“En la Argentina, el periodismo no sólo tiene el rol de informar, sino también el de ser fiscal del poder en todas sus manifestaciones”, asentó el comunicador de Clarín, y trajo a la mesa algunos casos emblemáticos de corrupción que terminaron en causas judiciales con condena por denuncias mediáticas. Anguita, por otro lado, desarrolló su exposición en base al papel que jugaron medios y empresas durante la última dictadura cívico militar, y para hablar de corrupción actual, mencionó los sobreprecios en la obra pública y se refirió al caso Petrobrás en Brasil. A su turno, Jorge García desgranó desde una posición más academicista, argumentos sobre los cuales se erigen actualmente dos líneas del derecho que desembocan en una concepción más amplia o más reducida de la justicia punitiva. “Esto de que el periodismo es enemigo de los casos judiciales… yo les puedo asegurar que si no fuera por el periodismo, muchos casos no hubieran logrado el nivel al que llegaron, y hablo de condenas después de mucho esfuerzo”, sentenció.
Como bailar el tango
Para iniciar, Santoro se preguntó cómo el periodismo y la Justicia pueden trabajar juntos para combatir la corrupción en Argentina. “Parto de la idea de que el rol del periodismo en la Argentina, no sólo es informar, formar y entretener, sino también ser el fiscal del poder en todas sus manifestaciones políticas, económicas y religiosas. Ya sea el poder público o privado. Esto no significa que todos políticos argentinos, ni todos los jueces, ni todos los periodistas somos corruptos, pero hay que mencionar casos emblemáticos donde el periodismo tuvo un rol decisivo destapando casos y dónde hubo jueces que pese a que la corriente iba para un lado, tuvieron la valentía de procesar e investigar algunos de estos casos a una condena”, introdujo.
Apoyado en imágenes que se proyectaban en una pantalla, el periodista se refirió a Diego Maradona y recordó que en los ’90, la forma de hablar de una coima o soborno era el Diego, “porque era el 10 por ciento de una obra pública, el 10 por ciento de un contrato era lo que debía pagarse y se hacía alusión a Maradona en cuanto a esto que es realmente un problema de corrupción generalizada, es un problema de ningún partido político en particular, sino de sistema de gestión federal”. “Creo que la corrupción es como el tango. Se baila de a dos, muy juntitos: el empresario que paga y el funcionario que recibe. Eso viene sucediendo y agravándose en la Argentina”, sostuvo.
Se refirió en ese sentido a la cantidad de causas judiciales que hay en Argentina: “Hablamos de las leyes, jueces y fiscales que hay, pero las pocas condenas. Hasta ahora, las únicas condenas que obtuvimos fue (Carlos) Menem y la prisión en suspenso por los fueron parlamentarios; María Julia Alzogaray, la ex secretaria de Medio Ambiente que tuvo dos años de prisión efectiva; Felisa Micelli, la ex ministra de Economía que fue condenada a tres años de prisión en suspenso. Pero la mayoría de estas causas terminan prescribiendo, cerrándose, anuladas por algún error técnico. Cuando en otros países estas causas tienen una resolución en dos o tres años, con declaración de inocencia o culpabilidad, acá tienen 14 años de duración en promedio. ¿Es eso justicia para el Estado y para nosotros que tenemos que recuperar lo que se llevaron? O para el funcionario que se llevó acusado y después terminó siendo inocente. Evidentemente, hay un problema en la matriz de la investigación de la corrupción como para que tengamos tanta tardanza”, evaluó.
Habló también de los “índices de percepción de la corrupción”, y dijo que el país “está siempre en una posición negativa”. “Decimos percepción porque no se puede medir realmente la corrupción. Uno puede tener un índice por las causas penales abiertas pero que las que llegan a superficie, generalmente son la punta del iceberg”. “A los periodistas nos cuesta mostrar lo que se pierde en todo esto porque hay muchos casos -aunque no digo en todos-, que la famosa frase ‘roba pero hace’ funciona. Muchos políticos que han sido procesados, por ejemplo en el caso de Carlos Menem, son reelectos pero por esta imagen continúan en cargos legislativos, tienen fueros parlamentarios y parece que a nadie le preocupara lo que pierde el estado.
