Por: Mariana Verón
El Gobierno ha comenzado, en las últimas horas, a mostrarse permeable a hacer retoques a su proyecto de ley de servicios audiovisuales, ante la inquietante posibilidad de que la i
niciativa, tal como está, sea rechazada por el Congreso, sobre todo en el Senado.A cuatro días de la presentación oficial, y con el apuro de la Presidenta para que se debata lo antes posible, un grupo de legisladores kirchneristas empezó a negociar en los despachos del Congreso de cara a la discusión en ambas cámaras.
Según confiaron a La Nación tres altas fuentes del Gobierno y legisladores oficialistas, hay disposición a hacer cambios en un punto que la oposición marcó como uno de los más conflictivos de la iniciativa: la autoridad de aplicación de la ley, que dejará en manos del Poder Ejecutivo la revisión, cada dos años, de los licenciatarios de frecuencias.
El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que buscarán el consenso sobre la iniciativa, pero insistió, en contra de la postura opositora, en que intentarán aprobarla antes del 10 de diciembre, momento en que se renovará el Congreso.
La iniciativa oficialista plantea la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por tres representantes del Gobierno y dos del Congreso. Los bloques Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires y Forja rechazan la idea de que esta entidad dependa del Poder Ejecutivo y proponen la creación de un órgano autárquico. Entre los proyectos que ya están redactados por otros legisladores, uno establece la posibilidad de que la autoridad de aplicación esté integrada por nueve miembros: seis en representación del Parlamento y tres del Poder Ejecutivo, lo que dará margen de acción a la representación legislativa que alcance un gobierno. En este artículo el Gobierno abrirá el proyecto a debate, si logra convencer al grupo de aliados y de los sectores menos críticos.
Aunque la iniciativa tiene varios artículos resistidos no sólo por la oposición sino también por los bloques más afines al Gobierno, ayer la presidenta Cristina Kirchner reivindicó la prohibición que fija su proyecto de que quien es un operador de cable no puede tener un canal de aire. "Promovemos la obligación de que los que comercializan las señales de transporte no puedan también fijar contenidos", destacó la Presidenta en la Casa del Teatro, donde inauguró obras del edificio y entregó un nuevo subsidio del Estado por $ 1.500.000 para nuevas remodelaciones.
Sectores que coinciden con el Gobierno en líneas generales marcan un rasgo de arbitrariedad en este punto. Pero según las palabras de la Presidenta, la Casa Rosada no parece por el momento dispuesta a ceder. Además, algunos legisladores oficialistas coinciden en que esto traerá aparejado un problema jurídico, y proponen así esperar el plazo en que caducan las licencias (que la nueva ley establece en 10 años) para que se ajusten a la nueva norma. El Gobierno, en cambio, quiere que en un año las empresas se desprendan de las licencias que queden fuera de la ley.
Apuro
El apuro de la Presidenta en sancionar la ley obligó a que hoy el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), Gabriel Mariotto, se reúna con la bancada kirchnerista en Diputados. Será un encuentro a puertas cerradas, por lo que algunos diputados aprovecharán para plantear sus reparos a la norma, a la espera de que el funcionario anticipe si hay posibilidades de cambios. No obstante, funcionarios y diputados anticiparon ayer que el Gobierno aceptará modificaciones. Algunos pudieron evacuar sus dudas con el número dos del ComFeR, Luis Lázaro, uno de los funcionarios que redactaron el proyecto, que anticipó que se podrían hacer retoques. El Gobierno se está moviendo en pleno para consensuar posturas en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
Otro de los artículos más resistidos en el Congreso es el que habilita a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, a prestar servicio de cable, algo que tenían expresamente prohibido por el pliego de privatización y que en la mayoría de los proyectos que ya existen en el Parlamento tenían restringido el acceso. Ayer, el titular del bloque SI, Eduardo Macaluse, anticipó su desacuerdo. "Tememos que se conformen nuevos monopolios, esta vez a manos de las telefónicas", advirtió el diputado a La Nación. En la Casa Rosada ya está definido que las empresas telefónicas estarán habilitadas. En eso no hay dudas. Pero según anticiparon en el Gobierno, se podrían introducir restricciones, como obligar a las compañías a desprenderse de parte de la red de telefonía, lo que implicará que se desmonopolicen previamente.
