La AFIP rechazó la última propuesta de Cristóbal López con la que buscaba desprenderse del Grupo Indalo con un duro escrito contra el empresario. “La nueva presentación no varía en absoluto la opinión del organismo y, en esa medida, mantenemos la oposición a que se otorgue la autorización solicitada, en las condiciones actuales”, planteó el organismo que dirige Alberto Abad. El juez Julián Ercolini espera la opinión del fiscal Gerardo Pollicita al respecto, que podría pedir más explicaciones al empresario.
En segunda instancia, ofrecieron a modo de “garantía para hacer frente a la deuda que se mantiene con la AFIP”, que se embarguen las acciones “por la suma que la justicia considere necesaria para cubrir el perjuicio generado”.
El zar del juego adeuda al organismo fiscal más de 10.000 millones de pesos (cifra actualizada que contempla intereses y punitorios), por no pagar con Oil Combustibles SA (OCSA), el Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) a la AFIP. Esta causa por defraudación al Estado es la que llevan Ercolini y Pollicita.
Los aún dueños del Grupo Indalo plantearon al juez que analice "exclusivamente la viabilidad del levantamiento de la medida cautelar tomando como parámetro que la misma no habrá de importar una disminución de las garantías existentes”.
Al respecto, la AFIP manifestó en su escrito, al que accedió Clarín, que es “imposible sostener que tal afirmación se ajusta a la realidad” sobre el levantamiento de la cautelar “tomando como parámetro que no habrá afectación de las garantías existentes es inescindible de la evaluación de la operación propuesta”.
Además el organismos recaudador planteó que la Corte Suprema de Justicia anuló la apertura del concurso, por lo que “es menester recordar que los fines buscados en ambos procesos (el penal y el comercial) son diferentes, de modo que la aprobación de la operación debe ser otorgada por ambos fueros y la de uno no excluye la del otro”.
El empresario sostiene que es “imposible seguir adelante con el management del grupo ante las medidas cautelares impuestas que dificultaron el desarrollo comercial de las empresas”, que la reestructuración propuesta “tornaría posible recuperar el crédito" y que "la transferencia de acciones no implica una disminución de garantía en detrimento de los acreedores”.
La AFIP calificó de “insuficiente” dicho argumento para “demostrar todo cuanto se pretende afirmar: que la operación no importará una disminución de las garantías existentes para afrontar el perjuicio denunciado”. Y que el principal responsable de la crisis del holding es “el mismo Cristóbal López”, señalaron fuentes oficiales. “No se trata de un simple evasor sino de alguien que defraudó al Estado y se financió con el dinero público”.
Además, el ente recaudador indicó allá que todas las negociaciones de López con Rosner se “mantuvieron ocultas a los veedores, quienes tampoco pudieron compulsar la totalidad de la documentación solicitada a los efectos de la vista que debían responder”.
Entre otros aspectos planteados, la propuesta fue rechazada por la AFIP creyendo que es “menester contar con la acreditación fehaciente de los extremos que se alegan y ante la falta de tal comprobación, estimamos que no debe hacerse lugar lo solicitado”.
Se recordó en tal sentido que las inhibiciones trabadas buscan resguardar la “eventual reparación del daño ocasionado al Estado nacional a través de las maniobras defraudatorias realizadas por los imputados, que han generado un daño a la sociedad toda”.
Además del escrito, el organismo que conduce Alberto Abad sacó un comunicado donde vuelve a detallar sus argumentos para rechazar la propuesta de López. Busca dejar en claro que no está ahogando a las empresas como argumenta el zar del juego y que la AFIP busca que cobrar la millonaria deuda por evasión.
Este es el comunicado completo:
- La inhibición general de bienes establecida por la justicia alcanza a los bienes de Cristóbal López y Fabián de Souza y parte de sus empresas (aprox. 70) en el marco de la denuncia por administración fraudulenta que presentó la AFIP.
- Esta limitación corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial.
- En anteriores oportunidades el Juzgado, los Veedores, el Fiscal y esta AFIP ya prestaron conformidad a actos de disposición de bienes registrables debidamente fundamentados.
- Los citados titulares de las empresas pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros.
- Es así que, a pesar de no haberse autorizado aún la venta de las acciones, el gerenciamiento de las empresas está en manos de terceros administradores tal como fuera informado al juzgado interviniente.
- Se destaca que las restantes empresas y activos no sujetos a inhibición son de absoluta disponibilidad de sus dueños y pueden ser afectados al pago de compromisos de distinto tipo que estos mantengan como resultado de su actividad empresarial en conjunto.
