Los medios masivos de comunicación en Colombia han sido un arma de guerra
La prensa colombiana ha sido históricamente un instrumento del Estado, una herramienta para legitimar dentro de las mentes de la población sus políticas antipopulares y represivas. Los principales diarios escritos siempre han sido propiedad de las familias más poderosas del país, al igual que los principales canales de televisión quienes hoy concentran para sí el 95% de la audiencia.
Los canales RCN y Caracol comienzan emisiones continuas desde julio de 1998 como una necesidad del Estado para cubrir el espectro de opinión generado por los eventuales diálogos del Caguán. Su misión era que los colombianos vieran a través de sus transmisiones solo lo que al Estado le convenía, estableciendo un telón de acero entre la población colombiana y la mesa de diálogos. Al Estado no le convenía que se escucharan ni siquiera las propuestas más elementales de la contraparte tendientes a generar un clima propicio para el fin del conflicto, lo cual se vuelve a repetir en las actuales negociaciones.
El cerco mediático no solo es para invisibilizar al enemigo declarado del Estado –las insurgencias- sino también para dejar sin voz al movimiento popular y a los desposeídos, a quienes padecen todas esas otras violencias que tampoco se muestran en los grandes medios, como la violencia de los paseos de la muerte, las muertes infantiles por desnutrición, la violencia de los desalojos de viviendas, de los cierres de hospitales y empresas públicas, la violencia de las batidas ilegales del ejército, de la discriminación a las mujeres y a la comunidad LGTBI, la violencia del desempleo y el rebusque.
Pero el cerco mediático no solo nos invisibiliza sino que también nos ataca y nos condena. Los grandes medios no solo han estigmatizado y atacado sin piedad a la izquierda y a cualquier expresión disidente, sino que además han legitimado el proyecto paramilitar y su visión fascista de Estado del cual los medios hacen parte. El ataque continuado y planificado contra la administración de Gustavo Petro, la clara intención de destruir a Piedad Córdoba como personalidad política, la campaña sucia contra la reciente campaña de Clara López son solo algunos ejemplos de esta otra violencia que hoy denunciamos, la violencia de los medios de comunicación.
Si bien es cierto que estamos en un proceso de paz que el mismo gobierno ha caracterizado como “irreversible”, las viejas conductas de sus aparatos tanto político como militar y mediático no cambian en lo más mínimo. Lo medios masivos siguen siendo enemigos declarados del pueblo que lucha, de hecho tienen sus razones, inherentes a su carácter y papel dentro del sistema, para estar en contra de la paz.
¿Por qué los medios están en contra de la paz?
La paz implica el cese de la violencia política, y esa violencia también ha sido simbólica y ha sido ejercida desde los sets de noticias y los micrófonos de las emisoras. Por tanto, si de acabar esa violencia simbólica se trata los medios tendrán que modificar radicalmente su conducta y cambiar su doctrina al igual que las Fuerzas Militares y de Policía.
Para construir una sociedad en paz es necesario implementar cambios en las estructuras no solamente políticas, económicas y jurídicas, sino también en las estructuras que construyen lo simbólico y lo cultural, que construyen lo ideológico y que delinean las relaciones entre los diferentes sectores sociales de la realidad colombiana.
En los foros realizados por el centro de pensamiento de la Universidad Nacional, las organizaciones populares se han pronunciado por una reforma al papel de los medios masivos de comunicación, y más concretamente por pactar, en el marco de un acuerdo de paz, una ley de medios de comunicación para la paz cuyo eje central sea la democratización de la propiedad de estos medios. Esto con el fin de romper el cerco mediático y visibilizar por fin a los sectores populares y a las víctimas, de darles voz para poder dialogar con el resto de la sociedad y construir una verdadera reconciliación.
Pero los medios masivos le temen como el diablo a la cruz a la ley de medios, es decir a la expresión concreta de la paz en la esfera comunicativa, en la esfera social que recoge a los actores que de una u otra forma construyen la opinión y delinean la mentalidad política de vastos sectores de la población. Le temen a la ley de medios por razones económicas, políticas y culturales.
