Emisoras comunitarias de Chile siguen reclamando un marco que les permita desarrollarse sin restricciones, pese a una ley específica aprobada hace casi dos años, cuya vigencia sigue pendiente.
Las radios comunitarias comenzaron a emitir masivamente en 1990, cuando Chile puso fin a 17 años de dictadura, aunque había antecedentes de emisiones populares desde la década de 1970.
"Partimos con una propuesta de buscar algún medio alternativo, fuera de lo oficial, para hablar sobre las cosas que realmente le estaban pasando a la gente en las poblaciones", dijo a IPS el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANaRCiCh), Alberto Cancino.
Hoy se cuentan 420 emisoras de este tipo y unas 300 están afiliadas a Anarcich. Otras tienen apoyo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) o de organizaciones como la Red de Medios de los Pueblos, que incluye también canales de televisión y periódicos alternativos o ciudadanos.
Una de las más emblemáticas es Radio Amanecer de Caldera, un puerto 800 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Atacama. Fundada en 1993 por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la ciudad, su programación aborda cuestiones laborales, sociales, culturales, ambientales y religiosas y transmite en la frecuencia 93.7 y por Internet. A mediados de 1991 se registró la primera "represión fuerte" a las emisoras comunitarias, impulsada por la influyente Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que agrupa a los grandes consorcios privados.
"Su propósito era exterminarnos porque no éramos legales, pese a que no existía una ley al respecto… Hubo persecución y cierre de radios. Nos denominaban ‘terroristas de las comunicaciones’", recordó Cancino.
En 1994 se aprobó el primer marco regulatorio que definía a estos medios como "radios de mínima cobertura", penalizaba a las que emitieran sin autorización y tenía, según los radialistas, deficiencias en cuanto a financiamiento y cobertura, pues solo autorizaba un vatio de potencia de transmisión.
El 4 de mayo de 2010 se promulgó la ley 20.433 sobre Servicios Comunitarios y Ciudadanos de Radiodifusión de Libre Recepción, pero todavía no se aplica.
La principal traba es que todas las emisoras concesionadas deben pasar de la condición de "mínima cobertura" a radios comunitarias, para lo cual necesitan acreditar su pertenencia a organizaciones sin fines de lucro. Quedan excluidas así las emisoras municipales o universitarias.
El plazo para completar este proceso vencía este 14 de febrero, pero Anarcich consiguió una prórroga hasta noviembre. Luego, será la Subsecretaría de Telecomunicaciones la que decidirá a qué radioemisoras otorga el permiso, un trámite que podría tardar entre seis y 10 meses.
La nueva normativa amplía la potencia de uno a 25 vatios, la altura de las antenas de seis a 10 metros y la duración de las concesiones de tres a 10 años.
Pero otorga cinco por ciento del dial FM a los medios comunitarios, correspondiente a su última fracción, entre el 105.9 y el 107.9, y mantiene la prohibición de publicidad, por lo que estas emisoras solo se pueden financiar mediante menciones comerciales suscritas al área de cobertura.
La ley es un avance para algunos, mientras otros apuntan que no mejora sustancialmente el panorama.
En contraste, Cancino cree que la ley es el "gran orgullo que tenemos hoy día". "Podrá ser limitada, algunos la consideran mala, pero es una ley que fue sacada para las radios comunitarias, y eso antes no existía", afirmó.
Wilson destacó que Chile es uno de los pocos países de América Latina con una legislación que penaliza con presidio la radiodifusión comunitaria sin autorización, lo que atenta contra la libertad de expresión, según relatorías de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas.
El origen del problema, en opinión de Wilson, está en la idea de que el espectro radioeléctrico, las ondas sonoras y las frecuencias son de titularidad privada, cuando se trata de "un bien público, y merece ser distribuido con criterios de desarrollo social".
Chile debería incorporar la experiencia latinoamericana, y seguir ejemplos como el de Argentina, que destina un tercio del espectro a este tipo de emisoras, dijo Wilson.
Legislaciones sobre radiodifusión comunitaria promulgadas en Uruguay y en Colombia, el reconocimiento a estos medios en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, así como la participación ciudadana en la redacción de la iniciativa legal en Argentina, sirven de ejemplo para el perfeccionamiento de la norma chilena, opinó Wilson.
En esas legislaciones se limita la potestad del Estado para administrar las frecuencias, en el entendido de que su libre acceso no debería estar sometido a mayores restricciones.
"Propiciamos una discusión completa sobre la producción de servicios audiovisuales. Las leyes de comunicación en Chile están muy parcializadas, muy fragmentadas. Esta ley, como está, es inaplicable", enfatizó Wilson.
Para Cancino la normativa anterior era "tan mala que por lo menos ahora se planteó una nueva ley que nunca existió".
Ambos dirigentes coinciden en que la radiodifusión comunitaria es muy valiosa.
En la comuna de Peñalolén, en el oriente de Santiago, la radio Encuentro 107.3 FM emite por iniciativa de la corporación del mismo nombre, dedicada a reducir la brecha digital llevando la tecnología de la información y las telecomunicaciones a distintos barrios y promoviendo la alfabetización digital.
La radio fundada en 1998 se enlaza a otros proyectos sin fines de lucro, como una red de telecentros comunitarios, cursos de informática y el dictado de educación básica y media para adultos.
El movimiento de radiodifusión comunitaria demostró su peso en las manifestaciones de 2011 por la reforma educativa, las más importantes desde el retorno a la democracia, impulsadas por el movimiento estudiantil.
"Tuvimos en 2011 una gran producción de contenidos independientes transmitidos de manera colaborativa", dijo Wilson.
"Mantuvimos canales abiertos, principalmente el apoyo al movimiento estudiantil… Las radios comunitarias siempre van a estar presentes para dar a conocer esta problemática a la comunidad", señaló Cancino.
En noviembre de 2011, cuando esa movilización social llevaba seis meses y faltaban horas para que se aprobara en el parlamento el presupuesto de este año, se puso al aire una cadena radial de 30 horas consecutivas en una coproducción de estudiantes, radios comunitarias, medios ciudadanos y centros de producción.
El objetivo era apoyar y hacer más visibles a los actores sociales comprometidos con el movimiento educativo y, de paso, fortalecer la radiofonía comunitaria.
En opinión de Wilson, "el cerco comunicacional se rompió por el carisma de los liderazgos estudiantiles que se levantaron en los grandes medios, pero también muy impulsado desde los medios comunitarios, los medios locales y las redes sociales".
"Todo eso se conjugó en una manera de comunicar del movimiento social que obviamente está radicado en nuestra historia", concluyó.
*Artículo producido con apoyo de la UNESCO
Fuente: Inter Press Service
