Pero detrás de esos 200 metros hay mucho más que hormigón, acero, departamentos de lujo y oficinas corporativas.
Está la transformación de Puerto Norte. Está la discusión sobre cuánto puede modificarse un plan urbanístico una vez que el Estado lo acordó con los desarrolladores. Está la promesa de convertir casi todo un terreno privado en parque público. Está una compensación económica de unos seis millones de dólares. Está la demolición de antiguas estructuras industriales. Está la pelea política que atravesó al oficialismo rosarino. Y está, también, la trama empresarial que conecta a una de las principales aseguradoras del país, una constructora de peso regional y al empresario de medios Gustavo Scaglione a través de un estudio jurídico que desde hace años aparece vinculado a importantes operaciones empresariales de Rosario.
La historia de la torre, en definitiva, es también una historia sobre qué ciudad quiere ser Rosario.
El último gran vacío frente al río
El lugar elegido no es cualquier terreno.
La torre se levantará en Puerto Norte, sobre la barranca del Paraná, en el sector comprendido entre avenida Luis Carballo y Gorriti, inmediatamente al norte del complejo Forum. El predio tiene aproximadamente 1,7 hectáreas y forma parte de uno de los últimos grandes espacios disponibles con frente directo al río dentro de la costa central rosarina.
Durante décadas, el paisaje estuvo dominado por instalaciones vinculadas a la actividad industrial y cerealera. Allí funcionaron estructuras de almacenamiento que formaban parte de la memoria productiva de la ciudad y que terminaron convirtiéndose en una suerte de frontera entre la Rosario industrial y la Rosario inmobiliaria.
El terreno perteneció posteriormente a BLD y terminó en manos de los actuales desarrolladores en medio de la crisis que atravesó aquella compañía agropecuaria.
Ahora, donde durante décadas hubo silos y actividad productiva, se pretende levantar una pieza arquitectónica que llegará a duplicar en altura a buena parte de las torres emblemáticas de Puerto Norte.
La operación es encabezada por Obring y Sancor Seguros. Obring no sólo participa como inversora: también tiene a su cargo el desarrollo, el proyecto y la construcción. El arquitecto Pablo Gagliardo, directivo de la empresa, es el autor de la propuesta. La participación del estudio Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser aparece consignada en la presentación oficial y en distintos antecedentes periodísticos del proyecto.
El estudio, por su parte, tiene una extensa trayectoria en el asesoramiento de empresas y operaciones comerciales. Su nombre quedó asociado, entre otras operaciones, a la adquisición en 2019 del paquete mayoritario del Multimedios La Capital por parte de un grupo empresario encabezado por Gustavo Scaglione, quien ya era titular del Grupo Televisión Litoral. Las gestiones para aquella compra fueron realizadas por el estudio Casanova, Mattos & Salvatierra.
Esa conexión es uno de los elementos que alimentaron la discusión política y periodística alrededor de la megatorre.
Una torre con una pisada mínima
La idea arquitectónica tiene una lógica sencilla: ocupar poco terreno para crecer mucho hacia arriba.
La torre tendrá una base aproximada de 30 por 30 metros. Esa pequeña “pisada” es uno de los principales argumentos de sus impulsores: en lugar de extender una construcción horizontalmente sobre el predio, concentra la edificabilidad en una única pieza vertical y libera la mayor parte del suelo.
El Plan de Detalle aprobado por el municipio establece un factor de ocupación del suelo máximo del 12% y admite una torre exenta de hasta 200 metros. La edificabilidad total prevista para el ámbito es de 48.000 metros cuadrados.
En la concepción de Gagliardo, la ecuación es precisamente ésa: menos superficie ocupada en planta a cambio de mayor altura.
La arquitectura no busca que las cuatro caras del edificio sean idénticas. La planta cuadrada permitirá que cada frente tenga características particulares y que las fachadas respondan a las diferentes orientaciones.
El proyecto incorpora terrazas verdes, árboles, arbustos y especies autóctonas. En las fachadas este y oeste se plantean espacios exteriores intermedios destinados a funcionar como filtros frente al sol y el viento.
La vegetación no sería, según sus autores, un elemento decorativo agregado al final de la obra, sino parte de la arquitectura.