Razones económicas:
En el año 2011 las mayores ganancias por concepto de publicidad las obtuvo RCN con 567.318 millones, seguidos de la Casa editorial El Tiempo con 485.723 millones y las de Caracol televisión con 4666.910 millones. Después de El Tiempo, los medios impresos que se destacan entre los primeros 10 medios con mayores ingresos son El Colombiano, Semana y El País. Según las cifras de Andiarios, el sector de medios que registró el mayor crecimiento en pauta publicitaria fue la radio al pasar de $365.762 millones en 2009 a $419.008 millones en 2010. En periódicos, la inversión pasó de $366.510 millones a $416.253 millones, lo que significó un alza de 13,6%. Las empresas de televisión nacional obtuvieron por pauta en 2010 un total de $919.366 millones, esto es un crecimiento de 11,6% en comparación con los $823.611 millones de 2009.
El negocio de la televisión es tan bueno que hasta se pelean entre ellos por lo que se factura en la señal de alta definición o HD. Por eso no les conviene que entren más canales a la parrilla nacional, porque estos podrían ofrecer una pauta publicitaria a menor costo y muchas empresas estarían más cómodas pagando una publicidad más barata en un medio de comunicación nuevo.
Por otra parte la competencia propia en la esfera de los medios de comunicación haría que estuviera en riesgo el actual rating de los canales principales RCN y Caracol, pues el televidente tendría a su disposición muchas más opciones que las narconovelas, o las telenovelas sobre cantantes. Se acabaría incluso el cerco que se tendió sobre el canal Uno, pues los anteriormente mencionados no podrían ser los dominantes si este canal no tuviera una programación tan deliberadamente mediocre, al igual que los canales regionales e institucionales.
Los gremios económicos utilizan sus medios de comunicación para hacer la pauta publicitaria de sus propios productos. Si perdieran una porción significativa de la audiencia, la publicidad de sus productos se vería seriamente afectada, afectando indirectamente la economía de sus productos. Esta pérdida de la audiencia depende, por supuesto, de si en un escenario mucho más amplio, con más medios de comunicación, más periódicos y más emisoras, la gente va a seguir prefiriendo a los tradicionales. Entonces ¿a qué le temen los medios masivos, a que ya no los prefieran?
Como todo buen negocio, los medios prosperan gracias a que tienen cierta tasa de explotación sobre sus periodistas de base, a los cuales les pagan salarios muy por debajo de lo que merecen. En ese sentido las propuestas de las organizaciones populares en el marco de una nueva ley de medios apuntan hacia dignificar a los periodistas y garantizarles estabilidad laboral, y a eliminar las discriminaciones en el gremio en razón a su posición política, sexual, étnica o religiosa.
Para nadie es un secreto que en Colombia hay un amplio sector de comunicadores, artistas, cineastas y medios alternativos y populares que se verían directamente beneficiados fruto de la democratización no solo de la propiedad de los medios como tales, sino también de los espacios en los medios institucionales y privados. Su trabajo sería visibilizado y reconocido, al igual que los sectores populares que podrían expresarse a través de estos medios cuyas propuestas comunicativas y culturales ya han causado gran impacto incluso a nivel internacional.
Razones políticas:
Como hemos mencionado anteriormente la paz implica el cese de la violencia ejercida por los medios de comunicación contra los movimientos políticos y sociales contrarios al poder establecido. Es claro que los actuales contenidos televisivos, sobre todo las narco novelas, son re victimizantes pues se hace una apología de los victimarios con el fin de reescribir la historia en las mentes de la audiencia.
Por respeto a las víctimas y como parte de la reparación a estas los medios de comunicación deben reconocer su responsabilidad en la legitimación del proyecto paramilitar, así como en haber lavado durante ocho años la imagen del ex presidente Álvaro Uribe quien ha sido varias veces señalado por ex paramilitares y víctimas de haber sido, junto con altos funcionarios de su gobierno que ya están en la cárcel, los autores intelectuales de las masacres paramilitares, desplazamiento de comunidades, robo de tierras y narcotráfico.
