lunes, 26 de septiembre de 2016

"La denuncia del ENaCom es falsa", dice Martín Sabbatella

Hoy el Ente Nacional de Comunicaciones presentó una denuncia contra ex titular del AFSCA por fraude en perjuicio de la Administración Pública, para que investigue el manejo de los recursos destinados al Fondo de Fomento Concursable. Sabbatella respondió desde su cuenta de Twitter
Ver anterior: ENaCom denunció a Sabbatella por malversación de fondos en la AFSCA

Finalmente cerró el Diario Prensa Libre y Magna FM de Lázaro Báez

Los medios del empresario Kirchnerista ya habían reducido al mínimo su personal. Pero tras deberles tres meses de sueldo, decidió darlos de baja. Reclamo de los ex empleados
Por: Lucía Salinas
Después de casi una década el multimedio del empresario K cerró. En la calle quedaron 19 familias a quienes se les adeudaban tres meses de salario. La oferta final a un grupo de trabajadores la encabezó Roberto Saldivia, el abogado de Báez, que hace unos meses buscó minimizar la relación que los une. Según el relato de los ex empleados del diario Prensa Libre y Magna FM, "todo se hizo sin un mes de pre aviso y sin pagar lo que correspondía". Desde la empresa señalaron a Clarín que buscarán "cancelar la totalidad de la deuda".

Fue su primer y único multimedio. Muchos creyeron que buscó competir con Rudy Ulloa por la pauta oficial, pero lo cierto es que tenía dos objetivos: “limpiar” su imagen de cara a la sociedad, que ya comenzaba a notar su incremento patrimonial y que veía sus propiedades custodiadas celosamente; y, principalmente, supervisar todo lo que en la provincia se hablaba de Néstor Kirchner y de él.
El lugar que eligió el empresario K para defenderse de las denuncias por lavado de dinero, ya no saldrá a la calle. La empresa Alucom y Diagonal Sur, manejadas por los hijos de Báez, eran las responsables el último tiempo de hacer frente a los salarios. Bajo la dirección de Diego Navarro, mano derecha de Lázaro y uno de los pocos que semanalmente lo visitaba en el Penal de Ezeiza, el multimedio llegó a su fin.

Valuado por la Justicia en $ 10 millones después de ser allanado en la causa de la Ruta del Dinero K, el grupo Magna mantenía un pequeño staff que fue achicándose los últimos años. De unos 50 trabajadores incluyendo administrativos y maestranza, sólo quedaron 19 personas. La dirección del diario a cargo no logró obtener todos los fondos necesarios para cancelar el 100% de las deudas contraídas y al igual que otras firmas del holding, no pudo continuar con su actividad.

Preso hace cinco meses por lavado de dinero y con un embargo de $ 800 millones, el imperio que Báez construyó en 12 años, no deja de derrumbarse. La Justicia ordenó embargar preventivamente 1.500 propiedades, vehículos, empresas. En este escenario, desde el Penal de Ezeiza dio la orden de que su diario y la radio se cierren. Hoy ninguno de los trabajadores pudo ingresar al edificio. Hace un mes, se enviaron telegramas para que los empleados se dieran por despedidos después de tres meses de no cobrar sus salarios, vacaciones y aguinaldos, Otro grupo que esperó la comunicación oficial del Grupo.

El viernes pasado fue la última reunión y allí se explicó que no había "más fondos", pese a recibir $ 33.800 millones del Estado nacional sólo para obras viales. Se cancelaron algunas deudas vinculadas a los haberes, pero no se cubrió la correspondientes indemnización. "Esto viene hace tiempo como también la falta de insumos en el diario, nos dijeron que era la única oferta posible o que iniciemos acciones legales y que nos íbamos sin un peso", explicó a Clarín uno de los trabajadores con más antigüedad en Prensa Libre.

Hace una semana que el diario ya no sale a la calle. Había disminuido sustancialmente su tirada: la última vez que se comercializó no superó los 80 ejemplares y varios de ellos se regalaban en las estaciones de servicios del Grupo Austral. La principal caja del diario era la constructora que recibió durante el kirchnerismo US$ 2.200 millones, tal como reveló Clarín.

En las pocas páginas de Prensa Libre se podía ver mayoritariamente la publicidad de diferentes empresas del Grupo Báez: desde las estaciones de servicio, las firmas dedicadas al catering industrial, hasta una gomería.

Sin un Kirchner en la Casa Rosada que garantice los fondos correspondientes a los certificados de obra, los despidos fueron masivos. De Austral Construcciones se pasó de 5.000 a 30 empleados y el multimedio se redujo los últimos años de manera constante.
Foto: Néstor García
Fuente: Diario Clarín

ENaCom denunció a Sabbatella por malversación de fondos en la AFSCA

ENaCom presentó una denuncia contra ex titular del AFSCA por fraude en perjuicio de la Administración Pública, para que investigue el manejo de los recursos destinados al Fondo de Fomento Concursable. Por su parte Fernando Torrillate, ex director de Imagen y Comunicación de la AFSCA dijo "No extraña que insistan con denuncias falsas contra los dirigentes que formaron y forman parte del Proyecto Nacional y Popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner"
El Gobierno denunció este lunes al ex titular de la disuelta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, por la presunta malversación de 10 millones de pesos cuando conducía ese organismo.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) presentó una denuncia penal contra el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella, y Andrea Conde, Directora de Proyectos Especiales de la ex AFSCA, por fraude a la administración pública. La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 9 Luis Rodríguez y del Fiscal Federal Carlos Stornelli.

En su Art. 94 de la Ley N° 26.522 que regulaba la comunicación audiovisual en el territorio Nacional estableció que los titulares de licencias o autorizaciones para explotar los servicios de comunicación audiovisual debían tributar un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.

De los fondos recaudados, se debía destinar el diez por ciento (10%) para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), y apoyo a servicios de comunicación comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.
La nueva gestión rápidamente detectó incumplimientos en la entrega de fondos a estos proyectos, advirtiendo que ello merecía un exhaustivo examen. A lo cual encargó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) una auditoria, la cual arrojó severas conclusiones acerca de una presunta administración fraudulenta de los fondos destinados al fomento de canales y productoras comunitarias y de pueblos originarios, procesos de actualización tecnológica y de producción de contenidos.

