El periodista de investigación estadounidense, acusado del “delito penal” de publicar información hackeada sobre el ministro de Justicia de Bolsonaro. The Intercept destapó la colusión ilegal entre el súper juez Sergio Moro y los fiscales de la investigación anti corrupción
Por: Andy Robinson
La campaña de lawfare -o judicialización de la política- que logró el encarcelamiento del ex presidente brasileño Lula da Silva antes de las elecciones presidenciales, ya apunta al periodismo.
Glenn Greenwald, fundador del medio de investigación estadounidense The Intercept , fue acusado ayer por un fiscal del estado brasileño de ser cómplice en la intercepción ilegal de conversaciones privadas y de asociación criminal, delitos que pueden ser castigados con penas de encarcelamiento.
La acusación se refiere a la publicación de información -de elevada importancia para la salud de la democracia brasileña- recopilada a partir de miles de mensajes y conversaciones telefónicas mantenidas por los fiscales y jueces de la criticada investigación lava jato (lava coches).
A partir de esta información publicada en The Intercept a lo largo de los últimos meses se ha podido comprobar la existencia de una estrategia coordinada ilegalmente entre jueces y fiscales y motivado políticamente con el fin de criminalizar a Lula y al Partido de los Trabajadores.
Las filtraciones fueron obtenidas por un hacker que, en colaboración con los otros acusados, logró burlar el sistema de encriptaciones de los integrantes de la operación judicial contra Lula, encabezada por el juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro.
Greenwald vive desde hace más de diez años en Río de Janeiro
El fiscal del Ministerio Público -estrecho aliado de Moro- sostiene en un informe judicial publicado el martes que “la participación auxiliar (de Greenwald) en el delito, buscaba convertir la idea de protección de una fuente periodística en la inmunidad para la orientación criminal (..) de forma libre, consciente y voluntaria (Greenwald ) auxilió , incentivó y orientó al grupo criminal”.
Greenwald, que vive desde hace mas de diez años en Río de Janeiro con su marido y dos hijos, respondió que la denuncia es “un ataque contra la libertad de la prensa”. El fiscal “esta abusando de su poder para atacar a sus enemigos políticos”, dijo. Brasil se considera el país líder en una nueva estrategia de la nueva derecha latinoamericana -presente ya en Bolivia, Ecuador y otros países- que utiliza el poder judicial para criminalizar a sus rivales políticos.
La inclusión de Greenwald en los siete investigados provocó indignación en casi todos los gremios de periodistas y abogados independientes.
“Es una escalada peligrosa en el aumento del autoritarismo además de consagrar el uso político del proceso penal y la fragilidad de nuestra democracia”, declaro en un comunicado el grupo Prerrogativas, que reúne los principales abogados penales brasileños.
La Asociación brasileña de prensa calificó la denuncia ayer como “inepta (...) un atentado al constitución brasileña”.
The Intercept calificó la denuncia contra Greenwald como una “agresión contra la libertad de prensa”. Es “un ejemplo de las arbitrariedades y los métodos autoritarios que se vuelven praxis en las acciones de la fiscalía publica”. “La denuncia esta hecha por un fiscal amigo de Sergio Moro”, afirmo Marianna Araujo, responsable de comunicación de The Intercept.
Efectivamente, el fiscal Wellington Divino Marques de Oliveira, no ha escondido su deseo de respaldar a Moro. Abrió una investigación contra el presidente de la asociación de abogados brasileños Felipe Santa Cruz hace unos meses por una supuesta calumnia contra Moro.
Santa Cruz había acusado a Moro en un tuit de “aniquilar la independencia de la policía ” por su intento de prohibir la publicación de los datos , y de ser el “jefe de la cuadrilla” de fiscales de lava jato. Marques de Oliveira consideró que esta frase constituía un delito de calumnia contra Moro.
