Se incrementa el plan de lucha en los diarios porteños: Paro miércoles y jueves

La Secretaría Gremial-UTPBA informa que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires junto a los delegados de los diarios resolvió profundizar las medidas de acción directa ante la falta de respuesta patronal 
Los próximos miércoles 28 y jueves 29 se realizarán paros de una hora por turno, con aplausos en las empresas y asambleas por sector en todos los diarios.
Ni un despido en Perfil, por una recomposición salarial del 30% y un básico inicial de 5000 pesos son los principales puntos del pliego de reclamos.
La actitud dilatoria de los empresarios y el cierre del periódico “Libre” que pone en riesgo la fuente laboral de 30 trabajadores, deja en descubierto la irresponsable conducta de la patronal de los principales periódicos del país. La Comisión Paritaria UTPBA denunció también la intención de la cámara empresarial de correr el eje de la discusión transcurridos 11 meses sin respuesta.
Editorial Perfil, que hace pocos meses transformó a “Libre” en un periódico deportivo sostuvo en el ámbito del Ministerio de Trabajo y ante la representación sindical los primeros meses de 2012 que no habría despidos. Hoy amenaza a los trabajadores para que renuncien a sus derechos y esgrime calificaciones repudiables y lamentables contra los periodistas en sus páginas.
Las medidas dispuestas por la UTPBA junto a los delegados de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollaron el pasado fin de semana con un alto grado de acatamiento.
Periodistas que quitaron sus firmas de las notas, Trabajadores de Prensa que participaron masivamente de las Asambleas de Base, y el apoyo solidario del conjunto del gremio, fueron el escenario que signó la primer semana del plan de lucha.
La Comisión Paritaria UTPBA y los delegados saludamos y agradecemos la solidaridad a todos los trabajadores comprometidos con esta lucha.
Ni un despido en Editorial Perfil
30% de recomposición salarial Ya
5000 pesos de básico inicial
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

El FoPreMi rechaza discriminación y censura contra un periodista deportivo

En ocasión de realizarse el cotejo entre Crucero del Norte y Racing de Córdoba, en el estadio del Club Mutual Crucero del Norte ubicado en el paraje Santa Inés, de Garupá, el pasado sábado 24 de marzo, autoridades del Club anfitrión impidieron el ingreso al periodista deportivo del diario El Territorio, Gustavo Hollmann, aduciendo el derecho de admisión
El viernes 23 de marzo y previo al partido, El Club Mutual Crucero del Norte hizo llegar a El Territorio un comunicado afirmando que “se resolvió aplicar el derecho de admisión contra el señor Gustavo Hollmann” por “motivos extra deportivos y extra periodísticos”.
Para que derecho de admisión sea una herramienta legal no discriminatoria es un presupuesto necesario que la persona a la que se le niega el ingreso sea un aficionado que haya cometido algún tipo de delito o acto violento dentro de un campo de fútbol, por lo que se previene que pudiera atentar nuevamente contra los valores del deporte.
A las Entidades Deportivas que queden comprendidas en el Régimen de Seguridad en el Fútbol, el artículo 14 del Decreto Nº 1466/97 les asigna la función de supervisar el ingreso del público al estadio y controlar que no sean introducidos elementos que atenten contra la seguridad, como asimismo que no ingresen personas con signos de encontrarse bajo los efectos del consumo de alcohol o estupefacientes, o que a su juicio puedan alterar el orden durante el transcurso del espectáculo, requiriendo, en caso de conflicto, la colaboración policial para hacer efectivo el ejercicio del derecho de admisión. Ninguna de estas circunstancias se dio en el presente caso.
El Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones considera que la actitud de Club Mutual Crucero del Norte es una clara discriminación contra el periodista Gustavo Holmann y un menoscabo a la actividad periodística, razón por la cual se solidariza con el trabajador de prensa y solicita Club Mutual Crucero del Norte deponga esa actitud intolerante reñida con la práctica democrática.
Ricardo Alberto Arrúa, Presidente
Mónica Santos, Secretaria
Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones 

En la foto: Gustravo Hollmann fotografiado por un cronista gráfico de El Territorio en momentos que impedían el ingreso al estadio de Crucero del Norte

