Basta de precarización y multifunción en la TV

El micrófono abierto que da cuenta de las condiciones laborales por detrás de las cámaras

Por: Gabriela Pachi
En los últimos días se hizo viral un video donde, en Canal 26, a partir de un micrófono que quedó abierto, se escucha a un trabajador exaltado insultar, dejándonos a los espectadores la típica escena de “papelón” al aire a lo que nos tiene acostumbrados la televisión en vivo.

Pero ese micrófono abierto, ese “error”, ese “papelón”, dice muchas cosas que vienen sucediendo detrás de las cámaras de forma sistemática en las últimas 2 décadas (al menos): la multifunción y la precarización laboral en la televisión.

En su momento el boom del cable, los noticieros 24hs, el vivo sistemático, móviles y la producción de contenido permanent, marcan una etapa de la televisión que requiere de una enorme mano de obra calificada que las patronales de los grandes multimedios de este país no están dispuestos a pagar.

Es a través de los acuerdos por empresa, que facilita el Sindicato Argentino de Televisión, donde de manera solapada avanza la precarización con la multitarea, la baja salarial y la quita de los descansos, poniendo como excusa el avance de la “tecnología”. Al punto que hoy, los móviles ya son simples reporteros precarizados con celulares y auriculares que transmiten a través de un zoom gratuito.

El sonidista que putea, lo hace porque no solo se ocupa de operar una consola de sonido, sino que también se ha hecho costumbre que musicalicen, pongan y chequeen los micrófonos y hasta les carguen las pilas. Todo esto a cambio de un “plus por multifinción” que en la mayoría de los casos no cubre ni el 10% del salario de otro trabajador que debería estar realizando alguna de esas tareas. En esas condiciones, los errores son cantados.

En mayor o menor medida, dependiendo el medio y su pauta oficial, la supresión completa de puestos de trabajo en la TV, a través de la multitarea, se aplica a todas las áreas técnicas y de producción. A esto hay que sumarle que la caída salarial es una constante desde hace muchos años. La idea de que un trabajador de televisión “gana bien” forma parte de un mito.

A pesar del acuerdo reciente entre el sindicato y cámara patronal, que frena temporalmente la sangría salarial, la realidad cotidiana del laburante de TV no ha cambiado un ápice. Aun tenemos categorías que cobran básicos bajo la línea de pobreza y es una condición casi sine qua non que los laburantes de TV tengamos que tener más de un empleo para poder llegar a fin de mes; trabajando 12hs diarias, utilizando los descansos o compensatorios para las changas y tomando las horas extras que sean necesarias para que el recibo de sueldo no se convierta en una “carilina”.

También hay que decir que el monotributo ha llegado para quedarse y ya son muchas las señales que utilizan este método precarizador para tomar empleados, que cumplen con la misma carga horaria y de trabajo (o incluso mayores) que los que están en planta. En un mismo canal podés encontrar dos tipos de trabajadores: el que está por convenio y el que no, y trabaja cuando el del convenio puede parar, por ejemplo.

La tercerización es moneda corriente en los trabajadores que hacen móviles, y se le suma a esta categoría los trabajadores audiovisuales de las plataformas de streaming, que laburan de forma esporádica para productoras que tercerizan para Amazon, Disney o HBO y demás multinacionales. Este nuevo espectro de trabajadores que quiere abarcar el gremio no tienen siquiera el derecho a una afiliación o el uso de la obra social. ¿Algo más?

La reforma laboral que exigía Tetaz el año pasado, en un programa de TV, es la misma que firmó Pignanelli en Toyota y la que quiso imponer Macri y no se lo permitimos. En la TV, es un hecho que se viene produciendo hace años y los principales responsables son la triada de siempre: gobiernos que ajustan, patrones que embolsan y gremios que tranzan y no luchan.

Frente a esta realidad abramos el micrófono y digamos basta! Los laburantes de TV debemos recuperar los sindicatos y terminar con la decadencia que venimos padeciendo hace años. Vamos por un paro nacional de todos los sindicatos y un plan de lucha de ocupados y desocupados por el salario, el trabajo, contra el hambre y la precarización laboral.
Fuente: La Naranja TV

Vuelven a hablar del relanzamiento de la TDA con mayor variedad y contenido

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), habló con LT14 Radio Nacional Paraná, sobre la Televisión Digital Abierta (TDA) ante las consultas y los reclamos de quienes poseen el servicio y el cual presenta inconvenientes. Si bien la TDA no depende del ENaCom y sí de Jefatura de Gabinete, desde el Ente, se espera un “relanzamiento”, y el objetivo es incorporar más contenido del que ya tiene, con mayor variedad.

