lunes, 16 de febrero de 2026

El Barrio La Sexta se conquista con palabras: El Club Arizona lanza el primer concurso de cuentos

En el barrio República de la Sexta, al sur de Rosario, el Club Social, Deportivo y Biblioteca Arizona se volvió un verdadero faro cultural para la zona. Siempre fue un lugar de deportes y encuentros, pero ahora apuesta fuerte por la literatura y el arte.

La Biblioteca del club, que cuenta con un equipo pequeño pero comprometido, organiza actividades que trascienden el espacio físico, extendiendo su influencia por toda la comunidad. Nahuel Conforti, uno de los integrantes del equipo, explica en Señales con entusiasmo cómo el club ha logrado combinar cultura y deporte en un solo espacio.

"Somos tres personas en el equipo, pero las ideas salen de todos", comenta Nahuel, quien explica que las actividades culturales, como los concursos y talleres, son concebidas en la Biblioteca pero se implementan en todo el club. Por ejemplo, el primer concurso de poesía del año pasado fue financiado con un torneo de truco realizado en el barrio, lo que permitió cubrir los honorarios del jurado, los premios y diplomas. Este año, además de seguir con su ya clásico concurso de poesía, el club se animó a más: lanzó el primer concurso de narrativa. La idea pegó enseguida y promete dejar su marca en la comunidad de La Sexta

El club también organiza una serie de talleres literarios, como el de poesía santafesina "Modernos y Populares", dirigido por la poeta Beatriz Vignoli, quien ganó el Premio Nacional de Poesía poco después de impartir el taller en el club. Este año, el taller continúa con nuevos módulos quincenales. Además, se organizan ciclos de lectura en los que poetas y narradores locales se presentan, seguidos por una participación abierta del público, creando una dinámica de intercambio literario que es cada vez más popular.

"Queremos que el club sea accesible para todos, no solo para los socios. Por ejemplo, el taller de poesía es abierto a la comunidad", comenta Nahuel, quien también resalta la accesibilidad del club. "La cuota social es baja, alrededor de 3.000 pesos, y no la podemos aumentar porque depende de un impuesto municipal, lo que permite que más personas se sumen". Esto ha logrado que el club se convierta en un espacio inclusivo para toda la comunidad, con actividades culturales que van más allá de lo deportivo.

El cine también ocupa un lugar importante dentro de las actividades del club. Con la compra de un proyector, el Club Arizona ofrece funciones de cine gratuitas para los chicos del barrio, proyectando películas taquilleras, especialmente aquellas que tienen un gran atractivo para los más jóvenes. "Tenemos nuestra propia pantalla, un proyector y sonido de buena calidad. Es como un mini cine en el barrio, con fechas fijas como el Día del Niño o el Día del Amigo, pero también vamos sumando funciones según los estrenos", explica Nahuel.

Para 2026, el Club Arizona no solo continúa con su concurso de poesía, sino que lanza el primer Concurso de Cuentos del Club Arizona, una nueva apuesta literaria que busca dar espacio a los escritores de la ciudad de Rosario y alrededores. El certamen se extenderá desde el 23 de febrero hasta el 28 de marzo, y contará con un jurado de lujo compuesto por figuras reconocidas de la literatura nacional. El jurado del concurso de narrativa está integrado por:
  • Lila Giannelloni, escritora y docente rosarina, conocida por su libro de cuentos Camino a Casa (2022) y Llueve en el Tambopata (2025). Giannelloni es una de las escritoras más destacadas de la literatura argentina contemporánea.
  • Damián Pulisi, escritor y coordinador del taller La Materia Oscura, es finalista del Concurso Internacional Fundación Loewe (2017) y autor del libro de cuentos Algo imposible en las cosas (2021). Pulisi ha recibido una beca del Fondo Nacional de las Artes para coordinar talleres en varias ciudades de Colombia, Argentina y México.
  • Paula Galansky, escritora y profesora de Letras, ha sido premiada en diversos concursos, entre ellos el Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto. Su libro El lugar en el que estoy cayendo (2022) ganó el primer premio en dicho certamen.
El ganador del concurso de narrativa recibirá un premio en efectivo de 75.000 pesos, pero lo más importante, según Nahuel, es la publicación de los trabajos ganadores. "El premio económico es importante, pero lo más relevante para nosotros es poder dar visibilidad a los artistas y sus obras. El año pasado, los ganadores del concurso de poesía fueron publicados en la revista Río Belbo y El Furgón de Córdoba, y queremos seguir con esa línea", señala Nahuel.

Además, los cuentos ganadores serán compilados en un libro que incluirá las obras de ambos concursos: poesía y narrativa. De esta manera, el Club Arizona no solo promueve la escritura y la creatividad local, sino que también se convierte en un referente en la difusión de la literatura santafesina.

Las bases del concurso, que se pueden consultar en las redes sociales del club, establecen que los relatos deben ser inéditos y presentarse en tres copias. La temática es libre, y cada participante podrá enviar hasta dos cuentos, que no deben exceder las cinco páginas. Los trabajos se recibirán en las librerías Paradoxa, Juguete Rabioso y La Montaña, y deberán presentarse dentro de sobres cerrados con el seudónimo del autor.

El II Concurso de Poesía Club Arizona 2026 también tiene sus propias bases, similares a las del concurso de narrativa. Los participantes deberán entregar sus poemas en sobres cerrados, siguiendo las mismas normas de presentación que el concurso de cuentos. Al igual que en el certamen de narrativa, el jurado está compuesto por escritores destacados, como Marcelo Rizzi, poeta y traductor rosarino, Ana Laura Buono, profesora de Letras y ganadora del I Concurso de Poesía Club Arizona 2025, y Julia Vicario, trabajadora cultural y experta en Community Manager.

El Club Arizona no para de crecer como espacio cultural en pleno corazón del barrio. No se queda solo en lo recreativo—también abre puertas para que escritores y artistas locales puedan mostrar lo que hacen y seguir creciendo. Su propuesta es abierta, accesible y llena de ganas por la literatura. Así, el club se va ganando su lugar como uno de los referentes culturales de la ciudad.

Escuchá la nota completa:

El N'Vike: Un festival de memoria y resistencia cultural en Rosario

El Festival N'Vike, más que un evento cultural, es una manifestación de rebeldía y un grito de visibilidad para los pueblos originarios. A través de este festival, Rosario tiene la oportunidad de reflexionar sobre su identidad pluricultural, celebrando las lenguas, la historia y las tradiciones que forman parte integral de su presente y su futuro
El Mes de la Lengua Materna, celebrado cada febrero, invita a redescubrir las palabras que nos conectan con nuestros orígenes. En Rosario, esta celebración cobra vida a través de N'Vike, un festival inspirado en un instrumento ancestral: el violín Qom. Pero el N'Vike es mucho más que un simple instrumento musical. Su nombre, pronunciado en lengua Qom, simboliza identidad, memoria y territorio. Nombrarlo así es un acto cultural y político que afirma que las lenguas originarias siguen vivas, que son parte del presente y no solo del pasado.

El Primer Festival del N'Vike, que se llevará a cabo en Rosario, ha sido impulsado por Daniel Naporichi, referente del pueblo Qom, miembro del Comité Organizativo Cultural de los Pueblos Originarios de la ciudad y uno de los principales responsables de esta iniciativa. Daniel explica que el N'Vike no es solo un instrumento musical, sino un símbolo cargado de historia. "El N'Vike cuenta una historia", dice, relatando cómo, en tiempos antiguos, un hermano Qom, sintiéndose solo y rechazado, recibió este instrumento de manos del dueño del monte, Osorot. Según la leyenda, el hermano Qom tocaba el N'Vike para expresar su tristeza y soledad hasta que encontró a la mujer de su vida.

Hoy en día, el N'Vike se construye con materiales sencillos pero cargados de significado: una lata como cuerpo, cuerdas de caballo y una mezcla que da lugar al sonido único que caracteriza a este violín. "Cuando suena, se siente que llora", comenta Daniel, aludiendo al poder emocional del instrumento. Este violín, nacido en los montes de la región, es conocido como "el violín de los montes" porque, según la tradición, fue entregado al hermano Qom por el dueño de esos territorios. Así, el N'Vike no es solo un objeto musical, sino también un relato sonoro de la historia, la lucha y la vida cotidiana del pueblo Qom.
Daniel Naporichi

Un acto de reivindicación cultural: El primer festival del N'Vike
La relevancia del N'Vike dentro de la cosmovisión Qom es incuestionable. Este instrumento trasciende lo musical y se convierte en un vehículo de memoria colectiva. Daniel menciona que el N'Vike es tocado por muchos miembros de la comunidad, destacando la trascendencia cultural que ha alcanzado a lo largo de los años. "El Coro Qom Chelaalapi, uno de los grupos más antiguos de nuestra comunidad, lleva más de 60 años tocando el N'Vike", explica. Sin embargo, lamenta que, debido a decisiones políticas y presupuestarias del Instituto de Cultura de Chaco, este grupo no podrá participar en esta edición del festival.

A pesar de los obstáculos, el festival sigue adelante, gracias al esfuerzo y dedicación del Comité de los Pueblos Originarios de Rosario. Sin apoyo institucional, han logrado organizar el evento, destacando el compromiso con la preservación de su cultura y la visibilización de sus tradiciones. "Es una lástima que los pueblos originarios tengamos que organizar eventos culturales sin respaldo de los organismos gubernamentales que, en teoría, deberían apoyarnos", reflexiona Daniel. La falta de apoyo de las autoridades provinciales y municipales subraya las dificultades que enfrentan las comunidades originarias en su lucha por preservar y difundir su cultura.

El reconocimiento pluricultural: Un desafío para Rosario
El lugar elegido para el festival será la Facultad de Derecho de Rosario, en el Aula Fierro, el 20 de febrero a las 10 de la mañana. Daniel agradece el apoyo de la facultad, que ha brindado el espacio para que el evento se lleve a cabo, subrayando que el festival es el fruto de un esfuerzo colectivo y autogestionado.

El Primer Festival del N'Vike no solo es un evento cultural, sino un acto de resistencia. A través de la música, se recuerda que las lenguas originarias, los sonidos y las historias siguen vivas, a pesar de las dificultades y las ausencias. Rosario, que se presenta como un crisol de culturas, aún enfrenta el desafío de ser reconocida oficialmente como una ciudad pluricultural. "Nos cuesta mucho", lamenta Daniel, aludiendo a las barreras políticas que dificultan este proceso. A pesar de los obstáculos, la comunidad indígena sigue luchando por que se reconozca la diversidad cultural que ha crecido en la ciudad, donde conviven los pueblos Qom, Mocoví, Diaguita, Chaná, Wichí, entre otros.

La canción "Mágico N'Vike": Proyecto transversal, intercultural y pedagógico
En la entrevista compartimos la canción "Mágico N'Vike", un proyecto transversal, intercultural y pedagógico que pone en el centro al N'Vike como el principal instrumento de la cultura Qom. Este proyecto no solo celebra la música, sino que busca profundizar en la comprensión del N'Vike como un símbolo cultural y un legado vivo. Las imágenes que acompañan este proyecto fueron tomadas en agosto de 2025 en la "Escuela Provincial de Música", N°5030, y en octubre de 2025 en la escuela primaria "Renacer en la Esperanza" (Escuela Intercultural Bilingüe), N°1381, de la ciudad de Rosario. Estas imágenes forman parte de un documental del Instituto de Culturas de Chaco, que busca documentar y difundir este legado cultural.
El Primer Festival del N'Vike: Una iniciativa autogestionada
La relevancia del N'Vike en la cosmovisión de la comunidad es incuestionable. Es un símbolo que trasciende lo musical y se convierte en un vehículo de memoria colectiva. Daniel menciona que este instrumento es tocado por muchos miembros de la comunidad, destacando su trascendencia cultural a lo largo de los años. "El Coro Qom Chelaalapi, uno de los grupos más antiguos de nuestra comunidad, lleva más de 60 años tocando el N'Vike", agrega. Sin embargo, lamenta que, debido a decisiones políticas y presupuestarias del Instituto de Cultura de Chaco, este grupo no podrá participar en esta edición del festival.

