Inducido a error por un redactor que no firma su nota, Perfil afirma que Rafael Bielsa me ganó “un histórico juicio” (ver abajo), porque yo habría “puesto en duda” que el excanciller y alto ejecutivo de la Corporación América, “fue detenido-desaparecido durante la dictadura y fue torturado”. Falso: basta leer las páginas 223 y 224 de mi libro “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte” para disolver la demanda entera; relato allí el secuestro de 29 prisioneros del Segundo Cuerpo en Rosario, de los que sólo se salvaron cuatro: Jaime Feliciano Dri, “...dos empleadas de la justicia rosarina, Adriana Quaranta y Susana Zitta -que habían sido compañeras de tareas de Rafael Antonio Bielsa y testificaron que lo vieron en el centro clandestino de reclusión La Calamita-, y el propio Bielsa” (sic).
También se dice aquí: “ahora (Bonasso) deberá indemnizarlo y reimprimir el libro”. No vayamos tan rápido: esta es una sentencia de primera instancia, que estamos apelando con mi abogado, el doctor Nicolás Tauber. Por ahora no hay una condena firme y definitiva. Así que, avalado por una carrera periodística de gran seriedad, que el propio Bielsa ponderó hace muchos años en Clarín, al elogiar “Recuerdo de la muerte”, No voy a tocar ni una coma.
En el texto de la nota se reitera la falsa afirmación de la demanda, en el sentido de que yo negué el secuestro del demandante. Para nada. Dije sí, y el propio Bielsa debió admitirlo, que no había estado secuestrado en la Quinta de Funes. Y consigné, con citas judiciales y periodísticas, las tres versiones que él mismo ofreció sobre su indudable cautiverio. Bielsa afirmó en Página 12 y luego ante la justicia que había estado en la famosa Quinta, donde el Destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo tuvo secuestrados a los jefes de Montoneros en Rosario. Como la investigación judicial demostró que en Funes no había sótano y el actor había afirmado que fue torturado en un sótano, quedó claro que no había estado en Funes.
Después testificó que había permanecido cautivo en otro centro clandestino llamado El Castillo y finalmente, tras una primera negativa, terminó testificando que su lugar de cautiverio fue otro centro clandestino, llamado La Calamita. Nada de esto fue un invento mío: está respaldado por notas periodísticas y testimonios judiciales y personales.
En el siguiente párrafo de la nota publicada por Perfil, se desliza un error mayúsculo, que no deja de tener cierta gracia. El redactor anónimo me endilga haber manifestado que “Bielsa favoreció a (Rodolfo) Galimberti rompiendo los contratos de la empresa Siemens con el estado Nacional por la provisión de los DNI...” No es un invento mío como sostiene el demandante: el 17 de noviembre de 2001, la revista Noticias, perteneciente a Perfil, publicó una nota de Roberto Caballero, titulada “La CIA Montonera”, sobre la creación de la empresa Universal Control, fundada por Galimberti, “amigo de Bielsa”, y destacados miembros de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Caballero, coautor con Marcelo Larraquy de una biografía de Galimberti, escribió en esa nota: “Antes se cayó el contrato. Los desplazados (los alemanes de Siemens) no dudaron en señalar a Bielsa y a Universal Control como sus victimarios. Pero claro, es sólo una leyenda”.
Este fallo, calificado como “histórico” por el redactor anónimo, contiene “históricas” erratas del juez civil Gastón Matías Polo Olivera, recientemente ascendido a camarista, que evidencian parcialidad o un desconocimiento absoluto del expediente. Un ejemplo claro es el acápite del fallo que titula “El argüido cuestionado paso (de Bielsa) por el Sedronar y la filtración de información contra los adversarios socialistas de Bielsa”. Allí Su Señoría dice textualmente: “Esta afirmación se desliza con liviandad en el capítulo XXII sin mayores elementos que corroboren esa afirmación”. La liviandad es del juez, porque mi abogado, Nicolás Tauber, escribió en su alegato que el magistrado en vez de solicitar oficios a la Justicia Federal, a la Justicia Penal Provincial y al Sedronar, debió dirigirse al Juzgado Federal de Instrucción N° 3 de Rosario donde se radicó la denuncia penal presentada por los diputados provinciales del Frente Progresista, Maximiliano Pallaro y Alicia Gutiérrez. ¿Qué decía esa denuncia en sustancia? Que Bielsa le había “filtrado” al periodista rosarino Carlos del Frade grabaciones de conversaciones telefónicas correspondientes a una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal contra el funcionario del gobierno socialista Escajadillo. Entrevistado por el periodismo, Del Frade reconoció que fue Bielsa el que le “filtró” la información. Como dice el alegato: “Días después, el 20/3/2013, Bielsa presentó la renuncia a Sedronar. Si eso no es “un paso cuestionado”, ¿cómo lo calificaría”.