Cuestionan al Gobierno por abuso de publicidad oficial

El Ejecutivo nacional tuvo el 55% de la publicidad oficial en todos los medios. En campaña subió 65% el tiempo para sus avisos y al 69% la semana previa al comicio
Por: Victoria Urdinez
“Necesitamos regular la publicidad oficial, porque en todos los distritos favorece a quienes gobiernan”. Pensando en las próximas elecciones, el director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fernando Straface, así lo destacó durante el encuentro que organizó para evaluar junto a funcionarios y expertos la ley electoral y el debut de la reforma política.
Allí, ante un auditorio repleto del segundo piso anexo A de la Cámara de Diputados, el CIPPEC presentó un monitoreo del funcionamiento del nuevo régimen de publicidad electoral audiovisual donde se alerta sobre las asimetrías ante la falta de regulación de la publicidad oficial si bien por otro lado destaca varios avances del debut de la ley. Representantes de la oposición presentes apoyaron el reclamo de la ONG.
De acuerdo al informe durante la campaña para las primarias (PASO), el Poder Ejecutivo Nacional fue responsable del 55% de toda la publicidad oficial registrada en los cuatro tipos de medios analizados (radio AM y FM, TV abierta y TV por cable). En promedio, su participación aumentó a un 65% durante la campaña para las elecciones generales y llegó al 69% durante la semana inmediatamente anterior a los comicios.
El gasto del Poder Ejecutivo Nacional en publicidad oficial, según datos de un informe elaborado por Poder Ciudadano (2011), aumentó de forma considerable en la última década: de $ 16 millones en 2000 a 1224 millones en 2010.
En sintonía con este informe, CIPPEC apunta que esa situación manifiesta un “desequilibrio en la implementación de la Ley 26571 a favor del partido de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y municipal”. Según los números de la ONG que dirige Hernan Charosky“ solo con la publicidad oficial emitida entre mayo y octubre de 2011, el gobierno nacional superó la cantidad de minutos de publicidad gratuita cedidos por el régimen electoral al Frente de Izquierda”.
Es más. para CIPPEC, si se analiza la publicidad oficial emitida solo en TV abierta alrededor del 90% de los segundos registrados durante el monitoreo de ambas campañas pertenecen al gobierno nacional. Por lo general, la distribución horaria de la publicidad oficial fue vespertina (franja de 16 a 20 hs), pero en la semana inmediatamente previa a las elecciones generales se concentró en las franjas matutina (de 8 a 12 hs) y nocturna (de 20 a 24 hs). En cambio, la publicidad regulada por la ley 26571 distribuida entre todos los partidos, concentró los espacios en las franjas horarias con menor audiencia. Las politólogas Julia Pomares y María Page, a cargo del informe explican que “alrededor de la mitad de los avisos de publicidad oficial emitidos a nivel nacional correspondieron a anuncios de bien público (por ejemplo, sobre donación de órganos) mientras que un 40%, a promoción y difusión de acciones de gobierno o programas de alcance colectivo, estos últimos con gran potencial de influencia electoral (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo)”.
A su turno, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer coincidió: “No habrá equidad, transparencia ni democratización si Argentina no sanciona una ley de acceso a la información pública y la regulación de la publicidad oficial. Sin eso, la próxima campaña electoral nos va a aturdir con la propaganda kirchnerista en el Fútbol para Todos, en el Turismo Carretera, la Fórmula 1 y hasta en carreras de embolsados”.
En la misma línea Federico Pinedo, del PRO, destacó: “Por un lado la ley disminuye las asimetrías del financiamiento privado pero no la publicidad oficial”.
El director nacional electoral, Alejandro Tullio, resaltó en cambio las bondades de la nueva ley y reconoció que en las primarias los partidos políticos no usaron el 75% de los espacios disponibles en los medios audiovisuales y tampoco lo hicieron con el 59% en las elecciones generales. En este sentido prometió ajustes para las próximas elecciones.
En tanto el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, hizo una evaluación positiva, pero pidió terminar con las listas sábana y más tiempo entre elecciones primarias y generales.
Fuente: Diario El Cronista

“Será como tiene que ser”

Así le dijo Serrat, autor de “Hoy puede ser un gran día”, a Stella Hernández, en referencia a la sentencia de la causa Díaz Bessone
Por: Stella Hernández*
Fue una sorpresa, no lo esperaba. Mis amigas lo organizaron con meses de anticipación, sin filtrar una palabra. Y llegó el encuentro con Serrat.