Greenwald, conocido por su colaboración con el whistleblower Edward Snowden en la denuncia del estado big brother en EEUU , ha logrado romper un muro de desinformación en Brasil entorno a la investigación lava jato. Gracias a su credibilidad internacional, es un adversario peligroso para Bolsonaro y Moro. De ahí, tal vez, la agresión personal del presidente brasileño contra el periodista. “Este tipo no debería estar en Brasil” , dijo ayer.
Las aspiraciones de Moro de ser el próximo presidente brasileño han sido fuertemente dañadas por la información publicada en The Intercept que ha perjudicado su imagen antes impecable en el exterior.
Bolsonaro ya amenazó a Greenwald en julio poco después de la primera entrega de la larga serie de artículos en The Intercept, : “Tal vez pegue una cana a aquí en Brasil”, una farsa coloquial que significa ir a la cárcel.
La información obtenida por Greenwald y The Intercept es de obvio interés público
Las acusaciones contra Greenwald hacen temer por medios como Folha de sao Paulo que han colaborado en la publicación de las conversaciones hackeadas. Folha ya ha sido objeto de ataques verbales de Bolsonaro que mandó que el diario mas importante de Brasil fuese retirado de las instituciones del estado federal brasileño
Pero muchas instituciones brasileñas se enfrentarán al intento de criminalizar a Greenwald . Tras recibir una medida cautelar del Tribunal Supremo , la policía federal decidió no investigar al periodista. “No es posible identificar la participación moral y material del periodista Glenn Greenwald en los delitos investigados”, afirmó la policía entonces.. Pese a ello el fiscal ha denunciado al periodista estadounidense
Entre muchas otras cosas, la información publicada por el medio de Greenwald demuestra que existía colusión ilegal entre los fiscales y el juez Sergio Moro, responsable de sentenciar a Lula.
La información obtenida por Greenwald y The Intercept es de obvio interés público: pruebas de una relación endogámica entre los fiscales y el juez Moro así como la motivación política de la investigación lava jato.
En una de las conversaciones por correo electrónico entre el juez y Dallagnol, el juez Moro, ahora ministro de Justicia, pregunta: “¿Qué te parecen estas afirmaciones locas del PT ¿Las desmentimos?”, usando la primera persona plural como si el juez y el fiscal fueran integrantes del mismo equipo.
En otra conversación hackeada y publicada por The Intercept , una fiscal del estado particpante en la investigación lava jato se muestra consternada por la evolución de la campaña de las elección presidenciales del 2018. “Ando muy preocupado por una posible vuelta del PT pero he rezado mucho para que Dios ilumine a nuestra población y que un milagro nos salve”. El destinatario del mensaje es el fiscal evangélico Delatan Dallagnol estrecho colaborador de Moro
Al final Bolsonaro se impuso con la ayuda de una polémica filtración de información judicial realizada por el mismísimo juez Moro que publicó, días antes de los comicios, testimonio de un ex ministro de Lula acusando sin pruebas, y a cambio de una reducción de su propia sentencia por cobrar sobornos, al ex presidente de corrupción.
Glenn Greenwald dice que el intento de intimidación en Brasil no lo detendrá
Por: Carlos A. Moreno
El periodista estadounidense Glenn Greenwald dijo este jueves que la denuncia que le hizo la Fiscalía brasileña por divulgar conversaciones comprometedoras de autoridades no pasa de un intento para intimidar a la prensa, y que seguirá publicando los reportajes con que viene sacudiendo a Brasil.
"Estamos trabajando ahora con más revelaciones y seguiremos publicando todos los reportajes que veníamos preparando. Obviamente no vamos a parar por ese intento de intimidación. Vamos a seguir nuestro trabajo periodístico hasta el fin", afirmó Greenwald en una entrevista a Efe en Río de Janeiro, en donde reside con su pareja, el diputado izquierdista brasileño David Miranda.
El periodista, a quien el exanalista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en 2013, es el editor del portal The Intercept Brasil, que desde 2018 viene divulgando comprometedoras conversaciones entre los fiscales responsables por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.
