En un contexto de alta volatilidad cambiaria y un recalculando permanente en lo que a inversión se refiere, el sector de las telecomunicaciones podría ser una fuente de dinero fresco para una economía en franco declive, de acuerdo a los últimos indicadores (la actividad cayó 6,7% en junio, según el Indec). De hecho, las empresas nucleadas en tres cámaras empresarias de esta industria aseguran que están preparadas para invertir u$s 500 millones “para desarrollar competencia efectiva en el segmento móvil”. Así lo indicó Franco Cecchini, director de Operaciones de IPlan y presidente de la Cámara Argentina de Tráfico IP (Catip), en relación, también, con la Cámara Argentina de Internet (Cabase) y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel). El sector telco representa el 2,7% del PBI nacional, expresó uno de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones, Heber Martínez, durante las jornadas La Revolución Móvil, en junio.
Sin embargo, el desembolso mencionado por Cecchini está supeditado a la salida del proyecto conocido como “Ley Corta” (su nombre oficial es “Fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”), que tiene media sanción del Senado desde principios del mes pasado.
De acuerdo con el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá disponer del espectro que, hasta el momento, estaba reservado para Arsat (90 MHz, 20% del total) con objetivos de permitir que los usuarios accedan a “una oferta de servicios diversa”, según se lee en la comunicación que envío el PEN al Congreso cuando presentó el proyecto. Estas frecuencias, sostuvo Cecchini durante un encuentro con periodistas en la oficinas de IPlan, podrían ser otorgadas a partir de lo dispuesto en el decreto 1340/16 sobre el otorgamiento de frecuencias regionales que no implican la obligación de cobertura nacional y podrían permitirle a las 2000 operadoras pyme brindar “soluciones de movilidad diseñadas para cada segmento de la población y responder, específicamente, a la demanda de cada uno de dichos segmentos atendiendo a la geografía, intereses y capacidad de los mismos”.
Hacia allí apuntarían sus cañones (y la inversión mencionada). Según el mismo decreto, refrendado en el proyecto de “Ley Corta”, los operadores sólo deberían pagar por el uso efectivo del espectro asignado.
En este sentido, el presidente de Catip descartó que su compañía fuera a convertirse en un Operador Móvil Virtual. Aunque hay otras pymes interesadas en incursionar en ese negocio de la mano de Movistar (exTelefónica), de acuerdo a lo que indicaron ambos incumbentes en noviembre de 2017: esta última pondría a disposición su infraestructura nacional e internacional, de acuerdo a las regulaciones sobre el tema ya vigentes, mientras que las pymes reunidas en Catel harían lo suyo en las pequeñas localidades que cubren. “Hacen falta, por lo menos, entre 15 y 20 operadores móviles en todo el país”, refrendó el ejecutivo de IPlan.
Por otro lado, Cecchini celebró toda apertura de la competencia, tal como la posibilidad de compartir infraestructura pasivas entre empresas e, incluso, organismos públicos (cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, por citar algunas). “El mercado está yendo hacia la madurez”, opinó, si bien expresó reservas respecto al resultado final en Diputados, así como a la reglamentación de la futura ley, que, por ahora, está frenada en Diputados.
En ejecución
En tanto, Carlos Moltini, CEO de Telecom, se reunió el viernes con el Gobernador de Jujuy para presentarle el plan de inversiones en esa provincia, por más de $ 300 millones este año. La empresa habrá cerrado 2018 con u$s 1300 millones desembolsados en todo el país.
La ex Telefónica se limitará a sus activos y servicios actuales
La ex Telefónica objeta la fusión entre Telecom y Cablevisión. Mientras su casa matriz estudia qué hará (trascendió un eventual reclamo al Ciadi), en algún momento, se puso en duda su plan de inversiones, en caso de que el merger entre sus rivales fuera aprobado. Fuentes de la actual Movistar aclararon que el resto de los $ 44.000 millones prometidos para el trienio 2017/19 será ejecutado. Sin embargo, en el contexto actual, no se invertirá por fuera de los servicios y activos actuales.
Fuente: El Cronista