Entre las irregularidades encontradas en los primeros cuatro convenios analizados por un monto de casi 10 millones se encontró que:

  • Ninguno de los beneficiarios de los proyectos especiales accedió por concurso como indica la Ley;
  • Los proyectos analizados fueron confeccionados y presentados por la Directora de Proyectos Especiales Andrea Conde e inmediatamente aprobados por Sabbatella, incluso fue ella quien solicitó en forma discrecional la suma para cada convenio; sin contar con aval alguno ni pedido por parte de los beneficiarios;
  • Dos entidades que recibieron 3 millones de pesos poseen el mismo domicilio fiscal;
  • En todas las rendiciones se presentó una gran cantidad de comprobantes de alquiler de micros y pasajes de traslado sin detalles de cantidad o identidad de los pasajeros;
  • Repetición de proveedores en los distintos convenios que, además, facturaban distintos rubros (como catering, traslados, equipamiento, impresiones, logística y tutoría);
  • En un resumen del informe de las actividades desarrolladas, uno de los puntos plantea como título “Qué significa para nosotros representar al kirchnerismo”;
  • Gran cantidad de facturas de honorario presentadas por los mismos miembros de la Comisión encargada de controlar las rendiciones;
  • Entre las rendiciones se encontraron facturas por $ 42.000 de empleados de AFSCA por honorarios.
  • Facturas y alojamiento en provincias donde no se realizó ningún encuentro o taller.
  • Comprobantes de almuerzos y cenas por $6.000 sin detalles de cantidad de asistentes.

Por todo lo observado, el Presidente de ENaCom, Miguel De Godoy, instruyó para que se realice la presentación de toda la documentación ya que se consideró que la conducta desplegada por los funcionarios fue contraria a los intereses de la Administración Nacional.

En tanto, la directora del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, aseguró hoy que la denuncia presentada contra el ex titular de la AFSCA Martín Sabbatella se realizó por haber destinado a "actividades políticas" los fondos previstos para el fortalecimiento de medios comunitarios.

"Los fondos se utilizaron para otros fines. No había porque utilizar fondos del AFSCA destinados a medios comunitarios para actividades que son políticas", señaló Giudici.

"Hay una malversación de fondos porque cuando se otorgan fondos públicos se deben cumplir directivas muy precisas en la rendición de cuentas, y aquí no había rendición de cuentas", añadió en declaraciones a radio Nacional.

"Lo que se encontró es que hay convenios con cuatro organizaciones que no sólo no presentan documentación sino que además no hay ningún tipo de llamado a concurso ni de requerimiento de fondos por parte de estas organizaciones", aseguró Giudici.

"En este caso por lo menos tres de estas organizaciones no tiene como objetivo ni la producción de contenidos audiovisuales, ni la compra de equipamiento, ni ninguna de las cuestiones que fortalecerían a los medios", agregó.

La directora del ENaCom puntualizó que a la asociación Nueva Tierra le fueron otorgados dos líneas de financiamiento directo, una por 650 mil pesos y otra por dos millones setecientos mil, pero no existe rendición de cuentas.

"Solo hay facturas de las autoridades de esta asociación y algunos papeles sueltos dentro del expediente que intentan explicar que se habían realizado cursos de capacitación", explicó.

"Dentro de esos cursos había algunos que lo que hacían era capacitar en una pregunta: ¿Qué significa para nosotros el kirchnerismo? Esa era una de las líneas de capacitación que se financiaban estos cursos con recursos públicos", añadió.

Giudici aseguró que en todas las áreas de la AFSCA faltaba control, no había orden ni para el destino de los fondos de la administración, y que los mismo pasaba con los expedientes de habilitación y los reclamos. "Esto habla de un gran desmanejo administrativo.

El informe de la sindicatura detectó una cantidad de irregularidades, se presentó a la justicia penal, y a partir de ahí la justicia determinará si esto constituye delito de malversación", señaló.

Por su parte, Fernando Torrillate, ex director de Imagen y Comunicación de la AFSCA y vocero de Nuevo Encuentro, sostuvo que "todo lo actuado durante nuestra gestión en AFSCA fue lo que correspondía, en el marco de la ley aprobada por el Congreso de la Nación, con concursos públicos y con procedimientos correctos. El problema de fondo que tiene Gobierno es que AFSCA, a través de los fondos concursables, apoyaba a los medios comunitarios y el ENaCom les da la espalda", dijo.

"Pretenden cuestionar los proyectos financiados a través del FoMeCA porque en realidad desprecian el financiamiento a medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera", aseguró y agregó "de hecho, lo primero que hicieron, después de destruir los límites a la concentración, fue frenar el apoyo a esos medios comunitarios".

"Cada día que pasa cierran más medios, se quedan miles de comunicadores en la calle y se concentran un poco más las voces. Llegaron prometiendo pluralismo y libertad de expresión y montaron un organismo, con hegemonía oficialista, que es una agencia del Grupo Clarín y los medios concentrados", dijo el vocero de Nuevo Encuentro.

"No extraña que insistan con denuncias falsas contra los dirigentes que formaron y forman parte del Proyecto Nacional y Popular que lidera Cristina. Es lo que viene haciendo el Gobierno nacional, con la complicidad del partido judicial y del partido mediático, para cubrir la profunda crisis social que generan sus políticas públicas y para esconder los gravísimos casos de corrupción que pesan sobre gran parte del entorno presidencial", finalizó Torrillate.
Fuentes: ENaCom, Agencia NA y Señales

ENaCom anuncia nuevas líneas del FoMeCA

El Ente Nacional de Comunicaciones aprobó el reglamento general del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) que busca fortalecer a los actores de la comunicación sin fines de lucro
En los próximos días se darán a conocer las cinco líneas de crédito destinadas a personas jurídicas sin fines de lucro, medios comunitarios, productoras, pueblos originarios y titulares de servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que a la fecha de presentación cuenten con licencia.

El FoMeCA es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los grandes medios comerciales (gravámenes y multas) para fomentar los procesos de actualización tecnológica y de producción de contenidos de radios, canales y productoras comunitarias y de pueblos originarios.

Este mecanismo surge del artículo 97 inciso f) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer a los medios comunitarios y las producciones independientes, y sumar pluralidad de voces. A su vez, contribuye a la generación de empleo, la formación profesional y la actualización tecnológica del sector.

De esta manera, el Estado Nacional acompaña no solo la convergencia comunicacional y el equipamiento de calidad, sino que busca fomentar la producción de contenidos nacionales de calidad, garantizando el federalismo y la libertad de expresión.

FoMeCA 2016
Las líneas de fomento de esta edición del concurso son las siguientes:
-Línea 1. Equipamiento y adecuación edilicia para radios.
-Línea 2. Equipamiento e infraestructura para emisoras de tv abierta.
-Línea 3. Gestión de medios.
-Línea 4. Producción de contenidos radiofónicos.
-Línea 5. Producción de contenidos audiovisuales.
Los destinatarios del fondo son:

Organizaciones Sociales titulares de servicios de radiodifusión contemplados en la Ley Nº 26.522, con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones civiles y fundaciones; o por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si se tratara de cooperativas y mutuales.

Pueblos Originarios con personería jurídica nacional inscriptas en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (ReNOPI) y Comunidades Indígenas con personería jurídica inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNACI) y/o en los organismos provinciales pertinentes, y que resulten titulares de servicios de radiodifusión contemplados en la Ley N°26.522.