En sobreprecios, obras públicas mal hechas, robos directos. Todos estos delitos que son esta idea global de la corrupción, se estima que se han robado al Estado 13 mil millones de dólares. Imagínense todo lo que se podría hacer: hospitales, rutas y demás si este dinero se podría disminuir. Evidentemente la corrupción es un fenómeno universal y generalizado, pero tengamos una idea de la gravedad de lo que es este problema”, completó.
Estructuras perniciosas
A su turno, Anguita destacó que “en 32 años de democracia, es la primera vez que los argentinos tenemos una democracia representativa continua donde votamos de manera seguida y donde, podríamos decir que se ha honrado la vida como no se la ha honrado en la época de las dictaduras militares”. Continuó en la misma línea y aseveró: “No solamente los grandes empresarios como Acindar, las petroleras u otras, también las empresas de medios de comunicación en períodos de dictadura han sido parte activa de los problemas y del silenciamiento completo de la represión genocida ya también parte activa de los negocios. No quiero detenerme en una cosa que estos años ha sido muy pública como Papel Prensa, pero es emblemático para otra época de la comunicación. Hoy, en la era digital, el peso específico del papel es muchísimo menor pero en esos años era decisivo. El tema del papel de diarios, no sólo en dictadura de Videla, sino en la de Onganía era clave. Las empresas de medios, no sólo contaron con dictaduras que establecieron censura directa o indirecta a través de presiones a periodistas y empresarios sino a empresarios como Rafael Perrota, el dueño de El Cronista Comercial fue secuestrado y desaparecido; Jacobo Timerman fue secuestrado y salvó su vida. Es decir que también en las empresas de medios ha habido víctimas y otros fueron parte de un sistema que hoy hay que oxigenar y debatir a la luz”, propuso.
Luego dijo que “el gran problema de la Argentina es el que tenemos en muchos países de Latinoamérica, que somos parte de la periferia del mundo”. “Somos parte de una región que en estos años se ve beneficiada quizás por los precios relativos de nuestros productos de exportación, pero que cuando miramos el coeficiente de nuestra balanza comercial, nos encontramos ante una situación muy crítica porque somos importadores netos de productos industrializados y de alto componente tecnológico y exportadores netos de productos primarios o bajamente elaborados, no sólo eso, sino con logísticas que hoy en día lo hacemos con una logística extranjera, transportamos dentro de la Argentina en camión, cuando cualquiera sabe que el desmantelamiento de vías en los ’90 significó que el costo para el traslado de nuestros productos se multiplica por lo menos por tres, en comparación con el traslado en transporte ferroviario.
Además, las empresas que se ocupan del comercio exterior son, por lo menos el 66 por ciento de la exportación de nuestros productos primarios están en las grandes empresas granarias. Algunas como Bunge y Born, nacidas en Argentina pero que son transnacionales. Creo que este es el gran problema de la Argentina”.
Por otro lado, se refirió a la importancia del libre acceso a la información pública. “Muchas veces, el periodista de investigación tiene no sólo que recurrir a las buenas fuentes que tiene en reserva, sino a presentar papeles en instituciones para obtener información que es de derecho publico. Es un tema clave que nos permitiría entender muchísimo por qué los sobreprecios en la obra pública son bendecidos por todos los gobiernos en estos últimos años, en todas las provincias y en el ámbito nacional. Yo lo digo sin empacho, sea el presidente que sea, cuando hay una reunión en la Cámara Argentina de la Construcción, no va a haber ningún ministro de Obras Públicas o Planificación que esté dispuesto a decir ‘señores, vengo a revelar una verdad que conozco desde hace muchos años’. Todos las conocen y lo naturalizamos. Si uno hace las cuentas, seguramente el 10, 20 o 30 por ciento en la obra pública es una estafa y un vaciamiento institucional muy grande”, reconoció.
Sostuvo que “tema que nos ayudaría sería contar con una ley muy simple como tiene Brasil, que es horrible para los códigos del hampa y es la ley del arrepentido, lo que significó que un gerente de Petrobras preso, con una cantidad de pruebas que obran en su contra -acogiéndose a esa ley y dando información de las operaciones que Petrobras hizo con todo el arco político en todo el territorio de Brasil-, hoy se convierta en un juicio, que mas allá de golpear a Dilma Rousseff, espero que a muchos brasileros les sirva para ver las estructuras perniciosas que tiene una sociedad desigual donde el poder económico y el poder político pueden darse la mano”.
