El siguiente es un artículo publicado originariamente en la Revista El Parlamentario con la firma de Pablo Winokur y sirve al debate sobre la actitud de Rivas y de otros funcionarios públicos:
La crisis de 2001 marcó un quiebre, y la elección de 1999 constituyó la primera vez en que una alianza de partidos llegó al poder. Esos dos episodios resultan claves, porque marcaron el comienzo de deserciones masivas de los partidos políticos. Los primeros en irse fueron Elisa Carrió y los socialistas -todos electos por la Alianza UCR-Frepaso-, quienes conformaron el ARI, luego les siguieron Alicia Castro y Alfredo Villalba, que también armaron su bloque, y después muchos otros fueron siguiendo sus pasos.
Sin embargo, el pase del mediático médico Eduardo Lorenzo Borocotó, del PRO de Mauricio Macri al kirchnerismo, reabrió el debate sobre si son éticos los pases de partido de legisladores electos por el pueblo. Después de todo, la ciudadanía votó por un partido -el PRO-, pero por un pacto entre sombras el Gobierno obtuvo un diputado más. Este caso es más grave porque Borocotó ni siquiera llegó a asumir su banca y ya cambió de partido
¿Puede el macrismo hacer algo para evitar la pérdida de su banca? ¿Es legal el pase de Borocotó? ¿Es ético? ¿A quién corresponde la banca? ¿Al partido o al individuo?
Libro de pases
No hubo deserciones durante el primer gobierno radical de la democracia; con el menemismo aparecieron las primeras fracturas, cuando ocho diputados díscolos -recordados como el Grupo de los Ocho- no aceptaron disciplinarse y votar las leyes de reforma del Estado, y serían la base de la conformación del Frente Grande primero y luego el Frepaso. Sin embargo, la situación no pasó a mayores: los radicales siguieron siendo radicales y los peronistas, peronistas. En el Senado, el cambio más recordado es el de José Octavio Bordón, que abandonó el PJ y armó su propio partido, PAIS, a la postre, integrante del Frepaso. En aquel entonces se generó un fuerte debate, porque el justicialismo le reclamaba a Bordón que devolviera su banca. Y cabe consignar que en esa época eran las legislaturas provinciales las que elegían a los senadores nacionales y no como ahora en que la elección es por voto directo.
Pero fue tras la elección de la Alianza cuando el fenómeno de los pases de bloques y de partidos comenzó a desatarse en forma masiva. En primera línea estuvo la radical Elisa Carrió, quien decidió confluir en un espacio común junto a los socialistas, ambos desilusionados con la gestión de Fernando de la Rúa por el que habían hecho campaña. La flamante bancada estuvo alentada por la excelente relación entre la líder del ARI y el entonces diputado Alfredo Bravo, y la ruptura con el resto de la Alianza UCR-Frepaso se concretó inmediatamente después de presentado el informe de la Comisión Antilavado, en 2001, conformado para las elecciones de ese año un frente electoral que obtuvo un buen resultado. Sin embargo, un año después de aquel idilio terminó en noviembre de 2002 con todos peleados por causas inexplicables que llevaron a la disolusión del interbloque.
Algo similar ocurrió en 2001 con el efímero partido creado por el cura Luis Farinello -el Polo Social-, que logró colocar cuatro diputados nacionales. Alicia Castro -que también había integrado en el Congreso el bloque de la Alianza, del que terminó emigrando- prefirió seguir con su propio bloque, el Frente para el Cambio; Lucrecia Monteagudo armó un bloque propio que representaba a su partido, el PI; mientras que los dos legisladores restantes -Francisco “Barba” Gutiérrez y Daniel Carbonetto- convivieron durante un tiempo en el espacio del Polo Social, pero finalmente las peleas internas pudieron más y Carbonetto terminó en un bloque unipersonal. En síntesis, de la experiencia exitosa del Polo Social no quedó casi nada.
En las elecciones de 2001 la Alianza gobernante aún mantenía ilusiones. En Capital presentaron como candidatos a senadores a Rodolfo Terragno y a Vilma Ibarra, que entonces eran parte de un ¿mismo? espacio político en el que se respetaba la distribución aliancista: un radical con una frepasista. Aunque por entonces estaba cantado que el de la Alianza era un proyecto fracasado y que radicales y frepasistas irían cada uno por su lado en cada Cámara. De hecho, en el Senado cada uno armó su bloque y hoy Terragno es opositor y Vilma oficialista.