Hoy, el mayor escollo para la Casa Rosada es conseguir el quórum en la Cámara baja: necesita sumar el apoyo de otros 18 legisladores para arrancar la sesión. Pero en el bloque oficialista hay voces que disienten de la iniciativa, entre ellas los cinco diputados que responden al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ya reclamó cambios de fondo al proyecto. También expresó sus dudas el salteño Marcelo López Arias.
Con la colaboración de Laura Serra
En el Senado creen que el trámite no será fácil
Pronostican un arduo debate en comisión
Por: Gustavo Ybarra
Esperar hasta que el proyecto sea aprobado por Diputados. Esa es la consigna que imperará en el bloque oficialista del Senado con relación al proyecto de ley de radiodifusión del Gobierno.
Esta fue la postura que ayer le trasladó el jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto (Río Negro), a su par de Diputados, Agustín Rossi (Santa Fe), mientras compartían un café después del mediodía en el despacho del rosarino.
Tanta cautela encuentra explicación en, al menos, dos cuestiones. La primera es que Pichetto no quiere entrar en un duelo verbal con la oposición hasta no saber cuál será la versión que aprobará la Cámara baja. En otras palabras, quiere saber qué proyecto tendrá que defender.
Sin embargo, hay una segunda razón que tiene que ver con el clima enrarecido y de fuertes discrepancias con la Casa Rosada que impera en la bancada kirchnerista de la Cámara alta.
Por lo pronto, fuentes oficialistas ya reconocieron que el trámite en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión no será nada fácil.
Es que, como adelantó La Nación en su edición del viernes pasado, en ambas comisiones hay un representante de Chubut, provincia gobernada por Mario Das Neves, quien ya lanzó fuertes críticas al proyecto oficial de radiodifusión. Se trata de Marcelo Guinle y Silvia Giusti, quienes ocupan un escaño en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Medios, respectivamente.
De esta manera, estos legisladores patagónicos tendrán en sus manos la llave para habilitar dictamen de mayoría, ya que sin sus firmas será imposible que el oficialismo alcance las ocho rúbricas que exige el reglamento.
"Pero también está Latorre", añadió un legislador oficialista cuando La Nación le hizo notar la presencia de los dos chubutenses en las comisiones. Se refirió así a la santafecina Roxana Latorre, recientemente expulsada de su bloque por Carlos Reutemann por haber habilitado con su firma la discusión de la legislación delegada y que integra Presupuesto y Hacienda.
Si bien este debate podría significar el regreso de la senadora al oficialismo, en el kirchnerismo no se fían de un razonamiento tan lineal. "También puede votar en contra para demostrar que lo de la legislación delegada fue un error", señaló la fuente consultada por este diario.
Por último, está el caso de Guillermo Jenefes (Jujuy), presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El proyecto oficialista podría obligarlo a desprenderse de algunos de los medios que controla, por intermedio de su esposa, en su provincia, ya que entraría en una de las incompatibilidades previstas en la iniciativa.
Fuente: Diario La Nación
Stolbizer llamó a discutir la Ley de Radiodifusión
La diputada electa del Acuerdo Social, Margarita Stolbizer consideró hoy que el Congreso debe
tratar ahora el proyecto oficial de ley de Radiodifusión y no diferirlo a después que asuman los legisladores electos, pero sostuvo que hay que discutirla a fondo porque "en manos de este gobierno, es un arma con cargador lleno".“No quiero que la ley, que es muy importante y se anuncia para democratizar y transparentar" el manejo de los medios "termine siendo un mamarracho sacado de manera expres", advirtió la legisladora.
Stolbizer, en diálogo con radio América, cuestionó duramente al diputado de Unión Pro Francisco de Narváez, dueño de un grupo de medios de comunicación, al sostener que si bien "criticó" el acuerdo del gobierno con la AFA para que se transmitan los partidos de fútbol por canales de aire, "al mismo tiempo se benefició" porque el canal de su propiedad los pudo difundir.
Estimó además que debería abstenerse de votar cuando se trate el proyecto de Radiodifusión y consideró que "es absolutamente compatible que un legislador sea dueño de medios, lo que está expresamente prohibido en la actual ley de Radiodifusión".
Fuente: DyN
El oficialismo busca apurar el tratamiento de la ley de radiodifusión que la oposición quiere postergar
Con diferencias de medio a medio
El titular del ComFeR irá hoy al Congreso a explicar el proyecto, visita que podría repetir mañana y pasado. Así, el oficialismo busca acelerar el tratamiento de la iniciativa. La oposición quiere que pase por más comisiones.
