Muchos a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Más de veinte instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
El documento fue presentado, en calidad de amicus curiae, en una causa que tramita ante la justicia federal de Salta. Este proceso se inició a fines de 2009, luego de que el juez federal Miguel Medina hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (CoDelCo) y suspendiera la vigencia de seis artículos de la norma.
El escrito fundamenta la adecuación de estos artículos de la ley 26.522 a los parámetros de la Constitución Nacional y los estándares internacionales sobre libertad de expresión. En particular, alega que los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión, y que en el caso argentino, la Constitución reconoce esta facultad al Congreso de la Nación. Además, el dictamen recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y numerosa legislación comparada, destinados a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Sostiene también la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente.
Los firmantes recurrieron a la figura de amicus curiae –“amigos del tribunal”–, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio. Estas presentaciones consisten en la suma de aportes técnicos, opiniones de especialistas y ejemplos de legislación comparada que pueden resultar de utilidad para un enfoque completo de la problemática.
En los próximos días podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran al dictamen. Los firmantes también prevén presentar escritos similares en otras causas en las cuales se discuta la constitucionalidad de la ley 26.522.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, el Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos y el Sindicato de Prensa de Rosario. También se incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.

Fuente: Centro de Estudios Sociales y Legales

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores de Prensa, Gustavo Granero, explicó en diálogo con Informativo FARCo que se le presentaron a la justicia fundamentos jurídicos con una mirada sobre el derecho a la comunicación. “El tema es que el derecho a la comunicación en la Argentina es una materia que normalmente no es de uso y costumbre en los juzgados. Los jueces tienen que estudiar estos casos, armarse de una documentación para tomar de referencia para poder emitir un fallo. Desde una posición política no pueden emitir un fallo sino de una posición legal. Por lo tanto nosotros lo que hacemos es reforzar todo el material que tiene el juez para que ellos puedan tomar todas las vertientes para emitir su fallo ajustado al derecho”, explicó Granero.
Audio: Gustavo Granero, secretario General FATPren, en diálogo con Informativo FARCo, 1ª parte:

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también está suspendida por la justicia federal de Mendoza pero en este caso por cuestionamientos al tratamiento de la norma, lo que ya fue apelado por el gobierno al tribunal encabezado por Olga Pura de Arrabal. El titular del gremio que agrupa a los trabajadores de prensa dentro de la CGT explicó que “en (el juzgado de) Salta lo que se hace es hablar de la ley y atacar algunos artículos. Por caso el que dice que los monopolios y oligopolios se tienen que desprender de un tanto por ciento de sus medios. En cambio en el de Mendoza habla de la parte de procedimientos de la votación de la ley. Entonces eso lo tiene que hacer el parlamento argentino, que ya hicieron la presentación en Mendoza, que ya se hizo una apelación que eso irá a la Cámara y se está esperando que mita la Cámara el despacho”.
Audio: Gustavo Granero, secretario General FATPren, en diálogo con Informativo FARCo, 2ª parte: