Ofrecemos, aquí, una aproximación a esa respuesta.
1.- Estado y Mercado. Jesús Martín Barbero, reconocido intelectual en el estudio de experiencias latinoamericanas de la comunicación, ha trabajado la función de los medios en la construcción del imaginario de aquello que podemos señalar como “lo público”. Y ha señalado la necesidad de construir un espacio que ofrezca “a) el reconocimiento y expresión de la diversidad cultural, b) que represente la pluralidad político-ideológica; c) que promueva la información independiente, plural e incluyente; d) que contraste la fragmentación que introduce el mercado” (1).
Las cuatro variables pueden ser leídas en forma crítica en relación a las políticas de gestión de medios públicos del actual gobierno, pero en especial la última: no existe la vocación del Estado –de este Estado- por contrabalancear el pulso de las empresas del mercado; que alcanza en este momento –profundizado con la reciente fusión de Cablevisión y Telecom- en el mayor grado de concentración de su historia.
Aquella función de “contrapeso” de los medios públicos, aún incumplida y débil, constituye el último ámbito de aspereza que le queda por limar al gobierno dentro del homogéneo y domesticado sistema de comunicaciones que supo concebir en sus dos primeros años de gobierno.
2.- Medios como servicio público. Otra cita antigua. El ítalo-venezolano Antonio Pasquali asegura que un “servicio público” es “aquel que no pertenece a privados; es mayoritariamente financiado por el Estado; tiene autonomía relativa ante el Poder Ejecutivo y autonomía ante los poderes económicos; es un servicio no gubernamental y desgubernamentalizado; (…) ofrece servicios diversificados, complementarios y universales…” (2).
Es claro que los medios públicos no cumplen –y no lo han cumplido bajo otras gestiones- ninguno de esos estándares. Sin embargo, en otros tiempos políticos, los medios públicos, al menos, alcanzaban a distinguirse por aquello que no eran, por no participar de algunas ambiciones (comerciales y de contenidos) de los medios comerciales. Hoy el gobierno apuesta a medios públicos que sean la imagen y semejanza de los grandes medios privados (en los que se formaron sus directores); por lo tanto, la autonomía del poder político y del poder económico no es un objetivo deseado (pero lejano), sino ya simplemente se trata de un objetivo desplazado y sustituido por la misma concepción del lucro y la renta.
3.- Pluralidad. La Defensoría del Público, en una reseña de la legislación comparada en materia de medios públicos, reseña que se atribuye a los medios de gestión estatal “un plus de obligación frente a los medios privados en cuanto a abogar por un pluralismo político interno” (3). Sin embargo, el gobierno sostiene en todas las esferas del debate público (en su acotada concepción en la que el debate público es el debate en el ágora televisivo) que ese pluralismo se garantiza simplemente asegurando la libertad de empresa al capital privado (aunque incluya abandonar a las/os miles de trabajadoras y trabajadores que fueron expulsados de los medios en estos dos años) por lo que se trata de una función en la que los medios públicos, en esa particular concepción, se han vuelto prescindibles.
4.- La reivindicación del oficio del periodista. El gobierno se encuentra en la TV Pública, en la agencia TelAm y en Radio Nacional con periodistas que reivindican su condición y su especificidad como trabajadoras/es de prensa; por lo tanto, con algunos rasgos de singularidad –profesional y laboral- sobre otros trabajadoras/es del Estado. Esa distinción colisiona con la mirada monocorde del Ministerio de Modernización. El caso más emblemático es la pelea que las/os trabajadoras/es de Radio Nacional sostienen para que el gobierno los deje de encuadrar –insólitamente- bajo el convenio colectivo de los carteros. El gobierno tiene políticas uniformes para toda la Administración. Cualquier matiz, cualquier complejidad, lo observa como un problema.
5.- Federalismo. Los medios públicos son el último eslabón que persiste en la Argentina de medios con una estructura federal. Especialmente TelAm y Radio Nacional tienen una red de corresponsales que cubre todo el territorio nacional. Claro que eso aparece como una disonancia frente a un gobierno que alienta la concentración de los grandes jugadores del mercado (lo que conlleva -a su vez- más centralismo) y que ha abandonado el respeto de los estándares de producción local y regional en los medios. En Radio Nacional, simplemente, ha levantado la programación de algunas de sus emisoras en las provincias. En TelAm promueve, cual operador inmobiliario, la venta de las sedes donde trabajan las/os corresponsales y se levanta el servicio en los días feriados.