A pesar de este contratiempo, el festival sigue adelante, gracias al esfuerzo y dedicación de los miembros del Comité de los Pueblos Originarios de Rosario, quienes, sin apoyo institucional alguno, han logrado organizar el evento. "Es una lástima que los pueblos originarios tengamos que organizar eventos culturales sin respaldo de los organismos gubernamentales que, en teoría, deberían apoyarnos", reflexiona Daniel. La ausencia de apoyo por parte de las autoridades provinciales y municipales resalta las dificultades que enfrentan las comunidades originarias en su lucha por preservar y difundir su cultura. A pesar de este vacío institucional, el evento continuará con la participación de otros grupos Qom, como el Grupo Pocnolec Danza, que llega desde Fortín Lavalle, Chaco, y será parte de esta celebración.

La lucha por el reconocimiento Pluricultural de Rosario
El lugar elegido para el festival será la Facultad de Derecho de Rosario, en el Aula Fierro, el próximo 20 de febrero a las 10 de la mañana. Daniel agradece el apoyo de la facultad, que ha brindado el espacio para que el evento se lleve a cabo, subrayando que el festival es el fruto de un esfuerzo colectivo y autogestionado, una muestra más del compromiso de los pueblos originarios con la preservación de su cultura y la visibilización de sus tradiciones.

El Primer Festival del N'Vike es, en definitiva, un encuentro que trasciende lo musical. Es un llamado a recordar que las lenguas originarias, los sonidos, las historias y las tradiciones siguen vivas, a pesar de las dificultades y las ausencias.

En una ciudad como Rosario, que se reconoce como un crisol de culturas, la lengua Qom adquiere una relevancia especial. Daniel Naporichi destaca que uno de los grandes desafíos actuales es lograr que Rosario sea oficialmente reconocida como una ciudad pluricultural. "Nos cuesta mucho", lamenta, refiriéndose a las barreras políticas que dificultan este proceso. A pesar de los obstáculos, la comunidad indígena sigue luchando por que se reconozca la diversidad cultural que ha crecido en la ciudad, donde conviven no solo los pueblos originarios Qom, sino también Mocoví, Diaguita, Chaná, Wichí, entre otros.

El N'Vike como símbolo de identidad y memoria
Uno de los logros más recientes de la comunidad Qom en Rosario fue la aprobación de la ordenanza que declara el 19 de julio como el Día de la Conmemoración de la Masacre de Napalpí. Esta fecha rememora una de las tragedias más grandes sufridas por los pueblos originarios, cuando en 1924, en Napalpí, más de 400 hermanos indígenas fueron asesinados por las fuerzas represivas. Esta masacre, que durante años fue silenciada, hoy se recuerda gracias a iniciativas como las del Comité de los Pueblos Originarios de Rosario.

El objetivo de Daniel y de otros líderes de la comunidad es lograr que Rosario no solo sea una ciudad multicultural, sino pluricultural, un término que, según él, tiene un sentido más profundo. Mientras que el concepto de multiculturalismo implica la convivencia de diversas culturas sin interacción entre ellas, el pluriculturalismo refleja una integración, un diálogo entre las diferentes identidades que enriquecen la ciudad. "Rosario no es multicultural, Rosario es pluricultural", afirma con firmeza.

Melitona Enrique y la Masacre de Napalpí: Un recordatorio de la memoria histórica
Uno de los logros más recientes de la comunidad Qom en Rosario fue la aprobación de la ordenanza que declara el 19 de julio como el Día de la Conmemoración de la Masacre de Napalpí. Esta fecha rememora una de las tragedias más grandes sufridas por los pueblos originarios, cuando en 1924, más de 400 hermanos indígenas fueron asesinados por las fuerzas represivas en Napalpí, Chaco. La masacre fue silenciada por años, pero hoy se recuerda gracias a la incansable labor de organizaciones como el Comité de los Pueblos Originarios de Rosario.

Un paso hacia la reparación histórica fue la reciente renombración del pasaje 732 en la comunidad Sorrento, en honor a Melitona Enrique, la última sobreviviente y testigo clave de la masacre. Muchas de las familias en Rosario tienen una conexión directa con este hecho, pues residen descendientes de Melitona. Este acto de justicia simbólica refleja el compromiso de la comunidad para que nunca se olvide la violencia sufrida y, al mismo tiempo, se reivindique la memoria ancestral.

Un Festival que trasciende la música: Historia, arte y reflexión
El Festival N'Vike se inserta en este contexto de lucha por el reconocimiento y la visibilidad de las culturas originarias. Además de la música, el evento incluirá una muestra histórica sobre el N'Vike, donde se podrán conocer las leyendas y relatos que giran en torno a este violín, símbolo cultural del pueblo Qom. También habrá una exposición de artesanías y la participación de grupos de danza autóctona, como el Grupo Pocnolec Danza. "El evento no solo es música y baile, sino también la historia del N'Vike", explica Daniel, destacando que el festival busca centrar la atención en la historia del instrumento y su simbolismo.

El festival también será una plataforma para continuar visibilizando las luchas de los pueblos originarios, con un enfoque integral que incluye arte, danza e historia. La colaboración con medios como Aire Libre, Radio Comunitaria y programas como Señales es fundamental para difundir la cultura indígena en Rosario. "El respeto por la cultura de los pueblos indígenas también se gana a través de la educación", concluye Daniel, haciendo un llamado a la sociedad a comprender y valorar la riqueza cultural de los pueblos originarios.

El Instituto Cultural Indígena: Un proyecto para fortalecer la Cultura Originaria
Este festival no solo es una celebración, sino una herramienta para seguir construyendo una ciudad que reconozca y celebre la diversidad cultural en toda su complejidad. En un momento histórico donde las luchas por la visibilidad y el respeto a los derechos indígenas siguen siendo urgentes, el Festival N'Vike se erige como una propuesta que no solo rescata el sonido de un instrumento ancestral, sino que amplifica las voces de los pueblos originarios en un escenario donde la memoria histórica y la cultura se entrelazan.

Daniel también reflexiona sobre la importancia de un espacio permanente para la cultura indígena en Rosario, el Instituto Cultural Indígena. Este instituto sería esencial para dar visibilidad y apoyo institucional a las artesanías, la música, la danza y otros aspectos de las tradiciones indígenas. "No queremos depender de otros, queremos nuestros propios espacios", afirma Daniel, subrayando la necesidad de un lugar autónomo dirigido por los propios pueblos indígenas.
El N'Vike: El Violín de los montes Qom
El N'Vike, también conocido como nwiké, es un rabel monocorde profundamente arraigado en las tradiciones de los pueblos indígenas Qom ("toba") y Pi'laqá, originarios de las provincias de Chaco y Formosa, en el noreste de Argentina. Con el paso de los años, su uso se ha extendido a otras regiones, especialmente a las ciudades donde residen comunidades migrantes de pueblos originarios, como Rosario, Buenos Aires o La Plata.

Este instrumento tiene múltiples formas de ser escrito: mbiké, n'viqué, nwiké, ñoviqué, nowiké, among others. Su nombre evoca el sonido que hace el jaguar al afilarse las uñas al raspar un tronco, un reflejo de la conexión espiritual de los pueblos originarios con la naturaleza que los rodea. En su contexto más amplio, este instrumento tiene también variantes de nombre como qomlasheq (según Domenech, 2010), y ha sido registrado en diversos grupos originarios del noreste argentino, como los Moqoit (Mocoví) y los Nivaklé, debido a los contactos y préstamos culturales.

Los primeros testimonios sobre el N'Vike datan de los siglos XVIII y XIX, cuando las crónicas lo describen como un "violín rústico" con una caja de resonancia hecha de calabaza o tronco de palmera ahuecado. Su estructura original incluía un largo mástil de madera de ceiba (yuchán, samuhú) y una tapa armónica de cuero o corteza. Su única cuerda, fabricada tradicionalmente de tripa o crin de pecarí, e incluso de cabello femenino, se utilizaba tanto en el arco como en la cuerda misma. Este diseño recuerda a los rabeles campesinos ibéricos, de los cuales los pueblos originarios del Chaco parecen haber adoptado ciertas características constructivas.

Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, el N'Vike fue adaptándose a las circunstancias contemporáneas. A partir de mediados del siglo XX, el instrumento comenzó a fabricarse utilizando latas de aceite, carburante o lubricante como caja de resonancia. Este cambio, impulsado por la necesidad de utilizar materiales disponibles en el entorno, permitió a los constructores lograr un sonido más afinado mediante el lijado de la lata y la eliminación de la pintura. En algunos casos, aunque más raros, el N'Vike aún conserva la forma de calabaza o madera ahuecada, con tapas armónicas de cuero, goma, cartón o chapa metálica. Esta evolución técnica refleja la capacidad de adaptación de los pueblos originarios a los cambios sociales y materiales a lo largo del tiempo.

El cuerpo del N'Vike, una vez confeccionado, recibe una tablilla llamada labaq, que funciona como un mástil o diapasón a lo largo de todo el instrumento. Asegurada con clavos o aprovechando los bordes de la lata, esta tablilla permite afinar la cuerda, que suele ser de crin de caballo, aunque también se utilizan cuerdas de guitarra o incluso alambre de freno de bicicleta. En la parte superior del mástil, se inserta una clavija lpenaqshet, que generalmente es muy larga y dorsal, aunque en algunos modelos más refinados se coloca lateralmente. En la base, un cordal de algodón o fibras sujeta la cuerda al cuerpo del instrumento.

El arco del N'Vike, conocido como checme'c, se fabrica con una pieza de madera que, entre los Qom, es típicamente curva, mientras que entre los Pi'laqá es recta. El arco se frota con crin de caballo o fibras plásticas extraídas de bolsas de arpillera industrial. En contraste con los arcos tradicionales de otros instrumentos de cuerda, los intérpretes del N'Vike nunca emplean resina para aumentar la fricción; en su lugar, utilizan saliva o, en algunos casos, "espuma de lapacho", una sustancia negruzca obtenida al hervir la corteza de ese árbol.

El N'Vike se toca apoyado contra el pecho y el antebrazo, similar a otros violines o rabeles populares. Debido a que la cuerda está separada del diapasón, los dedos del músico no la pisan, sino que la rozan tangencialmente, utilizando tanto las uñas como las yemas. Este estilo de interpretación es característico de los arcos musicales indígenas chaqueños, donde la función principal del arco es rítmica más que melódica. Sin embargo, el intérprete puede pisar la cuerda en ciertos momentos, especialmente cuando se busca un efecto estilístico, como resaltar una nota específica o cambiar de octava.

El N'Vike ha sido históricamente un instrumento masculino, aunque en las generaciones más jóvenes esta distinción de género ha desaparecido, y ahora es común que mujeres también lo toquen. Tradicionalmente, el N'Vike se usaba como instrumento solista, interpretando melodías tanto melancólicas como alegres, acompañando a veces el canto o incluso imitando el sonido de los animales. También era utilizado en las letanías de los pioxonaq, los chamanes de los pueblos Qom y Pi'laqá, quienes recurrían a su sonido en rituales espirituales.

En la actualidad, el N'Vike se ha convertido en un símbolo cultural de lucha para el pueblo Qom. Su sonido, antes casi desconocido fuera de las comunidades indígenas, ha sido integrado en producciones musicales modernas, tanto por músicos Qom como por intérpretes no indígenas (doqshe). A través de grupos como el reconocido Coro Qom Chela'alapi, el N'Vike ha ganado visibilidad y ha acompañado a las voces del pueblo Qom, marcando un cambio en la relación de la música indígena con la sociedad argentina.

Una de las leyendas más queridas por los pueblos Qom sobre el N'Vike relata la historia de La'axaraxaik, "el feo", un hombre que vivía solo y desdichado hasta que el Dueño del Monte, el espíritu protector de la naturaleza, le regaló el primer N'Vike. El sonido de este violín le permitió conquistar el corazón de una mujer, y la música alegre que producía se convirtió en su símbolo de felicidad. Sin embargo, tras ser traicionado por su esposa, quien arrojó el instrumento al fuego, La'axaraxaik nunca más pudo obtener melodías alegres del N'Vike. Con el tiempo, un joven separado de su amada encontró el instrumento y comenzó a tocarlo, produciendo melodías tristes que, por milagro del Dueño del Monte, llevaron a la reencuentro de los enamorados.

