Desde su asunción, 17 meses atrás, el actual gobierno ha dado muestras de querer avanzar con la dinamización del sector de las telecomunicaciones convergentes argentinas. Pero no siempre lo hizo de la mejor manera. Y en los últimos tiempos, quizás urgido por el estancamiento en que se encuentra el mercado, quiso acelerar el paso, tomando atajos y entrando en un terreno de desprolijidad potencialmente peligroso.
No hace falta ser muy sagaz para percibir que existen favoritismos a la hora de regular. Y si bien no faltará quien reclame por una mayor imparcialidad, también hay que ver a esto como parte de la dinámica propia política, que tiene intereses y también necesidades. Pero el apuro da malos consejos, y el gobierno se muestra muy apurado en resolver ciertos temas que no son de resolución inmediata, si es que se quiere hacer las cosas con prolijidad, especialmente cuando hay en juego activos que son del Estado.
La presión de Cablevisión-Nextel por ingresar en el negocio celular se tradujo en un apuro del regulador para que esto suceda. Pero esta urgencia lo llevó a evitar los caminos más seguros y abordar rutas secundarias, que pueden ser atajos no exentos de peligros.
Lo más razonable hubiera sido recuperar de una buena vez el espectro que originalmente fue reservado para un 4° operador y que Arlink tiene trabado desde 2014. O sea, más de 2 años. Ese espectro podría haber sido puesto en juego en condiciones más razonables que las originales (un beauty contest, por ejemplo) y probablemente no hubiera habido otro interesado que no fuera Cablevisión-Nextel. Ante la incapacidad de resolver este tema en la justicia, el gobierno optó por ceder a la presión y autorizar la reatribución de espectro a pedido del interesado. En este caso, lo prolijo hubiera sido recuperar ese espectro (que en definitiva es siempre propiedad del Estado), limpiarlo, ordenarlo y ponerlo sobre la mesa. En vez, se optó por reatribuirlo a pedido, en un esquema bastante sui generis que incluye devoluciones con cargo (cuando en realidad el propietario es el Estado), migraciones de servicios y dar conectividad en determinadas áreas del país sujetas a la disponibilidad de la red de fibra óptica de Arsat en cada una de ellas, dando lugar a una cobertura irregular, en zonas no contiguas y sin que se especifique el criterio de elección de las mismas.
Mientras estos temas se resuelven a gran velocidad, el gobierno no pudo poner todavía un punto final al conflicto alrededor de la banda de 700 MHz. La misma fue otorgada y cobrada 2 años atrás pero aún no está disponible en todos lados, especialmente en el AMBA, donde Telecentro sigue dando sus servicios de TV inalámbrica. Y en tanto esta sea la situación, los operadores móviles no quieren avanzar con el modelo de operador virtual, lo que tiene a varios operadores de telecomunicaciones medianos y chicos esperando. Todo trabado.
Esto sucede mientras se les postergó el derecho que las telcos tenían por ley (Argentina Digital) a dar servicios de TV recién en 2018 y parcialmente (sólo en AMBA, Córdoba y Rosario). Este tratamiento asimétrico en cuanto al entrante (según sea móviles o TV) es lo que tiene a las telcos de mal humor. Telefónica lo ha expresado claro y fuerte. Claro lo hace en la intimidad, aunque sin declaraciones oficiales y Telecom prefiere mantener el silencio.
Está claro que el tema de fondo, por el cual todos los actores se miran con recelo, es si se va a producir o no la tan anunciada fusión entre Cablevisión y Telecom. El apuro de Cablevisión en contar con espectro e infraestructura para servicios móviles puede ser visto como un plan alternativo si esta fusión finalmente no se da. Aunque se trate de una tarea no exenta de enormes desafíos. Pero también puede considerárselo como una forma de ir ganando “masa muscular” para, llegado el momento de una fusión, estar en mejores condiciones de negociarla.
Por lo pronto, este estado de situación hace que las telcos-celcos orienten sus inversiones a fortalecer sus redes móviles (incluyendo backbone y backhaul) y no tanto a mejorar las redes de banda ancha al hogar. En este sentido, el gobierno no parece poner el mismo énfasis en el desarrollo de infraestructuras fijas de gran capacidad que lleven la fibra óptica lo más cerca posible de los domicilios de los usuarios. Algo que es clave no sólo para las comunicaciones fijas, sino que también, y crecientemente, para las móviles. Ese es el verdadero desafío que tiene la actual gestión.
Con su asimetría en el trato, las autoridades juegan con fuego. Si para cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales, el gobierno no puede mostrar avances significativos en materia de servicios y competencia real en materia de telecomunicaciones convergentes, agregará un ítem a la columna del debe de su balance de gestión. A este ritmo, es un escenario probable.
Fuente: Comentarios - Carrier y Asoc.