En Santa Fe, el reciente fallo que condenó al exfiscal regional Patricio Serjal y al empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nelson Ugolini, estremeció nuevamente la política y la justicia de la provincia. La sentencia no solo confirmó la existencia de una estructura destinada a proteger el negocio del juego clandestino, sino que también detalló con precisión la participación de una pata política que habría sostenido ese entramado. En ese contexto, el nombre del senador Armando Traferri volvió a cobrar relevancia: los jueces lo señalan como organizador de una asociación ilícita que articulaba recaudación, cobertura judicial y financiamiento de campañas.
Una primera cuestión es cómo Traferri se encuentra al borde de una condena que parece irreversible. En la sentencia contra Serjal, los jueces lo mencionan 104 veces en un fallo que tiene casi el doble de páginas. Lo hacen porque consideran que no se puede describir ni comprender el funcionamiento de la organización criminal sin aludir al rol predominante del senador, según informó Hernán Lascano en La Política Online.
Entre quienes más reclaman que la justicia avance sobre el costado político se encuentra el diputado provincial Fabián Palo Oliver, una voz persistente desde el inicio del escándalo. En diálogo con Señales dijo que la condena a Serjal y Ugolini constituye "una bocanada de aire fresco" y, sobre todo, una reivindicación del MPA, cuyo cuerpo de fiscales, según sostiene, decidió avanzar en la investigación incluso cuando implicaba indagar a compañeros de oficina y a funcionarios que habían compartido durante años la estructura interna del organismo.
Oliver recuerda que desde un principio denunció que la causa no había sido armada, y que la acusación de Traferri acerca de una supuesta persecución impulsada por el exministro Marcelo Sain era insostenible. Lo explica con una línea temporal simple: la investigación comenzó en 2017, Sain asumió en diciembre de 2019, y la repercusión pública del caso llegó en 2020, cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron el desafuero del senador. "Había importantes indicios de que Traferri era uno de los actores fundamentales de esa asociación ilícita", afirma. Por eso, señala que en algún momento "habrá que pedirle disculpas" a ambos fiscales, no solo porque no armaron una causa, sino porque fueron desplazados por las maniobras que —según él— logró activar el propio legislador investigado.
El diputado relata que Edery, uno de los fiscales más comprometidos en causas de crimen organizado y balaceras vinculadas al narcotráfico, terminó relegado a la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, donde investiga incidentes de tránsito, mientras que Schiappa Pietra atravesó un hostigamiento similar. Lo que ambos iniciaron, afirma, fue continuado por otros cinco fiscales y cristalizado finalmente por los jueces, quienes dieron forma a una sentencia contundente: nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para Serjal; cinco años de cárcel e inhabilitación por diez años para Ugolini. "Con eso se cerró la pata judicial", asegura, pero no así la política.
Los jueces sostuvieron que Traferri cumplió el rol de reclutador: primero de Gustavo Ponce Asahad y luego del propio Serjal. Su función habría sido garantizar la protección desde adentro del MPA y también desde afuera, utilizando distintos resortes políticos para blindar el funcionamiento del juego clandestino de Leonardo Peiti, el financista que aportaba dinero a la red y que, según el paquete probatorio, pagaba cuotas tanto a fiscales como al senador. Incluso se cita un monto de 200 mil dólares cuyo destino, según el propio Peiti, habría sido financiar campañas políticas.
Para Oliver, resulta insostenible que la causa no avance sobre el legislador. "Sería un escándalo que no se lo procese", remarca, y asegura que los indicios superaron largamente la categoría de indicios para convertirse en prueba. "La justicia no tiene escapatoria", sentencia, convencido de que el procesamiento debería concretarse en los próximos días, tras lo cual Traferri tendrá derecho a la defensa, amparado por el principio de inocencia, pero sin poder eludir la instancia judicial.
