El excitado cierre de 2014 en políticas de comunicación augura un 2015 intenso, tanto a nivel político como económico, en telecomunicaciones, medios de comunicación e Internet. Aun cuando los candidatos a presidente 2015 sean retraídos en esta materia –lo que suele interpretarse como un guiño a las corporaciones del sector–, las elecciones serán salpicadas por la implementación de la flamante ley Argentina Digital, pero también por los coletazos de la admisión de la adecuación a la ley audiovisual de grupos extranjeros (Telefónica, Prisa, Ángel González) como titulares de licencias de televisión y radio y, como si eso fuera poco, por la judicialización de la desinversión del Grupo Clarín, tras la decisión del Gobierno de adecuar “de oficio” al multimedios.
Lo novedoso de esta batería de iniciativas con las que el Gobierno cerró 2014 en políticas de comunicación es que son, en esencia, contradictorias con el discurso anticoncentrador que tuvo en los últimos cinco años. El enunciado que sugería que el abuso de toda corpo resulta dañino para el interés público (es lo que validó la Corte Suprema de Justicia cuando declaró la plena constitucionalidad de la ley audiovisual en 2013) fue utilizado por el Gobierno contra una sola corpo (Clarín) y ahora transformado por la doctrina de que hay corpos buenas (Telefónica, Fintech, Telmex, DirecTV) y otra mala. Desde la teoría política, este giro habilita a pensar al Estado como un actor que resume contradicciones y relaciones de fuerzas del conjunto social, y que cuenta con un personal dirigente cuyas resoluciones son ostensiblemente interesadas.
El kirchnerismo, que es el ciclo político con mayor continuidad en los últimos cien años en la Argentina, reactivó el foquismo judicial con el Grupo Clarín relativo a la ley audiovisual, lo que se extenderá por lo menos durante 2015. A este conflicto estuvo subordinada la política de medios desde 2009, aunque nunca como en este mes el Gobierno había exhibido su respaldo a las telefónicas que, económicamente, tienen una envergadura superior al mayor multimedios.
Pero el aval para que las telefónicas ofrezcan servicios de TV por cable aprovechando su infraestructura no significa que automáticamente ello suceda, porque el sector de telecomunicaciones tiene que afrontar la reciente cesión de espectro para la telefonía móvil (4G) y porque sus planes de negocios en el país no fueron, hasta ahora, agresivos en el sector audiovisual (incluso cuando Telefónica está presente en TV abierta desde hace 15 años, ya que controla nueve licencias en el país, lo que ahora fue formalizado por el Gobierno).
A las disputas por mercados que tienen el doble valor de lo simbólico y lo económico, se suma la postergada agenda de la “democratización”, es decir que, además de la escena protagonizada por los conglomerados infocomunicacionales (las corpos), está pendiente la prometida apertura de espacios para que se sumen nuevas voces al ruedo mediático.
Queda para 2015 un temario colosal. Los sectores convergentes de telecomunicaciones, medios e internet podrían cambiar si la enorme infraestructura de fibra óptica desplegada y coordinada por el Estado (Argentina Conectada), hasta ahora mayormente inutilizada, fuera puesta en
funcionamiento. A ello se suman varias incógnitas: ¿qué sucederá con las licencias audiovisuales que vencen a partir de 2016; con la intervención estatal en el financiamiento de los medios privados a través de la publicidad oficial y de otros recursos; con la gestión de los medios estatales que combina propuestas originales de buena factura técnica con una línea editorial partisana e intolerante a la diferencia de perspectivas y una tercerización pronunciada de la producción de contenidos; con los criterios –opacos– de administración del programa Fútbol para Todos y con su acceso gratuito, y con la migración progresiva de la televisión analógica a la televisión digital terrestre?
*Especialista en medios (en Twitter: @aracalacana)
Fuente: Diario Perfil