Pero a los medios no solo les asusta reconocer su responsabilidad política, sino que temen también que en los nuevos escenarios creados para que la oposición política se pueda expresar se consoliden corrientes de opinión que terminen con la hegemonía de los periodistas amañados al servicio de los partidos políticos tradicionales. Le temen a que se generen y se fortalezcan por esta vía los movimientos políticos del pueblo colombiano que le puedan disputar el poder a la oligarquía colombiana.
Los cambios que se esperan también incluyen el derecho de réplica y una legislación mucho más clara sobre los derechos de imagen. El derecho de réplica es el más violado por los actuales medios masivos, pues su especialidad es lanzar acusaciones sin pruebas ni fundamento para deslegitimar a su adversario. ¿Cuántas veces no se utilizó esta estrategia contra nuestro movimiento político marcha patriótica al tildarnos de brazo político de la insurgencia? Y ¿cuántas veces se nos ha permitido expresarnos en estos medios para desmentir esas acusaciones?
Por otra parte se necesita una legislación sobre derechos de imagen que proteja a los ciudadanos y a los movimientos políticos y populares del atrevimiento y sevicia de los medios masivos de comunicación. Un caso emblemático de violaciones a los derechos en este aspecto fue el de los trece estudiantes de la universidad nacional quienes fueron detenidos, según los medios por haber llevado a cabo los atentados en la capital del país contra las sedes de Porvenir. Luego dijeron que estaban implicados en disturbios en la universidad, y al final los tuvieron que liberar por falta de pruebas. ¿Quién responde por el daño al buen nombre causado? Además durante este proceso los medios masivos sacaron a la luz pública fotografías personales de los acusados sin su autorización.
Los medios masivos no pueden sorprender a cualquier transeúnte en la calle con su tradicional pose intimidatoria para acusarlo y preguntarle estupideces como ¿por qué se pasó el semáforo en rojo? O ¿por qué no usó el puente peatonal? Esto constituye una violación a nuestros derechos de imagen pues solo los ciudadanos somos libres de escoger si queremos que nuestra imagen sea televisada en vivo y en directo para millones de personas.
La violación del derecho de réplica y de los derechos de imagen son los pilares en la estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a los adversarios políticos de los poderes tradicionales. Por eso una ley de medios no le conviene a los medios masivos, ni a los partidos de derecha y ultraderecha pues los obligaría a ser respetuosos de la oposición política, a debatir de verdad con sus contradictores, y todos sabemos que por este camino a lo mejor pierden.
Razones culturales:
La dinámica de los medios de comunicación masivos ha creado también un tipo de audiencia a la que no le importa tanto el hecho como tal sino cuántos muertos hubo y cómo se murieron. Los medios masivos han consolidado una cultura de la violencia y de apología al dinero fácil, así como de machismo, racismo, y de la mujer como un objeto. Estos contenidos también son, como hemos dicho anteriormente, re victimizantes, y deben ser censurados, al igual que todas las expresiones de fanatismo político y religioso que pretendan prender de nuevo los fuegos de la guerra.
El poder dominante y sus medios le temen a que esta cultura de la violencia sea reemplazada por la cultura popular, quien tendría grandes posibilidades de desarrollo si se logra crear una ley de medios. Le temen a que nuestra música popular, el teatro callejero, la literatura y las ciencias reemplacen la violencia pues esto ayuda a crear una ciudadanía crítica, consciente de su responsabilidad de construir una sociedad en paz y con justicia social, y no una ciudadanía temerosa, conformista y envilecida.
La cultura de la violencia ayuda a mantener un régimen de violencia, y en un escenario de paz la cultura de la violencia también debe desaparecer, lo cual demanda un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad con el Estado como garante para que se implementen las reformas necesarias no solo en los medios de comunicación, sino en el ámbito económico, social, educativo, cultural y ambiental.
Participación política y acceso a medios de comunicación
Estando claras las razones por las cuales los medios masivos de comunicación están en contra de una ley de medios que regule su actividad en un escenario de paz, vale la pena echar un vistazo a los acuerdos que se han firmado al respecto en los diálogos de La Habana y a las propuestas que ha hecho la insurgencia al respecto.