El diputado recuerda también el freno político que tuvo la causa cuando, en 2020, el Senado votó el pedido de desafuero: cuatro votos a favor, dos abstenciones y trece en contra. Para él, allí se mezclaron intereses corporativos, ingenuidad y protección explícita. Desde entonces, sostiene, se desarrolló una trama paralela: el ataque a Edery y a Schiappa Pietra, la denuncia impulsada por los fiscales Socca y Moreno —este último actual camarista— contra una testigo protegida clave para encarcelar a Alvarado, y las maniobras para desplazar a Edery del MPA. "La denuncia era infundada", asegura. De hecho, se probó que la fiscalía había aportado información detallada sobre las líneas telefónicas de Ortigala, pese a que algunos funcionarios declararon lo contrario ante la Legislatura, como el entonces fiscal y actual juez Rébola, a quien Oliver acusa de haber mentido ante la Comisión de Acuerdos.
El silencioso entramado mediático que acompañó la defensa política de Traferri
En un espacio menos visible pero decisivo, los grandes medios de comunicación mostraron un patrón inquietante. Registros acumulados, emisiones radiales revisadas cuadro por cuadro y editoriales analizadas durante meses evidenciaron lo que se describe habitualmente como un gesto de omisión calculada: el nombre de Armando Traferri casi nunca aparecía, y cuando se mencionaba en el juicio, ese silencio no fue casual.
Oliver describe ese escenario como un entramado amplio, donde la baja calidad democrática no se expresa únicamente en la política o en los tribunales, sino también en la forma en que ciertos medios deciden qué nombrar y qué callar. Para él, la calidad institucional se deteriora cuando existe protección hacia personas que han defraudado la administración pública o cometido delitos. No habla de todos los medios, pero sí de un grupo reducido y poderoso que durante años evitó mencionar al senador Traferri incluso cuando la justicia avanzaba sobre la trama del juego clandestino.
El diputado recuerda cómo, en algunas coberturas, se hablaba de "actores políticos involucrados", como si esos actores no tuvieran rostro, historia ni apellido. Esa estrategia de anonimización, afirma, contribuyó a crear una zona de sombra en torno de Traferri, un territorio donde el silencio mediático funcionó como escudo. Por eso valora especialmente a quienes, desde espacios periodísticos más pequeños o independientes, decidieron nombrar las cosas por su nombre, abrir micrófonos y permitir que se discutiera lo que muchos preferían dejar fuera de escena.
A lo largo de los años, insiste Oliver, su espacio político sostuvo una posición clara: el senador Traferri debía comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. En su mirada, la figura de los fueros parlamentarios había sido convertida en un privilegio impropio, un refugio para evitar la imputación y el procesamiento. El diputado se permite una reflexión autorreferencial: asegura que la posibilidad concreta de imputar a un funcionario público en Santa Fe hoy existe gracias a una presión construida colectivamente, no solo por legisladores como él, sino también por algunos medios y por un puñado de actores políticos que se animaron a plantear públicamente que ningún cargo debe servir para evadir la justicia.
Ese trabajo, reconoce, fue lento. Algunas cosas llevan tiempo, repite, pero finalmente suceden. Hoy, afirma sin rodeos, ya no se puede sostener la idea de que Traferri no esté procesado. “No hay forma de que no se lo procese”, insiste, convencido de que el escenario político y judicial de la provincia cambió lo suficiente como para que el blindaje mediático y legislativo pierda eficacia.
Para Oliver, la historia reciente de Santa Fe no puede comprenderse sin observar el entramado de protección que operó en paralelo a los procesos judiciales y a los debates legislativos. Sostiene que el caso Traferri, más allá de sus implicancias penales, abre una discusión profunda sobre el tipo de democracia que la provincia quiere sostener, el rol de los medios en la construcción de impunidad y la necesidad de reglas claras para evitar que el silencio termine convertido en un actor político más.
Entre Vicentín, el juego clandestino y las corporaciones: ¿cómo se financia la política en Santa Fe?
El diputado Oliver lleva años insistiendo en que Santa Fe necesita discutir, de una vez por todas, una ley de financiamiento electoral. Habla del tema con la convicción de quien empuja la misma agenda desde 2018, aunque, según subraya, jamás hubo siquiera una posibilidad concreta de tratarla en comisión. Cada dos años, el proyecto pierde estado parlamentario y su espacio político vuelve a presentarlo, un gesto que evidencia más las resistencias ajenas que la falta de voluntad propia.