Cada vivienda tendría espacios exteriores verdes que variarían según la altura y la orientación. La intención es que la vegetación opere como protección y transición entre el interior de los departamentos y las condiciones climáticas exteriores. El proyecto fue presentado desde sus orígenes bajo un discurso de sustentabilidad y biodiversidad.
El dato que cambia la discusión: el parque
El argumento más potente de los desarrolladores no está en los 200 metros. Está en lo que quedará abajo.
El proyecto plantea destinar la mayor parte del terreno a espacio de uso público. En sus distintas presentaciones se habló de entre el 92% y más del 95% del predio abierto a la ciudadanía. Allí se desarrollaría un parque de aproximadamente una hectárea y media, forestado con especies autóctonas y con frente al Paraná.
La línea costera liberada rondaría los 190 metros. La intención es prolongar hacia el norte el paseo público de Puerto Norte, que actualmente encuentra una interrupción en Forum, un complejo de carácter cerrado.
La diferencia que remarcan los impulsores es conceptual: en lugar de repetir un modelo donde el desarrollo inmobiliario se organiza como un enclave privado, la propuesta busca que la planta baja sea atravesada por la ciudad.
El parque tendría juegos, estaciones aeróbicas, espacios recreativos y conexión peatonal con la costanera. La tesis de Obring es que la torre funciona como contraparte de esa cesión: concentra la inversión privada en una pequeña superficie y transforma el resto del lote en un nuevo espacio verde accesible.
El arquitecto Pablo Gagliardo, directivo de Obring y autor del proyecto, sostiene que uno de los objetivos centrales es que la ciudad "haga suyo" el emprendimiento: que un terreno privado se transforme en un espacio de acceso público sobre uno de los sectores más privilegiados del frente costero.
Ese argumento fue central para obtener respaldo político. También fue central para las críticas.
La comparación que incomoda
Porque para quienes cuestionan la operación, el problema no es sólo cuánto espacio público se obtiene, sino bajo qué condiciones se autoriza una altura extraordinaria.
La arquitecta Mirta Levin, quien fue secretaria de Planeamiento de Rosario durante buena parte de las gestiones socialistas y participó en el diseño de Puerto Norte, fue una de las voces más críticas.
Su objeción tiene un punto de partida urbanístico: Puerto Norte ya tenía un plan.
Ese plan había establecido densidades, alturas y localizaciones de acuerdo con una determinada concepción del barrio. Para Levin, modificar ahora esos parámetros introduce una alteración de las reglas de juego con las que otros desarrolladores tomaron sus decisiones de inversión.
La pregunta que plantea es incómoda: si un desarrollador recibe una autorización excepcional para construir mucho más alto que lo previsto originalmente, ¿qué señal recibe el resto de quienes construyeron bajo las reglas anteriores?
Levin sostiene que Puerto Norte fue un éxito precisamente porque hubo planificación previa y porque el Estado mantuvo las condiciones acordadas. Su argumento no desconoce la recuperación de la costa ni la generación de espacios públicos. Al contrario: considera que esos fueron algunos de los grandes logros del proceso.
La discusión aparece cuando una excepción modifica el equilibrio original.
Y allí aparece una segunda pregunta: ¿alcanza la creación de un parque para compensar una altura que no estaba prevista en el esquema original?
La exfuncionaria dio una respuesta contundente: Ciudad Ribera también cedió una plaza y, sin embargo, recibió una altura considerablemente menor.
La ciudad que se abre al río
Puerto Norte es, en sí mismo, el resultado de otra gran transformación. Donde hubo silos, talleres, depósitos y barreras industriales, aparecieron edificios residenciales, oficinas, restaurantes, paseos y nuevos espacios públicos. La reconversión cambió la relación de Rosario con el Paraná.
Pero produjo también una contradicción que la megatorre vuelve a poner sobre la mesa: la apertura de la costa al público convivió con desarrollos inmobiliarios de alta gama y con sectores de acceso restringido.
Forum es utilizado por los impulsores de la nueva torre como ejemplo de lo que no quieren repetir. Ciudad Ribera, en cambio, aparece como otro caso de apertura con una plaza predominantemente seca.