López indicó que la TDA se ve, aunque resta “arreglar algunas de las estaciones que a veces, por falta de mantenimiento, que ocurrió con el macrismo, pero que aún no se han reparado, quedan fuera de servicio y el objetivo es tener antes de fin de año todo solucionado”.

El funcionario, mencionó también que se espera un relanzamiento de la TDA, que incluya más contenido y variedad de lo que ya posee y lamentó que no haya una decisión política que se ocupe del tema. “Además, no venimos de la política de Cristina, donde la TDA estaba ahí arriba, sino que venimos de cuatro años de Macri donde se la ocultó y la invisibilizó y no le puso un solo peso para poder mantenerla”, expresó.

La TDA llega al 85 por ciento del territorio argentino, y es para quienes no pueden o no quieren pagar el servicio de televisión. “Antes del Mundial debería haber un relanzamiento y una puesta a punto”, dijo.

Por último, López informó que el viernes habrá un encuentro con autoridades de la TDA para saber si habrá una decisión política de distribución de antenas, ya que hoy adquirirlas tiene un costo de tres mil pesos.

Fuente: LT14

Nueva constitución en Chile: Proponen declarar a las telecomunicaciones de interés público

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric evalúa de manera concreta avanzar con una empresa estatal de telecomunicaciones, tal como lo prometió en su campaña para llegar a la presidencia, con la intención de llegar a las zonas de difícil acceso y no rentables. A partir de un artículo, con la firma de Magdalena Espinosa, publicado por el Diario Financiero, se da cuenta del objetivo de declarar de interés público a las telecomunicaciones. Un régimen patrimonial en infraestructura de telecomunicaciones, que tensiona a los privados, dice el matutino con respecto a esta norma.

La declaración de este sistema como de “interés público” es vista como un factor que complejizará a futuro la distinción en cuanto a quienes son los titulares o dueños, sostienen.

Para expertos, la propuesta de nueva Constitución amplía la presencia del Estado sobre la red desplegada y entrega señales para la creación de empresas regionales.

Borrador y los artículos principales
Artículo 85

◼ 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación.

◼ 2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación.

◼ 3. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber.

◼ 4. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, y en sus dispositivos e infraestructuras.

◼ 5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley.

◼ 6. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen patrimonial.

◼ 7. Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Constitución vigente
La actual Carta Magna no hace referencia a la industria de las telecomunicaciones y ni siquiera se refiere al tema del aprovechamiento de su recurso central, como es el uso del espectro radioeléctrico.

La regulación del sector se concretó a través de la Ley General de Telecomunicaciones que data del 2 de octubre de 1982, normativa donde se estipula el uso del espectro para concesionarias televisoras, radiodifusoras y operadores móviles y fijos.

La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, también están sometidas a otras normas contenidas en la misma ley, además de acuerdos y convenios.

internacionales de telecomunicaciones vigentes en Chile. En total, hay 31 decretos y regulaciones vigentes en la industria que son el marco de temas como la portabilidad numérica, las condiciones de funcionamiento bajo emergencia y la infraestructura neutra.

Esta última data de 2014 y tiene como objetivo promover la compartición de antenas en el sector. La puesta en marcha de esta regulación hizo crecer a grandes empresas como American Tower o Torres Unidas y, en los últimos años permitió la creación de filiales mayoristas de otras compañías como Movistar Chile y Mundo.

El fortalecimiento del rol del Estado y sus efectos en la competencia e inversiones
Dentro de su obligación de asegurar acceso libre, equitativo y descentralizado, la activa función asignada al sector público en telecomunicaciones es vista con atención por la industria, al igual que las implicancias de los futuros cambios legales sobre el espectro. Para otros, el marco propuesto establece las garantías necesarias para superar las brechas de conectividad.

En los últimos 30 años el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile ha ido de la mano de las grandes empresas que, a través de concesiones, se comprometen a cubrir el territorio nacional.

En este escenario, en el período comprendido entre 2015 y 2022 se generó un verdadero salto en materia de cobertura a través del modelo de contraprestaciones. Este corresponde al establecimiento de obligaciones a los operadores privados de instalar internet rural por el hecho de haber obtenido cuotas de espectro en los concursos de bandas radioeléctricas.

En relación a los cambios para la industria que introduce el borrador de la nueva Constitución, la consultora Asociada Domo Legal y exasesora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Verónica Bustos, señaló que el inciso 6 del artículo 85 fue el generó “más nervios” entre las compañías del sector. Esto, debido a que esa disposición declara a la infraestructura de telecomunicaciones como de "interés público", independientemente de su régimen patrimonial.