De los diputados que ingresarían ese año por la Alianza, no sólo se sabía que se dividirían en dos sectores, sino que el Frepaso a su vez tendría escisiones atraídas que irían a engrosar la bancada del ARI. Por ejemplo la hoy reelecta María América González, quien recién el pasado 23 de octubre fue ungida por el partido al que representa desde hace cuatro años en Diputados.
Por entonces pasó lo mismo con María Elena Barbagelata, una socialista electa por la Alianza, bancada a la que no concurrió; y Nilda Garré (frepasista hoy devenida en embajadora kirchnerista). En la provincia de Buenos Aires se puede mencionar el ingreso de la frepasista Diana Conti (hoy kirchnerista), y otros que hoy se muestran independientes.
También es llamativo el caso de Luis Zamora, quien logró colocar dos legisladores en 2001 -él mismo y José Roselli- pero terminó expulsando a su compañero de bancada por falta de obediencia partidaria.
Esta emigración de un partido a otro no es potestad exclusiva de la izquierda disgregada. También en otros sectores se observaron disidencias. En 2001, el PJ porteño -por entonces oposición de centroderecha- hizo una alianza con Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo -por entonces ministro de Economía del oficialismo-, e ingresaron dos legisladores: Daniel Scioli y Guillermo Cantini. Scioli, obviamente, integró la bancada de su partido, hasta que dejó su banca para comandar la Secretaría de Turismo del gobierno provisional de Eduardo Duhalde, y terminó integrando la fórmula presidencial del actual gobierno nacional; Cantini se quedó unos meses en Acción por la República, pero después armó su propio bloque. Al renunciar Scioli, ingresó en su reemplazo por esa misma coalición la otrora menemista Inés Pérez Suárez, quien lejos de mantenerse en el bloque del PJ armó su propia bancada unipersonal.
Irma Roy y Gerardo Conte Grand, por su parte, fueron electos por la sigla PAIS -ya apartada del Frepaso-, pero se ubicaron en el bloque del PJ. En la elección de diputados de 2003, la cuestión no cambió demasiado. Del macrista Compromiso para el Cambio, tres legisladores se pasaron al bloque del PJ, y por Fuerza Porteña -coalición oficial de Aníbal Ibarra- ingresaron Claudio Lozano y Juliana Marino, que armaron cada uno su bloque. Zamora tampoco pudo retener a los tres diputados que ingresaron ese año por su partido.
Si bien el caso de la Capital es el más notorio, en otras provincias también pasaron cosas similares, como el éxodo del bloque radical por parte del formoseño Pedro Vénica -que armó el bloque Ricardo Balbín-. En la provincia de Buenos Aires fue muy resonante el caso de Graciela Ocaña -primera diputada por el ARI- que pidió licencia para asumir como interventora del PAMI y hoy milita abiertamente en las filas del kirchnerismo, pese a lo cual aún no renunció a su banca, reclamada permanentemente por su ex partido.
De todos estos ejemplos, a ninguno se le pasó por la cabeza renunciar a su banca y dejársela a los partidos por los cuales habían sido electos. Cabe en este sentido hacer una diferenciación entre aquellos que habían ingresado como parte de una coalición y aquellos que abiertamente se cambiaron de espacio político. No es lo mismo el caso de los socialistas que ingresaron en alianza con otros partidos -pero que siempre mantuvieron su identidad partidaria-, que el de Ocaña, que se pasó y sigue de licencia impidiéndole al ARI recuperar una banca legítimamente ganada.
En ese sentido, merece ser destacado el caso de Beatriz Nofal, economista y ex diputada radical, quien aduciendo no ser escuchada por su partido en sus proyectos de ley, decidió renunciar a su escaño. Un caso excepcional, por cierto.
Mía, mía, mía…
¿De quién es la banca? ¿Del individuo o del partido? El anuncio de que Borocotó dejaba las filas del macrismo antes de asumir y que se pasaba al kirchnerismo, seducido por el proyecto kirchnerista, mostró las falencias éticas de la clase política argentina.
Máxime cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, festejó la novedad: “Yo había prometido cuatro diputados por la Capital Federal, sacamos tres y aquí está el cuarto”, dijo, sin ningún tipo de reparo por el método empleado para cumplir con su promesa.
Por su parte, el macrismo presentó numerosos planteos ante la Justicia para evitar que Borocotó asuma. Claro que esto no cuenta con el respaldo de la mayoría de los constitucionalistas, que si bien consideran una falta de ética el accionar del médico, creen que la Justicia no puede intervenir. Así lo manifestó a Parlamentario el constitucionalista Gregorio Badeni, quien explicó que “el partido político le puede pedir a un diputado electo que no asuma, pero no lo puede obligar”.