Lo que ni el doctor Polo Olivera ni el “actor” pudieron descalificar fue la principal acusación, pública y política que le hago a Rafael Antonio Bielsa: haber sido secuestrado y torturado, haber tenido que exiliarse y regresar al país, en 1980, para ocupar cargos de confianza en el ministerio de Justicia de la dictadura militar. Y haber participado de un proyecto internacional en la dictadura vecina de Augusto Pinochet. Esto no lo pueden negar, porque figura en el currículum vitae que él mismo presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Que se agrava, encima, por una grotesca mentira, cuando dice que en 1981 trabajó “para el Honorable Congreso de la Nación”, que en ese momento estaba disuelto por el golpe militar.
Es más, Bielsa presentó como testigo en esta causa al doctor Roberto Enrique Luqui, subsecretario en el ministerio de Justicia del dictador Videla, que fue quien lo trajo al país para trabajar como su mano derecha. Luqui, que era segundo del ministro Alberto Rodríguez Varela, luego abogado de Jorge Rafael Videla, reveló en su testimonio que fue el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri el que hizo liberar a Bielsa.
Hay un aspecto central que ni se menciona en la sentencia y es que Bielsa, en la llamada “prueba confesional” o “absolución de posiciones”, se acogió al artículo 414 del Código de Procedimientos en lo Civil, con lo cual la información contenida en las preguntas que le hicimos debía darse como “probada”. Por ejemplo (posiciones 20,21,22,23,24) que demuestran su estrecha relación con el agente de la CIA Galimberti. O la 25,26 y 27 sobre el escándalo de las escuchas telefónicas por el cual lo denunció la diputada Gutiérrez.
Ni hablar del caso de la médica cubana Hilda Molina, a quien permitió el acceso a la embajada argentina en la Habana en 2004, junto con su madre, Hilda Morejón, poniendo en grave tensión las relaciones entre Cuba y Argentina. De ese episodio fui testigo y parte. No lo leí en los diarios. Si alguien duda puede consultar los correspondientes cables de WikiLeaks, donde figura la felicitación del embajador norteamericano Lino Gutiérrez al canciller Bielsa por su intervención para presionar al gobierno cubano.
No hay, ni en el libro ni en mi blog, ataques a la honra de Bielsa, ni referencia alguna a su vida privada; es la crítica por acciones públicas a una figura pública que -por la imperante doctrina de la real malicia- no debería judicializarla, sino responderla por la vía periodística a la que tiene más acceso que el demandado.
Pero lo central no es que se cometa una injusticia flagrante conmigo, no importa la pelea Bielsa-Bonasso, lo que debería importarle a todos mis colegas es la intención de censurar y castigar al que investiga y molesta a los poderosos. Y eso, señores de Perfil, afecta al conjunto de los que opinan en la Argentina, no solamente los informadores. También los que luchan por sus derechos, los blogueros, los desocupados, los maestros, los estudiantes, las mujeres. Como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la célebre CIDH), en el famoso Caso Kimmel: “el derecho de opinión no es judiciable”. Punto.
En una defensa de gran honestidad y calidad técnica, la abogada de Penguin Random House, Rosalía Silvestre, manifestó: “lo que está en juego aquí es la libertad de expresión, de opinión y de prensa, que evidentemente no tolera el Sr. Bielsa, o no lo hace por lo menos cuando se trata de opinar sobre su pasado, público, muy público, por supuesto”. Y luego: “realizaré un análisis de su reclamo para que quede claro su sinrazón al promover esta demanda con pretensiones que atentan contra la democracia, las libertades de opinión y de prensa de raigambre constitucional, a la vez que desconoce la doctrina legal y jurisprudencial, nacional e internacional, que acompañan, sostienen y garantizan también esos derechos constitucionales”.
“Además -agrega la letrada de la editorial-: contestar a un libro de opinión, ideas y relatos de hechos contemporáneos con un juicio como el que nos ocupa es atentatorio contra la libertad de expresión, porque intimida a quien propone posiciones opuestas a las del criticado; se trataría de un caso de censura indirecta y de judicialización de la opinión. Las legislaciones más democráticas tienden a limitar los alcances de estas acciones.”