Según la tradición Qom, si alguien desea reunirse con su amada, puede tocar el N'Vike mientras pronuncia su nombre, y antes del atardecer, el encuentro se materializará. Así, el N'Vike no solo es un instrumento musical, sino también un símbolo de la conexión profunda entre el pueblo Qom, su historia, su identidad y su cosmovisión del mundo natural.
Fuente: Civallero, Edgardo. Instrumentos tradicionales de cuerda frotada en el Chaco. Biblioteca Nacional de Colombia
Escuchá la entrevista completa:

domingo, 15 de febrero de 2026

El conflicto por el Almacén de las Tres Ecologías escala y reabre el debate sobre la costa de Rosario

Tras el cambio de cerraduras y la anulación de la cesión de uso sin notificación previa, referentes del espacio comunitario reclaman conocer el plan oficial para la ribera. Mientras inician acciones legales, mantienen la feria en la calle y convocan a asambleas abiertas. El municipio rescindió el contrato vigente hasta 2026 por "razones técnicas"; las organizaciones denuncian irregularidades y advierten que se trata de un modelo de ciudad que excluye a la economía social
En los últimos días, la controversia en torno al Almacén de las Tres Ecologías sumó nuevos capítulos en la costa de Rosario. A la irrupción municipal con cerrajero, la ruptura de candados y el cambio de cerraduras, se agregó una resolución firmada por el intendente Pablo Javkin que rescinde un contrato de cesión de uso vigente hasta julio de 2026. El municipio argumenta la necesidad de realizar una obra eléctrica urgente en una nave que también comparten el Centro de Emprendedores y el Mercado del Río.

Desde las organizaciones que sostienen el espacio, en cambio, denuncian irregularidades administrativas, contradicciones y lo que interpretan como un intento de vaciar un proyecto comunitario único en la ribera rosarina. Aseguran que la discusión excede largamente un galpón: pone en debate qué modelo de ciudad se proyecta para la costa y qué lugar ocupan en ese diseño las experiencias de organizaciones cooperativas y de economía solidaria.

Denuncias de irregularidades y falta de notificación
El miércoles 11 de febrero, cuando se cumplían once años de la cesión de uso, las organizaciones recibieron formalmente la resolución que rescinde el contrato que tenía vigencia hasta julio de 2026. En el comunicado difundido en la ciudad hablaron de "irregularidades administrativas", de "fundamentos falsos de toda falsedad" y de una "contradicción política": mientras el municipio impulsa una ordenanza para fomentar la producción agroecológica, avanza —según señalan— sobre una experiencia que desde hace más de una década trabaja precisamente en esa línea.

Roberto García, uno de los impulsores del Almacén de las Tres Ecologías, sostiene en Señales que los argumentos oficiales "son variados y en nuestra opinión todos falsos, porque no dicen la cuestión de fondo". Para él, se trata de excusas que obligan a las organizaciones a "gastar tiempo y energía en contestarlas", sin que se explicite cuál es el verdadero proyecto para el lugar.

Entre los fundamentos esgrimidos por el municipio, enumera la necesidad de una obra eléctrica y un supuesto descuido del espacio. García lo niega de plano. Afirma que en marzo de 2025 concluyeron una obra integral de remoción y puesta en valor que incluyó la pintura completa del galpón, el arreglo del piso y la restauración del mobiliario. "Al piso le hicimos un tratamiento de curado y de pintura para rescatar los ladrillos", detalla, en referencia a esas construcciones típicas del ferrocarril y del puerto que forman parte del patrimonio edilicio de la zona.

También menciona que se les atribuyen problemas de agua. Reconoce que existen desde que ocupan el espacio —y probablemente desde antes—, pero aclara que se deben a la falta de obras de infraestructura y al recambio de cañerías que nunca se realizó. En cuanto a los inconvenientes eléctricos, señala que comenzaron cuando se montó un patio de comidas en una de las cabeceras del galpón que comparten junto a las Tres Ecologías.

Para García, el eje del conflicto no está en esos argumentos técnicos sino en la falta de claridad sobre el destino del predio. "No dicen lo que quieren hacer en el lugar por lo cual nos están sacando", sostiene. Esa ausencia de explicaciones, asegura, se cubre con una serie de fundamentos que consideran inconsistentes.

En ese marco, las organizaciones iniciaron gestiones legales para acceder al expediente completo de la resolución. La medida municipal alude a una supuesta acta de inspección que, según García, nunca les fue entregada en mano. Señala que eso vulnera un procedimiento administrativo básico: ante cualquier inspección, explica, el acta debe ser labrada y notificada al responsable del espacio, ya sea una persona física o jurídica, para que pueda ejercer su derecho a descargo o cumplir con lo requerido.

"Acá no existió ese acta, por lo menos no nos la entregaron, pero la resolución la cita", remarca. Por eso, a través de un abogado solicitaron formalmente el expediente donde debería constar esa documentación. Hasta el momento, afirma, no se lo han proporcionado. Primero lo pidieron de manera verbal a la abogada a cargo de los trámites en la Intendencia; ella dijo no tenerlo y que el expediente había sido girado a otra dependencia. Desde entonces reciben respuestas evasivas.

El trato ha sido “realmente espantoso” hacia organizaciones que —subraya— llevan adelante tareas de producción alternativa, de cuidado de la naturaleza y de promoción de relaciones humanas basadas en el respeto y la cooperación. Mientras la tensión crece, el destino del Almacén de las Tres Ecologías se redefine en un contexto donde lo que se discute no es sólo un espacio físico, sino una forma de habitar y producir en la ciudad.

Roberto García no habla sólo del Almacén de las Tres Ecologías cuando describe el clima que rodea la situación. Dice que la agresividad que perciben no es un hecho aislado ni una excepción que los tenga como únicos destinatarios. "No nos quejamos en términos de víctimas", aclara, con un tono que busca correr el eje del lamento individual. A su entender, lo que ocurre forma parte de una forma de proceder que ya se ha repetido en otros puntos de la ciudad.

Recuerda, por ejemplo, el desalojo de una feria ubicada muy cerca del galpón que ocupan en la costa de Rosario. Según relata, la modalidad fue similar: irrupción intempestiva, medidas ejecutadas con rapidez y una dinámica que describe como violenta. Después —asegura— sobreviene otra estrategia: dividir a los grupos, fragmentar a las organizaciones, aislar referentes. En el caso del Almacén, sostiene, no lo lograron por la trayectoria y la historia compartida de quienes lo integran, pero advierte que el intento existió.
"Emprolijar la costa": una palabra en discusión
En paralelo a las acciones concretas, García cuestiona el lenguaje con el que se justifican las intervenciones sobre la ribera. Una de las expresiones que más le inquietan es la idea de "emprolijar la costa". Se pregunta qué significa exactamente ese verbo y quién define qué es prolijo y qué no lo es. "¿Qué es lo desprolijo?", interpela. ¿Una feria de producciones cooperativas? ¿Un espacio donde circulan alimentos agroecológicos y propuestas culturales autogestivas? En ese sentido, parece que lo que quieren "limpiar" no son residuos, sino personas.

"¿La quieren limpiar de qué? ¿Cuál es la basura?", insiste. Y lleva la pregunta hasta el límite: si la basura son personas que trabajan y ofrecen sus producciones, entonces el problema no es de infraestructura ni de mantenimiento, sino de concepción social. Para él, ese modo de nombrar encierra elementos peligrosos, porque anticipa un criterio de exclusión que excede al galpón.

Economía social vs. lógica de consumo
García afirma que lo que está en juego en la costa es un plan general que se viene gestando desde hace tiempo. Un plan que, según su lectura, oscila entre la entrega de espacios públicos a manos privadas y la construcción de una estética "de frialdad capitalista", como la define. Lugares prolijos, sí, pero vaciados de contenido social, donde lo central no es la comunidad sino la experiencia de consumo.

Imaginate esa ribera: todo prolijo, hecha para mostrar una imagen específica de la ciudad. Una estética que, advierte, no resulta accesible para todos. En contraste, reivindica la lógica del Almacén: allí se vendían producciones, claro, pero también existía la posibilidad de habitar el espacio sin consumir. "Si alguien quería ir con un mate y sentarse en el bar libre, lo hacía", cuenta. Les daban agua caliente, convidaban yerba, y la gente se quedaba conversando. También se abría la puerta a actividades culturales, encuentros, talleres. El intercambio no se reducía a la transacción económica.

Esa diferencia, sostiene, revela dos modelos de ciudad en tensión. Por un lado, una ribera orientada a inversiones inmobiliarias y emprendimientos gastronómicos de escala, vinculados a capitales privados. Por otro, espacios híbridos, comunitarios, donde la economía solidaria convive con prácticas culturales abiertas. "Hay un plan integral para toda la costa", afirma, aunque reconoce que no conocen su contenido porque no ha sido publicado oficialmente.

Ante esa falta de información, anticipa que presentarán un pedido de informes para conocer los lineamientos del proyecto. Confía en que otras fuerzas políticas del Concejo Deliberante acompañarán iniciativas similares. Las preguntas que formula son directas: quiénes están sentados en la mesa donde se redefine la ribera, qué empresas participan, qué sociedades se constituyeron, qué vínculos existen con el sistema político. Para él, no se trata de teorías conspirativas sino de un entramado habitual en los procesos de revalorización urbana.

Habla de "terratenientes", inversores inmobiliarios y políticos comprometidos, como en una trama donde el suelo se vuelve un botín estratégico y quienes no encajan en el modelo dominante terminan desplazados. No da nombres propios, pero describe un patrón que —según sostiene— se repite cuando un territorio adquiere valor.

Insiste en que lo que sucede en el Almacén no es un episodio aislado. "Esto también pasa en otros lugares de la ciudad", señala, reforzando la idea de que la disputa por la costa es apenas una pieza de un tablero más amplio. Por eso, repite, no se trata de una queja corporativa sino de una discusión sobre el tipo de democracia y de desarrollo urbano que se construye.

En ese punto, la conversación se detiene en un aspecto contractual. El acuerdo de cesión de uso preveía, según detalla García, una notificación con 60 días de anticipación para la finalización del vínculo. Es decir, si el municipio decidía no continuar, debía comunicarlo con dos meses de antelación para permitir una transición ordenada. Esa cláusula, asegura, no se cumplió.

Democracia, voto y diálogo
La rescisión llegó sin ese aviso previo, lo que para las organizaciones constituye una ruptura no sólo legal sino política. "Cortaron todo diálogo básico en un sistema democrático", afirma. Y a partir de allí amplía la reflexión: ¿cómo se vincula la sociedad civil con los gobiernos? ¿A través de qué instituciones? Para él, la respuesta es clara: mediante instituciones intermedias —sindicatos, mutuales, cooperativas, empresas, asociaciones— que median entre el Estado y la ciudadanía.

Ese entramado, explica, supone diálogo, incluso cuando hay tensiones. Las diferencias son parte de la vida democrática. Lo que cuestiona es la idea de que el voto agote la legitimidad del ejercicio del poder. "El voto es un aspecto restringido de la democracia", sostiene. Funciona cada cierta cantidad de años para elegir representantes, pero no habilita —según su visión— a gobernar sin escuchar ni debatir con las organizaciones que actúan cotidianamente en el territorio.

García percibe que muchos dirigentes confunden el mandato electoral con un cheque en blanco. Recuerda que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo de una parte de la población, no de la totalidad, y que esa representación debería ejercerse en diálogo permanente con los distintos sectores sociales. Cuando ese intercambio se interrumpe, entiende, se empobrece la vida democrática.

En el caso del Almacén de las Tres Ecologías, considera que el municipio podría haber actuado de otra manera. Si la decisión política era no continuar con la cesión, existían mecanismos formales y tiempos previstos para hacerlo. "¿Podrían haberlo hecho bien? Sí, por supuesto", responde sin titubear. Para él, la discusión no es sólo jurídica sino ética: la forma en que se ejecutan las decisiones públicas también comunica qué lugar se le asigna a las experiencias comunitarias en el mapa de la ciudad.

Para Roberto García, incluso si el municipio hubiera optado por una vía más prolija en términos formales, el núcleo del conflicto seguiría intacto. "Nosotros estaríamos diciendo lo mismo", afirma: que existe un plan para la costa que vuelve a ponerla de espaldas al conjunto de la ciudad de Rosario, y que ese proyecto no ha sido explicitado públicamente. La demanda central, insiste, es conocer de qué se trata esa reconfiguración urbana que avanza sobre espacios con más de una década de trabajo comunitario.