- Las acciones de la AFIP no buscan solamente que López y De Souza paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad
El fiscal Gerardo Pollicita también se opone al nuevo plan de Cristóbal López para vender Indalo
El empresario había pedido que el juez Ercolini levante la inhibición para poder transferir las acciones, y que luego sean embargadas como garantía del pago de la deuda fiscal. La AFIP y los veedores judiciales ya lo habían rechazado
La situación de Cristóbal López continúa trabada. El viernes pasado realizó una presentación ante el juez Ercolini, buscando que se lo autorice a vender el holding integrado por 170 compañías. Para ello, se debe levantar la inhibición de bienes para así transferir las acciones a OP Investments, fondo de inversión cuya cara visible es Ignacio Rosner.
Hasta el momento esa operación no pudo concretarse por que se encuentra vigente una inhibición general de bienes sobre el Grupo Indalo ordenada por Ercolini. La medida cautelar es en el marco de la causa por defraudación al Estado.
En dicho expediente se investiga a López y su socio Fabián De Sousa por no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con la firma Oil Combustibles. Según la denuncia, el dinero no tributado durante el último gobierno de Cristina Kirchner se utilizó para financiar los gastos corrientes del grupo, adquirir medios de comunicación y otras empresas. Según el organismo fiscal, a la fecha la deuda -con la suma de punitorios e intereses-, supera los 10.000 millones de pesos.
La nueva propuesta de Cristóbal López, ratificada por Rosner, sugería levantar la inhibición de bienes para realizar la transferencia del 100% de las acciones a OP Investments. En segunda instancia, ofrecieron a modo de “garantía para hacer frente a la deuda que se mantiene con la AFIP”, que se embarguen las acciones “por la suma que la justicia considere necesaria para cubrir el perjuicio generado”.
Antes de decidir si autoriza el levantamiento de la inhibición, el juez Ercolini -quien además evalúa si procesa por defraudación al empresario K- le pidió a las partes que opinen sobre esta última propuesta.
Los tres veedores designados por Ercolini plantearon que en primer lugar la titularidad de la participación de varias firmas del Grupo Indalo "no está completamente acreditada", ya que aparte de López y De Sousa habían otros accionistas: los hijos del empresario K, el Fideicomiso CML y Nitzon Holdings INC.
Además, desecharon el argumento de los dueños de Indalo según el cual ante el avance de las medidas cautelares se cerró el acceso al crédito, imposibilitando así conseguir fondos para financiar al Grupo. "Las empresas sujetas a veeduría no se han financiado en el pasado con acceso a los mercados financiero, sino mediante el flujo de sus operaciones, la obtención de préstamos de entidades vinculadas y la asunción de deudas tributarias", advirtieron.
Así, descreen que exista "el peligro que aseguran los imputados" para la continuidad de los negocio del Grupo Indalo, “toda vez que en la mayoría de las empresas los resultados no se vieron significativamente afectados por las medidas cautelares tomadas”.
El fiscal Pollicita, que era el último que faltaba expedirse, manifestó estar de acuerdo con la postura de los veedores, que al rechazar el levantamiento de la inhibición y la autorización de venta del Grupo fueron categóricos al afirmar que “el patrimonio afectado como garantía continuará siendo el mismo", y que la reestructuración del grupo "seguiría [re]cayendo, en la práctica, y especialmente si esa reestructuración no fuera exitosa, sobre el principal acreedor, el Estado”.
El fiscal del a causa sostuvo que en las condiciones actuales "no resulta posible emitir una opinión seria y fundada", y que lo primero que debe analizarse es que si el cambio de titularidad de la empresa no podría significar la "desprotección del patrimonio" del empresario y su socio.
El fiscal considera que dicho punto es relevante, ya que el patrimonio es justamente "lo que debe garantizar no sólo la eventual reparación del perjuicio ocasionado a la AFIP, sino también, los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad, la eventual pena pecuniaria y el pago de las costas que pudieran llegar a imponerse".
Consideró así que Cristóbal López no "aportó datos o antecedentes más que los nombres de los dos representantes en el país" del fondo de inversión que se adjudica las acciones de Indalo, y que nada asegura que se "afecte las garantías existentes para afrontar el perjuicio ocasionado". Por ello, Pollicita dijo que se debe conocer "quiénes están detrás del grupo inversor y cuáles son sus antecedentes, credibilidad y solvencia".
Ante tales argumentos, el fiscal plantea que por el momento "no corresponde hacer lugar a lo solicitado", y que resultan necesarias una serie de medidas para contar con mayores elementos de opinión. Por ello pidió documentación a las empresas que no se había presentado ante los veedores, para "realizar un análisis completo de la cuestión", y a la AFIP un informe sobre el monto actual del perjuicio, "consignando por un lado el importe correspondiente al capital" y cómo se llegó a dicha cifra.
También se sugirió realizar una audiencia, con López, De Sousa, su abogado Carlos Beraldi, los dueños de OP Investments, la querella y la fiscalía, para que "aporten la información detallada" de la operación que buscan realizar.
Foto: Emmanuel Fernández
Fuente: Diario Clarín
