La Comisión Europea cree que la profesión periodística y los medios de comunicación viven entre amenazas y en septiembre del año pasado presentó la ‘Media Freedom Act’, una directiva sobre libertad de los medios de comunicación que debería servir para garantizar su pluralismo, reforzar la independencia editorial de las redacciones, evitar la concentración mediática en pocas manos, defender los derechos de los periodistas y hasta "impedir la utilización de aparatos de espionaje contra medios, periodistas y sus familiares".
La prensa la recibió con aplausos. Las asociaciones de periodistas de media Europa apoyaron lo que consideraban un avance hacia la independencia de los medios. Las críticas llegaron de los dueños de las empresas de medios, pero la Comisión siguió adelante. Decía que los gobiernos no pueden "detener, sancionar, interceptar, poner bajo vigilancia o investigar" a periodistas para descubrir sus fuentes.
Tampoco deberían poder interceptar las comunicaciones de periodistas salvo casos de rigurosa seguridad nacional, caso por caso y con autorización judicial o cuando esa vigilancia pueda servir para investigar "crímenes serios". No vale cualquiera, sino la definición que daba la propia Comisión Europea: terrorismo, tráfico de personas o de armas, explotación infantil, asesinato o violación. Así hasta 10 tipos de delitos.
Este miércoles los gobiernos dieron su visto bueno político a su postura común, que es la que servirá para negociar el texto final con una delegación del Parlamento Europeo. Pero los gobiernos metieron tanto la mano en la propuesta de la Comisión que las mismas asociaciones de periodistas que aplaudieron la propuesta original ahora la atacan.
Más de 60 firmaron un texto en el que dicen que la versión aprobada por los 27 "impone graves riesgos a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de los periodistas". El artículo 4 es el gran peligro, aseguran. Creen que si el proyecto de la Comisión Europea era aceptable, sin ser perfecto, los cambios introducidos por los gobiernos lo hacen inaceptable porque ponen en peligro la protección de los periodistas y la de sus fuentes de información.
El artículo 4, tal y como sale de la negociación entre los 27, dice que los Estados no espiarán a los medios, a los periodistas y a sus familiares, pero impone una excepción muy general, poca específica, cuando se trate de "salvaguardar la seguridad nacional". El texto de la Comisión Europea ya recogía esa excepción, pero "caso por caso" y con control judicial. El que sale de la negociación entre los gobiernos la deja abierta a que cualquier Gobierno espíe a periodistas o medios alegando riesgos para la seguridad nacional sin que tenga que autorizarlo un juez y masivamente, no caso por caso.
El país que más insistió en incluir esta excepción fue Francia
Según varios medios especializados, quienes más apoyaron a Francia fueron los Países Bajos, Chequia, Luxemburgo y Grecia. Precisamente, el Gobierno griego se vio obligado a adelantar este año las elecciones generales tras el escándalo desatado por el espionaje masivo a la oposición y a periodistas y medios. En una carta enviada a la presidencia sueca del Consejo de la UE -su mandato semestral acaba este próximo 30 de junio, cuando pasará el testigo a España-, Francia había dicho que "es esencial conseguir un equilibrio entre la necesidad de proteger la confidencialidad de las fuentes de los periodistas y la necesidad de proteger a los ciudadanos y al Estado contra amenazas serias sea quien sea el perpetrador". Suecia aceptó el pedido francés y se amplió de 10 a 32 la lista de delitos que entran en las excepciones a la protección del secreto de fuentes.
La carta de las asociaciones de periodistas, que firman también ong’s de defensa de los derechos humanos, asegura que ahora el texto "debilita las garantías contra el despliegue de aparatos de espionaje y anima igualmente y con fuerza a su utilización sobre la única base del poder discrecional de los Estados miembro". Las asociaciones de periodistas y de medios esperan ahora que la delegación que envíe a negociar el Parlamento Europeo fuerce a los gobiernos a dar marcha atrás y a volver a la propuesta original de la Comisión Europea.
Fuente: Nius diario.es