"Una de las premisas de este texto constitucional es autorizar a las organizaciones regionales a ejercer actividades económicas independientes del mercado. Ahora el Estado es empresario y en telecomunicaciones nunca se ha tenido una injerencia mayor”, indicó la experta.

A su juicio, el hecho de definir que la naturaleza jurídica de la infraestructura de telecomunicaciones como de "interés público" implica un problema en términos de que complejiza la distinción de su titular o dueño.

Sin embargo, la abogada fue enfática en que este inciso no necesariamente abre la puerta a una expropiación, pero sí advierte que aumenta la presencia de manera importante del gobierno sobre la industria.

"En el caso del espectro radioeléctrico, toda su aplicación quedará finalmente regulada en la ley que deba dictarse para tal efecto, de ahí radica la incertidumbre que ello implica para el mercado", agregó la abogada, dado que el marco propuesto en el borrador podría modificar de manera importante la Ley General de Telecomunicaciones.

Efectos sobre la industria
El director ejecutivo de Consultores G&A, Daniel Gurovich, comentó que la industria chilena es una de las más competitivas en el mundo, con cuatro operadores fuertes en el segmento móvil y más de seis en banda ancha.

“El borrador constitucional desincentiva las inversiones privadas desde la mirada competitiva, porque da señales sobre la proliferación de creación de empresas públicas en regiones, las cuales serán reguladas posteriormente en leyes. El problema en concreto es general cuando estas mismas empresas tienen ventajas de despliegue”, explicó Gurovich.

El profesional -que asesora a grandes compañías de la industriaafirmó que dada la madurez del mercado es impracticable crear empresas públicas para cubrir las necesidades de zonas lejanas, porque no son rentables e irán a pérdida.

A su juicio, un camino más adecuado sería generar un mecanismo de subsidios a la demanda, o bien formar alianzas entre los dos sectores para poder continuar con la disminución de la brecha digital.

Condiciones para disminuir la brecha
En el lado opuesto, Pedro Huichalaf -académico de la Universidad Mayor y exsubsecretario de Telecomunicaciones durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet-, explicó que los criterios abordados en la propuesta de nueva Constitución no deberían ser un desincentivo para la competencia.

A su juicio, era necesario establecer como garantía la conectividad para eliminar la brecha digital en Chile.

“La Constitución establece un derecho, como la luz o el agua, y después vía leyes se baja el mecanismo para cumplir. El antiguo documento no decía nada y yo siempre fui de la idea que tenía que estar plasmado de alguna manera. En el caso de países como México y Perú, eso está escrito y representa una gran ventaja para efectos de combatir la desigualdad”, detalló Huichalaf.

A juicio del exsubsecretario de Telecomunicaciones, el único punto controversial -pero que finalmente fue eliminado por el Pleno de la Convención Constituyente en última instancia-, fue cuando el curso de la elaboración de las propuestas se estructuró un artículo que establecía al espectro radioeléctrico como un “bien común”.

“Esta categoría jurídica no existe en la ley y eso es un problema porque desnaturaliza la forma que se utiliza el espectro”, indicó al respecto Huichalaf.

Brasil: Identifican el cuerpo del indigenista desaparecido Bruno Pereira

La gente asiste a una protesta en busca de justicia para el periodista Dom Philips y los expertos indígenas Bruno Pereira y Maxciel Pereira dos Santos, que fueron asesinados en el Amazonas, en Sao Paulo, Brasil el 18 de junio de 2022

Por: Andrés Granadillo

El Instituto Nacional de Criminalística de Brasil confirmó que el otro cuerpo hallado junto al del periodista británico Dom Phillips correspondía al del indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira. La identificación se lleva a cabo al mismo tiempo que un tercer sospechoso se entregó a las autoridades del país.

La policía brasileña confirmó que los restos hallados corresponden a los del indigenista Bruno Araújo Pereira. Las autoridades afirmaron que la muerte fue provocada por arma de fuego.

El periodista Dom Phillips, de 57 años, y Araújo Pereira, de 41, estuvieron desaparecidos desde el 5 de junio, lo que ocasionó protestas internacionales. Bruno Pereira era el guía del periodista en la Amazonía. La identificación de los cuerpos fue realizada por especialistas del Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal en Brasilia, que hicieron el examen de arcada dental.

Este viernes ya habían revelado que uno de los cadáveres correspondía al periodista británico, que trabajaba como colaborador para el periódico inglés The Guardian y también escribía de forma independiente para el estadounidense Washington Post. Además investigaba para hacer un libro sobre el viaje con Pereira, un ex jefe de tribus aisladas que recientemente había sido contactado por la agencia federal de asuntos indígenas Funai.

