La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy está en discusión, no es simplemente una ley más, es la piedra basal sobre la que se debe asentar la consolidación de la República, Federal y Representativa, en la que el respeto por el contrato social que rige la vida de la Argentina, la Constitución Nacional, asegure a los ciudadanos la vigencia absoluta del Estado de Derecho y resulta conveniente, en estos tiempos conflictivos, otra mirada al proyecto de ley de medios audiovisuales:
“Hoy en día sabemos que la posesión de la información, equivale a la posesión del poder. Los esquemas democráticos formales no perduran en una sociedad en donde el poder del dinero o el poder político equivalen al poder de informar. La regulación de los medios tiene el efecto de distribuir ese poder”.
De esta forma el Diputado Nacional Osvaldo Álvarez Guerero, manifestaba su opinión en el párrafo precedente a un proyecto de Ley de Radiodifusión, que presentó en 1989.
El proyecto en cuestión, que fuera precedido por otro enviado por el Poder Ejecutivo en 1988, manifestaba los riesgos, que hoy esgrimen con vehemencia, tanto simpatizantes como detractores de la Ley, mientras la ciudadanía absorta, los observa como si se tratase de un partido de tenis.
El tema, según se puede apreciar, incluye muchísimas aristas de opinión, y no menos intereses, que dificultan su tratamiento a lo largo de estos años de vigencia de la democracia en el país.
Existieron acuerdos políticos, en muchas ocasiones, que evitaron una confrontación como la que vivimos actualmente. Aunque en definitiva hicieron que nunca pudiese tratarse seriamente una ley que reemplazara a la vigente generada por la dictadura militar. Independientemente de los análisis que puedan realizarse, es desafortunada la expresión de que se está con esta ley del Ejecutivo o se está con la ley de la dictadura. La democracia tuvo oportunidades para cambiarla y fue precisamente el entendimiento del justicialismo con los medios en puja, los que obstaculizaron la sanción de un nuevo instrumento legal.
Álvarez Guerrero manifiesta en un nuevo proyecto de ley presentado en 1990, que fue acompañado entre otros por Conrado Storani, Rodolfo Quezada, Oscar Machado y Carlos Raimundi, que los proyectos ingresados en el período 1988 y 1989, no pudieron ser tratados en la Cámara, aunque el primero de ellos, remitido por el Poder Ejecutivo en 1988, contaba con despacho mayoritario de las comisiones que intervinieron en el estudio.
Textualmente decía el extinto Álvarez Guerrero: “en reiteradas oportunidades las nuevas autoridades nacionales, que asumieron en julio de 1989 expresaron su intención de remitir a esta cámara un nuevo proyecto de ley. Ello no ha ocurrido. La política seguida por el gobierno nacional para las libertades expresión y el derecho a la información para los medios de radiodifusión ha sido hasta ahora deplorable”.
Por lo visto, el camino recorrido ha sido tortuoso y poco feliz en alumbramientos. Habrá que ver qué sucede en este último tramo con el nuevo proyecto de este gobierno, también justicialista.
El primer paso fue dado con una trabajosa y controvertida aprobación en diputados. Queda por ver que pasará en el Senado, hoy convertido en la caja de resonancia del proyecto. Se esperaba su tratamiento en recinto para el próximo 7 de octubre.
Especulaciones de última hora llevarían la sesión para el próximo 14. Dependerá de ello la firmeza del presidente de la Comisión de Comunicaciones, el jujeño Guillermo Jenefes en su decisión de aceptar cambios, o si por el contrario, las órdenes emanadas de la Casa Rosada son aceptadas aún a regañadientes por el bloque presidido por el rionegrino Miguel Pichetto. Todo un intríngulis.
Fuente: Visión Federal
Desacuerdos por la fecha de la sesión final
Una intensa puja por la fecha de la sesión donde se discutirá la ley de medios atravesó hoy una reunión, realizada en el despacho del vicepresidente Julio Cobos, que agrupó a los principales referentes de la oficialismo y la oposición del Senado.
El presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, pidió que el debate sea cerrado el viernes 2 de octubre y los senadores sean llamados a discutir en el recinto el 9 de octubre, mientras la oposición, en particular el radicalismo, sostuvo que las consultas sean extendidas hasta el martes 6 de octubre y la sesión especial sea convocada para el martes 13.
Las diferencias quedaron expuestas durante una reunión informal de la que participaron el vicepresidente y titular del Senado, Julio César Cobos, el jefe del oficialismo, Miguel Pichetto, los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá.
El encuentro se realizó en el despacho de Cobos en el Palacio Legislativo.
En contrario de lo que se afirmó en un primer momento, no estuvo presente el presidente provisional del Senado, José Pampuro y representantes de otros bloques.
Fuentes parlamentarias estimaron que el oficialismo propondrá mañana una fecha de finalización de las audiencias luego de realizar consultas con el poder político de la Casa Rosada, desde donde se promueve una mayor rapidez en la sanción de la norma.
Para el radicalismo, no es posible clausurar ahora las listas de los invitados, ya que fueron convocados para el jueves a las 11.30 tres gobernadores, el justicialista Alberto Rodríguez Saá, el socialista Hermes Binner y el kirchnerista Jorge Capitanich, mientras quedan para días sucesivos entidades defensoras de la competencias, varios gremios, y un conjunto de periodistas que haría necesario extender el debate hasta el viernes.
Según la visión de la oposición, el lunes siguiente debería estar dedicado a presentar dudas y debatir con el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, quien quedó en regresar a las consultas tras exponer en la primera jornada, a fin de responder a nuevas preguntas que la oposición tiene interés en formular.
Para el radicalismo y otros opositores se hace necesario mantener el martes siguiente una reunión conjunta de las cuatro comisiones (Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías) a fin de cerrar el debate de una ley extensa que plantea 167 artículos.
Sectores de la oposición, entre ellos el radicalismo, bloques del justicialismo disidente, el socialista Rubén Giustiniani, y la cívica María Eugenia Estenssoro se comprometieron a abordar a partir del lunes un dictamen en común, que sirva de alternativa por si en el recinto se caen algunos artículos que el oficialismo no pueda sostener con sus senadores.
Fuente: DyN
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