En esa línea, sostiene que el galpón donde funciona el Almacén de las Tres Ecologías pertenece al ámbito de la economía social y que, por lo tanto, debería destinarse a promover ese tipo de prácticas. Si se desaloja una experiencia que —según define— es "clarísima" en materia de economía social, la pregunta que se impone es cuál es el sentido de sostener estructuras estatales con esa denominación. Interpela directamente a la Subsecretaría de Economía Social y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat: si el resultado de sus decisiones es el cierre de un espacio cooperativo y agroecológico, ¿qué función cumplen?
 En la puerta del Concejo Municipal, la frase de Manuel Belgrano advierte: "El miedo solo sirve para perderlo todo", mientras feriantes y amigos del Almacén se acercaron al lugar

La ordenanza agroecológica y la paradoja
Para García, la medida no representa un avance sino una "involución humana". Y en su argumentación introduce un elemento que, a su juicio, vuelve todavía más evidente la contradicción. En diciembre, un proyecto impulsado por la concejala Norma López derivó en la Ordenanza 10.851, que crea una red de promoción de la producción, comercialización y consumo de productos agroecológicos y orgánicos. La norma busca fomentar el desarrollo y la comercialización de estos alimentos, así como establecer un marco formal para su circulación.

La ordenanza fue promulgada por el intendente en enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de febrero. Es decir, casi en simultáneo con la resolución que rescinde el contrato del Almacén. La paradoja, señala García, es que una de las cooperativas que integran el espacio participó activamente en los debates que dieron origen a esa normativa. Él mismo forma parte del Mercado Solidario, una de las cinco organizaciones que sostienen el proyecto, y cuenta que un representante de esa cooperativa intervino en las discusiones promovidas desde el Concejo y el municipio para fortalecer estas prácticas.

"Estamos participando democráticamente en un ámbito para promover esto", subraya, en referencia a la construcción de la ordenanza, "y en otro que existe desde hace once años nos cierran de una manera violenta". La coexistencia de ambos planos —el institucional que convoca a debatir políticas de economía social y el ejecutivo que desaloja una experiencia concreta— es, para él, la prueba de una incoherencia profunda.

García habla de "artilugios" y de información que considera falsa difundida a la sociedad. También menciona intentos de separar a los grupos que funcionan en el galpón, en lugar de promover el cooperativismo. A su entender, el problema no es simplemente procedimental sino conceptual: se proclama una política pública orientada a la economía social mientras se debilitan, en la práctica, los espacios que la encarnan.

En relación con esto, se detiene a definir qué entiende por economía social. Recuerda que antes se hablaba de economía solidaria, economía de la cooperación o economía popular. Más allá de cómo lo llamen, lo que está en juego son distintas formas de organizar la economía, sin que el lucro sea el objetivo principal. Son esquemas donde los beneficios se distribuyen de manera cooperativa o mutual entre quienes producen y participan.

En estas economías, sostiene, no prima el capital monetario sino el capital asociativo, el capital social: la red de vínculos, la confianza, la construcción colectiva. Ese es, según su mirada, el tipo de prácticas que deberían impulsar las instancias estatales que llevan ese nombre. Si no es así —advierte— sería más honesto cerrar la Subsecretaría de Economía Social y comunicar a la ciudadanía que ese enfoque ya no forma parte de la agenda pública.

La crítica se intensifica cuando menciona al nuevo al subsecretario de Economía Social, William Germán Burgener, a quien responsabiliza no sólo por lo ocurrido con el Almacén sino también por conflictos abiertos con varias ferias en distintos puntos de la ciudad. Con esas experiencias, afirma, se solidarizan y anticipa que podrían articular acciones políticas directas y manifestaciones públicas para visibilizar la situación. La controversia, entonces, no se limita a un galpón en la ribera sino que conecta a distintos actores de la economía popular y cooperativa.

Solidaridad en la calle y asamblea popular
Sin embargo, en medio de la tensión, también emerge otro registro: el de la solidaridad recibida. Cuando se le pregunta cómo sigue este caso y qué ocurrió con los músicos, artesanos y otros actores culturales vinculados al espacio, García reconoce que se quedaron sin palabras. La reacción fue, dice, tan rápida y masiva que los sorprendió.

Relata que en el mismo momento en que se producía el cambio de la cerradura y candados, comenzaron a acercarse personas. A la tarde, ya había una cantidad "impresionante" de vecinos y participantes dispuestos a dialogar sobre lo que estaba ocurriendo. De esa concentración surgió una asamblea popular que continúa funcionando. Para García, esa escena encarna otra forma de democracia: no la que se expresa únicamente en el voto periódico, sino la que se construye en la deliberación colectiva y en la presencia física en el espacio público.

"La democracia de los grupos sociales", la llama. Una democracia donde una multitud se reúne a debatir un problema concreto que afecta a la comunidad. Allí, afirma, se produjo un intercambio intenso, plural, atravesado por la preocupación pero también por el compromiso.

La solidaridad no se limitó a quienes frecuentaban el Almacén. García destaca el apoyo del propio sindicato de trabajadores municipales. Cuenta que, al advertir que la situación podía derivar en una confrontación entre trabajadores —quienes ejecutaban las órdenes y quienes sostenían el espacio—, actuaron rápidamente para desactivar esa tensión. La intención, aclara, no era enfrentar a trabajadores con trabajadores, sino discutir decisiones políticas.

También recibieron el acompañamiento de numerosos sindicatos y asociaciones. Y el gesto de los artistas tuvo, según describe, una potencia especial. Músicos que llegaron de manera espontánea para cantar, para "hacer alegrar", como define, recordando que esa es una de las funciones de la música. No sólo ofrecieron apoyo simbólico, sino también propuestas concretas para sostener el espacio y visibilizar la la situación.

Y en este contexto, entre papeles, denuncias y resoluciones, ver a los músicos cantando y a los vecinos discutiendo en asamblea, para García, es la prueba de que el Almacén de las Tres Ecologías no es solo un local de ventas ni un galpón más en la costa. Es, sostiene, un nodo de vínculos, una trama social que se activa cuando percibe que está en riesgo. Y esa trama —insiste— es precisamente el capital que la economía social dice valorar y que hoy, paradójicamente, siente amenazado.
Cultura y resistencia: canciones, poemas y feria

Roberto García hace una pausa para contar una escena que, dice, los conmovió profundamente. Una amiga entrañable, la artista Vicky Alancay, se encontraba en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, integrando la delegación oficial que representaba a la cultura santafesina. Allí, lejos de la costa rosarina y del galpón hoy cerrado, se enteró de lo que estaba ocurriendo con el Almacén de las Tres Ecologías. La noticia la atravesó de tal modo que compuso una canción en pleno festival.

Para García, ese gesto tiene una potencia simbólica difícil de dimensionar. No se trata sólo de una muestra de apoyo, sino de una obra creada por una artista reconocida de la ciudad que dialoga directamente con una lucha concreta. "Es algo impresionante", resume. La canción, nacida a cientos de kilómetros del lugar, se convirtió en un puente entre la escena cultural y el reclamo por el espacio comunitario.

La pregunta que sobrevuela es cómo continúa esa corriente de solidaridad que estalló casi de inmediato tras el desalojo. García detalla que el plan más próximo es sostener la feria, aunque sea en la calle. El fin de semana volverán a montar los puestos fuera del galpón y habrá músicos que se acerquen a cantar. La decisión es no interrumpir la dinámica colectiva, aun cuando el espacio físico haya sido clausurado.

Pero también proyectan algo más grande para el día 21: un festejo simbólico del cumpleaños del Almacén de las Tres Ecologías. La fecha coincide con el aniversario de la experiencia y, paradójicamente, con el momento del desalojo. "Vamos a festejar el cumpleaños en el desalojo", dice, subrayando la dimensión política del gesto. Celebrar en medio de los hechos recientes es, para ellos, una manera de afirmar que la iniciativa trasciende las paredes de un galpón.

García insiste en que las Tres Ecologías no dependen en última instancia de un lugar físico. Es, antes que nada, una idea activa, una práctica sostenida por vínculos y convicciones. Sin embargo, aclara que eso no implica renunciar a la disputa política. Por el contrario, adelanta que continuarán cuestionando con fuerza el proyecto que el municipio tiene para la costa de Rosario y, en particular, la decisión que derivó en el desalojo.

A su entender, lo que se desarma no es un simple punto de venta, sino una iniciativa que considera única en el país. Afirma que no existe razón suficiente para reemplazarla por un patio de comidas o por propuestas pensadas bajo una lógica de consumo estándar. "Ninguna cosa hecha para el consumo puede reemplazar una propuesta que cuida las relaciones sociales, cuida la naturaleza y también cuida las prácticas de consumo", sostiene.

En esa definición se condensan las Tres Ecologías que dan nombre al espacio. García las enumera con precisión: una ecología del cuidado de las relaciones sociales, una ecología del cuidado de la naturaleza y una ecología del cuidado de la salud mental. No son consignas abstractas, explica, sino criterios que orientan las actividades cotidianas: desde la producción agroecológica hasta los encuentros culturales, desde la conversación compartida hasta la reflexión sobre qué y cómo se consume.

Cuando lo presentan como impulsor del proyecto, él corrige de inmediato. Rechaza la idea de liderazgo individual y se define como un socio más dentro de una cooperativa, uno de los muchos voceros que tiene la lucha. Subraya que el Almacén fue y es una construcción colectiva, impulsada por numerosas personas y organizaciones que funcionan de manera democrática. La insistencia en despersonalizar el rol no es casual: forma parte de la misma ética asociativa que reivindica.

La convocatoria para los próximos días es abierta. La feria funcionará de 19 a 22 horas, y la invitación se extiende a músicos, artesanos y a cualquiera que quiera sumarse. Recuerda que, en los primeros días de la medida municipal, la Escuela de Literatura Aldo Oliva realizó una acción poética que los sorprendió por su fuerza. También llegaron espontáneamente poetas y escritores a leer textos y acompañar la protesta.

La propuesta ahora es sostener ese clima creativo: quien tenga un poema puede acercarse a leerlo o compartirlo; quien quiera organizar una intervención artística, puede hacerlo; quien simplemente desee conversar y conocer los próximos pasos, también tiene un lugar. La asamblea popular que se formó seguirá delineando estrategias y acciones.
El debate que recién empieza

En paralelo a las actividades culturales, la estrategia institucional avanza por carriles formales. García anticipa que realizarán presentaciones judiciales, aunque primero agotarán la vía administrativa. La intención es llegar al fondo de la cuestión y obtener respuestas oficiales por los mecanismos correspondientes. Ya ingresaron pedidos de informe por mesa de entrada en el Concejo Deliberante, con una serie de preguntas dirigidas a los funcionarios responsables.

Esos pedidos, explica, serán publicados para que la ciudadanía conozca en detalle qué se está reclamando y qué se exige que se responda. La idea es que los funcionarios concurran a dar explicaciones públicas y que el debate no quede encerrado en expedientes técnicos. La lucha, dice, tendrá muchas aristas: cultural, política, jurídica y social.

García no desconoce la asimetría de fuerzas. Sabe que el poder del Estado y de quienes gobiernan es, en términos materiales, inconmensurable frente a individuos y organizaciones. Sin embargo, rechaza que esa desproporción implique resignación. "Eso no quiere decir que no se pueda parar alguien frente a ese poder y ponerlo a prueba", afirma.

En esa convicción se sostiene la decisión de celebrar, cantar, leer poemas y, al mismo tiempo, presentar recursos y exigir informes. El Almacén de las Tres Ecologías, aunque con las puertas cambiadas y el galpón cerrado, continúa activo en la calle y en la discusión pública. Para quienes lo integran, lo que está en juego no es sólo un espacio físico en la ribera, sino el sentido mismo de la ciudad que imaginan y el lugar que las prácticas cooperativas y solidarias ocupan —o deberían ocupar— en ella.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 14 de febrero de 2026

Dependencia política y violencia regulada: la policía que no cambió en Santa Fe

La reciente protesta salarial expuso las tensiones estructurales de la fuerza, su relación con el poder político y judicial, y la dependencia del gobernador Maximiliano Pullaro de un sistema que nunca fue profesionalizado, según analizó Enrique Font en Señales
Crisis salarial y tensiones estructurales: un problema mayor que los sueldos
La tensión salarial que atravesó esta semana a la policía de la provincia de Santa Fe volvió a poner en primer plano un problema que, para Enrique Font, excede largamente la discusión por los sueldos. Exsecretario de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad provincial, máster en Criminologías y profesor en la Universidad Nacional de Rosario, Font es una de las voces que más ha estudiado la trama compleja que une a la policía santafesina con la política, la Justicia y el fenómeno de la violencia en Rosario.

El acuerdo salarial alcanzado por el gobierno provincial —que incluyó aumentos pero mantuvo una porción significativa de los ingresos en carácter no remunerativo— cerró formalmente el conflicto. Sin embargo, para Font, lo que quedó expuesto fue mucho más profundo que un reclamo coyuntural. La protesta, extendida en distintas ciudades de la provincia, reveló no solo el malestar por los ingresos sino tensiones estructurales dentro de la institución policial y en la propia política de seguridad.