La Policía Federal comunicó que tras el examen forense fue posible establecer que el indigenista fue asesinado con un “arma de fuego con munición típica de caza, con múltiples balines, que provocaron lesiones en las regiones tórax/abdomen (donde recibió dos tiros) y cara/cráneo (un tiro)". El periodista murió tras recibir un disparo en el tórax con “un arma de fuego con munición típica de caza, con múltiples balines, que provocaron lesiones principalmente en las regiones abdominal y torácica (un tiro)".

La dificultad que se presentó para poder identificar los cuerpos fue debido a que las dos víctimas recibieron impactos de bala y fueron descuartizadas, para posteriormente ser incineradas y ocultadas en medio de la selva.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados 10 días después de que fuera reportada su desaparición, cuando uno de los sospechosos llevó a la policía a un lugar cercano a la ciudad de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas occidental.

Un tercer sospechoso bajo custodia

Jefferson da Silva Lima, tercer sospechoso del asesinato del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira, es escoltado mientras llega a una audiencia en Atalaia do Norte, estado de Amazonas, Brasil, el 18 de junio de 2022.

La confirmación de la identidad llegó tras la detención del tercer sospechoso de los asesinatos, Jefferson da Silva Lima, también conocido como "Pelado da Dinha", que se entregó en una comisaría de Atalaia do Norte, en el remoto valle de Javari, fronterizo con Perú y Colombia.

Da Silva es sospechoso de haber actuado junto a los hermanos Oseney y Amarildo da Costa Oliveira, este último el confeso asesino de Phillips y Pereira. La policía dijo en un comunicado que Jefferson "será interrogado y remitido a una audiencia de custodia".

Según el comisario Alex Pérez Timoteo, las pruebas y los testimonios recogidos hasta el momento indicaban que el sospechoso "estaba en la escena del crimen y participó activamente en el doble homicidio ocurrido."

La Policía Federal había dicho el viernes que los asesinos actuaron solos “sin que hubiera un autor intelectual o una organización criminal detrás del crimen". Esta afirmación la niega el grupo indígena local Univaja, quienes aseguran que informaron en repetidas ocasiones a las autoridades sobre una organización criminal que opera en el valle de Javari, una región en el Amazonas que ha atraído a contrabandistas de cocaína, así como a cazadores y pescadores ilegales.

Los activistas también han culpado de los asesinatos al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por permitir la explotación comercial de la Amazonía sin importarle el medio ambiente y el orden público.

En respuesta a las acusaciones, Bolsonaro trató de culpar a las víctimas por emprender un viaje "imprudente" en una zona en la que Phillips era "desagradable".
Fotos: Carla Carniel - Reuters
Fuente: France 24

Ver también: Desaparición de un periodista y un experto en Brasil debe alentar a proseguir su trabajo

Oficial: El presidente de Triunfo Seguros es nuevo accionista de La Capital

El pasado viernes mdzol editó: "Luis Pierrini adquirió una porción accionaria del diario La Capital de Rosario y se desconoce si también la totalidad de los restantes medios que conforman el grupo" y completó "Lleva un tiempo ya participando como accionista en un antiguo diario del país y en otros medios que forman parte de un conglomerado de comunicación del litoral argentino". 

El empresario mendocino: "Adquirió una porción accionaria del diario La Capital de Rosario y se desconoce si también la totalidad de los restantes medios que conforman el grupo. Sólo ha mencionado expresamente como también adquirida a Metrópolis, la empresa de comunicación en la vía pública del holding mediático", publicó el sitio mendocino.

El flamante accionista: "se integra como accionista de una porción a estos medios que fueran propiedad mayoritaria y liderados por Daniel Vila hasta marzo del 2019, fecha en la que vendió una porción de alrededor del 60% del capital societario a una sociedad múltiple conformada por Gustavo Scaglione, propietario a su vez del tradicional canal 3 de Rosario y varias emisoras radiales, también por Nahuel Caputo de la familia socia del diario El Litoral de Santa Fe, del grupo Oroño de medicina de la familia Villavicencio y finalmente de Federico Pucciarello ligado a la industria del biodiesel. Continuó como accionista, junto a todos los recién mencionados, Orlando Vignatti, veterano hombre rosarino de medios", sigue diciendo mdzol.

El medio señaló que hasta el momento: "Se desconoce el porcentaje de su compra e incluso si Manzano continúa o no en dichos medios, aunque variadas fuentes confiables aseveran de una fluida relación entre ambos, vinculada a la nueva adquisición del hombre fuerte en el mundo de los seguros".