Las conversaciones, interceptadas por piratas informáticos brasileños en los servidores de la aplicación Telegram, pusieron en duda la imparcialidad del actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, cuando ejercía como principal juez de la Lava Jato, en especial en los procesos que concluyeron con la condenación y el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Esa denuncia es un intento obvio de atacar la prensa libre en represalia por las revelaciones que relatamos sobre el ministro Moro y el Gobierno (del presidente Jair) Bolsonaro", aseguró.
Pese a que la Policía Federal no presentó cargos en su contra y a que una sentencia de la Corte Suprema prohibía que se le investigara por el ejercicio de su profesión, la Fiscalía incluyó su nombre entre los siete denunciados el pasado martes por interceptación telemática ilegal y asociación para delinquir por su responsabilidad en la obtención y divulgación de las conversaciones.
Para Greenwald, la denuncia de la Fiscalía no solo atenta contra la libertad de prensa en Brasil sino que está enmarcada en un plan del Gobierno del líder ultraderechista para "llevar al país nuevamente a un régimen dictatorial".
"La acusación no fue algo aislado. La semana pasada ya había sido divulgado un informe según el cual el 54 % de los ataques contra los periodistas en Brasil fueron hechos por Bolsonaro. Además, otro fiscal intentó criminalizar las críticas a Sergio Moro", afirmó.
"Bolsonaro está atacando y amenazando todo el tiempo a los periodistas. Entonces, obviamente se trata de un plan, de un objetivo de este Gobierno, para traer la represión de regreso a Brasil", agregó.
Según Greenwald, en sus 30 años como congresista Bolsonaro repitió que no cree en la democracia ni en la prensa libre.
"Obviamente gran parte del movimiento de Bolsonaro quiere retroceder el país a la época de la dictadura (1964-1985). Yo soy muy explícito sobre eso y por eso este intento de criminalizar el periodismo, de atacar la prensa libre, de intimidar a cualquiera que esté contra el Gobierno, de crear un clima de miedo", dijo.
Para el editor de The Intercept, la decisión del fiscal configura un "claro y drástico abuso de poder" debido a que la Policía Federal ya había analizado todo el material y concluido que él no cometió "ningún crimen" y que, por el contrario, ejerció "el periodismo de forma muy responsable y con mucha cautela".
"Se trata de una violación a la libertad de prensa promovida por el mismo fiscal que intentó criminalizar las críticas contra Sergio Moro hechas por Felipe Santa Cruz (el presidente del Colegio de Abogados de Brasil). Y esa denuncia (contra Santa Cruz) fue rechazada por la Justicia", relató.
Greenwald dijo que, con base en todos esos argumentos, sus abogados ya presentaron un recurso para que el juez responsable rechace la denuncia en primera instancia y la archive.
Aseguró que la conversación telefónica que tuvo con uno de los hackers y en la que el fiscal basó toda la acusación ya había sido escuchada por la Policía Federal, que consideró que no representaba prueba de ningún delito.
"La Policía Federal analizó ese mismo audio y concluyó que no había ninguna evidencia de crimen. Según la Policía, esa conversación mostró que yo hice exactamente lo contrario, porque le dije (al hacker) que no podía darle consejos a la fuente sobre si debía borrar o no las conversaciones", dijo.
"Pero incluso si yo lo hubiera hecho, el periodista tiene el derecho, la obligación ética, de proteger su fuente. Por eso, dar un consejo para intentar ayudar a la fuente para que no sea detenida no es crimen. Es algo que periodistas hacen todos los días", agregó.
El periodista afirmó que criminalizar una conversación entre un periodista y su fuente es criminalizar la prensa y que por eso recibió el respaldo de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa en todo el mundo, que condenaron la decisión de la Fiscalía.
Entre las organizaciones que salieron en su defensa destacan Amnistía Internacional y Human Right Watch, pero también lo hicieron el Relator Especial de la ONU sobre Libertad y Expresión, David Kaye, y hasta el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia.
Foto: Leo Correa / AP
Fuentes: La Vanguardia, Agencia EFE