El contexto económico y la relación con otras fuerzas
Una primera lectura, admite, podría inscribir el conflicto en un marco más amplio: la policía forma parte de ese 70% de trabajadores asalariados que, bajo el gobierno de Javier Milei, perciben menos de un millón de pesos mensuales. Esa realidad golpea al conjunto del empleo público —salud, educación y fuerzas de seguridad— y constituye el telón de fondo del reclamo.

Pero en Santa Fe, advierte, intervienen otras variables. Font señala que el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, ya había ocupado cargos clave en materia de seguridad cuando fue ministro durante la gestión de Miguel Lifschitz. En aquel entonces, recuerda, Pablo Cococcioni se desempeñaba como secretario. Durante la campaña y luego al asumir la gobernación, Pullaro apeló —según su análisis— a una retórica de demagogia punitiva, una narrativa de inspiración "bukeleana", un "bukele de utilería", ironiza, que colocó discursivamente a la policía en un lugar central.

Sin embargo, ese protagonismo fue más retórico que estructural. Ni cuando fue ministro ni ahora como gobernador —con Cococcioni al frente del Ministerio de Seguridad— se impulsaron transformaciones profundas dentro de la fuerza. Y para Font, allí reside uno de los núcleos del problema.

Reformas estructurales que nunca llegaron
Las policías argentinas, explica, arrastran conflictos históricos y en distintas provincias se ensayaron reformas destinadas a ordenar y profesionalizar su funcionamiento: modificar estructuras de gestión, mejorar condiciones laborales, diseñar carreras con incentivos claros, vincular ascensos a formación y capacitación, y aproximar su lógica organizacional a la de otras burocracias estatales como salud o educación, sin perder la especificidad del trabajo policial.

Nada de eso —subraya— ocurrió en Santa Fe. Profesionalizar implicaría, por ejemplo, construir una carrera policial con formación sistemática, generar incentivos para capacitarse y atar los ascensos a ese proceso. Del mismo modo que en educación se estimula la formación continua, la policía debería contar con mecanismos similares.

También menciona la necesidad de revisar el régimen laboral. Aunque los agentes pueden realizar horas adicionales en otros empleos, persiste una lógica heredada de estructuras militarizadas que habilita las "recargas" de servicio: extensiones obligatorias de la jornada por decisión jerárquica, cinco horas más que no estaban previstas en la planificación diaria. A eso se suma la falta de previsibilidad en los horarios y la dificultad para regresar a sus lugares de origen.

Desigualdad y falta de vocación profesional
El reclutamiento, señala, se concentra en el centro-norte de la provincia, donde el acceso al empleo es más limitado, mientras que buena parte del desempeño se da en el centro-sur. Esa ecuación revela, a su entender, un problema adicional: la institución no resulta atractiva como opción laboral. "Tenés que estar embromado en términos de acceso al trabajo para ir a la policía", resume, describiendo una fuerza que no logra seducir perfiles diversos ni consolidar vocaciones profesionales.

El bajo desempeño investigativo y la brecha en esclarecimiento de homicidios
En ese marco, el discurso pro-policial del gobernador aparece, para Font, como una narrativa vacía. Sostiene que el respaldo político se traduce más en gestos hacia afuera —presiones sobre el Poder Judicial en casos de uso de fuerza letal o advertencias públicas ante investigaciones por delitos graves— que en una transformación real de las condiciones estructurales de la fuerza. La policía, afirma, ha sido utilizada políticamente, aunque el sentido de ese uso quedaría por desentrañar.

El conflicto salarial, entonces, no es un hecho aislado sino la expresión de una crisis más profunda. Santa Fe, dice Font, es considerada por numerosos especialistas como la provincia con la peor policía del país, no solo por sus déficits de formación sino también por su desempeño. Y ofrece, antes de enumerar indicadores concretos, una advertencia implícita: sin reformas estructurales, cualquier acuerdo salarial será apenas un parche sobre una institución atravesada por problemas mucho más hondos.

La radiografía que traza Enrique Font sobre la policía santafesina se vuelve todavía más cruda cuando la compara con otras fuerzas del país. No se trata solo de una percepción académica ni de una crítica política: los números, afirma, exponen una brecha difícil de justificar. La policía de Santa Fe, sostiene, no esclarece los delitos más graves con la eficacia que muestran otras jurisdicciones.

El indicador más utilizado para medir la capacidad investigativa es el porcentaje de esclarecimiento de homicidios dolosos. Allí la distancia es notoria. En provincias como Córdoba o Buenos Aires, las policías logran identificar sospechosos en nueve de cada diez asesinatos. El proceso judicial posterior —si hay condena o absolución— es otra discusión, pero la identificación del presunto autor se concreta con rapidez. En Santa Fe, en cambio, el número desciende, en el mejor de los casos, a seis de cada diez. Y hay años en que la cifra es aún menor.

La brecha no es solo cuantitativa, también es temporal. En Córdoba y Buenos Aires, los sospechosos suelen ser ubicados y puestos a disposición de la Justicia en plazos relativamente breves. En territorio santafesino, en cambio, se acumulan expedientes que pasan años sin responsables identificados. Hay crímenes graves que permanecen en esa zona gris: el hecho está esclarecido en su materialidad, pero los autores no aparecen.

Cuando se indaga en las razones de esa ineficacia, la explicación que surge desde los barrios —dice Font— es inquietante. Se habla de pagos mensuales, de "arreglos" para no ser identificados o para evitar ser vinculados a un hecho delictivo. Se paga para desaparecer del radar. Se paga para que una investigación se estanque. Esa lógica de regulación informal atraviesa, según su mirada, distintos niveles del delito.

Casos emblemáticos y gestión de la violencia
El asesinato de Luis "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, fue un punto de inflexión. El crimen puso bajo la lupa a una organización que, según recuerda, llevaba años bajo observación policial y judicial: la banda conocida como "Los Menores", originada en el barrio 7 de Septiembre de Rosario. Con el tiempo, algunos de sus líderes —incluso detenidos— extendieron su influencia y se movían entre Rosario y barrios cerrados de la Ciudad de Buenos Aires. Bracamonte había advertido públicamente quiénes querían matarlo y que ya habían intentado hacerlo. Tras su asesinato, la presión pública derivó en la detención de algunos integrantes de la banda. Pero el hecho, para Font, evidenció algo más profundo: estructuras criminales conocidas que operaban durante años sin desarticulación efectiva.

El problema no se agota en la eficacia investigativa. También atraviesa el apego a los derechos humanos. La policía santafesina, recuerda, fue la que más personas mató durante la represión de diciembre de 2001. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires hubo cinco víctimas fatales en las protestas de aquellos días, en Rosario se registraron siete —o incluso ocho, según algunas discusiones estadísticas—. Si se pondera la cifra por cada 100.000 habitantes, el impacto rosarino resulta mucho más alto.

La diferencia, subraya, también estuvo en las consecuencias institucionales. Por los hechos ocurridos en Buenos Aires fueron llevados a juicio el entonces presidente Fernando de la Rúa, su ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. Hubo condenas para algunos mandos. En Santa Fe, en cambio, prácticamente no hubo responsabilidades políticas. Apenas unos pocos policías fueron juzgados por hechos puntuales, como el caso de Claudio "Pocho" Lepratti. El contraste dejó la impresión de una fuerza habituada a la impunidad judicial.

Esa es, según Font, la institución sobre la cual el actual gobernador construyó su política de seguridad. Maximiliano Pullaro capitalizó políticamente la reducción de los homicidios registrada en 2024, sobre todo en Rosario. La tasa, que había superado los 20 homicidios cada 100.000 habitantes —con picos de 22 y 23— descendió a un valor apenas superior a 10. La caída es significativa y constituye, admite, un dato objetivo.

Sin embargo, la pregunta que abre Font es cómo se logró esa reducción y qué costos o efectos colaterales implica. Porque mientras los homicidios bajaron, los robos no siguieron el mismo camino. Por el contrario, sostiene que aumentaron, aunque las estadísticas oficiales no siempre lo reflejen con claridad. Basta —dice— recorrer la ciudad para advertirlo, tanto en barrios populares como en zonas de clase media y alta.

La baja de homicidios en Santa Fe no desarticula el narcotráfico: la policía regula el delito más que erradicarlo
El negocio de la venta de drogas, además, no parece haber sufrido un golpe estructural. Cambiaron algunas modalidades: se clausuraron ciertos "búnkeres" y se expandió la modalidad de delivery. Pero la actividad continúa con relativa estabilidad. Si la violencia letal descendió sin que el mercado ilegal se desarticule de manera visible, ¿cuál es la explicación?

Font apunta a dos decisiones clave adoptadas al inicio de la gestión. La primera fue la aprobación, con amplio respaldo legislativo, de la adhesión a las leyes de narcomenudeo, que habilitan a las fiscalías provinciales a intervenir en delitos de drogas a pequeña escala. Se trata de una facultad prevista en la legislación federal, pero muy cuestionada en distintas provincias. Estudios realizados en lugares donde se implementó —como Buenos Aires, Córdoba o Chaco— muestran, según explica, que no debilitó a las estructuras superiores del narcotráfico. En cambio, llenó las cárceles de eslabones bajos, "perejiles", y afectó de manera particular a mujeres involucradas en tareas menores dentro de las redes.

Santa Fe siguió ese camino. En paralelo, señala, se consolidó un control más directo del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público de la Acusación. Aunque históricamente nunca fue completamente independiente del poder político, en la actual gestión —a través de concursos y designaciones— su alineamiento sería más evidente.

En ese contexto, la policía adquirió una herramienta que antes no tenía con la misma intensidad: la capacidad de regular el negocio minorista de drogas en articulación con fiscales provinciales. El mensaje implícito, describe Font, sería claro: se puede vender, se puede pagar, pero no se puede disparar. Si alguien desborda ese acuerdo tácito, se activan allanamientos y causas que desmantelan el punto de venta.

Desde esa perspectiva, la baja de los homicidios estaría vinculada menos a una reforma estructural y más a una forma de administración del mercado ilegal, donde la violencia se contiene para evitar escaladas que perjudiquen la estabilidad política. No se trataría de la erradicación del delito, sino de su regulación.

Font reconoce que hubo otros factores. Cuando se estudió el aumento extraordinario de homicidios en Rosario durante los años más críticos, aparecieron múltiples causas: falta de esclarecimiento, prófugos que nunca eran capturados, descoordinación entre agencias. También pesó, añade, el funcionamiento deficiente de la Justicia Federal, responsable de investigar delitos complejos vinculados al narcotráfico. Esa ineficiencia contribuyó a la consolidación de organizaciones criminales que operaron durante años con márgenes amplios de acción.

La reducción actual de los homicidios, entonces, no puede analizarse de manera aislada. Para Font, forma parte de un esquema más amplio donde la policía, lejos de haber sido profesionalizada o reformada, continúa operando con lógicas antiguas, ahora reconfiguradas en un nuevo equilibrio de poder. Un equilibrio que disminuye la violencia letal pero deja abiertas preguntas profundas sobre la calidad institucional, la transparencia y la sostenibilidad de esa aparente pacificación.
Judicialización y zonas grises
El panorama de la justicia y la seguridad en Rosario se complica aún más cuando se observa el rol de los actores judiciales. Uno de los ejemplos más claros es el caso de los jueces federales que se encargan de temas de drogas, especialmente en Rosario. Uno de esos jueces, Marcelo Bailaque, se encuentra bajo prisión domiciliaria, con una condena de diez años pendiente, debido a hechos de corrupción. Es un caso que viene siendo investigado desde hace más de 15 años, y a pesar de las sospechas sobre su falta de idoneidad, su situación solo se ha resuelto recientemente. La ineficiencia del sistema judicial, remarca Font, ha tenido repercusiones directas sobre el funcionamiento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Protesta policial y debilidad del gobierno
La reciente protesta salarial evidenció la dependencia política del gobernador Maximiliano Pullaro respecto a la policía. La fuerza no solo defendió intereses económicos, sino que también mostró su capacidad de presión sobre decisiones estratégicas: se puso en entredicho al jefe de la Unidad Regional 2, el MPA detuvo investigaciones, y el gobierno debió retroceder en varios frentes.

Font subraya que la policía santafesina sigue funcionando con lógicas tradicionales, donde los mandos superiores conservan privilegios y la base enfrenta condiciones precarias. Esto genera tensiones internas, fractura lealtades y condiciona cualquier intento de reforma profunda.