La megatorre propone otra fórmula: gran concentración vertical y una gran superficie verde horizontal. En teoría, la ecuación permitiría que la ciudad gane un parque sin resignar la inversión privada.
En la práctica, queda abierta la discusión sobre si ese intercambio modifica demasiado los indicadores urbanos establecidos.
Sesenta pisos sobre la barranca
La dimensión del edificio es extraordinaria incluso para Puerto Norte. Serán 60 niveles y aproximadamente 200 metros de altura.
Los primeros 20 pisos estarán destinados a oficinas y usos corporativos, con una presencia destacada de Sancor Seguros. En las 40 plantas restantes se ubicarán unidades residenciales de alta gama, de diferentes dimensiones, desde departamentos de dos ambientes hasta unidades de cinco ambientes. En versiones posteriores del proyecto se mencionaron superficies residenciales del orden de los 150 a 200 metros cuadrados.
Sobre la barranca se proyecta además un conjunto de entre 40 y 50 viviendas dúplex con vista al río. En la planta baja se prevé una franja comercial de unos 100 metros, pensada para aportar actividad y circulación al sector.
El programa se completa con amenities: piscinas, parrilleros sobre la barranca, gimnasio y salón de usos múltiples. También se contempló la posibilidad de una guardería náutica.
El edificio tendrá cuatro niveles de subsuelo destinados a cocheras, con capacidad estimada para unos 750 vehículos. Es, en otras palabras, un proyecto residencial, corporativo, comercial y recreativo concentrado en una misma pieza urbana.
La dimensión del edificio es extraordinaria incluso para Puerto Norte. Serán 60 niveles y aproximadamente 200 metros de altura.
Los primeros 20 pisos estarán destinados a oficinas y usos corporativos, con una presencia destacada de Sancor Seguros. En las 40 plantas restantes se ubicarán unidades residenciales de alta gama, de diferentes dimensiones, desde departamentos de dos ambientes hasta unidades de cinco ambientes. En versiones posteriores del proyecto se mencionaron superficies residenciales del orden de los 150 a 200 metros cuadrados.
Sobre la barranca se proyecta además un conjunto de entre 40 y 50 viviendas dúplex con vista al río. En la planta baja se prevé una franja comercial de unos 100 metros, pensada para aportar actividad y circulación al sector.
El programa se completa con amenities: piscinas, parrilleros sobre la barranca, gimnasio y salón de usos múltiples. También se contempló la posibilidad de una guardería náutica.
El edificio tendrá cuatro niveles de subsuelo destinados a cocheras, con capacidad estimada para unos 750 vehículos. Es, en otras palabras, un proyecto residencial, corporativo, comercial y recreativo concentrado en una misma pieza urbana.
El mirador que pretende convertirse en postal
Hay otro elemento que los desarrolladores consideran estratégico: el mirador público. La propuesta contempla un punto de observación en altura abierto a los rosarinos.
Desde allí, la ciudad quedaría literalmente debajo de los visitantes: el centro, el río, las islas, la costa norte y el perfil urbano podrían contemplarse desde una altura inédita para un espacio de acceso público.
Los promotores lo comparan con el Monumento Nacional a la Bandera, que ofrece una perspectiva de la ciudad desde aproximadamente 60 metros. La diferencia sería brutal: el nuevo mirador se ubicaría varias veces por encima de esa altura.
La apuesta es que el mirador sea un atractivo turístico. Es también una manera de intentar que una torre residencial de alta gama tenga una función urbana más amplia, dicen los desarrolladores.
Una inversión de más de cien millones
La magnitud arquitectónica tiene su correlato económico. Las estimaciones iniciales ubicaron la inversión en alrededor de 130 millones de dólares. El proyecto promete generar aproximadamente 1.000 puestos de trabajo directos y entre 1.500 y 2.000 indirectos.
El municipio, a cambio de la mayor edificabilidad autorizada, fijó una compensación económica cercana a los seis millones de dólares. No se trata de un pago único inmediato.
La Ordenanza 10.491/22 establece un esquema escalonado: 20% dentro de los 24 meses de sancionada la norma; otro 20% antes de obtener el primer permiso de edificación; y el resto en cuotas del 10% distribuidas entre los 12 y los 72 meses posteriores al primer permiso, con el último pago previsto antes del final de obra, según cuál de los plazos ocurra primero.