6.- Modelos de gestión. El gobierno proclama, a modo de un discurso políticamente correcto (que también ponemos en entredicho) el modelo de la BBC de Londres, como expresión del modelo europeo (de dudosa salud en la actualidad) en el que se garantiza la intervención parlamentaria, con diverso grado. Según su acuerdo de licencia, la BBC se compromete a proporcionar una cobertura “amplia, confiable e imparcial de las noticias de los asuntos públicos” con una “constante y efectiva supervisión externa, incluyendo reuniones públicas y seminarios” (4). Más allá de la presentación de la cita de la BBC como presunta fuente de autoridad, se vuelve evidente, cada vez más, que los medios públicos argentinos van a contramano de un proceso de supervisión y control de fuentes externas. Todo lo contrario. La eliminación de la función publicitaria de la agencia TelAm ha refrendado que el gobierno promueve una estructura de dirección vertical y homogénea de los medios de gestión estatal.
7.- Diálogo. El “modelo de gestión” de los medios públicos constituye una política unilateral del gobierno. No está “en diálogo” con los sectores parlamentarios, como postula el modelo de la BBC, la RAI o la TVE. Desde ya que espanta al gobierno la mera posibilidad de dialogarlo con sus trabajadores. De todos modos, ese modelo que conforma la interacción de los medios estatales sólo con el parlamento es, a esta altura, absolutamente insuficiente: hay más actores sociales en el universo de la comunicación con los que debería articular un medio del Estado.
8.- Agendas en debate. Los medios públicos han construido durante décadas sólidas representaciones gremiales. Es la única razón –así lo han reconocido públicamente- por la que la TV Pública, TelAm y Radio Nacional han quedado exentos en el período 2015-2017 de los recortes que se promovieron en otras áreas del Estado. Esa fuerza sindical alcanza a los contenidos. En esos medios se constituyeron “Consejos de Redacción” o “Consejos Profesionales” que se proponen debatir cuando las líneas editoriales que direcciona el gobierno contravienen los más elementales estándares del ejercicio profesional. Y que no tienen temor –incluso- a exponer públicamente ese debate ni a revisar acríticamente en rol de los trabajadores en ese proceso. Esto resulta una aberración para el gobierno que –ya en el plano de la ficción- nos han acusado de promover “cooperativas” o de violentar la estructura “natural” del capital empresario (aun del estatal).
El gobierno no quiere periodistas críticos en sus medios. No admite discusión de sus contenidos. La pluralidad tiene los límites que decide el patrón.
9.- Resistencia al ajuste. El gobierno declama en estos días la “optimización” de las plantas de personal. Una vez más, la optimización significa jubilaciones, retiros voluntarios y despidos. Así fue, por caso, allá en el 2000 cuando durante en el gobierno de la Alianza –con los mismos funcionarios en muchos casos que la actual gestión en los medios públicos- postulaban 600 despidos en la TV Pública y el cierre del área de Publicidad de TelAm. La reacción gremial –con la toma del noticiero del canal y de la agencia- evitó que en aquella avanzada. Esa resistencia también debe ser quebrada en el plan que proyecta el gobierno para tener medios públicos “óptimos”.
El gobierno, con aires fundacionales, se promueve refundar y sanear la “atrofia” de los medios públicos. Proclama la vieja muletilla de las “capas geológicas”, enunciado que descalifica y elude el análisis
10.- Historia. Por eso las trabajadoras y los trabajadores de los medios públicos resistimos el ajuste.
Somos las trabajadas y los trabajadores, precisamente, aquellos que construimos y sostenemos a los medios públicos más allá del gobierno de turno. Somos -en ese espacio- los garantes de la libertad de expresión, de la pluralidad y del derecho a la información que los funcionarios proclaman en los micrófonos pero no promueven con sus políticas. Para eso se necesitan en los medios bajo gestión estatal a trabajadoras y trabajadores con estabilidad. Con Estatutos y Convenios que los resguarden de la precarización y de las presiones del ocasional empleador.
Porque nos viene a salvar del caos y el salvajismo preexistente.Esa historia supone tradiciones y saberes profesionales y colectivos que las/los trabajadoras/es defendemos. Nada peor para un gobierno que avanza como si refundara la historia Al gobierno le molesta que los medios públicos tenga historia. Radio Nacional tiene 80 años, TelAm 72 y la TV Pública 67.
Porque la información necesita medios fuertes y plurales con periodistas críticos, no publicistas ni trolls de las redes sociales.
Porque la información es un bien social y no un producto más sujeto al mercado.
Porque los medios del Estado deben ser una variable en la articulación del debate público. Eso no puede ajustarse dentro del Estado de Derecho.
Porque las trabajadoras y los trabajadores no somos el problema, somos la solución.
Consejos de Redacción de la TV Pública, TelAm y Radio Nacional
1.- Barbero, Jesús Martín. “Televisión Pública, Televisión Cultural: entre la renovación y la invención”. En “Televisión Pública: del consumidor al ciudadano”. Omar Rincón compilador. Bogotá, Colombia, 2001.
2.- Pacuali y Safar. Citado en “La TV Pública en América Latina: condiciones y desafíos”, 2006.
3.- Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informe anual 2013.
4.- Acuerdo de licencia de la BBC. 1996