“El derecho penal no tiene que decidir qué investigar”
“Hablando de teoría social, en estos últimos tiempos hemos caído en lo que se llama filosofía política el smithianismo. Esta visión smithiana de la sociedad nos enfrenta permanentemente. Este tipo de cosas no nos hacen bien porque precisamente, esto tiene que se un debate donde triunfe nada más que el mejor argumento y no los preconceptos en sentido ideológico, más allá de que estos preconceptos existen y lo que hay que hacer es ponerlos en la mesa, pero no que nos consideremos enemigos. Entonces lo que quiero señalar son algunos puntos de reflexión”, abrió su disertación García y aclaró: “Como esto es una cuestión que hace a la comunicación, periodismo y justicia son inescindibles. Es mentira que los jueces hablan por sus sentencias, los jueces pueden hablar sin referirse a los casos concretos”.
“No es gratis la corrupción. Hay que sacarse un poco la careta: no es cierto que la corrupción es de los políticos solamente, la corrupción es de políticos y empresaria. Cometeríamos un error si pensáramos que lo que no se roban para la corona, los empresarios lo darían para el gasto social. Irían a las cuentas de Suiza y volverían después con los fondos buitres a pelear contra la Argentina. Esto es un fenómeno que no es local y tiene que ver con que ha picado en punta el sistema financiero. Hegel hablaba en su filosofía del derecho de la eticidad, que era una especie de espíritu que iba por el mundo donde la familia, la burguesía y el Estado estaban en paridad. Hoy vemos que esto es una utopía en el sentido de la distopía, porque el capital financiero aplicado está desbocado absolutamente y no tiene reglas. El no tener reglas implica el fin de la existencia del capitalismo como lo conocemos”, planteó.
Dijo además que “el concepto de inseguridad y de civilización seguritaria o del miedo que impera en el mundo de hoy, implica que el valor esencial de la burguesía y el capitalismo, que es el valor trabajo, desaparezca. En esta búsqueda insaciable de la renta a toda costa y sin ninguna regulación, implica que lo necesario, el valor trabajo, deje de tener importancia. El capitalismo desbocado lleva permanentemente a la digresión y se termine en la exclusión social. Esta exclusión hace que los criterios de control social no sean inclusivos -control social de la educación, del ámbito de la economía-, sino que se derive permanentemente hacia controles sociales duros, hacia el marco de lo punitivo, por eso la continua expansión del derecho penal”, asentó. “Frente a esto tenemos dos posiciones en la academia: una que dice que el derecho penal tiene que quedarse muy chiquitito, quedarse en los bienes jurídicos del XVIII y no abrir los ojos a los nuevos casos de evolución social, porque esto sería de la derecha y sería punitivizar a la sociedad”, contrastó.
Seguidamente opinó que esa sería “una visión ingenua porque el derecho penal no decide qué es lo que tiene que investigar, es la sociedad y los consensos constitucionalizados lo que decide sobre los hechos intolerables”. “Acá hay varios ejemplos como la macro-criminalidad que es destructora de la democracia: no hay nada de romántico en el narcotráfico, porque lo único que crea es muerte, destrucción de los lazos de solidaridad y del Estado Republicano. Toda la narcocriminalidad, necesita ser abordado por los Estados Republicanos como problema de subsistencia. Todos los delitos económicos también”.
“Los problemas económicos, son los problemas de la corrupción económica y fundamentalmente del lavado de dinero como gran delito. La convención internacional contra la corrupción, de Naciones Unidas, tiene como paradigma al enriquecimiento ilícito con los delitos de lavado. Porque es lo que nos muestra una injusticia extrema de esta acumulación creciente de capital financiero en tan pocas manos, mientras enormes sectores de exclusión social quedan condenados a la miseria. Aquí no hay nada de naturaleza, son decisiones políticas”, analizó.
“Esto de la corrupción se relaciona con lo que llamamos bienes jurídicos individuales, en algunos casos hemos descubierto que hay un 50 por ciento de la población que estaba excluida de la garantía penal y de la protección de derechos, protecciones a las víctimas. Son precisamente esa población las mujeres, los niños y los ancianos. Estos delitos no se pueden dejar de perseguir”, propuso y cerró: “Esto de que el periodismo es enemigo de los casos judiciales, yo les puedo asegurar que si no fuera por el periodismo, muchos casos como los mencionados antes no hubieran logrado el nivel que lograron, y hablo de condenas después de mucho esfuerzo”.
Fuente: Revista Análisis