Los fondos tienen un destino específico: infraestructura, equipamiento comunitario, saneamiento, desagües, agua potable, energía eléctrica, pavimentos, veredas, alumbrado, soluciones habitacionales y adquisición de terrenos, entre otras obras contempladas en los proyectos priorizados por el municipio.
Es decir, la excepcionalidad urbanística tiene un precio. La discusión política fue, en buena medida, cuánto debía ser ese precio. Para algunos concejales, los seis millones de dólares constituían una compensación significativa y una oportunidad de financiar obras en barrios postergados.
Para otros, la cifra resultaba baja frente al valor inmobiliario que puede generar una autorización para construir una torre de semejante magnitud en el sector más valorizado de la ciudad.
El Concejo y una madrugada de alto voltaje
La aprobación no fue tranquila. El expediente llegó al Concejo Municipal en octubre de 2022, después de la presentación pública del proyecto. El tratamiento avanzó en diciembre y desembocó en una sesión maratónica que tuvo como telón de fondo un acontecimiento que terminó eclipsando buena parte de la discusión: la final del Mundial de Qatar se disputaría apenas dos días después.
La iniciativa fue finalmente aprobada el 16 de diciembre de 2022. Pero llegó al recinto después de una sucesión de movimientos políticos que dejaron expuesta la fractura dentro del oficialismo.
La concejala socialista Verónica Irízar, que integraba la Comisión de Planeamiento y había reclamado más tiempo para analizar el proyecto, renunció a su lugar en esa comisión. Su reemplazo fue Ciro Seisas, cuyo voto permitió alcanzar la mayoría necesaria para que el expediente avanzara.
Luego apareció otro problema: el proyecto también debía atravesar la Comisión de Presupuesto. Allí la situación política tampoco era sencilla. La salida fue llevar la iniciativa al recinto sobre tablas.
La operación política quedó asociada a una expresión que se repitió en los días posteriores: una aprobación "con fórceps", según definió en off un concejal. La frase resumía el accidentado recorrido de un proyecto que, lejos de cerrar la discusión, dejó abiertas varias preguntas sobre las reglas urbanísticas de la ciudad.
La aprobación no fue tranquila. El expediente llegó al Concejo Municipal en octubre de 2022, después de la presentación pública del proyecto. El tratamiento avanzó en diciembre y desembocó en una sesión maratónica que tuvo como telón de fondo un acontecimiento que terminó eclipsando buena parte de la discusión: la final del Mundial de Qatar se disputaría apenas dos días después.
La iniciativa fue finalmente aprobada el 16 de diciembre de 2022. Pero llegó al recinto después de una sucesión de movimientos políticos que dejaron expuesta la fractura dentro del oficialismo.
La concejala socialista Verónica Irízar, que integraba la Comisión de Planeamiento y había reclamado más tiempo para analizar el proyecto, renunció a su lugar en esa comisión. Su reemplazo fue Ciro Seisas, cuyo voto permitió alcanzar la mayoría necesaria para que el expediente avanzara.
Luego apareció otro problema: el proyecto también debía atravesar la Comisión de Presupuesto. Allí la situación política tampoco era sencilla. La salida fue llevar la iniciativa al recinto sobre tablas.
La operación política quedó asociada a una expresión que se repitió en los días posteriores: una aprobación "con fórceps", según definió en off un concejal. La frase resumía el accidentado recorrido de un proyecto que, lejos de cerrar la discusión, dejó abiertas varias preguntas sobre las reglas urbanísticas de la ciudad.
La votación
La iniciativa reunió una mayoría transversal. Entre quienes votaron afirmativamente estuvieron Nadia Amalevi, Carlos Cardozo, Lisandro Cavatorta, Ariel Cozzoni, Julia Irigoitía, Daniela León, Ana Laura Martínez, Marcelo Megna, Aldo Poy, Alejandro Rosselló, Martín Rosúa, Susana Rueda, Valeria Schvartz, Ciro Seisas y Miguel Tessandori.
La aprobación mostró que el proyecto atravesaba distintas pertenencias partidarias.