Organizaciones Sociales con personería jurídica sin fines de lucro en cuyo objeto social se incluya la difusión, propagación y/o producción de contenidos, que acrediten, como mínimo, TRES (3) años de constitución regular. Asimismo, dichas organizaciones deberán encontrarse inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, creado por el artículo 58 de la Ley Nº 26.522.

Reglamento General del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual

Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución 6673
- E/2016
Buenos Aires, 22/09/2016
Visto el expediente n° 5.763/16 del registro del ente nacional de comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado actuante en la órbita del ministerio de comunicaciones, la ley n° 26.522, el decreto n° 267 del 29 de diciembre de 2015 y,

Considerando:
Que, por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las leyes Nro. 27.078 y 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que en razón de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 26.522, la comunicación audiovisual resulta una actividad de interés público y trascendencia social y que en ese marco cobran asimismo importancia la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en dicho cuerpo normativo como parte de las obligaciones del Estado Nacional de salvaguardar el derecho a la información, a la participación, la preservación y el desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

Que son objetivos de la mencionada ley el fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan; así como el desarrollo equilibrado de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación, y la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios.

Que asimismo, la mentada ley en su artículo 97 inciso f) establece que el diez por ciento (10%) de los fondos recaudados se destinará para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

Que la reglamentación del artículo 97, dispuesta por el Decreto N° 1225/2010, establece que la Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la administración y gestión de los fondos previstos en el inciso f) del artículo 97 de la Ley N° 26.522, debiendo para su afectación proceder a la selección de proyectos por concurso, a cuyo fin constituirá un Comité de Evaluación.

Que por medio del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) se persigue contribuir económica y financieramente a la concreción y sostenimiento de proyectos especiales de comunicación audiovisual, entendiendo como tales, entre otros, la promoción de la producción audiovisual y radiofónica, gestionando la posibilidad de que asociaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y comunidades de pueblos originarios puedan acceder a producir contenidos audiovisuales y al apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de fronteras, y de los Pueblos Originarios.

Que por Resolución N° 1048-AFSCA/14 se reglamentaron diversos aspectos vinculados con el FoMeCA, tales como los sujetos pasibles de asignación del mismo (artículo 1°); las facultades del Presidente del Directorio de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para realizar modificaciones en los cronogramas (artículo 2°), y la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación (artículo 3°).

Que en igual sentido, mediante Resolución N° 1320-AFSCA/14 se encomendó al Presidente del Directorio de la ex AFSCA, la designación de los integrantes del Comité de Evaluación; y por el artículo 1° de la Resolución N° 227-AFSCA/15 se ampliaron los alcances del artículo 1° de la Resolución N° 1048- AFSCA/14.

Que una nueva adecuación normativa se produjo mediante el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, por medio del cual se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, actuando como autoridad de aplicación de la Ley N° 26.522.

Que, en cuanto a sus competencias, el artículo 2° del citado decreto señaló que “…sin perjuicio del mantenimiento de las competencias asignadas al Ministerio de Comunicaciones por el artículo 23 decies (…) el ENaCom tendrá todas las competencias y funciones que la Ley N° 26.522…, y sus normas modificatorias asignan a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual…” y, en tal sentido, el artículo 26 del mismo plexo legal dispone que el “….ENaCom es continuador, a todos los efectos legales, del AFSCA…”

Que las adecuaciones efectuadas en la normativa y en la estructura organizativa de la Administración hacen necesario el dictado de nuevas previsiones tendientes a receptar los cambios operados en distintos aspectos del FoMeCA.

Que en razón de lo expuesto, a fin de unificar la normativa dispersa vinculada con el funcionamiento del fondo concursable y con el objetivo de establecer de modo uniforme las pautas de su funcionamiento, deviene necesario contar con un Reglamento General que determine los requisitos y condiciones para la presentación y obtención de los beneficios que el mismo otorga, sin perjuicio de los reglamentos particulares que en cada caso se dicten atendiendo a los objetivos específicos de cada convocatoria.

Que asimismo, de la experiencia obtenida a partir de las acciones desarrolladas y de la implementación de medidas y procedimientos, resulta necesario implementar herramientas que permitan un sistema ágil y dinámico, propio de este tipo de gestiones, delegando en el Presidente del Directorio de ENaCom, la facultad de realizar modificaciones a los cronogramas establecidos en las respectivas convocatorias, la designación de los miembros que integrarán cada Comité de Evaluación de los proyectos en concurso atendiendo a la integración y representación de los sujetos alcanzados en cada convocatoria, la rescisión de convenios suscriptos con cada ganador en caso de verificarse incumplimientos previstos en el reglamento general y en cada reglamento particular que en el futuro se apruebe, y toda otra medida que resulte necesaria a los fines señalados.

Que, en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre el Ente Nacional de Comunicaciones y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), esta última ha emitido recientemente informes conteniendo observaciones vinculadas a los expedientes generados en relación al FoMeCA, las cuales han sido receptadas en el proyecto de Reglamento General.

Que toda vez que el Reglamento General que por la presente se aprueba, implica la unificación de la normativa general aplicable al FoMeCA, corresponde dejar sin efecto los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución N° 1048-AFSCA/14, Resolución N° 1320-AFSCA/14 y artículo 1° de la Resolución N° 227- AFSCA/15.

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos y Regulatorios ha tomado la intervención que le compete.

Que el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones acordó el dictado del presente acto administrativo, mediante la suscripción del Acta N° 10 de fecha 18 de agosto de 2016.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 12, inciso 1) y 97, inciso f) de la Ley N° 26.522 y por el Decreto N° 267/2015 y el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones.

Por ello,
El Presidente
del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1° — Apruebase el Reglamento General del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), que como Anexo IF-2016-01602791 forma parte en un todo de la presente Resolución.

Artículo 2° — Dejanse sin efecto los artículos 1°; 2° y 3° de la Resolución N° 1048-AFSCA/14; la Resolución N° 1320-AFSCA/14 y el artículo 1° de la Resolución N° 227-AFSCA/15.

Artículo 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial. Cumplido, archívese.
Miguel Ángel de Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

Anexo
Reglamento General del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual

Título I. Alcances generales
Artículo 1°.- Alcance.
El presente Reglamento General será de aplicación a todos los concursos que tengan por objeto la selección de proyectos en los términos del artículo 97, inciso f) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 267/15 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación, a través de sus áreas competentes, podrá disponer medidas complementarias a las establecidas en la presente reglamentación.

Artículo 2°.- Destinatarios.
Los sujetos comprendidos en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10, y por tanto pasibles de la asignación de fondos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) son:

2.1.- Organizaciones Sociales titulares de servicios de radiodifusión contempladas en la Ley N° 26.522, con personería jurídica otorgada por la Inspección General de Justicia o Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas correspondientes, en el caso de tratarse de asociaciones civiles y fundaciones; o por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si se tratara de cooperativas y mutuales.