Después de mi testimonio hace más de un año, el 30 de noviembre de 2010, en la causa Díaz Bessone, le escribí a Serrat diciéndole que había recordado en mi testimonio cómo sus canciones nos ayudaron a sobrevivir en los sótanos del centro clandestino de detención. Que el día de ese testimonio él cantó en Rosario y que mi hijos Facundo y Sofía me habían hecho una bandera con un verso de Miguel Hernández: “Para la libertad, sangro, lucho pervivo”. Él tuvo la inmensa grandeza de llamarme, y su llamado se hizo extensivo a todas las víctimas del genocidio. Ayer, al iniciar el espectáculo con Sabina, dijo que aunque era un entretenimiento antes quería recordar en el día de la memoria a las víctimas de la dictadura argentina, a los que no están, a los presos, a los torturados, a los luchadores, y por el Nunca Más. Serrat es grande.

Es generoso y otra vez se dio la posibilidad de conocerlo. De agradecerle por tantas bellas canciones, que nos siguen acompañando y ensanchando el alma, y porque antes que nada es un gran tipo. Le dije que me había emocionado especialmente el tema del recital “Esos locos bajitos”, porque estoy en estos tiempos conmovida por nuestros hijos. Por los míos: Facu, Sofía y Juanma, por los de los compañeros y amigos: Laura, Mauro, Julián, la Titi, Lucía, Mariana y Carolina, Malala, Matilde, Gabriel, las Julia, Renata, Eduardo, Olivia, Chalay y Marcos, y tantos, tantos más. Porque ellos cargan con nuestro pasado pero también son portadores de la antorcha con la que nos hemos alumbrado. Al encuentro llevamos la bandera del juicio y la firmó con un “Viva la vida”. Bandera que hoy, en el día de la sentencia de la causa nos acompañará, y como me dijo apretándome las manos: “Será como tiene que ser”.
Gracias Juan Manuel Serrat.
El mañana es hoy.
*Ex detenida desaparecida en el ex Servicio de Informaciones. Testigo en la causa Díaz Bessone
Fuente: Diario El Ciudadano

Escuchá el diálogo de Stella Hernández con Radio Poriajhú:

NdE: Hoy a las 12 se conocerá la histórica sentencia en la causa Díaz Bessone. se puede seguir en vivo en la página del Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Trabajadores de Radio Provincia de Buenos Aires en estado de asamblea permanente