Entre los votos negativos estuvieron Juan Monteverde, Caren Tepp, Luz Ferradas, Pedro Salinas y Jésica Pellegrini, de Ciudad Futura, además de Norma López.
Se abstuvieron, entre otros, las socialistas Mónica Ferrero y Verónica Irízar, las peronistas Marina Magnani y Fernanda Gigliani y Silvana Teisa.
El dato político más significativo no fue solamente la mayoría alcanzada, sino la ruptura dentro del propio espacio progresista que gobernaba la ciudad.
Irízar explicó su posición a partir de cuestiones concretas. Según la concejala, el proyecto no había tenido una discusión técnica suficientemente extensa y planteó dudas acerca de la infraestructura necesaria, la factibilidad de servicios y la capacidad del terreno para soportar una construcción de semejante magnitud sobre la barranca.
La discusión no era menor. La propia ordenanza finalmente aprobada establece como requisito para el permiso de edificación la presentación de la factibilidad de servicios y de un plan de evacuación y medios de escape. También exige una evaluación de impacto ambiental en el proceso de aprobación definitiva.
Es decir: algunas de las objeciones que aparecieron en el debate político quedaron transformadas en requisitos técnicos dentro del procedimiento posterior. La controversia, sin embargo, no terminó con la votación.
La cuestión patrimonial
Hay otro problema que atraviesa el proyecto: qué hacer con las estructuras industriales existentes. La transformación del predio implica la demolición de los antiguos silos y construcciones.
El asunto tiene una dimensión simbólica: la torre reemplazaría parte de la memoria física del pasado productivo de Puerto Norte por una de las expresiones más contundentes del nuevo modelo inmobiliario.
La propia normativa municipal, sin embargo, contiene una previsión patrimonial: establece que determinados elementos y construcciones existentes sobre el río, considerados testimonios de los procesos productivos e industriales desarrollados en el sector, deberán ser incorporados mediante su puesta en valor y sometidos a intervención del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio.
La tensión es evidente. Rosario quiere conservar las huellas de la ciudad industrial, pero al mismo tiempo busca reconvertir los terrenos que las contienen para construir la ciudad del siglo XXI. La megatorre se encuentra exactamente en esa frontera.
La conexión Scaglione
La presencia de Gustavo Scaglione agrega otra dimensión a la historia. Scaglione es uno de los principales empresarios de medios de Rosario y encabeza el grupo que adquirió el paquete mayoritario del Multimedios La Capital, operación en la que intervino el estudio Casanova, Mattos & Salvatierra.
La relación entre el empresario y Leandro Salvatierra también aparece documentada en otros negocios. En particular, distintos informes periodísticos señalaron la participación de ambos en estructuras empresariales vinculadas a inversiones y a iniciativas relacionadas con SanCor.
Eso no significa, por sí mismo, que cada operación en la que aparece el estudio tenga necesariamente la misma estructura societaria ni que una participación profesional equivalga a propiedad económica.
Pero sí explica por qué el nombre de Scaglione apareció asociado al debate público sobre la megatorre. Y aquí resulta importante distinguir entre lo documentado y las sospechas políticas o periodísticas.
Algunos artículos y dirigentes plantearon interrogantes acerca del origen y la estructura de los fondos, y reclamaron la aplicación de las normas municipales de prevención del lavado de activos. Eso debe ser presentado como un pedido de control y no como una imputación de delito: no existe en el material relevado una prueba que permita afirmar que el financiamiento de la torre sea ilícito.
El concejal Lisandro Cavatorta, uno de los que votó favorablemente, pidió precisamente que se aplicara la Ordenanza Antilavado y que se analizara el origen de los fondos.
La cuestión, por lo tanto, pertenece al terreno de los controles que deben realizarse sobre una inversión de gran magnitud, no al de una conclusión penal.
La presencia de Gustavo Scaglione agrega otra dimensión a la historia. Scaglione es uno de los principales empresarios de medios de Rosario y encabeza el grupo que adquirió el paquete mayoritario del Multimedios La Capital, operación en la que intervino el estudio Casanova, Mattos & Salvatierra.
La relación entre el empresario y Leandro Salvatierra también aparece documentada en otros negocios. En particular, distintos informes periodísticos señalaron la participación de ambos en estructuras empresariales vinculadas a inversiones y a iniciativas relacionadas con SanCor.