Historial de Pullaro y vínculos con jefes policiales cuestionados
Font recuerda que la relación de Maximiliano Pullaro con el mundo de la seguridad no comenzó en su mandato como gobernador, sino años atrás, cuando era diputado provincial por el sur de Santa Fe. En ese momento, respaldó públicamente a un jefe policial, Alejandro Druetta, sobre quien pesaban señalamientos persistentes: en el ambiente político y judicial era conocido como un hombre con vínculos con el narcotráfico.

Cuando un fiscal avanzó en la investigación, Pullaro lo defendió. Años más tarde, Druetta fue investigado en profundidad y finalmente condenado. Font evita hablar de connivencia penal, pero plantea interrogantes políticos: ¿Fue torpeza? ¿Fue voluntad de no saber? ¿Fue una decisión consciente de acercarse igual a determinados sectores policiales? Las preguntas siguen abiertas, aunque no hayan derivado en responsabilidades judiciales directas para Pullaro.

Este patrón, sostiene Font, no fue un episodio aislado. A lo largo de su trayectoria, Pullaro promovió y ascendió a cargos de conducción a policías “muy cuestionados”. No necesariamente condenados ni formalmente imputados, aclara, pero sí señalados por prácticas poco transparentes desde dentro de la fuerza y desde la política. En algunos casos, cuando finalmente fueron investigados, las sospechas derivaron en condenas. En otros, el Ministerio Público de la Acusación, debilitado y con fuerte influencia del Ejecutivo, operó como un manto de contención que evitó avances judiciales.

Casos paradigmáticos: juego clandestino y estructuras judiciales
Font menciona un caso emblemático vinculado al juego clandestino. El empresario Leonardo Peiti, convertido en “arrepentido”, aportó información que terminó comprometiendo a figuras de peso: el fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, un empleado judicial y el entonces poderoso senador Armando Traferri. Estas denuncias no involucraban nombres menores dentro de la estructura institucional, y su investigación derivó en algunas condenas y destituciones.

Peiti también señaló a jefes policiales promovidos durante la gestión de Pullaro, incluyendo al jefe de la Policía de Investigaciones, quien hoy integra el gobierno provincial en un cargo ad honorem destinado a detectar gastos en el Ministerio de Educación. Font destaca que este fenómeno de retornos de retirados a posiciones estratégicas es otro foco de tensión dentro de la fuerza.

Dinámica de retirados y desigualdad interna
Según Font, hay exjefes que viven exclusivamente de su jubilación, que depende del salario de los policías en actividad, y otros que se retiraron con patrimonios millonarios y luego regresaron a ocupar posiciones estratégicas. En una fuerza de alrededor de 24.000 integrantes, en una ciudad donde todos se conocen, estas diferencias no pasan inadvertidas: se sabe quién vive en qué casa, qué vehículo conduce cada uno y cómo evolucionó su patrimonio.

Mientras tanto, la base de la pirámide trabaja en condiciones laborales precarias, lejos de sus familias, con salarios erosionados por la inflación y bajo la lógica de recarga horaria. La desigualdad visible erosiona la cultura institucional y se agrava cuando los agentes deben intervenir selectivamente en la actividad delictiva: cerrar un kiosco porque “se salió del acuerdo” mientras otro continúa operando sin sobresaltos. Font subraya que esta selectividad moldea subjetividades, produce cinismo y fractura lealtades internas.

La policía que Pullaro no transformó
Font define así a la policía santafesina:
  • Utilizada políticamente
  • Dependiente de los objetivos políticos del gobernador
  • Funcionando en lógicas antiguas, adaptadas a pactos tácitos y jerarquías económicas paralelas
  • Sin cambios estructurales ni profesionalización real
La protesta salarial expuso la tensión entre un gobierno que construyó su narrativa sobre la firmeza frente al delito y una fuerza que lo obligó a retroceder. Font insiste: lo que no se hizo cuando Pullaro fue ministro, y lo que tampoco se encaró al inicio de su actual mandato, difícilmente pueda hacerse ahora. Las reformas profundas requieren capital político, acuerdos transversales y tiempo. Según el entrevistado, ese momento ya pasó.

Intentos de reforma frustrados
Font recuerda que Marcelo Saín intentó impulsar una ley de transformación policial que estableciera una política de Estado, sostenida por oficialismo y oposición, blindada frente a los vaivenes partidarios. Sin embargo, la ley no prosperó, ni siquiera contó con el respaldo pleno de su propio espacio. El resultado es que cada gobierno administra lo que encuentra, sin modificar la matriz estructural de la policía.

Font enfatiza que las policías no surgen “de un repollo”: son producto de las instituciones políticas y judiciales que las moldean. Todos los partidos que gobernaron Santa Fe desde el retorno democrático tienen responsabilidad en el estado actual de la fuerza. El Poder Judicial provincial y federal tampoco actuó con eficacia para frenar prácticas corruptas dentro de la fuerza.

La violencia reciente: un nuevo pico en 2025
A pesar de la baja en la tasa de homicidios en Rosario en 2024, Font señala que, en 2025, la tasa volvió a aumentar. Aunque sigue siendo baja comparada con los picos alcanzados en años anteriores, el incremento de un 27% en la tasa de homicidios respecto al año anterior deja claro que la violencia no ha sido completamente contenida. Con más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, Rosario sigue estando por encima de otras ciudades de tamaño comparable en Argentina, como Córdoba o La Matanza, que tienen tasas de homicidio inferiores a 5 cada 100.000 habitantes.

Este dato, para Font, es revelador. No solo subraya la inestabilidad del esquema de seguridad en la provincia, sino también la fragilidad de las soluciones que se han implementado. Si bien el descenso de homicidios en 2024 fue notable, no se logró una transformación profunda en la seguridad de la ciudad y mucho menos en las condiciones estructurales de la policía.

Font sostiene que este dato es indicativo de que, aunque la situación mediática haya cambiado, la verdadera transformación en términos de seguridad sigue pendiente. El aumento reciente de homicidios confirma que los intentos por reducir la violencia letal han sido más superficiales que efectivos a largo plazo.

La crisis de gobernanza y la falta de reformas estructurales
En cuanto a la política de seguridad, Font asegura que la actual crisis de gobernanza se ve reflejada en la falta de reformas estructurales que transformen la policía y el sistema judicial. A pesar de que la tasa de homicidios en Rosario se redujo durante el último tiempo, la provincia sigue enfrentando una violencia persistente que no se limita solo a los crímenes letales, sino que se extiende a los delitos menores, como los robos, que aumentaron significativamente.

Font sostiene que el aumento de robos y la estabilidad del mercado de drogas en la ciudad son indicativos de que la violencia no solo se ha gestionado de manera selectiva, sino que también está regulada, en lugar de ser erradicada. Las bandas de narcotraficantes, si bien enfrentan menos enfrentamientos a tiros, continúan operando sin que se debilite su estructura de poder. A pesar de que se clausuraron algunos “búnkeres”, el negocio de las drogas sigue en expansión, y el delivery de sustancias ha reemplazado en parte las modalidades anteriores.

Este fenómeno tiene, según Font, una explicación más política que operativa: la reducción de homicidios está vinculada al control y la gestión del mercado ilegal de drogas. El gobernador Pullaro ha sido parte de una política que no erradica el narcotráfico, sino que lo regula de manera que no escale en violencia. La policía, en este sentido, actúa como un regulador de la violencia, más que como un órgano dedicado a la justicia criminal efectiva. Esta gestión de la violencia, en lugar de transformarse en una política de seguridad integral, ha acabado por generar equilibrios inestables entre política, justicia y crimen.

La dependencia política de Pullaro
Font explica que la dependencia política de Pullaro respecto a la policía santafesina es uno de los factores que limita la capacidad del gobierno para llevar a cabo una reforma estructural real. Aunque el gobernador se presenta como firme en su política de seguridad, en realidad se ve atrapado por las dinámicas internas de la policía. Necesita mantener la cooperación de la fuerza para sostener su narrativa de éxito en la reducción de homicidios y otros índices de violencia. Sin embargo, esta dependencia política lo coloca en una situación de debilidad frente a la protesta policial, como se evidenció en las últimas semanas.

El giro del gobierno ante las presiones de la policía, que lo obligaron a retroceder en varias decisiones, muestra la fragilidad del esquema político que Pullaro ha mantenido. Font enfatiza que esta relación de dependencia está profundamente arraigada, dado que la policía ha sido históricamente utilizada como un instrumento político por diferentes gobiernos provinciales, y Pullaro no ha podido ni siquiera romper con esa lógica.

El dilema de la falta de reformas: ¿se perdió la oportunidad?
Font cree que la oportunidad de una reforma integral de la policía santafesina ya pasó. Los intentos de reformas anteriores, como la propuesta por Marcelo Saín cuando era ministro de Seguridad, quedaron truncos. La ley de transformación policial, que habría permitido un cambio significativo en la estructura de la fuerza, fue rechazada tanto por sectores del oficialismo como de la oposición. Esta ley había sido pensada para trascender las políticas partidarias y construir una estructura policial más profesional y menos politizada. Sin embargo, no prosperó, y lo que ha quedado es un sistema policial anquilosado y lleno de tensiones internas.

Para Font, este rechazo a la ley de reforma es emblemático de la falta de voluntad política para transformar las estructuras de poder en Santa Fe. Cada gobierno que asume administra lo que encuentra, sin cuestionar las dinámicas heredadas. En este contexto, Pullaro sigue dependiendo de una policía que no ha sido transformada y que, como otras instituciones en la provincia, está atrapada en lógicas políticas y económicas de ajuste salarial y clientelismo político.

El círculo vicioso: política, policía y mercado ilegal
Font concluye que, en la actualidad, la policía santafesina se encuentra profundamente vinculada a los intereses políticos de los gobiernos provinciales y a las dinámicas del mercado ilegal de drogas. Esta policía no se ha profesionalizado, ni se han implementado reformas estructurales reales. En lugar de una reconfiguración integral de la fuerza, lo que ha sucedido es una regulación informal de la violencia, donde los actores políticos y criminales coexisten en un equilibrio precario.

El resultado de esta falta de reformas es un sistema de seguridad debilitado que, aunque ha logrado reducir temporalmente algunos índices de violencia, sigue sostenido sobre bases frágiles. La policía santafesina, bajo la dirección de Pullaro, ha evitado grandes estallidos de violencia, pero a costa de un pacto tácito con las organizaciones criminales y de una dependencia política que socava cualquier intento de cambio real. Este círculo vicioso, donde el gobierno depende de una fuerza policial que a su vez depende de intereses ilegales, parece estar destinado a perpetuarse sin una transformación profunda.

La policía que no cambió
La reflexión de Font, en conclusión, es clara: la policía santafesina no ha cambiado. Aunque la reducción de homicidios y la disminución de algunos indicadores de violencia pueden presentarse como logros, la realidad es que la fuerza sigue atrapada en una lógica de poder político, economía paralela y clientelismo. Las reformas estructurales siguen siendo una deuda pendiente, y la policía, lejos de profesionalizarse, sigue operando en función de intereses que no tienen que ver con la justicia o la seguridad pública.

Este es el panorama que enfrenta el gobernador Maximiliano Pullaro, que, a pesar de sus intentos por modernizar la provincia, sigue dependiendo de una fuerza que no ha sido transformada y que, tal vez, ya no puede serlo sin un compromiso político más profundo y duradero.

La reforma sigue siendo una asignatura pendiente
Font cierra su análisis reconociendo que el cambio profundo en la policía de Santa Fe es una asignatura pendiente. Sin reformas estructurales, sin un sistema judicial más eficaz y sin voluntad política real, el ciclo de violencia y corrupción dentro de la policía santafesina continuará perpetuándose. En resumen, la protesta policial fue solo la última expresión de una crisis institucional mucho más profunda que involucra a la política, la justicia y las estructuras de poder en la provincia. Y si bien los gobernantes actuales intentan gestionar estos equilibrios, el futuro de la seguridad en Santa Fe depende de una reforma que todavía está por llegar.

Escuchá la entrevista completa:

Te pagaré en especie: la reforma laboral que recorta derechos y fortalece el poder empresario

Tras una jornada tensa y extensa en el Congreso, atravesada por manifestaciones e incidentes en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el Senado aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La votación llegó después de 14 horas de debate y más de 40 oradores en el recinto. La iniciativa, respaldada por el oficialismo de La Libertad Avanza y parte de la oposición dialoguista, encontró el rechazo unificado del interbloque peronista.