Lo que propone la insurgencia
La propuesta de las FARC-EP sobre la democratización de los medios de comunicación expuesta en su documento “100 propuestas mínimas: Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional” la podemos resumir así:
Por otra parte la competencia propia en la esfera de los medios de comunicación haría que estuviera en riesgo el actual rating de los canales principales RCN y Caracol, pues el televidente tendría a su disposición muchas más opciones que las narconovelas, o las telenovelas sobre cantantes. Se acabaría incluso el cerco que se tendió sobre el canal Uno, pues los anteriormente mencionados no podrían ser los dominantes si este canal no tuviera una programación tan deliberadamente mediocre, al igual que los canales regionales e institucionales.
Los gremios económicos utilizan sus medios de comunicación para hacer la pauta publicitaria de sus propios productos. Si perdieran una porción significativa de la audiencia, la publicidad de sus productos se vería seriamente afectada, afectando indirectamente la economía de sus productos. Esta pérdida de la audiencia depende, por supuesto, de si en un escenario mucho más amplio, con más medios de comunicación, más periódicos y más emisoras, la gente va a seguir prefiriendo a los tradicionales. Entonces ¿a qué le temen los medios masivos, a que ya no los prefieran?
Como todo buen negocio, los medios prosperan gracias a que tienen cierta tasa de explotación sobre sus periodistas de base, a los cuales les pagan salarios muy por debajo de lo que merecen. En ese sentido las propuestas de las organizaciones populares en el marco de una nueva ley de medios apuntan hacia dignificar a los periodistas y garantizarles estabilidad laboral, y a eliminar las discriminaciones en el gremio en razón a su posición política, sexual, étnica o religiosa.
Para nadie es un secreto que en Colombia hay un amplio sector de comunicadores, artistas, cineastas y medios alternativos y populares que se verían directamente beneficiados fruto de la democratización no solo de la propiedad de los medios como tales, sino también de los espacios en los medios institucionales y privados. Su trabajo sería visibilizado y reconocido, al igual que los sectores populares que podrían expresarse a través de estos medios cuyas propuestas comunicativas y culturales ya han causado gran impacto incluso a nivel internacional.
Razones políticas:
Como hemos mencionado anteriormente la paz implica el cese de la violencia ejercida por los medios de comunicación contra los movimientos políticos y sociales contrarios al poder establecido. Es claro que los actuales contenidos televisivos, sobre todo las narco novelas, son re victimizantes pues se hace una apología de los victimarios con el fin de reescribir la historia en las mentes de la audiencia.
Por respeto a las víctimas y como parte de la reparación a estas los medios de comunicación deben reconocer su responsabilidad en la legitimación del proyecto paramilitar, así como en haber lavado durante ocho años la imagen del ex presidente Álvaro Uribe quien ha sido varias veces señalado por ex paramilitares y víctimas de haber sido, junto con altos funcionarios de su gobierno que ya están en la cárcel, los autores intelectuales de las masacres paramilitares, desplazamiento de comunidades, robo de tierras y narcotráfico.
Pero a los medios no solo les asusta reconocer su responsabilidad política, sino que temen también que en los nuevos escenarios creados para que la oposición política se pueda expresar se consoliden corrientes de opinión que terminen con la hegemonía de los periodistas amañados al servicio de los partidos políticos tradicionales. Le temen a que se generen y se fortalezcan por esta vía los movimientos políticos del pueblo colombiano que le puedan disputar el poder a la oligarquía colombiana.
Los cambios que se esperan también incluyen el derecho de réplica y una legislación mucho más clara sobre los derechos de imagen. El derecho de réplica es el más violado por los actuales medios masivos, pues su especialidad es lanzar acusaciones sin pruebas ni fundamento para deslegitimar a su adversario. ¿Cuántas veces no se utilizó esta estrategia contra nuestro movimiento político marcha patriótica al tildarnos de brazo político de la insurgencia? Y ¿cuántas veces se nos ha permitido expresarnos en estos medios para desmentir esas acusaciones?