Por: Miguel Jorquera
El titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, pasará hoy al mediodía por la Cámara de Diputados, donde evaluará junto a la mesa chica del bloque K la estrategia parlamentaria del oficialismo para abordar el debate del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mariotto regresará mañana a la Cámara baja para exponer sobre la iniciativa del Gobierno ante todos los legisladores oficialistas que integran las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, y hasta podría volver el jueves a Diputados si la bancada kirchnerista decide apurar los tiempos y convoca –como trascendió– a un plenario de las comisiones legislativas para ese día. La oposición también empezó a “articular” posturas frente al debate con la premisa que hasta ahora unifica criterios entre los distintos bloques opositores: “La discusión no se puede acotar a los tiempos que quiere imponer el oficialismo”.
“Mariotto se ha puesto a disposición del bloque y afirmó que si es necesario vendría toda la semana.” Así definieron en el bloque K la “excelente” predisposición del funcionario y la decisión del oficialismo de acelerar los tiempos parlamentarios. En la oficina que el jefe de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, tiene en el tercer piso del Palacio Legislativo los legisladores del oficialismo en la Cámara baja recibirán hoy a Mariotto. Allí estarán el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, Patricia Vaca Narvaja, Patricia Fadel, Mariano West, José María Díaz Bancalari y Carlos “Cuto” Moreno, entre otros, además de los presidentes de las comisiones de Comunicaciones, Manuel Baladrón, y de Presupuesto, Gustavo Marconato.
Mañana, la reunión se ampliaría a todos los legisladores oficialistas que componen las tres comisiones, incluida Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici. Mariotto buscará despejar todas las dudas sobre la iniciativa del Gobierno y responderá a las críticas opositoras. Aunque recién en la reunión de hoy se definirá si el titular del ComFeR deberá volver el jueves a Diputados: ahí se resolverá si finalmente el bloque K le pone fecha a la apertura del debate con la convocatoria a un plenario de las comisiones legislativas.
Después de los primeros arrestos con que las bancadas opositoras se expresaron, por separado, contra el proyecto oficial, los diputados de los distintos bloques de la oposición comenzaron a juntarse y a unificar los criterios para enfrentar el debate. Desde la Comisión de Libertad de Expresión, Giúdici tomó la iniciativa: ayer se reunió con Elsa “Tata” Quiroz y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica, y Paula Bertol, de PRO, para comenzar un relevamiento opositor.
La primera tarea fue recoger las propuestas que reclaman que se sumen otras comisiones a la discusión. La lista, por ahora, incluye a Asuntos Constitucionales “porque el artículo 32 de la Constitución prohíbe legislar sobre leyes de imprenta y aquí lo estaríamos haciendo sobre otros medios de comunicación audiovisuales”; la de Peticiones y Reglamento, “porque crea una comisión bicameral de control”, y se sumó la de Cultura, por pedido expreso de los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad).
Las críticas opositoras se asientan sobre tres ejes: que la autoridad de control no quede en manos del Gobierno, que las telefónicas se puedan sumar en condiciones muy favorables al negocio de la radiodifusión y que los licenciatarios se deban someter a un control cada dos años cuando las licencias son otorgadas por diez.
Aunque entre los principales bloques opositores no hay acuerdo, como plantean el PRO y la UCR, que la nueva ley se debe resolver tras el recambio legislativo de diciembre, porque este Congreso “no tiene legitimidad suficiente” después del resultado electoral de junio. Algo en lo que no coincide la CC. “Este Parlamento tiene legitimidad suficiente para discutir cualquier ley”, ratificó Quiroz a Página/12. Sin embargo, todos afirman que “esta ley no se puede discutir en 30 o 60 días”. Un planteo al que se suman bloques de centroizquierda como SI, además de Proyecto Sur y el legislador Miguel Bonasso, que tienen proyectos propios.
En tanto, Rossi salió al cruce de los reclamos opositores. “A la oposición parece que lo único que le interesa es entorpecer el debate. No es que buscan otro escenario para tratar la ley, directamente no la quieren tratar”, afirmó el jefe del bloque K como respuesta al planteo de que el proyecto se trate después de diciembre. Luego ratificó la decisión del oficialismo de no dar marcha atrás ante las amenazas opositoras de rehuir el debate: “Si están decididos a no dar quórum, será una cuestión de la oposición; nosotros vamos a seguir trabajando para aprobar este proyecto que garantiza la pluralidad informativa”.
