En menos de 60 días desde que asumió la Presidencia Mauricio Macri, Szpolski-Garfunkel vendieron casi todo un conglomerado multimedios engordado durante los gobiernos anteriores con los recursos públicos de la publicidad oficial, dejaron a empleados de muchas de sus empresas con salarios adeudados e incumplieron obligaciones elementales de provisión de los servicios por los que el Estado les otorgó licencias con uso de espectro.
Cristóbal López compró la señal de noticias CN23, hecho curioso si se repara en que ya cuenta con la exitosa C5N, también informativa, en un mercado de sobreabundancia en este género de señales; el diario gratuito El Argentino y el 50% de Vorterix. Antes, Szpolski-Garfunkel habían vendido Tiempo Argentino y Radio América a un hombre de negocios sin vínculo con los medios, Mariano Martínez Rojas, que dice representar a “un holding de Miami”.
Pero si bien la transferencia de licencias audiovisuales está alentada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15 de Macri, que liberó a la compra y venta de medios de los obstáculos que regían con la ley audiovisual de 2009, en este caso la operación transgrede la normativa vigente. En efecto, tanto la ley audiovisual como el DNU 267 que la modificó impedirían, si el gobierno exigiera su cumplimiento, que Cristóbal López concrete el control de la mitad del capital accionario de Vorterix.
La normativa vigente establece que el máximo de licencias de radio que puede acumular un empresario es de dos FM por ciudad. Asimismo, el límite de licencias de radio y tv en una localidad es de cuatro. Pues bien, con Vorterix Cristóbal López sumará ‘media licencia’ de radio a las cinco que ya explota en Buenos Aires (las FM Vale, Pop, Mega y One y la AM Radio 10).
Ahora la palabra la tiene el gobierno a través del nuevo órgano rector en materia de comunicaciones, ENaCom, también creado por el DNU 267 y que reemplaza a la AFSCA y a la AFTIC, previos reguladores de audiovisual y telecomunicaciones respectivamente.
El ENaCom depende del Poder Ejecutivo, sus integrantes pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el presidente de la Nación, y en consecuencia lo que decida este organismo en la compra de Vorterix pondrá a prueba el temperamento del gobierno respecto del decreto del propio Macri.
La asunción de un nuevo presidente provocó la implosión o crisis de algunos multimedios que funcionaron como parte del dispositivo comunicacional del kirchnerismo y que eran beneficiados con asistencia económica y regulatoria por parte del Estado. Pero aunque son los más afectados por la nueva etapa política, no son los únicos grupos sensibles al cambio: la compra de Radio Continental por parte de Ángel Remigio González o la llegada de Víctor Santa María (SUTERH) a PáginaI12 son también expresión de la fragilidad relativa de las empresas periodísticas y de los condicionamientos (no sólo económicos) que les impone la política.
Fuente: El Cronista