Oliver sostiene que la propuesta es simple: permitir que las personas físicas puedan aportar hasta dos sueldos mínimos vitales y móviles, y prohibir que las personas jurídicas financien campañas electorales. Esa restricción busca dos objetivos centrales: cortar con la llamada “patria contratista”, ese esquema por el cual empresas aportan a campañas esperando favores políticos, obra pública u otros retornos; e impedir que fondos del delito organizado o economías ilícitas se infiltren en la política como mecanismo de lavado.
En su análisis, la ausencia de una ley de financiamiento evidencia la necesidad de un debate que muchos prefieren evitar. "¿Quiénes no quieren discutirla?", plantea, para luego señalar a los grandes partidos políticos, que más tiempo pasan en campaña y reciben aportes sin la transparencia necesaria. Para reforzar su argumento, Oliver evoca el caso Vicentín. Recuerda el silencio absoluto con el que, en su opinión, reaccionaron dirigentes de esas fuerzas e incluso cómo algunos intendentes y legisladores salieron a respaldar públicamente a la empresa bajo la consigna "todos somos Vicentín". Él, en cambio, la calificó desde el primer día como la mayor defraudación que recuerda la provincia y el país. Hoy, existen catorce exdirectores imputados y procesados, algunos incluso detenidos.
Ese escenario, dice, demuestra que el paso del tiempo ordena las cosas y permite revisar lo que cada uno dijo en su momento. Allí vuelve sobre otro punto neurálgico: el pedido de procesamiento del senador Traferri, cuya causa por presuntos vínculos con el juego clandestino se mantiene en el centro de la escena política santafesina. Para Oliver, esta situación evidencia la urgencia de discutir reglas claras y mecanismos que eviten la interferencia de intereses económicos, legales o ilegales, dentro de la política y del financiamiento partidario.
Su planteo es que las campañas deben tener un piso de gasto, que el Estado debe garantizar aportes básicos y que es imprescindible establecer condiciones de igualdad. Las grandes corporaciones económicas que apoyan a candidatos de los partidos mayoritarios no lo hacen gratuitamente, insiste. Y agrega que esa influencia se remonta a 1983, cuando los partidos tradicionales comenzaron a resignarse ante los intereses de los grupos económicos más poderosos del país.
Para Oliver, en esa larga cadena de concesiones, silencios y financiamientos opacos se encuentran muchas de las dificultades que hoy atraviesa la Argentina. La falta de una ley moderna y transparente de financiamiento político representa una deuda urgente que la dirigencia mayoritaria aún no se anima a saldar.
Con todas estas piezas sobre la mesa, Oliver insiste en que el procesamiento de Traferri es imprescindible para recuperar credibilidad en las instituciones. Afirma que, si la justicia no avanza, él mismo podría presentar un pedido formal. "Soy funcionario público —dice— y con leer el fallo tengo derecho a pedirlo". En su mirada, el tiempo de las excusas se agotó. "Hoy no se puede sostener más que Traferri no esté procesado", repite. Mientras aguarda que la justicia avance, insiste en que el caso puede ser una bisagra para pensar no solo cómo se investiga el delito organizado, sino cómo se financia la política santafesina y quiénes se benefician de sus silencios.
Un muro de protección política frustró el desafuero de Traferri en 2020
El viernes 18 de diciembre de 2020, el Senado rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri. La solicitud, presentada por dos fiscales rosarinos, obtuvo solo cuatro votos positivos y tres abstenciones, sin alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación.
En esa votación se abstuvieron los senadores Armando Traferri (PJ–San Lorenzo), Lisandro Enrico (UCR–General López) y Rodrigo Borla (UCR–San Justo). A favor votaron Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Marcelo Lewandowski y Marcos Castelló, todos del PJ–Lealtad. En contra, se pronunciaron los senadores Rubén Pirola, Raúl Gramajo, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi y Cristina Berra, junto a los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Con doce votos en contra, cuatro a favor y tres abstenciones, el Senado rechazó por amplia mayoría la solicitud de desafuero.