Los/las trabajadores/as de Radio Provincia de Buenos Aires, nos declaramos en estado de asamblea permanente como consecuencia de la crisis técnica y de infraestructura que estamos sufriendo en todas las áreas de la emisora. Además, dejamos en suspenso una medida de acción
En ese marco, pedimos una audiencia con el Secretario de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, Juan Courel. También pedimos ser recibidos por el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, cuya experiencia y compromiso en torno a los medios de comunicación se vio reflejado en su rol protagónico durante el debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Denunciamos que desde que asumió en 2007, el director de la Radio, Roberto Zarlenga impuso una política de vaciamiento que queda comprobado, en la reciente orden de tirar 1.700 revistas que formaban parte del Archivo y la falta de herramientas y recursos indispensables para trabajar con la dignidad que corresponde a un medio de comunicación estatal y público.
Lagrave situación ya fue planteada a través de distintos medios y además, en los últimos 3 meses hemos elevado 2 notas (Fechas 6/12/2011 y 14/03/2012) con nuestros reclamos a la Secretaría de Comunicación Pública, el órgano provincial de quien depende Radio Provincia. En ninguno de los casos hemos obtenido respuestas. Tampoco se nos ha respondido la denuncia contra la gestión de la Radio por haber tirado a la basura las revistas del Archivo que formaban parte del patrimonio público.
El paso del tiempo y la falta de soluciones han agravado las condiciones de trabajo cotidiano y obligan a una respuesta urgente. A computadoras obsoletas, consolas rotas, falta de sillas, constantes problemas en los servidores de internet y la escasez de herramientas básicas como auriculares en los estudios, teléfonos móviles, micrófonos en estado deficiente, entre muchas otras falencias; se suma la dificultad que nos genera la obra de remodelación del edificio de la emisora de 11 y 53, que se lleva a cabo desde hace meses.
No solo vemos con preocupación la falta de planificación y las modificaciones permanentes de estructuras en un edificio antiguo como es el de nuestra casa, sino que también consideramos un peligro llevar adelante un medio de comunicación con caídas de escombros, golpes permanentes de martillos, mazas y ruidos de amoladoras que incluso perturban el aire de la Radio al ser tomado por los micrófonos. Todo esto es una falta de respeto para quienes hacemos los programas, invitados, potenciales entrevistados y oyentes.
Insistimos en las preguntas planteadas en la última nota elevada al Secretario provincial Juan Courel ¿Qué Radio pública quiere tener el Estado bonaerense? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de la Secretaría de Comunicación Pública? ¿Por qué se generan fondos para contratar “figuras” con renombre para conducir programas en horarios centrales, pero se nos dice que no hay dinero para pagar horas extras que garanticen la programación normal durante los feriados? ¿De qué sirve remodelar y modernizar el edificio de la Radio y comprar un nuevo transmisor valuado en casi 4 millones de pesos, si los trabajadores de todas las áreas venimos denunciando que desde hace años nos faltan los elementos esenciales para trabajar?
Creemos imprescindible que quienes hacemos diariamente la Radio seamos tenidos en cuenta para discutir estas cuestiones medulares. Por otro lado, calificamos como “urgente” la necesidad de una solución a nuestros reclamos básicos y elementales que ya llevan más de 4 años.
Asamblea de trabajadores/as de Radio Provincia
Con delegados de ATE, UPCN y Sindicato de Prensa Bonaerense

Filman el documental “¿Quien mato a Mariano Ferreyra?”

“¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” es un documental que Alejandro Rath y Julián Morcillo están filmando en base al libro homónimo de Diego Rojas con el objetivo de desentrañar las causas del asesinato de ese militante del Partido Obrero

“La película intenta desentrañar cuáles son las causas del asesinato de Mariano. Pero también apuntamos a la implicación de la burocracia sindical y sus patotas, y a sus intentos de frenar la lucha de los trabajadores tercerizados de los ferrocarriles por mejorar sus condiciones de trabajo”, afirmó Rath.
En una entrevista con TelAm, el director agregó que “la idea es que la película ayude a plantear la necesidad de un cambio profundo en relación a cómo ha venido funcionando el ferrocarril en las últimas décadas en la Argentina y plantear la necesidad de la vuelta a manos del Estado y la nacionalización de los trenes”.
Tanto el libro como la película que están filmando llevan el título “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” y reconstruyen los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en el barrio porteño de Barracas, cuando trabajadores ferroviarios tercerizados del Ferrocarril Roca cortaron las vías de ese ramal para reclamar que se los efectivice y reincorpore a la empresa.
Como respuesta a esa medida de fuerza, un grupo de militantes de la Unión Ferroviaria, sindicato conducido por José Pedraza, salió a despejar las vías y a agredir a los manifestantes, en una violenta persecución que culminó con el asesinato de Ferreyra, de 23 años, que recibió un balazo en el pecho.
Con entrevistas a amigos, compañeros y familiares de Ferreyra, además de periodistas, abogados y personas vinculadas a la causa, “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” se propone “cumplir una función de difusión del caso para que se haga justicia y se castigue a los culpables", aseguró el realizador del filme
"Queremos -agregó- que la película sea lo más masiva posible para lograr esta función movilizadora y esclarecedora”.
“El asesinato de Mariano tiene que ver con la defensa de los intereses de la burocracia sindical ligada a las empresas privadas”, explicó Rath.
Integrante del grupo Ojo Obrero, que viene haciendo películas ligadas a las luchas sociales desde 2001, Rath explicó que el rodaje “empezó hace un mes con una estructura basada en el libro de Rojas, que está dividido en tres partes: el relato policial del hecho en sí; una línea más investigativa de las razones y las causas del ataque; y una semblanza de la vida de Mariano”.
“Ya filmamos la semblanza, en la que su hermano y sus compañeros van contando más o menos cronológicamente cómo se fue desarrollando su vida, cómo entró a la militancia y cómo se convirtió en dirigente político. Y ahora vamos a filmar la reconstrucción del hecho y también a un personaje de ficción que desarrolla la investigación propiamente dicha”, señaló el director.
En ese sentido, destacó que “respecto a la forma del documental, tenemos la intención de incluir partes ficcionadas que estarían ligadas a una figura muy importante que queremos desarrollar, la del periodista independiente”.
“Ya desde el título de su libro, Rojas establece una relación con la figura de Rodolfo Walsh, autor de `¿Quién mató a Rosendo?`, y luego hace un balance donde compara los dos casos y deja claro que la burocracia sindical sigue vigente hasta hoy. También está ahí la figura del periodista, en cuanto a la importancia de la independencia de su trabajo”, señaló Rath.
Y agregó: “Creemos que un periodista debe ser independiente tanto de las patronales capitalistas como del Estado. Un tipo como Walsh se jugó la vida por la verdad más allá de los intereses a los que enfrentaba. Esa es una de las figuras que queremos rescatar”.
El cineasta, que siente “una deuda con Mariano y con su lucha” y busca “ayudar para que ese crimen no quede impune”, reflexionó sobre las razones profundas del crimen y señaló que “por un lado está la privatización del ferrocarril en los `90, que provocó despidos masivos, contratos precarizados, sueldos más bajos y un servicio deficiente que desemboca en la tragedia reciente de Once”.
Fuente: Agencia TelAm

