Por: José Crettaz
Hace algunos meses, cuando Gerardo Milman, director por el Frente UNEN en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), le preguntó al presidente de ese organismo, Martín Sabbatella , por qué no se trataba el plan de adecuación a la ley de medios del grupo Telefe, el funcionario kirchnerista le respondió: "No tenemos decisión política tomada".
Esa situación parece haber cambiado. A 23 meses de haber sido presentado, la Afsca finalmente tratará el lunes próximo la adecuación de Telefe, cadena de TV abierta de mayor audiencia controlada por la multinacional española Telefónica, y declarará admisible la propuesta de esa empresa, que contempla la venta de dos de sus nueve canales abiertos, en Bahía Blanca y Neuquén (dos plazas económicamente deficitarias a las que la señal igualmente seguirá llegando por medio de la TV por cable).
El proyecto de resolución que la mayoría oficialista en la Afsca se apresta a aprobar es brevísimo, tiene sólo cuatro artículos. El primero declara admisible la propuesta, el segundo le da un plazo de 30 días para que ratifique las licencias de las que se va a desprender, y los dos últimos son sólo de forma.
En el caso Telefe, Telefónica tenía al menos tres cuestiones a resolver: 1) el hecho de ser una empresa extranjera y 2) ser una prestadora de servicios públicos (ambas cuestiones prohibidas expresamente por el artículo 25 de la ley audiovisual); y 3) llegar a más del 35% de la población del país (lo que viola a su vez el artículo 45). De los dos primeros aspectos, nada dice la parte resolutiva de la disposición que la Afsca aprobará el lunes.
Tampoco Telefe-Telefonica habían hecho referencia a esos aspectos en la propuesta presentada días antes del fallido 7D, el 7 de diciembre de 2012. De hecho, la propia AFSCA (para la cual Telefe llega con su señal a 18,7 millones, el 45,3% de los habitantes) acepta una de las "contabilidades" hechas por la propia cadena de TV -la más conveniente para sus intereses-. En aquella propuesta, los apoderados de Telefe habían afirmado que "dicho artículo [45] no es del todo claro y puede ser objeto de diversas interpretaciones".
En los considerandos de la resolución sí hay referencias a las dos restantes cuestiones: la extranjería y la incompatibilidad con servicios públicos y explica por qué Telefónica, siendo española, puede seguir conservando Telefé y arriesga una nueva interpretación sobre la incompatibilidad con servicios públicos que podrá ser esgrimida en el futuro por otros licenciatarios.
En rigor, la extranjería de Telefónica ya había sido resuelta en el decreto reglamentario 1125 de la ley de medios firmado en 2010 por la presidenta Cristina Kirchner. Según esa reglamentación, la extranjería de la propiedad de medios audiovisuales (totalmente prohibida) debe ser aplicada según lo previsto en la ley 25.750 de Preservación de Patrimonios Culturales, que exceptúa de esa prohibición a las empresas foráneas que ya controlaban medios antes de la sanción de esta última norma, en 2002. Paradójicamente, a aquella norma que ahora favorece a Telefónica -y que fue impulsada durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde- se la denominó Ley Clarín.
Tras más de dos páginas de argumentación legal, los considerandos de la resolución concluyen que "la interpretación sistémica de las disposiciones legales y reglamentaciones precedentemente consignadas llevan a concluir que Telefe respecto de la nacionalidad de su controlante Telefónica, sociedad constituida bajo las leyes del Reino de España, se encuentra habilitada para prestar servicios de comunicación audiovisual".
En cuanto a la incompatibilidad de ser a la vez licenciatario de medios audiovisuales y prestador de servicios públicos (como la telefonía fija), los considerandos de la norma afirman que "de la interpretación del art. 25 inc. d) surge que esa prohibición se aplica a "las licenciatarias y sus socias" y no a sus controlantes y que por lo tanto "no existe este impedimento respecto de la firma Telefe ya que ni ésta ni sus socios resultan ser prestadores o socios de una prestadora de servicios públicos".
El tratamiento del caso Telefe había sido prometido para marzo de este año por Sabbatella e incluido en al menos tres ocasiones en el orden del día del directorio para luego ser quitado del temario. El lunes próximo, según está previsto en el orden del día, la Afsca tratará también los planes de adecuación de DirecTV (que ya fue declarado admitido y será formalmente dado por cerrado a pesar de las dudas que aún persisten respecto del artículo 31 de la ley, entre otros) y Prisa-Radio Continental (que también tiene a Telefónica como accionista indirecto, aunque en los documentos existentes en la AFSCA esa emisora aún no está registrada a nombre de su actual propietario).
Fueron diez días claves para Telefónica y Telecom Argentina: obtuvieron espectro (fundamental para el futuro del negocio de las comunicaciones, incluidos los medios; y hasta podrían llegar a pagarlo parcialmente en pesos y no en dólares como prevé el plego de licitación), tendrán vía libre para ingresar al negocio de la TV por cable cuando se apruebe le ley de telecomunicaciones Argentina Digital -tal vez antes de fin de año- y, en el caso de la empresa española, no tendrá que desprenderse de Telefe, la cadena televisiva de mayor audiencia del país. En tanto, David Martínez, accionista minoritario de Telecom -que tiene una oferta para comprar la parte controlante de esa empresa-, ve en el horizonte la solución a sus problemas con la ley de medios: la nueva ley telco le permitirá conservar esa empresa y su participación minoritaria en Cablevisión (cableoperadora del grupo Clarín que para cumplir con la ley de medios deberá partirse en tres empresas independientes).
Fuente: Diario La Nación
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