Eso no significa, por sí mismo, que cada operación en la que aparece el estudio tenga necesariamente la misma estructura societaria ni que una participación profesional equivalga a propiedad económica.
Pero sí explica por qué el nombre de Scaglione apareció asociado al debate público sobre la megatorre. Y aquí resulta importante distinguir entre lo documentado y las sospechas políticas o periodísticas.
Algunos artículos y dirigentes plantearon interrogantes acerca del origen y la estructura de los fondos, y reclamaron la aplicación de las normas municipales de prevención del lavado de activos. Eso debe ser presentado como un pedido de control y no como una imputación de delito: no existe en el material relevado una prueba que permita afirmar que el financiamiento de la torre sea ilícito.
El concejal Lisandro Cavatorta, uno de los que votó favorablemente, pidió precisamente que se aplicara la Ordenanza Antilavado y que se analizara el origen de los fondos.
La cuestión, por lo tanto, pertenece al terreno de los controles que deben realizarse sobre una inversión de gran magnitud, no al de una conclusión penal.
El vínculo político con SanCor
La presencia de SanCor Seguros agregó una segunda capa política. Durante años, la aseguradora mantuvo una fuerte presencia institucional en Santa Fe y fue asociada políticamente al peronismo provincial. En particular, el nombre de Omar Perotti apareció reiteradamente relacionado con la compañía y con empresarios vinculados a su entorno.
Debe diferenciarse, nuevamente, entre la cercanía política que diferentes fuentes atribuyeron a Perotti y la intervención concreta de funcionarios o dirigentes en la estructura societaria de la torre.
Lo que sí resulta verificable es que dos concejales del espacio identificado con Perotti —Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitía— votaron favorablemente la aprobación de diciembre de 2022.
El proyecto, así, consiguió algo que no siempre ocurre en la política rosarina: juntar votos de sectores muy distintos. La arquitectura terminó funcionando como una suerte de coalición transversal.
El argumento de la gentrificación
Pero la controversia no quedó limitada a las reglas urbanísticas. Apareció también la cuestión social.
Rosario es una ciudad atravesada por una fuerte desigualdad territorial. Mientras Puerto Norte se convirtió en uno de los sectores de mayor valorización inmobiliaria, en otras zonas de la ciudad se multiplicaron los barrios populares y las carencias de infraestructura.
La construcción de una torre destinada en buena medida a viviendas premium vuelve visible esa contradicción.
Quienes la cuestionan hablan de gentrificación y de profundización de la segmentación urbana: un barrio cada vez más valorizado, con propiedades destinadas a sectores de altos ingresos, frente a una periferia que enfrenta problemas de infraestructura, vivienda y seguridad.
La concejala Fernanda Gigliani planteó justamente esa preocupación durante el debate.
La pregunta es si la compensación de seis millones de dólares, destinada a obras de infraestructura y urbanización, alcanza para que un emprendimiento de estas características tenga una devolución social proporcional a la rentabilidad extraordinaria que genera la autorización urbanística.
No existe una respuesta puramente matemática. Pero allí reside una de las discusiones centrales del proyecto.
El precio de los 200 metros
La torre representa una excepción. La propia normativa la define como una "altura exceptiva" y habilita los 200 metros en una parcela que, bajo los parámetros anteriores, no contemplaba semejante volumen vertical.
Los defensores sostienen que esa excepción tiene una contraprestación concreta: un parque público de gran tamaño, la apertura de la costa, el mirador, la inversión y la compensación económica.
Los críticos responden que el problema no es sólo cuánto se devuelve, sino cómo se decide quién puede apartarse de las reglas.
La cuestión es especialmente sensible en Puerto Norte porque allí ya hubo otros desarrolladores que hicieron inversiones millonarias bajo un determinado esquema de alturas y densidades.
Si el Estado cambia las reglas para un nuevo actor, sostienen los críticos, puede afectar la confianza en el plan general.
Ese es, probablemente, el núcleo más profundo del debate. No se trata solamente de si Rosario necesita o no una torre de 200 metros.
Se trata de si una ciudad planificada puede modificar excepcionalmente sus reglas cuando aparece un proyecto de suficiente magnitud.
