Por: Beatriz Busaniche*
El diputado provincial de Entre Ríos, Rubén Almará, presentó un proyecto de ley por el cual pide al Poder Ejecutivo Provincial establecer “políticas de regulación y restricción de los medios electrónicos de internet y las redes sociales, limitando todos los comentarios, expresiones y/o información de carácter delictivo, que lesionen la paz ciudadana y que promuevan el odio y la intolerancia” en casos de conmoción interior.
El legislador insta al estado provincial para que solicite a la Nación “intervenir y emprender las acciones necesarias para solicitar a las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos, para restablecer el orden público ante los delitos que atenten contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Es evidente que lo que atenta contra el orden constitucional y la vida democrática es este proyecto que amenaza la libertad de expresión en Internet y el derecho de acceso a la información.
La legislación vigente en Argentina, en particular la Ley 26.032 establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”.
El legislador que propone el bloqueo y control de Internet parece desconocer o prefiere ignorar los altos estándares que la legislación Argentina tiene en materia de libertad de expresión, al proponer una regulación que va a contramano de los principios democráticos.
“El bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema – análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión – que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual” expresa la declaración sobre libertad de expresión en Internet de las relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
La medida propuesta por el Diputado Almará va contra los estándares internacionales de Derechos Humanos y contra el marco legal vigente en Argentina, es represiva y totalmente inútil. Además, tendría la consecuencia brutal de aislar a la ciudadanía entrerriana en un momento de crisis e incertidumbre, contribuyendo así a la angustia y la zozobra de las personas que el estado debería proteger.
Estudios académicos sobre la aplicación de medidas similares en otros entornos y momentos históricos, como el corte de Internet en Egipto durante la presidencia de Hosni Mubarak el 28 de enero de 2011, demuestran que el efecto de este tipo de bloqueos de comunicaciones es exactamente contrario al deseado por el gobierno que la implementa. Navid Hassanpour, investigador de la Universidad de Yale, publicó documentación empírica que demuestra que el bloqueo de las redes sociales y las comunicaciones en Internet contribuye a descentralizar, acentuar y promover las protestas y revueltas sociales.
Contrariamente a lo que el sentido común o los prejuicios podrían indicar, las redes sociales no son las causantes ni contribuyen de manera sustantiva a la movilización pública o a la protesta callejera. En esta misma lógica, el bloqueo de las redes tiene el efecto exactamente contrario: genera más movilizaciones, desconcentradas y dispersas, toda vez que deja en clara evidencia la intensión represiva de un gobierno que dispone medidas de esta naturaleza.
La iniciativa del Diputado Almará contaría con el apoyo del Ministro de Cultura y Comunicaciones de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, quien justificó la iniciativa diciendo que “cualquiera que utilice las redes sociales pudo ver que en estos días fueron usadas libremente en todo el país para instigar al vandalismo, para organizar la comisión de delitos y para generar pánico en la ciudadanía. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esto se repita”.
Una sumatoria de prejuicios y desconocimiento se conjugan en estas declaraciones que muestran una elocuente vocación represiva de las libertades civiles. Atacar al mensajero, aislar a la ciudadanía entrerriana en momentos de crisis y tomar medidas contra la libertad de expresión están lejos de ser la forma más apropiada de evitar que los saqueos se repitan.
*Licenciada en Comunicación Social, Magister en Propiedad Intelectual y Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y Secretaria de la Fundación Vía Libre. www.vialibre.org.ar
Fuente: Cuestión Entreriana
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