Al recordar que el autor del libro enjuiciado, “ejerce el periodismo”, la doctora Silvestre incorpora tres citas lapidarias sobre el tema del gran escritor inglés George Orwell:
“Si la libertad significa algo, será sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír” (Prólogo al libro “Rebelión en la granja”).
“El periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás es relaciones públicas.
“No nos equivoquemos, si un artículo no enoja a alguien, no es auténtico periodismo”.
En la demanda, Bielsa, nieto de un destacado jurista de Rosario, le reprocha a Editorial Penguin Random House el no haber ejercido censura previa, lo que está explícitamente prohibido por la Constitución. La doctora Silvestre lo recuerda: “el actor sí le endilga a mi mandante haber actuado con desidia, desinterés por lo que se publicaba, a la vez que sostiene que la Editorial sabe y no tiene dudas del contenido ofensivo del libro y aún así lo publicó” -y sigue- “Mi representada publicó la obra “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte” de Miguel Bonasso sin tener ninguna duda acerca de la seriedad de la investigación, y conociendo los antecedentes de este renombrado periodista, pensador, escritor y político argentino, más allá que la Editorial coincida o no con sus diagnósticos y opiniones”.
Esperemos que este fallo totalitario, que pretende violar la conciencia de alguien que ejerce el periodismo desde hace sesenta años, no prospere. O apelaremos, hasta las últimas consecuencias, dentro o fuera de las fronteras argentinas.
Ver también: Lo que no dije en Recuerdo de la muerte: Miguel Bonasso deberá resarcir a Rafael BielsaRafael Bielsa le ganó un histórico juicio a Miguel Bonasso
El periodista había escrito un ensayo donde ponía en duda que el ex canciller fue detenido-desaparecido durante la dictadura y que fue torturado. Ahora deberá indemnizarlo y reimprimir el libro
Por: Fermín Filloy
El Papa eleva a los altares a uno de los pocos obispos que enfrentó a la dictaduraEl juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil N° 64, Gastón Polo Olivera, determinó que Rafael Bielsa estuvo desaparecido en el centro de tortura “La Calamita”, de la provincia de Santa Fe, y que no lucró con ninguna indemnización del Estado. De esta forma, Miguel Bonasso deberá resarcirlo con dinero, además de quitar y corregir los párrafos de su libro y de su blog que dicen lo contrario.
El fallo se extiende a la editorial Sudamericana, que publicó en 2014 “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte”, un ensayo en el que Bonasso profundiza la primera versión de “Recuerdo de la Muerte” (1984). Allí, cuestiona con dureza al ex canciller, que fue su amigo y compañero de militancia en Montoneros en la agitada década del 70, poniendo en duda su paso por el centro clandestino y su condición de detenido-desaparecido en la última dictadura cívico militar. Bonasso había afirmado que Bielsa quiso aprovecharse de aquella situación para idear un “relato épico”, y deslizó posibles nexos con la CIA -en Estados Unidos- por la amistad del funcionario del kirchnerismo con otro montonero, el fallecido Rodolfo Galimberti.
Asimismo, el periodista manifestó que Bielsa favoreció a Galimberti rompiendo los contratos de la empresa Siemmens con el Estado Nacional por la provisión de los DNI, un caso de sobornos en el que también estuvo implicado Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.
Polo Olivera profundizó en la sentencia que, ya en democracia, Bielsa pasó a la función pública como titular de la Cancillería Argentina, de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) de forma absolutamente legal y legítima. Por ende, considera que Bonasso no actuó con responsabilidad al emitir las acusaciones contra Bielsa de "lucrar" con su pasado.
La suma de dinero que deberá abonar Bonasso junto a la editorial no trascendió, pero el magistrado ordenó ejecutarla dentro de los diez días de notificada la decisión. En segundo término, deberán publicarse partes de la sentencia en PáginaI12, y una corrección de los ejemplares del libro ya distribuidos o a distribuirse.
Para argumentar su postura, el juez citó otro proceso judicial de Bielsa: "Cuando se lo denunció por 'supuesta falsedad de título', Bielsa se presentó espontáneamente ante el juez (Norberto) Oyarbide y documentó la legitimidad de éste. Debe de ser el único ciudadano argentino cuyo título está validado académicamente como lo demuestra el certificado analítico presentado, administrativamente –tuvo que presentar el título ante cada cargo público en el que era designado- y, finalmente, judicialmente".
Fuente: Diario Perfil