“No hay ninguna norma legal que le impida cambiar de una agrupación política a otra. Esto sólo se podría modificar reformando la Constitución, lo cual siempre es un mal remedio. Las bancas son de las personas”, sentenció el jurista.
No obstante, Badeni recordó que la propia Constitución permite a los legisladores rechazar las credenciales de un legislador electo. “Antes de la sesión preparatoria, la Cámara baja podría rechazar la incorporación de este legislador, utilizando argumentos éticos”.
- ¿Cree que una Cámara mayoritariamente kirchnerista podría tomar una decisión de estas características?
- Al hablar de un terreno político entramos en algo completamente distinto, porque incluso muchos políticos dicen que los proyectos pueden estar por encima de la ley. Pero yo quiero pensar que en este caso puede primar la cordura -respondió el constitucionalista consultado por esta revista.
Sin embargo, tal vez influido por sus necesidades partidarias, el constitucionalista y diputado del PRO Jorge Vanossi dijo que sí es posible que la Justicia intervenga. Para esto se basó en la jurisprudencia existente respecto del caso de Raúl Romero Feris -electo senador- a quien la Justicia le impidió asumir por tener dos condenas penales; y aunque éstas no estaban firmes, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Kirchner entendió que no reunía condiciones de “idoneidad moral”.
“El tribunal fundó su decisión en razones básicamente de ética pública, con el fin de no mellar la confianza en el sistema democrático”, explicó Vanossi, quien consideró que Borocotó “incurrió en un verdadero prevaricato de ideas”. No obstante, fuentes del macrismo reconocieron la casi imposibilidad de que la Justicia falle a favor del PRO, por lo que ya estarían pidiendo la impugnación de Borocotó en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos, presidida por Rosana Bertone.
El constitucionalista Daniel Sabsay también se manifestó contrario a que Borocotó asuma y pidió a los ciudadanos que lo votaron que presenten recursos de amparo para evitar que eso ocurra. Si bien admitió que la Justicia no tiene herramientas legales para obligarlo a renunciar, las cosas podrían facilitarse por el hecho de que aún no asumió y tal vez podrían impedirle jurar.
“Pero los escasos controles de la Justicia Electoral, que avaló los decretos de necesidad y urgencia del Presidente, que modificó la Ley de Partidos Políticos pese a que está expresamente prohibido por la Constitución, ¿cómo podemos esperar que la Justicia Electoral haga un acto de control cuando la jurisprudencia está más del lado que la banca es de la persona y no del partido”, se quejó Sabsay, tras calificar de “faltos de ética” y de tener “actitudes miserables” tanto a Borocotó como al Gobierno, que lo sedujo para que pegara el salto.
Sin embargo, el PRO no es el único partido afectado por la cooptación kirchnerista. También el ARI se vio sacudido por el ya citado caso que involucra a Graciela Ocaña. Eduardo Macaluse, jefe de bancada del ARI, recordó que desde entonces le vienen pidiendo “una actitud ética” a la legisladora. No obstante, reconoció a Parlamentario que legalmente “la banca corresponde a la persona”. Claro está que no le queda otra que admitir esto, habida cuenta de las respuestas que en su momento se dieron a los radicales que reclamaban la banca que la propia Elisa Carrió se llevó al ARI.
“El tema acá es que el legislador debe respetar el contrato ético con su votante. No pasa por una cuestión legal, y por eso nosotros no hicimos presentaciones como las del PRO, pero sí hemos votado en contra de todos sus pedidos de licencia”, explicó Macaluse, quien agregó que el reclamo del ARI no pasa tanto porque Ocaña renuncie a su banca, sino porque “asuma su rol de legisladora, aunque sea encolumnada en el kirchnerismo”.
Si bien todos los constitucionalistas consultados consideraron que un pase de un partido a otro antes de asumir es una falta ética, también se manifestaron todos a favor de que la banca siga siendo para los individuos y no para los partidos, pues de lo contrario “podríamos terminar en una partidocracia peligrosa”, dijo Badeni.
El problema de un mecanismo como ése sería que a la hora de votar se priorizaría la obediencia debida a las convicciones personales de los legisladores.
Por lo tanto, la única forma de revertir estos pases de partidos -y también la atomización de bloques existentes en las cámaras- es lograr un compromiso ético de los candidatos de mantenerse en el mismo espacio político durante todo su mandato. O al menos, respetarlo mientras las condiciones sean las mismas que al asumir.
Evidentemente, en el caso de Borocotó se supone que nada ha cambiado desde el 23 de octubre hasta la fecha.
Fuente: El Parlamentario Nº 796 , 21 de noviembre de 2005
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