Una nueva postal de Rosario
Si finalmente alcanza los 200 metros, la torre será visible desde enormes distancias y pasará a formar parte de la identidad visual de la ciudad.
El edificio se ubicaría por encima de las torres que hoy dominan Puerto Norte y alteraría de manera definitiva la silueta de la costa.
La comparación más inmediata es con las torres Maui y Dolfines, que hasta ahora constituyen algunas de las referencias verticales más reconocibles del sector.
La nueva estructura jugaría en otra escala. No sería simplemente otra torre residencial: sería un hito urbano. Y precisamente por eso sus promotores la presentan como un nuevo símbolo de Rosario.
La ciudad tendría un nuevo punto de referencia visual, un mirador turístico y un espacio verde público frente al Paraná.
Pero también tendría una construcción de 200 metros que modificará el equilibrio del frente costero y que nació de una excepción urbanística. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo.
Una torre, dos Rosarios
Quizás por eso la discusión sobre la megatorre resulta más interesante que la discusión sobre cualquier otro edificio.
En sus renders aparece una Rosario verde, abierta al río, con senderos, árboles, juegos, bicicletas, terrazas ajardinadas y una gran torre recortada contra el cielo.
En las críticas aparece otra ciudad: una Rosario desigual, donde los sectores más valorizados se reservan para viviendas premium mientras grandes franjas de la población todavía esperan pavimento, cloacas, agua, iluminación y vivienda digna.
Entre ambas imágenes se ubican los seis millones de dólares de compensación. Y entre ambas imágenes aparece el Estado. El municipio debe decidir hasta dónde puede acompañar la inversión privada sin resignar su capacidad de planificación.
Los desarrolladores sostienen que el proyecto ofrece una fórmula inédita: tomar un terreno privado, concentrar allí la edificación y liberar más del 90% del suelo para uso público.
Los críticos responden que no todo espacio verde compensa cualquier excepción y que la planificación urbana no puede depender de la capacidad económica de un emprendimiento para obtener una modificación normativa.
La paradoja de Puerto Norte
Hay una paradoja en el corazón del proyecto. La megatorre nace precisamente del éxito de Puerto Norte. El viejo frente industrial fue reconvertido, la ciudad recuperó sectores de su costa y el río dejó de ser una frontera para convertirse en un espacio de paseo y valorización urbana.
Pero ese éxito elevó el precio de la tierra hasta convertirla en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Rosario. Ahora, los últimos grandes terrenos disponibles son también los más codiciados.
La pregunta que enfrenta la ciudad es qué hacer con ellos. ¿Preservar el esquema existente? ¿Permitir edificios excepcionales? ¿Exigir más espacio público? ¿Concentrar la densidad para liberar suelo?
¿Mantener las alturas originales aunque eso limite la rentabilidad? ¿O utilizar las excepciones como mecanismo para financiar obras en sectores postergados?
La torre de Obring y SanCor no resuelve ninguna de esas preguntas. Las pone todas juntas en un solo lugar.
Hay una paradoja en el corazón del proyecto. La megatorre nace precisamente del éxito de Puerto Norte. El viejo frente industrial fue reconvertido, la ciudad recuperó sectores de su costa y el río dejó de ser una frontera para convertirse en un espacio de paseo y valorización urbana.
Pero ese éxito elevó el precio de la tierra hasta convertirla en uno de los mercados inmobiliarios más caros de Rosario. Ahora, los últimos grandes terrenos disponibles son también los más codiciados.
La pregunta que enfrenta la ciudad es qué hacer con ellos. ¿Preservar el esquema existente? ¿Permitir edificios excepcionales? ¿Exigir más espacio público? ¿Concentrar la densidad para liberar suelo?
¿Mantener las alturas originales aunque eso limite la rentabilidad? ¿O utilizar las excepciones como mecanismo para financiar obras en sectores postergados?
La torre de Obring y SanCor no resuelve ninguna de esas preguntas. Las pone todas juntas en un solo lugar.
El edificio que todavía no existe
Hay algo particularmente rosarino en esta historia: la torre ya es un hecho político antes de ser un hecho arquitectónico.