2.2.- Pueblos Originarios con personería jurídica nacional inscriptos en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (ReNOPI) y Comunidades Indígenas con personería jurídica inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNACI) y/o en los organismos provinciales pertinentes y que sean titulares de servicios de radiodifusión contemplados en la Ley N° 26.522.

2.3.- Organizaciones Sociales con personería jurídica sin fines de lucro en cuyo objeto social se incluya la difusión, propagación y/o producción de contenidos, que acrediten su constitución regular en forma previa a la convocatoria pertinente. Asimismo, dichas organizaciones deberán encontrarse inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, creado por el artículo 58 de la Ley N° 26.522.

En las respectivas resoluciones de convocatoria a concurso se determinará en forma expresa: a) destinatarios; b) objeto de la convocatoria; c) título otorgado por la autoridad de aplicación (licencia; reconocimiento; autorización; autorización precaria; empadronamiento —sin que esto implique el reconocimiento de los derechos que confiere la titularidad de una licencia o autorización para operar— etc.) en virtud de las cuales se habilitará su participación.

Artículo 3°.- Difusión.
La convocatoria a concurso será publicada en la página web del ENaCom (www.enacom.gob.ar) y en dos (2) diarios de mayor difusión, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. La información también podrá ser solicitada en las sedes del organismo y en las delegaciones del interior del país. A tal efecto, las mismas deberán llevar a cabo las acciones tendientes a difundir las respectivas convocatorias dentro del territorio bajo su competencia.

Artículo 4°.- Aceptación y conocimiento del reglamento.
La presentación de un proyecto en cualquiera de las convocatorias a concurso abierto para el otorgamiento de subsidios correspondientes al FoMeCA importará la aceptación y el conocimiento del presente reglamento en todos sus términos, como así también la normativa específica que en cada caso se dicte. No será tenido en cuenta cualquier condicionamiento que no se encuentre previsto en la normativa aplicable.

Artículo 5°.- Cesión.
No se admitirá la cesión de derechos respecto de las presentaciones formuladas al amparo del presente reglamento.

Artículo 6°.- Registro previo.
Los concursantes deberán registrarse en el sistema online dispuesto para el FoMeCA, al que se podrá acceder a través de la página web del ENaCom (www.enacom.gob.ar).

Todos los formularios necesarios para la presentación de los proyectos podrán obtenerse en la citada página web.

Durante el período comprendido entre la fecha de apertura de la convocatoria y la fecha de cierre de presentación de proyectos, funcionará una mesa de ayuda virtual cuya dirección de contacto será fomeca@enacom.gob.ar. No obstante, las convocatorias que oportunamente se realicen podrán contemplar otras modalidades de asistencia.

Título II. Presentación de proyectos
Artículo 7°.- Formas de presentación.
El proyecto debe presentarse en un (1) sobre cerrado en cuyos anversos se escribirá la leyenda que determine cada resolución de convocatoria, la que deberá contener, como mínimo: a) el nombre del proyecto; b) región por la que participa; c) denominación de la entidad solicitante; d) Código Único de Identificación Tributaria (CUIT); e) localidad y provincia.

Dicho sobre deberá contener una (1) carpeta identificada como “Número 1 - Documentación de la Entidad”, y otra carpeta identificada como “Número 2 – Proyecto”.

Artículo 8°.- Contenido.
La carpeta “Número 1” de la presentación deberá estar conformada por:
1. Constancia de registración de conformidad con lo previsto en el artículo 6° del presente Reglamento General.

2. Documentación de la entidad de conformidad con lo estipulado en el artículo 9°, apartados b), c), d), e), f) y g) del presente reglamento.

3. Sobre con soporte magnético (CD, pendrive u otro), en el que deberá incluirse el contenido digitalizado de la carpeta.

La carpeta “Número 2” deberá contener los formularios del Proyecto sometidos a concurso que serán establecidos en cada reglamento específico.

Cada una de las hojas de las carpetas deberá estar foliada (numerada), y firmada por el representante legal de la entidad o por su apoderado.

Artículo 9°.- Documentación requerida.
Deberá presentarse la siguiente documentación:
Carpeta número 1:
a. Hoja impresa del registro FoMeCA realizado de manera online. El domicilio a constituirse según dicho registro deberá observar lo estipulado en el artículo 19 y concordantes del Decreto N° 1759/72 o, en su defecto, lo que se establezca en la correspondiente convocatoria.
b. Copia certificada de la constancia de inscripción por ante la autoridad de registro de la personería jurídica o, en su caso, del reconocimiento de la entidad nacional o provincial que corresponda, según el tipo de persona jurídica que se trate.
c. Copia certificada del estatuto o contrato social y sus modificaciones.
d. Copia certificada del acta donde conste la última designación de autoridades y la correspondiente distribución de cargos.
e. Constancia actualizada de CUIT.
f. Constancia actualizada del CBU cuenta corriente/caja de ahorro, la que deberá estar a nombre de la entidad presentante.
g. Título o constancia otorgado por la autoridad de aplicación que lo habilite a la presentación al concurso.
h. En cada convocatoria particular podrá determinarse la obligatoriedad de la presentación de documentación de otra naturaleza que complemente la antedicha.

Carpeta número 2:
a. Descripción del proyecto que incluya, como mínimo, los objetivos, la motivación y un resumendel mismo. Esta descripción podrá encontrarse contenida en los formularios que se establezcan en cada convocatoria particular.
b. Tres (3) presupuestos originales firmados por los respectivos proveedores y de los cuales surja la condición fiscal de los mismos.
c. Detalle de la utilización que se dará al primer y al segundo desembolso del subsidio y a los fondos correspondientes a la contraparte, de conformidad a lo que se establezca en cada convocatoria particular.
d. Restante documentación vinculada con el proyecto presentado, según se determine en cada convocatoria particular.

Artículo 10.- Firmas.
Todas las hojas deberán estar firmadas por el representante legal de la entidad o en su defecto, por el apoderado. En este último caso, deberá presentar copia del poder vigente con facultades suficientes que lo acredite como tal, en los términos del artículo 31 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

En los casos en que se trate de documentación suscripta por profesional competente, las firmas deben estar certificadas por el respectivo Colegio o Consejo Profesional.

Artículo 11.- Copias.
Cuando se adjunten fotocopias de documentos exigidos en el presente reglamento, éstas deberán hallarse certificadas por la máxima autoridad administrativa de la Delegación del ENaCom en cuya jurisdicción se encuentre la localidad donde posea el domicilio el presentante; o por los funcionarios competentes de las Mesas de Entradas del ENaCom central; o Entidad Bancaria; o Registro Civil; o Autoridad Judicial competente; o Escribano Público. Si la certificación es otorgada por Escribano Público, la firma de éste deberá encontrarse legalizada por el respectivo Colegio Profesional.