Alianza con Mariotto le permite a Pierri expandir Telecentro violando la Ley de Medios

Con la protección de Gabriel Mariotto, Telecentro incumple con varios puntos de la Ley de Medios y se expande por el Gran Buenos Aires. La empresa de Alberto Pierri cuenta 43 extensiones que la habilitan a prestar servicio en 37 partidos mientras otras empresas tienen que tener diferentes licencias

La alianza entre el vicegobernador y el ex "hombre fuerte" del Partido de La Matanza, Alberto Pierri, permite a la operadora de cable Telecentro operar en varios distritos de la Provincia incumpliendo la Ley de Medios caballito de batalla del propio Gabriel Mariotto.
En la provincia no es un secreto que Mariotto y Pierri tienen una alianza que excede el común deseo de combatir al grupo Clarín y se traslada a lo más profundo de la construcción política, ámbito en el que el famoso "Muñeco" sigue tallando desde las sombras.
Es entonces el amplio paraguas de Mariotto que controló el ComFeR y ahora ejerce influencia en su sucesor AFSCA, quien dio a Pierri el marco para que concrete una agresiva expansión en el Conurbano.
Telecentro S.A., propiedad de quien fuera la mano derecha de Eduardo Duhalde en sus años como gobernador bonaerense, cuenta con apenas dos licencias oportunamente adjudicadas por el Comité Federal de Radiodifusión.
La empresa de Pierri obtuvo en primera instancia a través de la resolución 562/1990 una licencia para el funcionamiento y la explotación de la señal aérea en la localidad de San Justo. Esta licencia fue prorrogada por el plazo de 10 años contados a partir del 20 de abril de 2006.
Posteriormente se le concedió a Pierri otra licencia para la explotación de un sistema de cable en el partido de La Matanza prorrogada por el plazo de 10 años contados a partir del 03 de junio de 2008.
Pero fue la resolución 316/2011 firmada por Mariotto que le permitió a la empresa comenzar a expandirse a otros partidos sin tramitar licencias autónomas, sino anexando extensiones de la 316.
En total, Telecentro suma 43 extensiones de licencia que la habilitan a prestar servicio en 37 partidos del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
Esa ventaja, choca con la posibilidad de otras empresas que prestan un servicio similar en áreas iguales o similares y que deben contar con una licencia distinta para cada localidad. Hipotéticamente un operador que quisiera abarcar todo el país necesitaría un mínimo de 2.200 licencias.