El texto aprobado introduce modificaciones profundas en el sistema de relaciones laborales. Cambia reglas históricas del vínculo entre empleadores y trabajadores, redefine la relación con los sindicatos y establece un cuestionado régimen de blanqueo laboral. Entre sus disposiciones más resonantes habilita el pago de salarios en dólares o en especie, crea un mecanismo alternativo de indemnización y establece un banco de horas para compensar horas extras. Además, amplía el listado de actividades consideradas esenciales, lo que en la práctica limita el derecho a huelga, y elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, una herramienta que hasta ahora permitía que los acuerdos siguieran vigentes hasta ser reemplazados por otros nuevos.

El diagnóstico en disputa: ¿la ley laboral crea empleo?
En ese contexto convulsionado, el abogado laboralista Matías Cremonte analizó en Señales el alcance de la reforma y sus posibles efectos sobre los trabajadores. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) y director del equipo jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado, Cremonte no dudó en definir el proyecto como "el ataque más brutal a la acción colectiva desde los tiempos de la dictadura".

Desde su perspectiva, el Gobierno presenta la reforma bajo un argumento que considera falaz: la necesidad de generar condiciones para incentivar el crecimiento del empleo y, por esa vía, impulsar la economía. Según ese relato oficial, la flexibilización de las normas laborales alentaría nuevas contrataciones y reactivaría la actividad productiva. Sin embargo, Cremonte sostiene que ni el Ejecutivo ni nadie puede asegurar que ese efecto se produzca. "La legislación laboral es, en realidad, intrascendente para explicar el crecimiento o la caída del empleo", afirma. A su entender, el empleo aumenta o disminuye en función de las políticas económicas generales y del nivel de actividad: cuando la economía crece y las empresas necesitan producir más, contratan; cuando cae, despiden o dejan de incorporar personal.

El abogado señala que en la actualidad el empleo está cayendo "de manera brutal", que se multiplican los cierres de empresas y que no hay evidencia que permita atribuir esa situación a la legislación vigente. Mucho menos, añade, se puede sostener que una modificación "tan retrógrada" como la aprobada vaya a revertir esa tendencia. Para él, la premisa central del proyecto —que la rigidez laboral es el obstáculo principal para la creación de empleo— está desmentida no solo por la experiencia argentina sino también por la evidencia internacional y hasta por el sentido común.

Transferencia de ingresos y cambio en el equilibrio de poder
Si el diagnóstico oficial es incorrecto, el verdadero objetivo de la reforma debe buscarse en otro lado, sostiene Cremonte. Y lo encuentra en un incremento de la rentabilidad empresaria a costa del salario, tanto directo como indirecto. Cada reducción de ingresos de los trabajadores —sea por menor protección ante despidos, por debilitamiento de la negociación colectiva o por flexibilización de condiciones— se traduce, explica, en una transferencia hacia la ganancia empresarial. Esa transferencia, según su lectura, persigue la "absurda expectativa" de compensar, aunque sea parcialmente, las pérdidas que muchas empresas sufren por la caída del consumo interno y por la apertura de importaciones que dificulta competir con productos del exterior.

En su análisis, la reforma no puede desvincularse de las decisiones más amplias de política económica. Frente a un escenario de retracción del mercado interno y mayor competencia externa, el Gobierno opta por reducir costos laborales. Pero al hacerlo, argumenta Cremonte, profundiza una desigualdad estructural que está en la base misma del derecho del trabajo.

"La relación laboral es esencialmente desigual", sostiene. De un lado está el empleador, que tiene la facultad de contratar o no, y concentra un poder casi absoluto en la organización del trabajo. Del otro, el trabajador o la trabajadora, que necesita imperiosamente ese empleo para sobrevivir. El derecho laboral nació, precisamente, como reconocimiento de esa asimetría y como intento de equilibrarla, aunque fuera de manera parcial. Para Cremonte, la nueva normativa "lima" esa función protectoria y termina por desdibujar la esencia del sistema: en lugar de compensar la desigualdad, la profundiza, otorgando aún más poder a los empresarios en detrimento de quienes venden su fuerza de trabajo.

La acción colectiva bajo presión
Pero el alcance de la reforma, advierte, no se limita a los derechos individuales. También afecta de manera directa la acción colectiva, que considera la herramienta más eficaz con la que cuentan los trabajadores para defenderse. Los sindicatos, organizados en torno a la negociación colectiva y la posibilidad de ejercer medidas de fuerza, verán restringida su capacidad de intervención. La ampliación de los servicios esenciales limita el derecho a huelga, y la eliminación de la ultraactividad debilita la continuidad de los convenios.

Incluso cuando el conflicto se traslada al plano judicial, sostiene Cremonte, la reforma introduce obstáculos. "Cuando lo único que queda es la posibilidad de acceder a la justicia, de reclamar ante un juez laboral el cumplimiento de un derecho vulnerado, también ahí se restringe muchísimo", explica. A su juicio, el proyecto avanza en una dirección que tiende a reducir el alcance de la justicia laboral, cuando no a desarticularla.

Por eso traza una comparación histórica fuerte: solo encuentra un antecedente equiparable en la reforma implementada por la última dictadura cívico-militar. Esta ley, también conocida como la "Ley de Reforma del Sistema de Relaciones Laborales", implementó una serie de modificaciones que limitaban los derechos de los trabajadores y debilitaban las organizaciones sindicales. Aquella normativa, recuerda, también implicó un retroceso profundo en derechos y garantías colectivas.

Frente al argumento oficial de que la flexibilización generará empleo, Cremonte insiste en que la evidencia empírica muestra lo contrario. Con la legislación actual —la misma que ahora se modifica— en distintos momentos del país se crearon millones de puestos de trabajo. Y también, bajo ese mismo marco normativo, se destruyeron empleos. Lo determinante no fue la ley laboral sino el contexto macroeconómico.

El fenómeno, subraya, está ampliamente estudiado a nivel internacional. Organismos como Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizaron durante años el impacto de reformas laborales regresivas en distintos países. Hace una década, recuerda, la OIT encargó a un grupo de expertos un estudio comparado sobre las reformas implementadas hasta ese momento. La conclusión fue clara: en ningún caso esas modificaciones —que en su mayoría implicaron recortes de derechos— produjeron un aumento sostenido del empleo ni un crecimiento económico atribuible a la flexibilización.

Para Cremonte, entonces, el argumento central del proyecto "no resiste el menor análisis". Lo que sí deja en evidencia, sostiene, es una redefinición del equilibrio de poder en el mundo del trabajo. La reforma, tal como fue aprobada tras una jornada maratónica en el Senado, no solo altera normas específicas sino que reconfigura el sentido mismo del derecho laboral en la Argentina contemporánea.

Enfermarse, trabajar y perder salario
En medio de la defensa cerrada que varios comunicadores oficialistas venían haciendo del proyecto, hubo detalles que comenzaron a llamar la atención recién cuando algunos de sus impulsores los explicitaron sin eufemismos. Uno de esos momentos ocurrió cuando Federico Sturzenegger, en una entrevista radial en Radio Mitre, se refirió a las licencias por enfermedad. Fue allí, señala Matías Cremonte, donde quedaron en evidencia aspectos que muchos preferían no mirar.

Para el abogado laboralista, el nuevo régimen de licencias es casi un ejemplo paradigmático de lo que considera la lógica profunda de la reforma. Hasta ahora, cuando una persona se enfermaba —no necesariamente por causas vinculadas al trabajo, sino por contingencias de la vida cotidiana— tenía derecho a una licencia paga con el 100% del salario durante un período determinado. Porque, subraya Cremonte, las personas no solo trabajan: viven, hacen deporte, circulan por espacios públicos, se exponen a virus, accidentes o enfermedades graves. Una gripe, una angina, una apendicitis o un accidente doméstico forman parte de la experiencia humana, no de una conducta reprochable.

La reforma modifica de manera sustancial ese esquema. Desde el primer día de ausencia por enfermedad, el salario se reduce al 75%. Y si la lesión o el reposo derivan de una situación en la que el trabajador se expuso voluntariamente —incluso sabiendo que podía lesionarse— el recorte será mayor: cobrará solo el 50% del salario. El ejemplo que utilizó el propio Sturzenegger fue el de alguien que juega al fútbol y se lastima. En ese caso, explica Cremonte, la persona pasará a percibir la mitad de su sueldo.

El impacto no termina allí. También se acortan los plazos de cobertura. Donde hoy la licencia paga alcanza los seis meses —o un año si hay cargas de familia— la reforma reduce esos períodos a tres y seis meses, respectivamente. Luego, el trabajador solo conservará el derecho a que se le reserve el puesto por un año más, pero sin percepción de salario. Para Cremonte, el mensaje implícito es que enfermarse se convierte en un costo individual que el trabajador debe asumir en mayor medida, aun cuando se trate de contingencias ajenas a su voluntad.

El tiempo como campo de disputa: banco de horas y vacaciones
Las modificaciones en materia de vacaciones y la creación del banco de horas completan, a su juicio, un cuadro que afecta la posibilidad de organizar la vida por fuera del empleo. El banco de horas, explica, coloca la administración del tiempo de trabajo casi exclusivamente en manos del empleador, quien podrá distribuir las jornadas según las necesidades de la empresa.

En ese esquema, el trabajador deja de tener una jornada previsible. Ya no podrá saber con certeza que trabaja de lunes a viernes de 9 a 18, por ejemplo. Un día podría extender su jornada hasta 12 horas; otro, trabajar menos. Al final de un período —que puede ser mensual o incluso más extenso— se computará si cumplió con el total de horas pactadas. Si trabajó menos, deberá compensarlo más adelante. Si trabajó más, no necesariamente cobrará horas extras: podrá recibir, en el mejor de los casos, un franco compensatorio.

Cremonte dice que esa lógica complica mucho organizar la vida personal. Estudiar, ir a la universidad, pensar en actividades con la familia o simplemente encontrar un rato para descansar se vuelve un lío. Lo que el Gobierno llama flexibilidad y vende como algo eficiente, para él en realidad le quita al trabajador control sobre su propio tiempo.

En materia de despidos, la reforma mantiene formalmente el principio de una indemnización equivalente a un salario por cada año de antigüedad. Pero modifica la base de cálculo. Hasta ahora se tomaba el mejor sueldo de los últimos doce meses, lo que incluía comisiones, premios por productividad u otros ingresos periódicos aunque no mensuales. Con la nueva redacción, se computará solo el salario "normal", sin contemplar esos adicionales. El resultado, advierte Cremonte, es una reducción concreta del monto indemnizatorio.

Indemnizaciones, FAL y el nuevo esquema de despidos
A esa modificación se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), presentado como una alternativa para afrontar las indemnizaciones. En teoría, el fondo se constituirá con aportes de los empleadores por cada trabajador registrado. Sin embargo, Cremonte sostiene que ese aporte no tendrá un costo real para las empresas, porque al mismo tiempo se reducirá la contribución que realizan al sistema previsional. En otras palabras, lo que se destine al FAL se compensará con una menor transferencia al sistema jubilatorio.

Para el abogado, eso implica que el fondo estará indirectamente subsidiado por los propios trabajadores, que verán resentidos los recursos destinados a sus futuras jubilaciones. Por eso lo define como un mecanismo "perverso" y advierte que puede transformarse en un negocio financiero para aseguradoras y bancos, en una lógica que asocia con experiencias pasadas como las AFJP o con el funcionamiento actual de las ART.

El avance del trabajo independiente y la precarización legalizada
La figura del "trabajador independiente con hasta tres colaboradores", que ya había sido incorporada en la reforma introducida a través de la llamada "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", en 2024 y ahora se profundiza. Este es otro de los puntos que generan alarma en el ámbito laboralista. Según Cremonte, se trata de la legalización de prácticas fraudulentas que ya existen en la realidad.

El esquema facilita que una persona que en los hechos trabaja bajo relación de dependencia —cumpliendo horarios, bajo órdenes directas y realizando tareas propias de la empresa— sea obligada a facturar como si fuera autónoma. La novedad más preocupante, sostiene, es que la ley elimina la presunción que hasta ahora operaba a favor del trabajador: si alguien concurría todos los días a un mismo lugar y desarrollaba tareas típicas de la actividad empresarial, se presumía la existencia de una relación laboral.

Con la reforma, bastará la existencia de una facturación o de un contrato de locación de servicios para que el empleador quede prácticamente desresponsabilizado. La carga de probar que existía un vínculo laboral real recaerá con mayor peso sobre el trabajador, que enfrentará más obstáculos para demostrar la dependencia encubierta.