Por otra parte se necesita una legislación sobre derechos de imagen que proteja a los ciudadanos y a los movimientos políticos y populares del atrevimiento y sevicia de los medios masivos de comunicación. Un caso emblemático de violaciones a los derechos en este aspecto fue el de los trece estudiantes de la universidad nacional quienes fueron detenidos, según los medios por haber llevado a cabo los atentados en la capital del país contra las sedes de Porvenir. Luego dijeron que estaban implicados en disturbios en la universidad, y al final los tuvieron que liberar por falta de pruebas. ¿Quién responde por el daño al buen nombre causado? Además durante este proceso los medios masivos sacaron a la luz pública fotografías personales de los acusados sin su autorización.
Los medios masivos no pueden sorprender a cualquier transeúnte en la calle con su tradicional pose intimidatoria para acusarlo y preguntarle estupideces como ¿por qué se pasó el semáforo en rojo? O ¿por qué no usó el puente peatonal? Esto constituye una violación a nuestros derechos de imagen pues solo los ciudadanos somos libres de escoger si queremos que nuestra imagen sea televisada en vivo y en directo para millones de personas.
La violación del derecho de réplica y de los derechos de imagen son los pilares en la estrategia de los medios de comunicación para desacreditar a los adversarios políticos de los poderes tradicionales. Por eso una ley de medios no le conviene a los medios masivos, ni a los partidos de derecha y ultraderecha pues los obligaría a ser respetuosos de la oposición política, a debatir de verdad con sus contradictores, y todos sabemos que por este camino a lo mejor pierden.
Razones culturales:
La dinámica de los medios de comunicación masivos ha creado también un tipo de audiencia a la que no le importa tanto el hecho como tal sino cuántos muertos hubo y cómo se murieron. Los medios masivos han consolidado una cultura de la violencia y de apología al dinero fácil, así como de machismo, racismo, y de la mujer como un objeto. Estos contenidos también son, como hemos dicho anteriormente, re victimizantes, y deben ser censurados, al igual que todas las expresiones de fanatismo político y religioso que pretendan prender de nuevo los fuegos de la guerra.
El poder dominante y sus medios le temen a que esta cultura de la violencia sea reemplazada por la cultura popular, quien tendría grandes posibilidades de desarrollo si se logra crear una ley de medios. Le temen a que nuestra música popular, el teatro callejero, la literatura y las ciencias reemplacen la violencia pues esto ayuda a crear una ciudadanía crítica, consciente de su responsabilidad de construir una sociedad en paz y con justicia social, y no una ciudadanía temerosa, conformista y envilecida.
La cultura de la violencia ayuda a mantener un régimen de violencia, y en un escenario de paz la cultura de la violencia también debe desaparecer, lo cual demanda un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad con el Estado como garante para que se implementen las reformas necesarias no solo en los medios de comunicación, sino en el ámbito económico, social, educativo, cultural y ambiental.
Participación política y acceso a medios de comunicación
Estando claras las razones por las cuales los medios masivos de comunicación están en contra de una ley de medios que regule su actividad en un escenario de paz, vale la pena echar un vistazo a los acuerdos que se han firmado al respecto en los diálogos de La Habana y a las propuestas que ha hecho la insurgencia al respecto.
Lo que propone la insurgencia
La propuesta de las FARC-EP sobre la democratización de los medios de comunicación expuesta en su documento “100 propuestas mínimas: Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional” la podemos resumir así:
- Los movimientos políticos que surjan como producto del acuerdo de paz tendrán: un canal de televisión, una emisora, un periódico y una revista de teoría y análisis político, todos de cobertura nacional y financiación por parte del Estado.
- Se abrirán espacios a los nuevos movimientos políticos en los medios institucionales y privados.
- Se creará el Consejo Nacional de Medios de Comunicación donde participarán los nuevos movimientos políticos.
- Las frecuencias de radio y televisión se distribuirán por partes iguales entre el sector público, el sector privado y el sector social.