Artículo 12.- Lugar y fecha de presentación de los proyectos.
La presentación de los proyectos deberá realizarse en las Mesas de Entradas del ENaCom, sita en la calle Perú 103, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 15 horas, en cualquiera de las delegaciones de este organismo del interior del país o por vía postal, dentro de los plazos previstos por los cronogramas correspondientes a cada convocatoria particular.

Los proyectos que se presenten a través de las delegaciones deberán contar con el sello en el sobre que acredite el día y la hora de recepción de los mismos, considerándose esta fecha como la única válida a los fines de la presentación.

Para los proyectos que se presenten por vía postal, se considerará como válida la fecha del matasellos. No se aceptarán presentaciones electrónicas ni aquellas efectuadas luego del horario y la fecha indicados para el cierre de presentación de proyectos.

Artículo 13.- Cronograma.
Cada convocatoria particular a concurso deberá contener un cronograma que incluya las fechas y/o los plazos correspondientes a las siguientes etapas: apertura de convocatoria y cierre de presentación de proyectos, entrega del primer desembolso y rendición del primer desembolso, entrega del segundo desembolso y rendición final, y finalización del proyecto. El Presidente del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones podrá realizar modificaciones que, por causas debidamente justificadas, fueran necesarias efectuar en los cronogramas establecidos.

Título III. Procedimiento
Artículo 14.- Análisis de las carpetas N° 1 Y 2.
La Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo analizará, en función de los requisitos y aspectos formales exigidos por los artículos precedentes, la documentación requerida en el presente Reglamento correspondiente a la carpeta “Número 1” y a las exigencias adicionales que determine cada convocatoria.

En el supuesto de verificarse el incumplimiento de requisitos, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo notificará al domicilio constituido por los presentantes, otorgando un plazo de diez (10) días a partir de su notificación, a fin de que procedan a subsanar los errores u omisiones en que hubiesen incurrido. En caso de existir razones fundadas, el interesado podrá solicitar una prórroga de diez (10) días.

La Dirección General de Administración analizará los proyectos en referencia a las formalidades de los presupuestos presentados y la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales se expedirá sobre la pertinencia de los aspectos técnicos de los proyectos que se acrediten en la documentación presentada en la carpeta “Número 2”.

Artículo 15.- Informe preliminar.
Efectuado el análisis indicado en el artículo precedente, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo elaborará un Informe Preliminar en el cual reseñe el cumplimiento, por cada concursante, de los requisitos establecidos en el presente Reglamento General y en cada convocatoria particular.

Artículo 16.-. Remisión del informe preliminar al comité de evaluación.
El Informe Preliminar será remitido por la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo al Comité de Evaluación, a efecto de que éste proceda de conformidad a lo indicado en los Artículos 14, 15 y 16 del presente Reglamento.

Título IV - Comité de evaluación
Artículo 17.- Conformación y funcionamiento.
El Comité de Evaluación estará compuesto por cinco (5) miembros de reconocida trayectoria en la materia y sus respectivos suplentes. Su conformación se dispondrá ante cada convocatoria particular, por acto administrativo suscripto por el Presidente del ENaCom, y será comunicada públicamente con una antelación no menor a los cinco (5) días de la fecha de la Apertura de la Convocatoria.

Estará integrado por dos (2) representantes y sus suplentes propuestos por el ENaCom, que no pertenezcan a la Unidad de Organización con competencia originaria para la tramitación de los concursos; dos (2) representantes y sus suplentes propuestos por el Consejo Federal de Comunicaciones, y un (1) representante y su suplente de otros organismos públicos nacionales vinculados con el campo de la comunicación y/o de la cultura o que sean personas humanas que se desempeñen en el ámbito de los servicios audiovisuales y/o de la cultura.

Los representantes propuestos por el ENaCom, los de otros organismos públicos nacionales o aquellas personas humanas que se desempeñen en el ámbito de los servicios audiovisuales y/o de la cultura, serán designados por el Presidente del Directorio del EnaCom.

Ningún miembro del Comité de Evaluación podrá integrar, ni haber integrado en el transcurso del último año- los órganos administrativos de cualquiera de las entidades participantes del concurso.

En caso de presentarse dicha situación, el miembro en cuestión deberá abstenerse de emitir opinión y voto en esa convocatoria particular, reemplazándolo en dicha oportunidad el miembro suplente que conforma el Comité de Evaluación.

Si con posterioridad a la selección de los proyectos ganadores fuera detectada una situación de incompatibilidad tal como la reseñada, el miembro cesará inmediatamente en sus funciones en el Comité de Evaluación y la entidad en cuestión deberá reintegrar la totalidad de los fondos que hubiera recibido.

El Comité de Evaluación será el encargado de valorar y elaborar el orden de mérito de los proyectos así como el monto que evalúe asignar en cada caso.

Las decisiones del Comité serán plasmadas en actas, las que, una vez finalizadas, serán remitidas a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo, o a la que a futuro asuma sus misiones y funciones.

Para sesionar el Comité de Evaluación deberá contar con al menos cuatro (4) miembros presentes y la resolución del orden de mérito será por votación de mayoría simple.

El monto de los honorarios de los miembros del Comité de Evaluación será establecido ante cada convocatoria particular, en caso de corresponder.

Artículo 18. - Objetivos y alcance de la evaluación.
El Comité tendrá en cuenta los objetivos y alcances de la actividad proyectada al momento de la evaluación. Su análisis deberá considerar el impacto sociocultural del proyecto, su consistencia y factibilidad, así como su sustentabilidad en el tiempo para aquellos proyectos cuyo desarrollo tenga carácter permanente o se extienda por períodos prolongados. En dicho sentido, realizará un análisis cualitativo de las actividades llevadas a cabo durante el año por las entidades presentantes —y de años anteriores cuando se estime conveniente—, teniendo en cuenta el reconocimiento institucional y su inserción en la comunidad. El Comité considerará la participación ciudadana, el fomento para el desarrollo de la identidad regional y la generación de inclusión social.

El Comité de Evaluación promoverá una equilibrada distribución regional de los proyectos con el fin de garantizar una distribución federal de los fondos. Los proyectos que pertenezcan a la misma región del país competirán entre sí y serán clasificados en la evaluación de acuerdo a la región de la que formen parte. A los fines expuestos, se establecerán seis (6) regiones conformadas, en cada caso, por las provincias que se detallan a continuación:
1) Región Centro Metropolitano: Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2) Región Centro Norte: Córdoba y Santa Fe;
3) Región Noreste Argentino: Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos;
4) Región Noroeste Argentino: Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero;
5) Región Nuevo Cuyo: San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja;
6) Región Patagonia: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur.

En todos los casos deberán priorizarse:
a. Proyectos que se implementen en pequeñas localidades, zonas de frontera y poblaciones en situación de alta vulnerabilidad social.
b. Proyectos que aborden temas relevantes para la comunidad.
c. Proyectos impulsados por entidades que no hayan recibido subsidios FoMeCA.
En cada convocatoria particular se podrán establecer otros criterios a ser tenidos en cuenta por el Comité Evaluador.