En este entramado de cambios aparece también el llamado "salario dinámico", que habilita el pago en cualquier moneda e incluso en especie. La posibilidad de abonar remuneraciones en bienes o servicios —como comida o alojamiento—, combinada con la reducción de otras garantías, abre interrogantes sobre la estabilidad y previsibilidad de los ingresos.

Para Cremonte, cada uno de estos puntos, analizados en conjunto, revela una orientación coherente: disminuir costos empresariales, flexibilizar obligaciones y trasladar riesgos al trabajador. La reforma, sostiene, no solo reconfigura reglas técnicas, sino que redefine el equilibrio de fuerzas en el mundo del trabajo, inclinándolo todavía más hacia el lado del empleador.

Cuando se le pregunta sobre episodios oscuros de la historia social argentina —como los relatados por Gastón Gori en su libro sobre La Forestal en Santa Fe—, Matías Cremonte acepta la comparación. Según él, el retroceso no se limita a salarios o indemnizaciones: afecta la propia estructura de poder dentro de la empresa.

Uno de los puntos que más le preocupa es la posibilidad de que el empleador varíe de manera discrecional el salario entre trabajadores que realizan tareas similares. La reforma, explica, habilita márgenes de diferenciación que hoy están prohibidos o fuertemente limitados. En ese escenario, un empleador podría premiar a determinados empleados con adicionales específicos y negárselos a otros, sin criterios objetivos ni transparentes.

Esa discrecionalidad, advierte, no es neutra. Puede convertirse en una herramienta para desalentar la afiliación sindical, la participación en medidas de fuerza o incluso el simple reclamo de derechos. "La sumisión puede ser premiada y el reclamo castigado", resume, describiendo un sistema donde la discriminación salarial se transforma en un mecanismo disciplinador.

Teletrabajo y plataformas: desregulación en nombre de la modernización
El capítulo referido al teletrabajo es, para Cremonte, otra de las paradojas de una norma presentada como "modernizadora". La ley laboral más reciente de la Argentina —la de teletrabajo, sancionada hace apenas cinco años— queda derogada sin que se la reemplace por un nuevo régimen específico. En lugar de actualizarla o perfeccionarla, la reforma la elimina.

Con esa derogación desaparecen derechos que habían sido incorporados tras un amplio debate, como el derecho a la desconexión digital. Ese principio buscaba evitar que la jornada laboral se extendiera indefinidamente a través de mensajes y correos fuera de horario. También se esfuman previsiones orientadas a facilitar la organización de la vida familiar, especialmente para las mujeres, que asumen mayoritariamente tareas de cuidado y que, al trabajar desde el hogar, enfrentan una superposición más intensa entre empleo y responsabilidades domésticas.

Asimismo, deja de existir la obligación expresa del empleador de asumir los mayores costos derivados del trabajo en el hogar —como internet o consumo eléctrico— y de garantizar condiciones adecuadas de salud y seguridad. Todo ese andamiaje normativo se elimina sin que otro lo sustituya.

La situación de los trabajadores de plataformas digitales, señala Cremonte, es aún más llamativa. En un momento en que a nivel global se debate cómo proteger a repartidores y conductores que trabajan bajo aplicaciones, la reforma argentina avanza en sentido contrario. En las calles de las ciudades, dice, es visible la precariedad de jóvenes —y cada vez más adultos— que circulan en bicicleta o moto realizando entregas sin cobertura suficiente frente a accidentes o enfermedades.

Mientras organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo discuten la adopción de convenios para garantizar derechos mínimos a estos trabajadores, la nueva normativa local afirma que no son trabajadores en sentido jurídico. Al considerarlos prestadores independientes, los excluye de la aplicación de la legislación laboral y los deja librados a lo que se pacte en contratos individuales con las plataformas.

Para Cremonte, ese supuesto contrato entre partes iguales es una ficción. De un lado se encuentra una empresa multinacional con capacidad de fijar condiciones; del otro, una persona que depende de esa aplicación para generar ingresos. La reforma, sostiene, cristaliza y perpetúa una precariedad que el resto del mundo intenta corregir. "Es un retroceso al siglo XIX", grafica.

El rol del movimiento obrero y el tiempo político
En el plano político-sindical, la mirada del abogado también es crítica. Considera que, ante una ley de este alcance, el movimiento obrero tiene una responsabilidad histórica de hacer todo lo posible para impedir su aprobación. Reconoce que las gestiones para convencer a legisladores son importantes, pero recuerda que la propia Constitución y el Estado de Derecho contemplan otras formas legítimas de intervención ciudadana: la huelga, la manifestación y la protesta.

A su entender, una respuesta que incluyera medidas de fuerza de mayor envergadura sería más eficaz. No se trataría de acciones por fuera del sistema democrático, aclara, sino de herramientas reconocidas por ese mismo sistema. Algunos gremios han convocado paros, pero para Cremonte no alcanza. Espera que, en instancias decisivas, la CGT asuma institucionalmente la convocatoria no solo a movilizaciones, sino también a una huelga general que permita la participación masiva de trabajadores, quienes serían los principales afectados por la reforma.

El tiempo, sin embargo, juega en contra. Si la ley entra plenamente en vigencia, advierte, ejercer esos derechos será mucho más difícil. La ampliación del concepto de servicio esencial abarca, según su lectura, a la mayoría de las actividades económicas. En esos sectores, cualquier huelga deberá garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación habitual, según el caso. En la práctica, sostiene, esa exigencia vuelve ineficaz la medida de fuerza.

En cuanto a las asambleas, la situación no sería mejor. La reforma prevé que solo puedan realizarse con autorización del empleador y que el tiempo destinado a ellas sea descontado del salario. Es decir, reunirse para debatir colectivamente condiciones de trabajo quedaría sujeto al permiso de la propia parte empleadora y tendría un costo económico directo para quienes participen.

En ese marco, Cremonte desliza una advertencia implícita: el momento previo a la entrada en vigor plena de la norma podría ser la última oportunidad para ejercer sin restricciones esos derechos colectivos. Si el nuevo régimen se consolida, la capacidad de organizar huelgas y asambleas —pilares históricos de la acción sindical— quedará severamente limitada.

Mientras analiza el tema, el abogado arma un panorama claro: cada cambio, visto solo, puede parecer algo técnico o menor, pero juntos muestran una transformación grande. Habla de la discrecionalidad salarial, la redefinición del trabajo en plataformas, la eliminación de la ley de teletrabajo y las nuevas restricciones a la huelga. Todo apunta, según él, a lo mismo: los empleadores ganan más poder y los trabajadores se quedan con menos formas de defenderse.

La reforma, insiste, no es solo un cambio normativo: es un giro en la concepción misma del trabajo y de su regulación. Y en ese giro, advierte, se juega el equilibrio democrático en el ámbito donde millones de personas pasan la mayor parte de su vida cotidiana.

¿Un retroceso irreversible?
Al ampliar la mirada hacia América Latina, Matías Cremonte encuentra un patrón que refuerza su advertencia. En la región hubo en las últimas décadas diversas reformas laborales de signo regresivo, impulsadas por gobiernos de orientación neoliberal. Sin embargo, sostiene que ninguna alcanzó el nivel de integralidad y profundidad que, a su juicio, concentra el proyecto argentino. Muchas incluyeron aspectos que hoy reaparecen en esta iniciativa, pero ninguna reunió todos esos elementos en un solo cuerpo normativo.

Más inquietante aún, señala, es lo que ocurrió después. Cuando en algunos países cambiaron los signos políticos y asumieron gobiernos progresistas, revertir esas reformas resultó mucho más difícil de lo que se había imaginado. La experiencia de Brasil es ilustrativa: el gobierno del Partido de los Trabajadores, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, no ha logrado desandar plenamente la reforma laboral de 2017 impulsada durante la presidencia de Michel Temer. En Colombia, el presidente Gustavo Petro intentó modificar décadas de retrocesos en materia laboral y también enfrentó obstáculos decisivos. En Chile, los intentos de Gabriel Boric Font por revisar cambios regresivos tampoco prosperaron como se esperaba.

Para Cremonte, esa secuencia demuestra que no alcanza con confiar en que un eventual cambio de gobierno resolverá el problema. Aun cuando exista voluntad política, la reversión depende de mayorías parlamentarias, de correlaciones de fuerzas sociales y de condiciones económicas que no siempre están dadas. Las reformas regresivas, una vez consolidadas, tienden a arraigarse.

La apuesta judicial y el principio de no regresividad
Desde el punto de vista jurídico, su postura es tajante: si el proyecto se convierte en ley, será inconstitucional "de principio a fin". El argumento central se apoya en el principio de progresividad en materia de derechos sociales. Según explica, el Estado argentino está comprometido, por tratados internacionales con jerarquía constitucional, a avanzar en la ampliación de los derechos económicos y sociales y tiene prohibido el retroceso. Esa cláusula de no regresividad implica que cualquier norma que disminuya la protección existente vulnera compromisos asumidos por el país.

En la medida en que la reforma reduce derechos laborales previamente reconocidos, cada uno de esos retrocesos podría ser cuestionado por inconstitucional. Sin embargo, Cremonte aclara que esa conclusión teórica no implica una anulación automática. El sistema argentino exige que haya casos concretos, demandas judiciales y sentencias que declaren la inconstitucionalidad. El efecto no es general ni inmediato: se construye caso por caso, a lo largo del tiempo.

Por eso advierte que podrían pasar años hasta que se consolide una jurisprudencia suficientemente sólida como para obligar al Poder Legislativo a modificar aspectos de la ley. El camino judicial, aunque posible, es el menos eficaz y el más lento para revertir una reforma de esta magnitud.

Mientras tanto, el trámite parlamentario avanza con velocidad. El Poder Ejecutivo ya remitió el proyecto a la Cámara de Diputados y busca un tratamiento exprés: un plenario de comisiones —Trabajo y Presupuesto— convocado para un miércoles por la tarde, con la intención de emitir dictamen ese mismo día y llevarlo cuanto antes al recinto. Según trascendió, habría invitados para participar de un debate que, sin embargo, estaría acotado a pocas horas.

Para Cremonte, esa estrategia limita de manera evidente la deliberación democrática. Reduce la posibilidad de que los diputados escuchen a organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de los sectores que se verán afectados. El tiempo, en este caso, se convierte en una herramienta política: acelerar el trámite para evitar que crezca la resistencia.

Frente a ese escenario, vuelve a señalar el rol del movimiento obrero. Si el tratamiento se precipita, considera que debería organizarse rápidamente una respuesta que combine movilización, protesta y, eventualmente, huelga. No como un acto de confrontación fuera de las reglas del sistema, sino como el ejercicio de derechos constitucionales expresamente reconocidos.

La presencia de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del Congreso, sostiene, podría enviar un mensaje claro a los legisladores: quienes serán directamente afectados por la ley están atentos y reclaman que no se la sancione. En definitiva, recuerda, esos diputados representan a una ciudadanía que en su mayoría está compuesta por trabajadores. Muchos de ellos, incluso, votaron a fuerzas políticas que ahora apoyan la reforma.

Esa tensión entre representación y decisión parlamentaria es, para Cremonte, uno de los núcleos del debate actual. La reforma no es una cuestión técnica reservada a especialistas, sino una redefinición de derechos que impacta de manera directa en la vida cotidiana de millones de personas. De allí la necesidad, insiste, de que la discusión sea amplia, transparente y con participación social efectiva.

En ese marco, el momento decisivo parece ser el presente. El debate en Diputados, con tiempos comprimidos y mayorías ajustadas, se convierte en la próxima estación de un proceso que comenzó en el Senado tras una jornada maratónica y que ahora avanza a ritmo acelerado. Para Cremonte, lo que está en juego no es solo un paquete de artículos legales, sino la orientación misma del derecho laboral argentino y el tipo de sociedad que ese derecho contribuye a moldear.

El reloj parlamentario y la carrera contra el 1° de marzo
El reloj no para y la reforma ya está en Diputados. Milei tuvo que firmar un decreto para sumar un día extra a las sesiones extraordinarias, porque antes se habían cerrado por error. Ahora, el oficialismo va a toda velocidad para que el proyecto se apruebe antes del 28 de febrero. Hay una razón de fondo: Milei quiere llegar al 1° de marzo, cuando abre el año legislativo frente al Congreso, con algún triunfo bajo el brazo. Quiere poder decir que logró la ley de modernización laboral, aunque muchos todavía dudan que lo consiga.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: Prensa ATE

Otras Señales

Quizás también le interese: