Por: Margarita Stolbizer Manuel Garrido Diputada nacional (FAP-GEN) Diputado nacional (UCR)
Durante la última semana de octubre se realizó en Londres la Cumbre Anual de la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés), que reunió a más de 1000 delegados de más de 60 países de todo el mundo. La Argentina forma parte de esta alianza, tal vez por los bajos requisitos establecidos por la OGP y no por las iniciativas llevadas a cabo en nuestro país para promover el acceso a la información y la apertura de datos.
La Argentina no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y a pesar de que existen proyectos que cumplen con los estándares internacionales y avanzan sobre cuestiones más modernas como ser el gobierno abierto el oficialismo en el Congreso de la Nación traba su tratamiento desde hace más de dos años.
Este gobierno niega sistemáticamente el acceso a la información pública. No sólo se ha desarticulado la única política que se aplicó desde 2003, que fue la emisión del Decreto 1172/03, sino que, bajo el falso propósito de la transparencia, se esconde cada vez más información. Es el caso de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, que a partir de una reciente norma estarán públicas en Internet. Lo que no dice la ley ni las resoluciones posteriores es que a partir de ahora habrá menos información disponible, no sólo para la ciudadanía sino también para aquellos organismos encargados de controlar.
A contramano de esta tendencia a ocultar información, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en 2012 a favor del acceso a la información pública. En dicho fallo le ordenó al PAMI que entregara la información que le solicitara una organización no gubernamental en tanto la negativa a brindarla constituiría un acto arbitrario e ilegítimo y recortaría severamente el ejercicio de un derecho humano. Al mismo tiempo sostuvo que la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Las políticas de transparencia y prevención de la corrupción requieren de gobiernos abiertos y a los que les dé la luz pública. Las prácticas espurias florecen en ambientes oscuros y sin información. La corrupción afecta a todos, pero principalmente a los más pobres. En cambio, la transparencia posibilita el crecimiento económico y permite la construcción de estados más igualitarios.
La participación de nuestro país en la Alianza por el Gobierno Abierto debe ser una oportunidad para interpelar al gobierno argentino e instarlo a que se siente con los demás actores relevantes y se diseñe, entre todos, una verdadera política pública de acceso a la información.
Fuente: Diario El Cronista
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