En la columna dominical que Mariano Galindez tiene en Rosario3, propiedad de Gustavo Scaglione, el periodista económico mencionó al nuevo socio de La Capital: En las últimas horas trascendió a la luz pública que el empresario mendocino Luis Pierrini adquirió una porción accionaria del Multimedios La Capital. ¿Cómo fue su ingreso? La situación es la siguiente: la operación de compra de la mayoría accionaria del multimedio rosarino al grupo Vila en 2019 tenía contratada un seguro de caución con Triunfo Seguros. Como uno de los participantes minoritarios del grupo comprador nunca abonó su parte comprometida, la aseguradora tenía que hacerse cargo de esas acciones no abonadas. Finalmente, no se ejecutó la caución, sino que el dueño de la aseguradora, que es Pierrini, terminó aportando el dinero y quedándose con las acciones. Pero no por la totalidad que el comprador original no pagó. Es que el empresario Gustavo Scaglione, titular de la mayoría accionaria, aprovechó para comprar más acciones y agrandar así su participación en el Multimedio. ¿Y por qué Pierrini tomó la decisión de invertir a nombre propio. Es que luego de hacer crecer activamente la empresa familiar originaria, se está dedicando a diversificar su actividad incursionando en negocios vinculados al agro, las finanzas y el mundo del arte".

Visibilizar, proponer y construir el pluralismo informativo

La Coalición por una Comunicación Democrática convoca a un plenario nacional presencial a realizarse en Buenos Aires el próximo sábado 2 de julio, de 14 a 19 horas. La iniciativa sumará la participación de los colectivos históricos y de las nuevas organizaciones de la comunicación popular en el marco de la convergencia de voces y soportes que caracterizan hoy el ecosistema mediático y digital.

La convocatoria revaloriza la vigencia de la CCD como espacio colectivo para la construcción de propuestas que recuperen y actualicen las banderas del federalismo, el acceso universal a Internet, la promoción de los bienes informativos y culturales nacionales, así como la sostenibilidad de los medios Pymes, cooperativos y comunitarios, entre otros ejes señalados en el encuentro preparatorio del 27 de mayo. 

La concentración de los medios y los discursos, la convergencia empresarial sobre las plataformas por las que transcurre parte del debate público, el blindaje judicial a corporaciones oligopólicas del sector o el desconocimiento gremial a las organizaciones de los trabajadores de la comunicación, lesionan derechos constitucionales y amenazan uno de los pilares fundamentales de la democracia. 

Una vez más, es necesario reclamar que se escuchen todas las voces.  El encuentro tendrá como objetivo potenciar un Plan de Acción y un documento destinado a darle visibilidad política a las luchas y propuestas que las distintas organizaciones vienen realizando a nivel nacional en sus respectivos espacios y territorios para defender el derecho a la comunicación y al trabajo digno.

El encuentro funcionará con debate en comisiones en torno a un Plan de Acción Federal, que organice las propuestas y defina tareas, así como un Documento de situación que caracterice el escenario sectorial y proponga las consignas y políticas públicas necesarias para avanzar hacia el pluralismo informativo y la soberanía comunicacional. 

Para solicitar más información o coordinar el traslado al Plenario favor enviar su mensaje al siguiente correo electrónico: info.plenarioCCD@gmail.com

Inscripción: https://forms.gle/SdCYzo3HRuCoUEFp7

Uruguay: El gobierno comenzó el desmantelamiento de la empresa pública de comunicaciones Antel

En una decisión que desató críticas, el gobierno rompió el monopolio de Antel en internet y habilitó a los cables a dar el servicio

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el ministro de Industria, Omar Paganini, autorizaron a cinco compañías cableoperadoras a poder ofrecer el servicio de transmisión de datos (Internet). Servicio ─ya sea por cable o fibra óptica─ que hasta ahora era exclusivo de Antel. Fue un proceso largo. Dado que la Ley Audiovisual ─aprobada en 2014─ en su artículo 56 declaraba incompatible la prestación de servicios de comunicación audiovisual con la prestación de servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos.

Se revirtió lo dispuesto en la ley Audiovisual de 2014, que el gobierno buscará derogar en la Rendición de Cuentas; el director del FA en Antel dijo que "se rompe una política de Estado histórica", y Carolina Cosse que es "antipatriótico"

El martes el presidente Luis Lacalle Pou firmó varias resoluciones enmarcadas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para autorizar que cinco empresas de cable brinden servicios de internet. Así las cosas, Antel pierde el monopolio de la prestación de la transmisión de datos, vigente desde sus inicios por entenderse este servicio como una continuación de su monopolio en telefonía fija. Las empresas beneficiadas son tres de Montevideo: Monte Cable (Monte Cablevideo SA), TCC (Tractoral SA) y Nuevo Siglo (Riselco SA), ligadas a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, respectivamente; y dos del interior: Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, aprobada en 2014 y que el gobierno actual buscó reformar –aún no obtuvo los votos en el Parlamento–, prohíbe en su artículo 56 que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual puedan prestar al mismo tiempo "servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos". Sin embargo, este artículo fue impugnado por varias empresas de cable y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) lo declaró inconstitucional. Hasta 2018, la SCJ tenía una integración no favorable al reclamo empresarial, pero tras el cambio de ministros varió la postura.

