyentes, representa, en primer lugar, una discriminación informativa que perjudica a los ciudadanos. De manera concomitante, la ausencia de normas o parámetros en la distribución publicitaria puede generar falsa competitividad en determinadas empresas y, por lo tanto, producir distorsiones en el mercado de las publicaciones periodísticas.
La construcción de una relación madura entre el estado y los medios es una asignatura pendiente. Gobiernos que pretenden influir sobre los contenidos de los medios periodísticos por una parte, y por la otra, periodistas y medios de prensa que, pese esos intentos, realizan con rigor profesional la tarea de informar son la muestra de una discordancia que es preciso superar.
A través de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, medios y periodistas recibieron un reconocimiento a su labor, fundamental para permitir no sólo el conocimiento sino la discusión más abierta y transparente de los actos de gobierno. En efecto, a través del fallo en el caso “Patitó c/ La Nación”, el máximo tribunal ratificó la teoría de la real malicia, asignando a la libertad de expresión un valor estratégico de rango constitucional.
Muchos son los problemas que arrastra la prensa argentina desde la desvastadora crísis de 2001-2002, que afectó a todos los medios, pero que dejó secuelas de difícil recuperación en publicaciones medianas y pequeñas del interior del país. Estas situaciones hacen, en muchos casos, a la propia supervivencia de medios que alimentan, a lo largo y ancho del país, la enorme diversidad de voces que caracterizan a nuestros medios, con escaso parangón en América Latina. La Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de diarios y revistas, y lo mismo sucede con el resto de los medios de comunicación. Esa diversidad es un activo estratégico que debemos resguardar.
Un capital que, más allá de las coyunturas políticas y de la sana tensión que por definición están llamado a tener los medios con el poder de turno, es un valor a defender a largo plazo, como política de Estado, para bien de todos los argentinos.
La libertad de prensa en la Argentina se ha visto ensombrecida durante este año por reiterados episodios, dirigidos contra los medios de comunicación y provenientes del poder político.
Este deterioro obliga a AdEPA a mantener una actitud de alerta y vigilancia. Rescatamos empero, con alguna expectativa, ciertos gestos recientes como el diálogo instaurado con el actual Jefe del Gabinete de Ministros, aspirando a que el mismo se refleje en una nueva actitud hacia la prensa por parte del Gobierno.La conflictiva relación del Poder Ejecutivo Nacional con el periodismo, cuya seriedad AdEPA viene señalando en los últimos años, se agravó a partir del prolongado conflicto con el sector agropecuario. El Gobierno buscó desplazar el foco de la cuestión y volvió a recurrir a la práctica de estigmatizar a medios y periodistas ante opiniones o lecturas de la realidad diferentes de la oficial, llegando en este caso a caracterizar a algunos como enemigos de las instituciones.
Desde el más alto nivel de conducción del país, se instaló un clima de suspicacias hacia la labor de la prensa con acusaciones infundadas. Haciendo interpretaciones extremas de noticias y opiniones periodísticas, se adjudicó inspiración golpista a algunos colegas y se calificó de mensaje cuasi mafioso a una caricatura.
La preocupación se acentuó con la aparición de voceros paraoficiales que atacaron a los medios de prensa con campañas de afiches cuya financiación se ignora. También, con amenazas a la seguridad personal de editores y periodistas, como ocurrió con la violación y divulgación de correos electrónicos. Y hasta con convocatorias a movilizaciones a las puertas de algunos medios, con claro propósito intimidatorio. No pueden soslayarse en este sentido las campañas sistemáticas contra Clarín, La Nación, Perfil, o Radio Continental, entre otros, y sus periodistas.
Asimismo ha preocupado la aparición de una serie de medidas y proyectos destinados a afectar –directa o indirectamente– el desenvolvimiento de los medios. La apelación al Observatorio Público contra la Discriminación en Radio y Televisión como un mecanismo de vigilancia de los medios de prensa, es un ejemplo. O el repentino interés por modificar la ley de radiodifusión, cuya necesidad AdEPA no cuestiona, aunque alerta sobre los riesgos que puede implicar para la libertad de prensa hacerlo sin un detenido análisis ni ánimo de consenso.
AdEPA convoca a la tolerancia y rechaza la frecuente utilización de agravios y hasta de violencia por parte del oficialismo, para contestar informaciones y comentarios que contrastan con su visión de los hechos. La labor periodística no puede estar exenta del disenso, la opinión y el debate. Pero cuando ese intercambio se reemplaza por el ataque personal, la amenaza permanente, la no aceptación del pluralismo o un clima de temor y de impunidad, se encienden luces amarillas para la vida democrática.
Como ocurriera en años anteriores, se reiteró la presión al periodismo independiente a través de la adjudicación arbitraria de la publicidad oficial tanto en la Nación como en Provincias y Municipios. Esta situación puede verse como la antesala de hechos más graves que afectan la subsistencia del periodismo libre en algunos países de América Latina, tal como ocurre Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Si bien un gobierno no puede ser obligado a distribuir publicidad oficial entre todos los medios, resulta lesivo para la libertad de prensa que esa distribución se realice de manera arbitraria.
En nota enviada a los legisladores en el año 2007, AdEPA consideró que, una ley sobre un tema tan importante, debería satisfacer prioritariamente el derecho a la información de la sociedad sobre los actos de los tres órganos del gobierno. Es importante evitar que la publicidad oficial se desnaturalice en la propaganda gubernamental, suprimir toda discriminación arbitraria que responda a una política de premios y castigos, y en definitiva, consolidar las instituciones democráticas y la esencia republicana con criterios en los cuales impere la razonabilidad y la transparencia.
La asignación discrecional de la publicidad , solventada con dineros de los contribuyentes, representa, en primer lugar, una discriminación informativa que perjudica a los ciudadanos. De manera concomitante, la ausencia de normas o parámetros en la distribución publicitaria puede generar falsa competitividad en determinadas empresas y, por lo tanto, producir distorsiones en el mercado de las publicaciones periodísticas.
La construcción de una relación madura entre el estado y los medios es una asignatura pendiente. Gobiernos que pretenden influir sobre los contenidos de los medios periodísticos por una parte, y por la otra, periodistas y medios de prensa que, pese esos intentos, realizan con rigor profesional la tarea de informar son la muestra de una discordancia que es preciso superar.
A través de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, medios y periodistas recibieron un reconocimiento a su labor, fundamental para permitir no sólo el conocimiento sino la discusión más abierta y transparente de los actos de gobierno. En efecto, a través del fallo en el caso “Patitó c/ La Nación”, el máximo tribunal ratificó la teoría de la real malicia, asignando a la libertad de expresión un valor estratégico de rango constitucional.
Muchos son los problemas que arrastra la prensa argentina desde la desvastadora crísis de 2001-2002, que afectó a todos los medios, pero que dejó secuelas de difícil recuperación en publicaciones medianas y pequeñas del interior del país. Estas situaciones hacen, en muchos casos, a la propia supervivencia de medios que alimentan, a lo largo y ancho del país, la enorme diversidad de voces que caracterizan a nuestros medios, con escaso parangón en América Latina. La Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de diarios y revistas, y lo mismo sucede con el resto de los medios de comunicación. Esa diversidad es un activo estratégico que debemos resguardar.
Un capital que, más allá de las coyunturas políticas y de la sana tensión que por definición están llamado a tener los medios con el poder de turno, es un valor a defender a largo plazo, como política de Estado, para bien de todos los argentinos.
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