Quieren que se excusen
El diputado Ariel Pasini (Frente para la Victoria) le exigió a su par Francisco de Narváez (Unión-PRO) que “se excuse y pida licencia” durante el tratamiento parlamentario de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que es dueño de un multimedio, y que en caso de que no lo haga van a “estudiar las herramientas legales para impedir que se consagre esta anomalía”. “Por su condición de titular de uno de los multimedios de la Argentina y en razón de tener un interés económico, el diputado De Narváez no debería estar involucrado en el desarrollo de esta iniciativa”, sostuvo el diputado kirchnerista. Desde la oposición, entonces, sostenían que el mismo argumento podía esgrimirse contra el diputado Guillermo Jenefes, del Frente para la Victoria, quien en Jujuy es dueño del grupo Radiovisión. Ayer anticipaban que también pedirían que se excuse en este tema.
Fuente: Diario PáginaI12
Edita Clarín: Tensa reunión de los asesores
El diputado radical Gustavo Cusinato, vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, consideró "lamentable" la actitud del oficialismo en la primera reunión de asesores que tuvo lugar ayer por la tarde para analizar el proyecto de ley de Radiodifusión enviado por el Gobierno. "Evitaron debatir y por lo que pudimos ver, el oficialismo pretende aprobar la ley a libro cerrado y a los empujones", señaló.
La voz cantante en la reunión la tuvieron los asesores de los cuatro diputados que ya habían presentado proyectos sobre el tema: Silvana Giúdici (UCR), Horacio Alcuaz (Coalición Cívica), Roy Cortina (Partido Socialista) y Silvia Vázquez (Forja-Concertación).
El jefe de asesores, Cristian Hansen, habló en nombre del ausente titular de la comisión, el kirchnerista pampeano Manuel Baladrón, y se limitó a decir que "los tiempos del debate los fijarán los diputados". La comisión no tiene fecha de reunión.
En el Congreso, el kirchnerismo busca sumar apoyos
La centroizquierda ya negocia sus votos
Por: Horacio Aizpeolea
El oficialismo parlamentario, cuando afina el lápiz haciendo cuentas, suma para sí varios de los bloque pequeños encuadrados en lo que se denomina "la centroizquierda". Entre ellos, está el bloque del SI, un grupo excindido del ARI. El titular de este bloque, Eduardo Macaluse, en charla
con Clarín, afirmó estar de acuerdo con que se inicie ahora la discusión sobre una nueva ley de Medios, pero aclaró su desacuerdo con el apuro del Ejecutivo "en querer aprobar la ley en 30 días". Macaluse adelantó que propondrán que se realicen "audiencias públicas", y también dijo que están analizando introducir "algunas modificaciones" al proyecto oficial: "no queremos que quede abierta la puerta a la constitución de monopolios, ni a la discrecionalidad del Ejecutivo para tomar medidas que afecten a los medios". En una sintonía misma sintonía se mueven los diputados del ARI-Tierra del Fuego, que conforman un interbloque con el SI y con Claudio Lozano, ligado a la CTA. El oficialismo evalúa flexibilizar algunos puntos. De hacerlo, el SI acompañaría con su voto. "Es tan malo sacar una ley para castigar medios como no discutirla para defender a aquellos", concluyó Macaluse.Lozano promovió ayer un reclamo (que fue acompañado por otros diputados) para que el proyecto del oficialismo, "pase por la Comisión de Cultura", y no solamente por las de Comunicación, la de Presupuesto y la de Libertad de Expresión. En diferentes oportunidades, Pino Solanas, aliado de Lozano, se manifestó a favor de la ley de Medios del oficialismo.
Las diputadas de Libres del Sur, Victoria Donda y Cecilia Merchán, aunque desde el año pasado se volvieron críticas del la gestión Fernández de Kirchner, apoyan sin rodeos el proyecto K. Los socialistas disidentes Ariel Basteiro y Jorge Rivas también votarán por el sí. La diputada Vilma Ibarra comparte el bloque con los dos socialistas K y con Merchán y Donda. El oficialismo la suma como otro voto.
En el Congreso tampoco se duda sobre la posición de los denominados radicales K. La diputada Silvia Vázquez, referente de este grupo tiene su propio proyecto de ley. Peso se descuenta que la bancada K no tendría inconvenientes en aceptar retoques al proyecto oficial para sumar su apoyo.
El diputado y periodista Miguel Bonasso, alguna vez cercano al oficialismo, adoptó una postura crítica y presentó proyecto propio.
En la foto: En Ciudadela, otro ataque contra un local de Clarín
Fuente: Diario Clarín