Artículo 19.- Remisión de actas de comité de evaluación.
El Comité de Evaluación remitirá a la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo las pertinentes Actas indicando expresamente el orden de mérito de los proyectos y el monto que corresponda asignar a cada uno de ellos, siendo responsabilidad de dicha Dirección verificar si el mismo se corresponde con los máximos previstos para cada una de las presentaciones y con lo presupuestado para la convocatoria en su conjunto.

Las decisiones adoptadas en cada uno de los casos deberán encontrarse debidamente fundadas.

Titulo V. Aprobación de proyectos
Artículo 20.-. Elevación de proyecto del acto administrativo.
Receptadas las actas emitidas por el Comité de Evaluación y efectuado el control previsto por el artículo 16 del presente reglamento, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo elevará al Directorio del ENaCom el proyecto del acto administrativo mediante el cual se resolverá la totalidad de las presentaciones, aprobando el listado de proyectos seleccionados y declarando aquellos que resultaren inadmisibles.

Artículo 21.- Publicación.
Sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina del acto administrativo del Directorio del ENaCom que resuelva el concurso y su correspondiente notificación a cada uno de los presentantes, los proyectos seleccionados serán publicados en la página web del ENaCom, como así también en cualquier otro medio de comunicación masivo con el nombre de la entidad presentante, la localidad y provincia, y el monto total asignado para el desarrollo del proyecto.

Título VI - Convenio
Artículo 22.- Obligaciones del beneficiario.
Con posterioridad a la publicación del acto administrativo, los beneficiarios de los proyectos seleccionados deberán:

a. Acreditar el alta de beneficiario para el pago del Tesoro de la Nación tramitado, ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas.

La exigencia establecida en el presente inciso deberá ser cumplida por aquellos beneficiarios que no tuviesen el alta o que la misma estuviese inactiva, encontrándose a disposición los respectivos Formularios en la página oficial de ENaCom, según lo normado en la Disposición Conjunta N° 40 y N° 19 de fecha 8 de Julio de 2010, de la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) y de la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respectivamente, que aprobaron los procedimientos y las solicitudes para el registro de Altas, Bajas, Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de los Entes incluidos en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).

b. Presentarse en la sede del ENaCom sita en la calle Perú 103, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la resolución que otorga el beneficio, para que su representante legal o apoderado suscriba el convenio correspondiente en dos (2) ejemplares de un mismo tenor.

Cada convenio contendrá las especificaciones previstas para cada uno de los concursos convocados teniendo en cuenta el objeto del mismo.

En todos los casos, el convenio podrá ser suscripto por el representante legal o apoderado del beneficiario en la delegación del ENaCom del interior del país, dentro de cuya jurisdicción se encuentre la entidad, en presencia del Delegado, el que certificará la identidad y facultades del firmante.

En caso de que alguno de los seleccionados no se presente a la firma del convenio, se dará por decaído el derecho sobre el subsidio adjudicado.

Cumplidos que sean los recaudos mencionados en los incisos precedentes, el Presidente del ENaCom procederá a la suscripción de los convenios respectivos.

Título VII. Subsidio y contraparte
Artículo 23.- Carácter del subsidio.
Los proyectos que resultaren elegidos serán beneficiados con un aporte no reembolsable que sólo podrá ser utilizado para la ejecución del proyecto aprobado. El subsidio cubrirá un porcentaje de la totalidad del proyecto, el cual será determinado en cada una de las convocatorias, debiendo las entidades complementar el porcentaje restante en concepto de contraparte.

Artículo 24.- Destino de los fondos del subsidio.
En cada una de las convocatorias se determinarán los porcentajes del total a otorgarse que podrá ser aplicado a gastos de capital y gastos corrientes.

Se entienden por gastos de capital aquellos vinculados con insumos, equipamientos o adecuación edilicia. En este último, sólo en el caso en que la convocatoria particular así lo disponga.

Están incluidos en este rubro todos aquellos equipamientos tecnológicos tales como videocámara (memorias; trípode; cables; conectores; etc.); equipamiento para grabación y registro de sonido (consola; micrófono; auriculares; cañas y accesorios; cables y conectores; placa especializadas; grabador; parlantes de monitoreo; etc.), computadoras de escritorio, dispositivos TIC (notebook; tabletas; smartphones; discos rígidos, etc.) e iluminación para video (luces, trípode, paneles, filtros y gelatinas, etc.).

Respecto de la adecuación edilicia se incluyen todas las intervenciones y obras (mampostería, pintura, tendido eléctrico, iluminación, etc.) tendientes a mejorar las condiciones del lugar en donde se encuentra emplazada la emisora tales como el estudio, la sala de operación técnica, la sala de edición y las estaciones complementarias como baños, cocina; etc.

Los gastos corrientes son los comprendidos por recursos humanos no permanentes, gastos de producción y otros. Están incluidas en este rubro las erogaciones correspondientes al pago de honorarios por mano de obra o profesionales —incluidos los honorarios correspondientes a los profesionales mencionados en el artículo 32 inciso b) del presente reglamento—, servicios vinculados con el objeto del concurso tales como viáticos, librería, etc.

Si el monto del subsidio aprobado fuera menor al monto máximo establecido para cada convocatoria, la entidad ganadora deberá respetar la proporcionalidad entre gastos de capital, gastos corrientes y contraparte.

Artículo 25.- Destino de los fondos de la contraparte.
Serán considerados gastos de contraparte aquellos correspondientes a: a) locaciones de bienes registrables, b) servicios tales como luz, agua, gas, internet, telefonía celular, c) recursos humanos permanentes (sueldos, etc.), d) servicio de catering y otras erogaciones no contempladas como gastos correspondientes al subsidio.

Artículo 26.- Gastos excluidos.
Serán considerados gastos excluidos del proyecto:
1. Reestructuración de deudas.
2. Recupero de inversiones ya realizadas previamente a la selección de los ganadores del concurso.
3. Pago de deudas.
4. Compra de inmuebles.
5. Adquisición de bienes usados que no tengan afectación específica al proyecto.
6. Impuestos, tasas, etc.
7. Compensación de facturas correspondientes a gastos que no correspondan al objetivo del Concurso.
8. Pagos realizados por un tercero por cuenta y orden de los solicitantes.
9. Pagos con tarjetas de crédito.
10. Pagos con tarjetas de débito que no se encuentren a nombre de las entidades beneficiarias.
11. Pagos de cuotas o planes de pago de créditos preexistentes.
12. Gastos bancarios.
13. Compra de vehículos.
14. En caso de tratarse de Cooperativas de Trabajo, las mismas no podrán rendir retiros de adelantos de excedentes.