¿Qué dice la ley?
¿Qué dice la Ley de Medios sobre esto? El texto redactado por Mariotto establece en su artículo 45 que la unidad territorial para el alcance de una licencia es el territorio existente dentro de la demarcación de límites de cada Estado Municipal, por lo que cada municipio debería ser considerado una licencia y no deberían superar de 24.
El mismo decreto agrega que se podrán contemplar unidades productivas mayores a la del Departamento o Municipio mediante la figura de la extensión de la licencia en caso de zonas colindantes con menor densidad demográfica que la del área de procedencia
En este sentido, si bien La Matanza tiene mayor densidad demográfica que el resto de los Partidos a donde se ha extendido la licencia de Telecentro S.A. no ocurre ello con Capital Federal ni además es colindante con muchos de los partidos en los que se le permite operar con las famosas "extensiones".
Esto genera otra ventaja adicional respecto de sus competidores ya que es el único prestador (a excepción de las personas de existencia ideal sin fines de lucro -cooperativas-) que puede prestar el servicio de Triple Play, por lo cual no tiene que desinvertir en Telefonía (el cual es considerado servicio público).
La reglamentación de la ley de Medios exige, en el artículo 31, que las licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual deben tener por objeto social único y exclusivo la prestación y explotación de los servicios contemplados en la esta ley.
Pero, Telecentro está cubierta por el punto dos de ese artículo que exceptúa esa condición cuando la actividad no vinculada a la comunicación audiovisual estuviese autorizada con anterioridad. Según el texto, en ese caso “se podrá continuar excepcionalmente con dichas actividades, constituyendo a tales fines unidades de negocios separadas entre la actividad como licenciataria de comunicación audiovisual y las otras actividades dentro de una misma sociedad, llevando contabilidades separadas entre ambas actividades”.
Según pudo saber La Política Online, Telecentro viola además el artículo 45 de la Ley de Medios. Este punto autoriza a una persona a ser titular de licencias de servicios de radiodifusión por suscripción. Pero la empresa de Pierri cuenta con un sistema mixto y un codificado.
Además, este Grupo estaría excedido en una señal (Canal 26) toda vez que el apartado el artículo 45 de la Ley 26.522 establece que los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia.
Asimismo, Telecentro emite la señal 26 al aire desde el Parque de la Ciudad (conforme Resolución 868/1995) pero en infracción de la licencia de UHF que establece que debe ser codificado.
Fuente: La Política On Line

Exigen que un diario que revele fuente de información

El asesor en proyectos mineros y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Carletti, se presentó con un escribano en la redacción de El Siglo para exigir que sea revelada una fuente de información. Burdo ataque a la libertad de prensa, contra las leyes, la Constitución y los Pactos Internacionales
La verdad, cuando es irrefutable, incomoda. La libertad de expresión, cuando afecta intereses de quienes malinterpretan el poder, también.
Esas palabras deberían tener para todos los argentinos, en este 24 de marzo, un profundo significado. Hoy nuestro país recordará, al grito de “Nunca Más”, un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que dejó miles de desaparecidos y heridas que el paso de los años no terminaron de cerrar.
El titular de una empresa de asesoría en proyectos mineros y consejero superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Miguel Carletti, se presentó anoche en la redacción de El Siglo junto a un escribano para constatar la existencia del informe que fue citado por este diario en alusión a la situación financiera de YMAD.
En concreto, el contador Carletti (también es autoridad del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas), acompañado por el escribano José Manuel Terán (registro número 13, con domicilio en calle San Lorenzo 559), llegó para exigir que nuestro diario le muestre y le entregue un informe (nuestra fuente) que lo tiene como protagonista.
Sin dudas se trató de una burda presión a este medio para revelar la fuente y mostrar pruebas. La actitud de este funcionario, a quien nuestro diario concedió debidamente el derecho a réplica, pone en evidencia los métodos que elige la UNT para silenciar a la prensa cuando esta no se puede comprar. En lugar de explicar si la información difundida por este matutino es verdadera o no, pretende, como en otras épocas, "matar al mensajero".