- Se creará el Fondo especial de financiación de medios alternativos y comunitarios. El Fondo estará conformado por aportes del Gobierno nacional provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa y de la contratación de un tercio de la pauta publicitaria de las instituciones del Estado con dichos medios. El sector privado contribuirá con la contratación del diez por ciento de su pauta publicitaria.
Lo que se acordó por ahora en la mesa de diálogos fue:
- El gobierno abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto.
- El gobierno promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general.
- Financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitario.
- Se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Como vemos, todo lo que no se acordó quedó como salvedad para ser discutida posteriormente entre las partes. La contradicción esencial entre lo que se acordó y lo que queda como salvedad es precisamente la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, pues el gobierno habla de democratizar los espacios, mas no la propiedad, y habla de crear solamente un canal de televisión para todos los partidos políticos.
El tema de la financiación de los nuevos medios tampoco le agrada ni al gobierno ni a los grandes medios pues los obliga a financiar los medios alternativos y populares, cosa muy mala para su negocio.
En conclusión ni el Estado ni los medios masivos quieren la democratización de los medios, pues esto los debilita políticamente en un escenario donde la lucha política abierta, franca y sin violencia es la que prevalecerá. A los poderes establecidos no les conviene que exista una ciudadanía crítica y educada, pues ellos insistirán en la aplicación de sus políticas neoliberales y antipopulares y en legitimarlas por medio de sus medios de comunicación.
Por nuestra parte tenemos que aunar esfuerzos entre los sectores populares, los comunicadores, periodistas, medios alternativos y populares para exigirle al gobierno por medio de un mandato constituyente una nueva ley de medios de comunicación para la paz. Esto nos exige luchar por crear los escenarios constituyentes donde podamos expresar nuestras exigencias ante la mesa de diálogos de La Habana para que se tenga en cuenta nuestra posición sobre los nuevos escenarios de participación política.
Se hace imperativo entonces avanzar hacia la conformación de la constituyente de medios, independientemente de lo que pase en La Habana y del mecanismo que acuerden las partes para refrendar los acuerdos, pues todo no se resolverá allá y el pueblo tiene muchas otras cosas que exigirle al Estado.
Llamamos a la unidad de todos los que pertenecen al Frente Amplio por la Paz en torno a la democratización de los medios de comunicación y a la creación de una ley de medios como bandera de lucha y herramienta fundamental para construir una sociedad en paz y con justicia social.
El tema de la financiación de los nuevos medios tampoco le agrada ni al gobierno ni a los grandes medios pues los obliga a financiar los medios alternativos y populares, cosa muy mala para su negocio.
En conclusión ni el Estado ni los medios masivos quieren la democratización de los medios, pues esto los debilita políticamente en un escenario donde la lucha política abierta, franca y sin violencia es la que prevalecerá. A los poderes establecidos no les conviene que exista una ciudadanía crítica y educada, pues ellos insistirán en la aplicación de sus políticas neoliberales y antipopulares y en legitimarlas por medio de sus medios de comunicación.
Por nuestra parte tenemos que aunar esfuerzos entre los sectores populares, los comunicadores, periodistas, medios alternativos y populares para exigirle al gobierno por medio de un mandato constituyente una nueva ley de medios de comunicación para la paz. Esto nos exige luchar por crear los escenarios constituyentes donde podamos expresar nuestras exigencias ante la mesa de diálogos de La Habana para que se tenga en cuenta nuestra posición sobre los nuevos escenarios de participación política.
Se hace imperativo entonces avanzar hacia la conformación de la constituyente de medios, independientemente de lo que pase en La Habana y del mecanismo que acuerden las partes para refrendar los acuerdos, pues todo no se resolverá allá y el pueblo tiene muchas otras cosas que exigirle al Estado.
Llamamos a la unidad de todos los que pertenecen al Frente Amplio por la Paz en torno a la democratización de los medios de comunicación y a la creación de una ley de medios como bandera de lucha y herramienta fundamental para construir una sociedad en paz y con justicia social.
Fuente: MarchaPatrioticaEnElValle