Las cinco resoluciones –una por cada empresa– del Ejecutivo consignan las declaraciones de inconstitucionalidad de la SCJ y señalan que los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y de la Asesoría Técnica de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual agregados al expediente "dictaminan que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma para conceder la licencia solicitada".

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones del MIEM, dijo a la diaria que había varias acciones de inconstitucionalidad que habían "heredado" del gobierno anterior. Explicó que todavía "no se había tomado la decisión política" para autorizar las licencias a los cables, "a pesar" de que lo dispuesto por la SCJ "tenía efecto directo sobre ellas", porque el Poder Ejecutivo quería "subsanar" el tema con la nueva ley de medios y hacerlo "en forma rápida". Desde mediados de 2020 el gobierno ha insistido con aprobar esta normativa, a estudio de la Comisión del Industria de Diputados, pero no ha tenido apoyo ante reparos de los colorados y especialmente de Cabildo Abierto.

El jerarca reconoció que a raíz de ese parate legislativo por diferencias dentro de la coalición, y a los efectos de evitar "posteriores reclamos, porque hay cableoperadores que volvieron a iniciar acciones de inconstitucionalidad y van a seguir cayendo", decidieron brindar las licencias mediante las resoluciones. Dijo que esta fue una primera instancia y que se irán autorizando licencias a medida que se añadan más sentencias de inconstitucionalidad, las empresas propongan el plan de negocios ante la Ursec y el informe de ese organismo sea favorable.

Acosta y Lara sostuvo que esto para Antel significa "mucho más negocio", porque "la última milla de fibra [óptica] la harían los cableoperadores y pueden hacerlo con su red o mediante un acuerdo con Antel, que muchos ya lo tienen". Es decir, si hay un acuerdo entre los cables y Antel, estos pueden usar la infraestructura de la empresa estatal para dar el servicio de internet; si no es así, tienen la opción de invertir ellos mismos para generar la red. Una opción extra es que los cables se asocien con otras empresas privadas interesadas en dar el servicio de internet, como Movistar y Claro.

"La prohibición de que los cableoperadores puedan dar internet solamente la tienen Uruguay y Cuba. En el resto de los países del mundo, por el mismo cable se da internet y entretenimiento. Eso es parte de las consecuencias de la gestión de [Carolina] Cosse", aseguró.

A su vez, Cabildo Abierto viene insistiendo con que se modifique el artículo 56 de la ley de medios, justamente para que los cableoperadores puedan brindar internet. La iniciativa es impulsada por el representante de CA Sebastián Cal y busca que se integre en la próxima Rendición de Cuentas. El diputado dijo a la diaria que espera que la coalición "entienda oportuna" la propuesta que hizo, ya sea mediante el proyecto de ley que presentó hace pocos días o "en la Rendición de Cuentas", porque "cualquier opción" le sirve a CA: "Pero hay que habilitar de una vez por todas a los cables del interior con este tema, que no admite mayor demora".

El Poder Ejecutivo tiene planes más amplios. Acosta y Lara señaló que pretende derogar "toda" la ley de medios en la próxima Rendición de Cuentas y, si se llega a los acuerdos, luego promulgar una nueva norma de servicios audiovisuales. Dijo que el gobierno está trabajando en ese proyecto de derogación, que tendría "tres o cuatro artículos", porque tampoco quieren dejar "un vacío legal". "Pero va a depender de las negociaciones que está realizando en Presidencia [el secretario] Álvaro Delgado, que en estos días se está juntando con CA, a los efectos de ver si nos ponemos de acuerdo o no", indicó.

"Se rompe una política de Estado histórica"
"Esto da una sensación muy mala, porque privatizan el internet y rompen con una política de Estado histórica de Uruguay. Desprotegen totalmente la inversión realizada por todo el pueblo uruguayo", dijo a la diaria Daniel Larrosa, director de Antel en representación del Frente Amplio (FA). Sostuvo que es "una barbaridad" lo que hizo el Ejecutivo, "sin ningún justificativo", porque "a nivel mundial, tanto en calidad como en cobertura y precio no hay equivalencia: estamos primeros o segundos en casi todos los rankings" en materia de provisión de internet.