La enumeración anteriormente establecida no es taxativa, pudiéndose añadir nuevos supuestos de gastos excluidos en las respectivas convocatorias particulares.

La inclusión en el proyecto de gastos excluidos se tendrá por no efectuada.

Título VIII. Desembolsos
Artículo 27.- El ENaCom realizará dos (2) desembolsos correspondientes a los porcentajes que se fijen en cada convocatoria particular en relación al monto total del subsidio. El primer desembolso se realizará una vez cumplido con lo establecido en el Artículo 22. El segundo desembolso se realizará una vez presentado el informe de avance de proyecto y aprobada la rendición de gastos.

De manera excepcional y siempre que las características de la convocatoria particular así lo ameriten, se podrá prever la realización de un único desembolso por el total del subsidio.

Título IX. Rendiciones
Artículo 28.- Rendición de fondos
Las rendiciones de los fondos deberán realizarse de acuerdo a la normativa de este reglamento y de aquella correspondiente a cada convocatoria particular, debiendo acompañar los respectivos comprobantes en copia debidamente certificada, y respetando los porcentajes correspondientes sobre el monto del subsidio otorgado, discriminado entre gastos de capital y gastos corrientes.
Al mismo tiempo, se deberán respetar los porcentajes correspondientes a los gastos del subsidio y de la contraparte, y aquellos previstos para el primer y segundo desembolso.

La rendición también deberá ser presentada en formato digital.

Todos los gastos, tanto los correspondientes al subsidio como los de la contraparte, deberán rendirse mediante facturas, con sus respectivos recibos de pago, salvo que en la factura se detalle que la operación se realizó de contado. Los mismos deberán ser confeccionados de acuerdo a la normativa establecida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberán informar las retenciones impositivas practicadas, en el caso de corresponder, según los aplicativos vigentes de la AFIP.

Para los sujetos beneficiarios cuya condición ante el IVA sea “inscripto”, sólo se aceptarán comprobantes del Tipo “A” o “C”. Para beneficiarios cuya condición sea IVA “exento” sólo se aceptarán comprobantes del Tipo “B” o “C”.

No podrán presentarse como gastos del subsidio o de la contraparte, compras o contrataciones realizadas previamente a la fecha de acreditación del primer desembolso ni posteriores a la fecha de finalización del proyecto estipulada en los respectivos cronogramas de cada convocatoria particular.

Las rendiciones correspondientes al primer desembolso deberán contemplar mínimamente el ochenta por ciento (80%) del mismo. El porcentaje restante deberá ser rendido indefectiblemente en el período establecido para la rendición del segundo desembolso, según sea determinado en cada convocatoria particular.
Conjuntamente con la presentación de la primera rendición, deberán acompañar un informe detallado del estado de avance e implementación del proyecto así como de los gastos realizados en concepto de contraparte. En cada convocatoria particular podrán preverse modalidades específicas de presentación.

Los excedentes de gastos de las facturas rendidas en el primer desembolso no podrán computarse para el segundo. Salvo que, durante la ejecución del primer desembolso, una entidad deba realizar gastos que no se adecúen a los porcentajes establecidos para gastos de capital y gastos corrientes, ante lo cual deberá justificarlo en la primera rendición y, de ser aprobado, realizar la compensación pertinente en la segunda etapa de la inversión, a fin de que se corresponda con los porcentajes establecidos en la convocatoria particular.

Artículo 29.- Análisis e informe de las rendiciones.
El ENaCom, a través de las mismas áreas intervinientes en el procedimiento previsto en el Título III, analizará y elaborará un Informe Preliminar con el resultado de las rendiciones. Dicho Informe Preliminar deberá contener, como mínimo, una evaluación respecto a la correspondencia entre el monto desembolsado y el efectivamente rendido, de la vinculación de los gastos con los proyectos aprobados, del grado de avance del proyecto o, en caso de corresponder, del cumplimiento del objeto del proyecto y, en general, respecto al cumplimiento de la normativa de AFIP, de este reglamento y aquella relativa a cada convocatoria particular.

Artículo 30.- Observaciones.
En caso de verificarse observaciones en las rendiciones, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo notificará al domicilio constituido por los presentantes, otorgando un plazo de diez (10) días desde su notificación, a fin de que procedan a subsanar los errores u omisiones en que hubiesen incurrido.

Artículo 31.- Efectos de los incumplimientos.
La falta de presentación de las rendiciones en los plazos establecidos y las rendiciones que no fuesen aprobadas, constituirán incumplimientos pasibles de rescisión unilateral, total o parcial, en cuyo caso el beneficiario deberá proceder a la devolución de los montos otorgados. Ello, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales que pudiesen corresponder.
Asimismo, el beneficiario que incurra en los incumplimientos detallados precedentemente, quedará inhibido para participar de nuevas convocatorias durante dos (2) años.

Título X. Finalización de los proyectos.
Artículo 32.- Rendición final.
El proyecto aprobado deberá encontrarse concluido en el plazo o fecha establecidos para la rendición final en cada convocatoria particular.
Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Título precedente, el beneficiario deberá presentar en caso que corresponda, de acuerdo a la modalidad del proyecto aprobado:
a. El/los resultado/s final/es (por ejemplo: CD conteniendo spots producidos, programas radiales, entre otros);
b. Certificado suscripto por ingeniero matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) o por profesionales de Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales y/o Municipales, o por cualquier otro profesional u organismo que en las reglamentaciones particulares se establezca, mediante el cual se deje constancia de la instalación y funcionamiento del equipamiento adquirido con los fondos otorgados. Dicha presentación, deberá observar las formalidades del Certificado de Inspección Técnica para obtener la habilitación definitiva del servicio de que se trate.
c. Otros requerimientos que se realicen en cada convocatoria particular.

Artículo 33.- Archivo de las actuaciones.
En los casos en que se apruebe la rendición final, las actuaciones quedarán en condiciones de ser archivadas en forma definitiva.

“El papel era simular ser obrero", en un casting para actos de gobierno, revela El Argentino Zona Norte

La periodista Luciana Rosende revela datos sobre una práctica de los gobiernos de Cambiemos: "armar puestas en escena, con actores, extras o con vecinos seleccionados". La nota fue publicada por El Argentino Zona Norte de los Trabajadores:
"Me habían llamado para un casting donde era excluyente no haber hecho antes publicidades. Me dijeron que lleve ropa de obrero y me presente en un playón de un supermercado de Zona Norte. Cuando me hacen la prueba de cámara me preguntan si tengo simpatía con este gobierno, a lo que digo que no, pero que necesitaba la plata, algo así como $4000 a cobrar por Actores. La puesta en escena sería en el famoso puente Taurita, casi llegando a San Fernando, que está en obra hace tiempo. Mi papel era simple, simular ser un obrero mientras María Eugenia Vidal recorría el lugar". Así describió el actor Damián Quilici su experiencia en un casting para un acto de gobierno, donde finalmente no fue elegido. "Ahora que pasó lo del colectivo es lindo recordar esta secuencia", escribió en su cuenta de Facebook, en referencia al simulacro de viaje en colectivo que protagonizó esta semana el presidente Mauricio Macri en Pilar.