Ignorancia inexcusable
Lo más alarmante es que las autoridades de la casa de Juan B. Terán, de cuyos claustros surgieron algunos de los más prestigiosos abogados y jueces de la región, parecen desconocer los alcances de las leyes, comenzando por la Constitución y los Pactos Internacionales, en lo referido a la libertad de expresión e información. Pero sobre todo, con respecto al sagrado secreto profesional periodístico (que de ninguna manera implica que lo que se dice o se escribe no está debidamente acreditado con fuentes y pruebas).
El reprochable accionar de Carletti ya fue puesto en conocimiento de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), para que adopten las medidas necesarias en defensa de la libertad de expresión, uno de los pilares en los que se asienta la democracia.
Como recuerda el profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Daniel Sabsay, "las leyes fundamentales de los países democráticos le reservan un lugar de privilegio a la protección de la libertad de expresión; como así también los tratados internacionales. Por caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), instrumento que le dedica sus artículos 13 y 14".
El constituyente argentino trata la cuestión en los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución. En el primero, enuncia esta libertad fundamental de todos los habitantes "de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa"; mientras que en el segundo, prohíbe al Congreso el dictado de "leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".
Nuestra Constitución provincial también señala en uno de sus artículos: "En caso de datos falsos, erróneos, obsoletos, incompletos o de carácter discriminatorio podrá exigir su supresión, rectificación, confidencialidad, adición o actualización. En ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".
Este último aspecto debería ser tomado en cuenta por Carletti: tiene derecho a rectificar o agregar cosas a lo que se publicó pero no puede exigir la revelación de las fuentes.

Un mal ejemplo
Por donde se lo mire, estamos frente a un mal ejemplo de una institución que se precia de democrática y plural, sobre todo en vísperas de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, tan caro a la memoria de los argentinos, donde la libertad de expresión fue suprimida con el rigor de las armas.
Es preocupante, aún más, que este tipo de hechos tengan lugar en Tucumán y sean llevados adelante por parte de una entidad que tendría que ser una de las principales defensoras y sostenes de la libertad.
Es triste que algunos de los profesionales que estudiaron gratuitamente en la UNT se olviden de que nuestra provincia fue uno de los escenarios donde la represión de estado se llevó adelante con mayor brutalidad. Fue en Tucumán donde a personas como Carlos Altamiranda, por el simple hecho de pensar distinto y decir lo que no le gustaba al Gobierno de facto, fueron encarceladas y perseguidas por los militares.
Fue en Tucumán donde desaparecieron los periodistas Eduardo Ramos y Maurice Jeger, por expresarse con la verdad y la libertad, esas mismas que hoy, a 36 años de haberse escrito a sangre y fuego la página más trágica de la historia reciente de nuestro país, se pretende acallar sin pudor.

Antecedente sobre el resguardo del secreto de las fuentes de información
En casos similares al que tuvo ayer como protagonista a El Siglo, la Justicia argentina ya emitió su postura en torno al secreto de las fuentes de información.
Un Tribunal de Bahía Blanca le denegó a un fiscal federal el pedido para que un diario revele sus fuentes y entregue material.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) rechazó en esa oportunidad la pretensión del fiscal federal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, de allanar el diario La Nueva Provincia con el objeto de incautar registros, documentación periodística e información del banco de datos y del archivo del diario "con la simple sospecha de que ese material pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de tres décadas".
El fiscal no pudo ejecutar el procedimiento porque no contó con el apoyo del juez de primera instancia ni tampoco de la Cámara de Bahía Blanca a la que acudió reclamando la autorización para llevar adelante el allanamiento. En una resolución, el tribunal de alzada de Bahía Blanca argumentó su decisión en que el desconocimiento del secreto profesional periodístico y el acceso compulsivo al archivo de un medio de prensa se traducen en una violación de la libertad de prensa y las garantías que la amparan.
AdEPA manifestó además que "los archivos de los medios de prensa y de todo periodista son herramientas fundamentales para el desempeño de la tarea periodística y su protección constitucional se orienta a resguardar el secreto de las fuentes de información que garantiza la libertad de prensa".
Fuente: Diario El Siglo