Sobre el ejemplo que dio Acosta y Lara, señalando que sólo Cuba y Uruguay no dejan que empresas de cable brinden internet, el jerarca del FA señaló que es "no decir nada", ya que "acá hay un modelo, que lo acaban de romper, donde el Estado hace 100 años que realiza los servicios públicos más esenciales, que se han protegido en todos los gobiernos y mediante plebiscito", y ahora "lo rompen con una resolución de Presidencia".

Larrosa sostuvo que el argumento de la "inconstitucionalidad" para brindar las licencias es "mentira", porque en otros casos el artículo 56 fue señalado "constitucional". Añadió: "La inconstitucionalidad, según la SCJ, era un tema de forma. Eso [el artículo 56] está puesto para que no haya concentración de medios. Ahora, en vez de libertad, va a haber una concentración económica enorme, de cables, televisión abierta, radios, telecomunicaciones móviles y telecomunicaciones fijas".

El director de Antel sostuvo que el monopolio deriva de la propia ley que creó la empresa estatal en 1974, y si bien "algunos lo discuten", se trata de "un monopolio que había de hecho, porque es el que tiene el 99% de la fibra óptica". "Es de hecho, y nosotros entendemos que también de derecho, porque la transmisión de datos es la continuidad histórica de la telefonía fija. Pero con esto el monopolio de hecho lo destruyen, porque dejan ingresar a otros. Hasta ahora nadie podía hacer esa transmisión de datos fijos. Se les había dado a algunos pero no que a su vez tuvieran canales de cable, canales de aire y telefonía móvil", sostuvo.

En agregado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, expresidenta de Antel, dijo al programa Paren todo, de El Espectador: "Estamos siendo testigos del vaciamiento de Antel". Subrayó que la empresa invirtió "durante toda su existencia, pero en particular en la última década, fuertemente en una infraestructura del primer mundo de las telecomunicaciones". Así, señaló: "Antel es la que hizo posible el [Plan] Ceibal, la que nos sacó las castañas del fuego durante la pandemia y la que instaló la infraestructura para los trabajos del futuro. Y esta es una medida de legalidad cuestionable". "Fomentemos la cultura, la industria nacional. Se pueden hacer muchas cosas, pero no atacar la empresa del futuro", argumentó.

Además, Cosse también subrayó que "sigue en pie la ley de creación de Antel, que establece "la exclusividad de las telecomunicaciones" para la empresa estatal "a través de los medios físicos". Por último, dijo que la medida del gobierno es "de dudosa legalidad y es antipatriótica", dijo Cosse, para quien están "tocando la joya de la corona del Uruguay que es Antel".

"Me parece un grave error socavar la infraestructura de Antel, socavar la inversión, socavar su futuro", expresó la intendenta, y sostuvo que fue la empresa pública la que se encargó de invertir tiempo y trabajo para traer fibra óptica al país, lo cual "llevo años".

Un regalo a los canales privados
Este jueves MVD Noticias informó que el Tribunal de Cuentas analiza la legalidad del contrato entre los canales 4, 10 y 12 "para que los privados vendan su señal para Vera TV,  la plataforma de streaming y televisión por internet de Antel, a un costo de 1,2 millones de dólares por señal por año". Larrosa, director de Antel, dijo a la diaria que votó en contra de esta resolución, ya que "es un negocio muy negativo" para Antel. Espera que esto ahora "no prospere", porque a la luz de las resoluciones del Poder Ejecutivo, los tres canales privados "son los grandes competidores de Antel".

"Los contenidos que nos vendieron son los que no compiten con el cable, porque son para pantalla chica de celular. Entonces, ¿quién mira un informativo en la pantalla chica del celular? Además, es gratis en la televisión y lo tenés en el cable. No hay mercado para eso. Es darles un regalo [a los canales]", finalizó.
Fuente: La Diaria, Bloomberg, El Observador, Señales

Desaparición de un periodista y un experto en Brasil debe alentar a proseguir su trabajo

La Policía federal de Brasil asegura haber encontrado lo que cree son los restos del periodista británico Dom Phillips y del historiador indigenista Bruno Pereira. El hallazgo acapara la atención internacional pues una serie de manifestaciones han tomado lugar antes de que las autoridades capturaran a los sospechosos de las desapariciones. Los presuntos implicados confesaron a oficiales el asesinato, además uno de ellos se desplazaría hasta el lugar donde los habrían enterrado en medio de la selva amazónica. El ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres confirmó el hallazgo "acabo de ser informado por la Policía Federal de que se encontraron restos humanos en el sitio donde se estaban realizando las excavaciones. Se someterán a un examen forense"

Los aparentes asesinatos de un periodista británico y un experto indigenista brasileño en la Amazonia son "monstruosos", pero deberían alentar, y no disuadir, a los medios de comunicación a proseguir su trabajo sobre los crímenes medioambientales, exhortó el jueves un colega.