La ciudad lleva años discutiendo sus 200 metros. Se votó su autorización. Se cuestionó el procedimiento. Se discutió el masterplan. Se enfrentaron concejales del oficialismo. Se plantearon dudas sobre infraestructura y patrimonio. Se habló del origen de los fondos. Se defendió el parque. Se defendió la inversión. Se cuestionó la excepción. Se discutió la compensación.
Y mientras tanto, el edificio todavía está por levantarse.
En junio de 2025 comenzaron a aparecer las máquinas para preparar el terreno. La demolición de las estructuras existentes marcó el paso de la etapa política y administrativa hacia la transformación física del predio.
Si el cronograma previsto se cumple, Rosario tendrá hacia el final de la década una nueva referencia arquitectónica sobre el Paraná.
Una torre de 200 metros. Sesenta pisos. Oficinas. Departamentos de alta gama. Cientos de cocheras. Locales. Dúplex. Piscinas. Terrazas verdes. Un mirador. Y, sobre todo, un parque público frente al río.
Pero también quedará una pregunta que no desaparecerá cuando el edificio termine: ¿fue una excepción que permitió crear una nueva pieza urbana de calidad, con espacio público y apertura al río, o fue una excepción que puso en discusión la propia idea de que Rosario debe planificar su crecimiento bajo reglas iguales para todos?
La respuesta dependerá de lo que ocurra abajo de la torre tanto como de lo que ocurra arriba. Porque los 200 metros serán visibles desde toda la ciudad. Pero el verdadero legado del proyecto se medirá a nivel del suelo: en quién podrá caminar por la costa, quién podrá disfrutar del parque, qué obras llegarán a los barrios postergados, qué conservará Rosario de su memoria industrial y, sobre todo, qué reglas quedarán después de que la torre haya terminado de tocar el cielo.
Actualización: De la aprobación a las máquinas
El proyecto aprobado en 2022 no se convirtió inmediatamente en obra.
Pasaron casi tres años hasta que comenzaron a aparecer señales concretas de movimiento.
En octubre de 2024, Obring informó que había presentado el certificado de aptitud urbanística y que aguardaba el permiso para comenzar la demolición. La expectativa era iniciar la construcción durante 2025.
Finalmente, en junio de 2025, la Municipalidad informó que había otorgado el permiso de demolición y que las tareas comenzarían en cuestión de días. La demolición de las estructuras existentes sería el primer paso visible para liberar el terreno donde se levantará la torre.
El plazo estimado de construcción fue ubicado en torno de los cinco años una vez iniciada la obra, con una expectativa de finalización hacia 2030 en las previsiones difundidas durante 2024. Pero el recorrido administrativo y político siguió siendo parte de la historia.
Durante 2026 el proyecto volvió a quedar en el centro de la discusión política rosarina, con sectores del Concejo cuestionando distintos aspectos de la iniciativa y su impacto patrimonial y urbanístico. Esto vuelve necesario distinguir entre dos momentos: la autorización normativa obtenida en 2022 y las posteriores discusiones, trámites y controversias que acompañaron su materialización.
El proyecto aprobado en 2022 no se convirtió inmediatamente en obra.
Pasaron casi tres años hasta que comenzaron a aparecer señales concretas de movimiento.
En octubre de 2024, Obring informó que había presentado el certificado de aptitud urbanística y que aguardaba el permiso para comenzar la demolición. La expectativa era iniciar la construcción durante 2025.
Finalmente, en junio de 2025, la Municipalidad informó que había otorgado el permiso de demolición y que las tareas comenzarían en cuestión de días. La demolición de las estructuras existentes sería el primer paso visible para liberar el terreno donde se levantará la torre.
El plazo estimado de construcción fue ubicado en torno de los cinco años una vez iniciada la obra, con una expectativa de finalización hacia 2030 en las previsiones difundidas durante 2024. Pero el recorrido administrativo y político siguió siendo parte de la historia.
Durante 2026 el proyecto volvió a quedar en el centro de la discusión política rosarina, con sectores del Concejo cuestionando distintos aspectos de la iniciativa y su impacto patrimonial y urbanístico. Esto vuelve necesario distinguir entre dos momentos: la autorización normativa obtenida en 2022 y las posteriores discusiones, trámites y controversias que acompañaron su materialización.
