Ese protocolo fue entregado a los medios de comunicación por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y surgió de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior que se hizo en San Carlos de Bariloche. La resolución aprobada está destinada, se dice, a evitar cortes de calles, avenidas, rutas nacionales y autopistas. El texto de la resolución tiene puntos que generan enorme preocupación, ya que con la excusa de garantizar la libertad de circulación, y de pretender dar la imagen de un país aséptico y ordenado, se va por el derecho de todos los argentinos y argentinas a manifestarse contra sus derechos vulnerados que son muchos.
El protocolo, con forma y contenido de ‘bando’ policial o militar, permite a las fuerzas de seguridad llevar balas de plomo a las manifestaciones, o usar las de goma con criterio represivo y criminalizador. El principio discrecional del ‘que lo tiene lo usa’ está también avalado por la generalidad, que se convertirá en abstracción, acerca de que el uso de la fuerza debe ‘limitarse siempre al mínimo posible’.
En otro párrafo de la resolución del CSI se habla de la responsabilidad que les cabrá a las organizaciones convocantes a la protesta pública, y a sus dirigentes o representantes, en un intento de amilanar por la vía legal y económica a quienes, como corresponde, deben ponerse al frente de las manifestaciones por reclamos salariales, por la defensa de puestos de trabajo o cualquiera de los otros derechos que un sector de la población considere conculcado.
El SPR expresa además que la asignación de un ‘corralito’ para los periodistas que se encuentren cubriendo una manifestación pública determinada, desconoce la esencia misma de la labor informativa y muestra una intencionalidad limitativa. Esa limitación tiene que ver con el alejamiento de los trabajadores de prensa del lugar de los hechos, y con el no poder registrar las acciones represivas, para que luego el poder político pueda invocar los temerarios ‘excesos’. Desde luego que la seguridad de los trabajadores de prensa es una prioridad entre las preocupaciones del sindicato, pero en este contexto, es ingenuo pensar que el protocolo tiene un interés genuino sobre el tema.
Hay que decir que no sirve a los periodistas ni a la sociedad, que sean esas mismas fuerzas las que filmen o graben los operativos ‘en la medida de las posibilidades’, tal cual se manifiesta, bajo el pretexto de ponerlos a disposición de la justicia. Cuando ese mismo material sea entregado a los medios de comunicación, se transformará en una pretensión de ocupar el lugar que corresponde a los trabajadores de prensa para dar cuenta de la información, y en un ámbito tan particular como lo es el de la protesta social. Nada de esto tiene que ver con los mejores principios del trabajo, la ética y la responsabilidad social de los periodistas.
Por último, el SPR entiende que el pretendido ‘protocolo’ del Consejo de Seguridad Interior desconoce la importancia de la labor de los trabajadores de prensa en la construcción de la información que corresponde a los distintos sectores o actores sociales que componen la sociedad.
Sindicato de Prensa Rosario
Nuestra respuesta a la ministra de Seguridad
En declaraciones periodísticas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a nuestras críticas al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones. Dijo: "El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.” Además, Bullrich volvió a enviar un mensaje de tolerancia hacia la represión a la murga en el Bajo Flores.
En la puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” están en juego aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Por lo tanto, nos proponemos darle continuidad a este debate iniciado, precisamente, porque hemos leído el Protocolo y porque, a partir del trabajo que llevamos adelante, podemos dar cuenta de las consecuencias que tendrá.
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad. En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social.
Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente. Esa historia explica que distintas medidas tomadas entre 2002 y 2011 prohibieran que los efectivos portaran armas de fuego y establecieran que las balas de goma no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio.
El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes. Bullrich pretendió aclarar esta omisión diciendo que los efectivos de seguridad que se encuentren en la primera línea de la represión utilizarán “armas no letales”. Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en las declaraciones de la ministra ninguna referencia a con qué criterios se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales”, entre ellas las balas de goma, producen heridas graves y pueden matar, como ocurrió en el caso del maestro Carlos Fuentealba en 2007.
Hemos visto las consecuencias de que las fuerzas de seguridad prioricen el desalojo del espacio público por encima de la vida y la integridad física: en diciembre de 2001, más de 35 personas fueron asesinadas en todo el país, en 2010 dos personas fueron asesinadas en el Parque Indoamericano, en 2013 decenas de personas fueron heridas en el desalojo del Borda y de la sala Alberdi. En todas estas ocasiones el registro fotográfico y audiovisual fue fundamental para denunciar e investigar los hechos y las responsabilidades de los funcionarios. El nuevo protocolo también restringe esta posibilidad al limitar la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas.
Como señala Bullrich, hemos participado en la elaboración de los criterios de actuación en manifestaciones públicas volcados en la resolución 210/2011. Ese protocolo es muy distinto a éste, ya que prohíbe el uso de armas de fuego y de municiones letales y restringe el uso de balas de goma. En los últimos años, estos criterios no siempre se aplicaron y en todos estos casos hemos criticado los operativos violentos. Lo mismo hemos hecho con los proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que se proponían establecer restricciones al ejercicio del derecho a la protesta y que no establecían controles adecuados. El Protocolo refleja un cambio de enfoque que prioriza la represión de las protestas sociales sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas, criticando incluso que el gobierno anterior sancionara a los efectivos que cometían abusos durante los operativos.
Este cambio de enfoque también puede verse en las declaraciones de la ministra sobre la represión por parte de la Gendarmería a la murga en el Bajo Flores: un mes después de que efectivos de esa fuerza dispararon y lastimaron a niños que participaban de una murga, la ministra responsable de la conducción de esa fuerza todavía no condenó a ese accionar. No solo eso, a la pregunta del periodista “¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?”, la ministra respondió “Vamos a ver”.