Diez días después de la desaparición del periodista Dom Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y del brasileño Bruno Pereira, un sospechoso admitió haber enterrado sus cuerpos y se encontraron "restos humanos" en el lugar de la búsqueda.

"Esta es una historia de terror que dejará helado a cualquiera que sea periodista, a cualquiera que se preocupe por la Amazonía, por los pueblos indígenas, por nuestros sistemas globales de apoyo a la vida", dijo a la AFP Jonathan Watts, responsable de Medio Ambiente en The Guardian, en parte basado en Brasil.

"Pero espero que inspire, en lugar de disuadir, a editores y periodistas, para que se preste aún más atención a los temas que a Dom le interesan", agregó.

"Realmente espero que el trabajo que Dom inició pueda continuar y ampliarse. Para mí, esa sería la única manera de que algo bueno pudiera salir de algo tan monstruoso", subrayó.

Phillips, de 57 años, estaba trabajando en un libro sobre el desarrollo sostenible en la Amazonía. Pereira, de 41 años, trabajaba como su guía.

Venditti acusó al presidente de ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, de dar "licencia política y moral para realizar actividades depredadoras en las tierras indígenas y sus alrededores".

"El mayor homenaje que podemos rendir ahora a Bruno y Dom es continuar su trabajo vital hasta que todos los pueblos de Brasil y sus selvas estén plenamente protegidos", añadió el responsable de Greenpeace.

Los detenidos confiesan el asesinato del periodista y del indigenista desaparecidos en la Amazonía brasileña
Las autoridades dan el caso como parcialmente resuelto

Los dos detenidos por la desaparición en la Amazonía del periodista británico y el indigenista brasileño han confesado haberlos asesinado, según informa la prensa de Brasil, que cita fuentes oficiales. Tras esta confesión y el hallazgo de unos restos humanos, la Policía carioca ha dado el caso como parcialmente resuelto.

Los sospechosos habrían reconocido ser los autores del crimen en interrogatorios separados. Se trata de dos hermanos, Amarildo da Costa Oliveira, conocido como "Pelado", y Oseney da Costa de Oliveira, conocido como "Dos Santos", que fueron detenidos la semana pasada y este martes, respectivamente. Según habrían dicho, mataron al reportero británico Dom Phillips y al experto en la Amazonía Bruno Araújo Pereira hace 11 días.

De acuerdo a la información que publican medios como las redes de televisión Bandeirantes y Globonews, los detenidos cometieron el asesinato después de que Araújo los sorprendiera mientras practicaban pesca ilegal en áreas prohibidas por ser de reservas indígenas. Tras retenerlos, llevaron al periodista y al indigenista a un lugar aislado de un río donde los mataron, los descuartizaron y quemaron y enterraron los restos.

Tras la declaración de los hermanos, la Policía brasileña localizó restos humanos en el lugar señalado por los presos. Con ello y la confesión, las autoridades han dado el caso por parcialmente cerrado, a pesar de que, como ha reconocido el cuerpo policial, todavía no se ha confirmado que los restos hallados sean de los desaparecidos.

"Si los análisis comprueban que son de los desaparecidos, informaremos en primer lugar a las familias. Y si se comprueba que (los detenidos) practicaron ese crimen bárbaro, trabajaremos para presentar pruebas seguras que permitan que sean condenados. Hubo un crimen y ahora vamos a identificar a todos los autores, las circunstancias y la motivación", ha declarado al respecto el superintendente de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.

Phillips, colaborador del diario The Guardian, y Araújo desaparecieron el 5 de junio mientras navegaban por un río en el Valle do Javari, una región selvática próxima a las fronteras de Brasil con Perú y Colombia. Se habían desplazado hasta allí para recoger material para el libro en que el periodista trabajaba sobre las amenazas que sufren los pueblos indígenas en la región.

Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región y conoce a profundidad la zona, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros y pescadores ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en la zona. Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y ha colaborado con diversos medios internacionales, como el Financial Times, New York Times y el Washington Post, entre otros.

Las desapariciones han generado una enorme ola de preocupación entre movimientos ecologistas y hasta en algunos organismos internacionales, como el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha urgido al Gobierno brasileño a reforzar las búsquedas. Este miércoles, también manifestó su "profunda preocupación" el primer ministro británico, Boris Johnson, quien hasta ofreció ayuda a Brasil para resolver el caso.

Fotos: Raphael Alves / EFE

Fuente: Agencias EFE y AFP