Como bien ha dicho la ministra, estamos frente a un cambio de paradigma. La protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los principios democráticos.
Centro de Estudios Legales y Sociales
El "Protocolo Antipiquetes" atenta contra la libertad de expresión
La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (RedCom) expresa su profunda preocupación por el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que implica un fuerte retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos.
La historia nos enseña que el derecho a la protesta asegura el ejercicio de otros derechos y que en el desarrollo de manifestaciones callejeras está en juego la libertad de expresión de amplios sectores sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación regidos bajo el paradigma empresarial o controlados por el gobierno al que se plantean las demandas.
Al criminalizar las protestas sociales y extender las facultades policiales para reprimir -habilitando las detenciones arbitrarias y sin prohibir el uso de armas de fuego-, el Protocolo suscripto por el gobierno nacional y buena parte de los provinciales, implica entonces un serio atentado contra la libertad de expresión en Argentina.
Con particular preocupación observamos la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores. Por citar un ejemplo: si la actividad periodística hubiera estado “acorralada” el 26 de junio de 2002, como pretende el Protocolo, no se hubieran conocido los responsables materiales de la llamada Masacre de Avellaneda. La prescripción de una “zona de ubicación determinada” para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes.
En suma, la RedCom repudia el protocolo de acción policial promovido desde el gobierno nacional, convoca a otras organizaciones de la sociedad civil a rechazarlo y solicita a los gobiernos una reconsideración de esa decisión.
SiTraPren rechaza la implementación del protocolo de seguridad
El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiTraPren), Personería Gremial N°1880 y representante de todos los trabajadores de la Agencia TelAm S.E., manifiesta su rechazo a las nuevas medidas que se pretenden implementar a través de la aplicación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas que dio a conocer el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich.
Nuestra preocupación surge debido a que de esta forma sólo se busca limitar de manera inconstitucional el derecho a la protesta, ya que se coloca al “orden público” por encima de todo.
Por otro lado, se da mayores facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social, y no se prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones, situación que si se establecía en la Resolución 201/2011, que tampoco permitía el uso de balas de goma para dispersar a los manifestantes. Además, ahora ni siquiera se obliga a los policías a utilizar uniforme o identificación.
Otro punto preocupante, más para el SiTraPren como representante de trabajadores de prensa, es la limitación que se pretende realizar al ejercicio del trabajo periodístico, ya que el protocolo estipula que serán las fuerzas policiales quienes determinen el lugar en el que deberán ubicarse los periodistas que cubran la protesta.
Así, el doctor en Ciencias Sociales e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Trufó, explicó que esto “No solo afecta a la libertad de prensa sino que se limita el control que el trabajo periodístico hace”, situación que refiere a la importancia del material periodístico para la resolución de muchos episodios no esclarecidos, por constituir un testimonio o prueba fundamental para demostrar cómo sucedieron los hechos.
Otra cuestión alarmante es que ninguna de estas medidas se discutió y/o resolvió en el Congreso de la Nación, considerando que afecta derechos fundamentales de la democracia, y en cambio se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad.
Hasta ahora, los argentinos pensábamos que la señora Bullrich iba a ser recordada por la historia como la persona que le quitó el 13% de sus salarios a jubilados y estatales, pero con estas medidas nos damos cuenta que la historia la pasará por arriba.
Desde el SiTraPren observamos con asombro las declaraciones de la ministra Bullrich, más por poseer la experiencia de haber sido funcionaria del Gobierno que creyó que la solución a la manifestación era declarar el Estado de Sitio.
A modo de ejemplo podemos citar:
- “Queremos cambiar la cultura del corte, no vamos a tolerar la extorsión, los vamos a escuchar, pero no permitiremos que la calle sea un caos.”
- "Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos".
- "Si se corta sin programación, el procedimiento es que llegan las fuerzas federales, se le avisa a la gente que está en curso el artículo 194, se le pide que se retiren, y si no, se procede a retirarlos de la calle".
- "No es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario, para poder "avisar a la población y habilitar una parte" para protestar. En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, "las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", sin la intervención de la Justicia.
Nosotros vivimos en carne propia tener que decidir como última instancia la toma del edificio de la empresa, el corte de calle o la manifestación en la puerta de la quinta presidencial de Olivos, entre otras medidas.
No lo hicimos por gusto, sino porque era la única manera de hacer visible nuestro reclamo y de defender nuestra fuente de trabajo, con una lucha que inició en el año 2000, y finalizó cuando recuperamos la agencia como sociedad del Estado en 2002. Eso era lo que buscábamos: Una solución, no el desalojo y la represión.
De todos modos, nos tocó resistir la persecución gremial, que incluyó la intención del Directorio de impedir la realización de asambleas mediante carta documento, o de iniciar un juicio sumarísimo contra los delegados para frenar la protesta.
A lo que se sumó la persecución de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) al entonces secretario general de la Comisión Gremial Interna (CGI), compañero Lucho Giménez, (hoy secretario general del SiTraPren) que incluyó la amenaza de muerte.
Por nuestra experiencia, desde el SiTraPren bregamos por el respeto de los derechos de todos los argentinos, y nos alarma que los funcionarios se preocupen en ver como “sacan” a los manifestantes de la calle, y no piensen cuál es la razón que lleva a los ciudadanos a tomar la difícil decisión de tener que protestar de esa manera.
Por todo esto, desde el SiTraPren solicitamos a quienes son los responsables de delinear estas medidas que reflexionen al respecto y no corten el hilo por lo más delgado, porque eso sería una equivocación muy peligrosa para todos los argentinos, lo que nos ha costado históricamente mucho dolor y sangre.
Ver anterior: El “protocolo” de Macri: un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la protesta