"Era una convocatoria en un grupo de actores, de esas que siempre salen, de la empresa Buya Casting. Era para gente de Tigre, Pacheco, y como soy de allá me anoté. Yo tenía que hacer de obrero. Me hicieron la prueba de cámara en Plaza Vea de Pacheco. Me decían ‘¿tenés problemas en salir con Vidal?’. Yo lo iba a hacer por la plata, la necesitaba. Ella iba a visitar el puente Taurita", contó Quilici, en diálogo con El Argentino ZN. "En su momento lo dejé pasar, pero ahora que vi lo que pasó en Pilar, lo quise contar", explicó.

Quilici actuó en la película Pibe Chorro, el documental de Andrea Testa que quedó en medio de la polémica el mes pasado, al ser censurado en Rosario. Además, se convirtió en una figura del Stand Up Villero, contando con ironía y humor los contrastes entre su barrio de Las Tunas y los countries como Nordelta. "Creo que fue por eso que no me llamaron", sostuvo. Y resaltó que decidió rescatar su experiencia en el casting, hace ya varios meses, a partir del episodio en Pilar, donde el Presidente simuló viajar en transporte público, aunque luego trascendió que había sido una puesta en escena.

"Lo posteé porque vi todo lo del colectivo, que se manejan así. Me hizo acordar. Cuando fui al casting habían estado probando gente durante tres días. El hombre que me entrevistó a mí había estado antes en el country Santa Bárbara, buscando la imagen de una familia tipo y de bien", recordó el actor.

Su relato comenzó a circular en medio de la polémica por las formas de comunicación del gobierno de Cambiemos, que tras el papelón del colectivo en Pilar salió a realizar otra jornada de timbreo a nivel nacional, con la novedad de que Macri decidió sumar a su pequeña hija Antonia a la recorrida para conversar con los vecinos.
Fuente: El Argentino Zona Norte de los Trabajadores

30 años después: Una condena inexplicable a Humor Registrado

La revista Noticias publicó que la Justicia obliga a pagar a los herederos de Andrés Cascioli por una publicación de 1987
Por: Marcos Teijeiro, @teijeiromarcos
Casi treinta años después, una revista desaparecida y cuyo director, Andrés Cascioli, falleció hace más de seis años sigue en el ojo de la tormenta y continúa recibiendo sentencias adversas de la Justicia. Humor Registrado dejó de publicarse en 1999 cuando la Editorial de La Urraca quebró tras perder dos juicios iniciados por el entonces presidente Carlos Menem. Sin embargo, los dimes y diretes judiciales continuaron. La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil acaba de emitir una sentencia en la que revierte el fallo de primera instancia y condena a la revista por haber actuado de “manera negligente”.

“El juicio lo inició Gustavo Terán Molina, un abogado tucumano, pidiendo resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos por una carta de lectores que se había publicado más de dos años antes”, explica a Noticias Nora Bonis, la viuda de Cascioli. En el ejemplar N° 208, de noviembre de 1987 se publicó una carta en la que se desprendía una acusación sobre Terán Molina. Se lo hacía responsable de amenazar de muerte a los descendientes de los calchaquíes que habitaban en la Comunidad de Alto de Anfama, en Tucumán. En diciembre de ese año, la revista brindó el derecho a réplica. “Nosotros le dimos la posibilidad de realizar su descargo y obviamente que se publicó su carta como es debido. Pero pasa el tiempo y dos años y nueve meses después él inicia un juicio por calumnias e injurias”, rememora Bonis.

La primera instancia fue favorable para la editorial, sin embargo hubo un detalle que sería crucial en la apelación. “Cuando al abogado de la editorial le piden el original de la primera carta publicada, explica que no lo tiene porque, por una cuestión de volumen de archivo, sólo se guardaban hasta pasados los dos años”, rememora la viuda de Cascioli.

La ausencia de la carta original fue clave en el fallo firmado el martes 13 por la Cámara de Apelación. “Al menos parece poco serio que la editorial conserve sólo por dos años las misivas que recibe para su divulgación, conociendo los eventuales reclamos y teniendo en cuenta los plazos de prescripción de la acción respectivos”, señalaron los jueces Mauricio Mizrahi, Claudio Ramos Feijoo y Roberto Parrilli. De esta manera, condenaron a Nora Bonis y su hija, Malena Cascioli a pagar 10.000 pesos más intereses ya que se consideró que el proceder de la desaparecida editorial y su ex director fue negligente.

“Ahora la acusación cambió a negligencia y van contra mí y mi hija. Ella ni siquiera había nacido”, dice Bonis. Los jueces consideraron que los editores tenían que haber demostrado que “tomaron las medidas razonables y necesarias para verificar la identidad de los autores”. La carta de la discordia había sido firmada por Patricia Brañeiro (Juventud India, Buenos Aires) y Antonio Gerónimo (COINQUI, Tucumán). Sin embargo al no estar acompañadas por el número de documento y al no conservarse copias, los jueces entienden que la culpa recae sobre la editorial y su editor responsable.

Los abogados de las herederas de Cascioli, en tanto, aseguraron que ya recurrieron el fallo y aseguran que el fundamento de la sentencia es erróneo. Según ellos la norma de la prescripción aplicable que citaron los magistrados contempla un plazo máximo de dos años y la demanda de Terán Molina se presentó dos años y nueve meses después de la publicación original de la misiva.
Juicios y jurisprudencia. Fundada en 1978, Humor Registrado siempre estuvo presionada por la Justicia. Además de los dos juicios que inició el entonces presidente Carlos Menem y que llevaron a la editorial a la quiebra, la revista estaba habituada a ser objeto de demandas y juicios.

En febrero de 1983, el ejemplar N° 97 de la publicación fue secuestrado y sus responsables fueron llevados a juicio por la junta militar acusados de calumniar e injuriar al jefe del Ejército. Aunque todos los acusados fueron absueltos, la situación no cambiaría con la llegada de la democracia.

En 1991, el entonces jefe de redacción, Tomás Sánz fue condenado a un mes de prisión en suspenso por publicar que Eduardo Menem tenía una cuenta bancaria en Uruguay. Como este caso hubo varios más y otras tantas amenazas de acciones legales que al final no prosperaron.
Más de quince años después de su desaparición, la revista sigue siendo objeto de disputas judiciales. Según Bonis, la reciente sentencia puede sentar un peligroso precedente, incluso más que las demandas anteriores. “Esto va a ser una luz roja para todos los editores. ¿El delito cuál fue? ¿No haber guardado una carta más de dos años? Las quejas prescriben en ese término”. Sus abogados hablan de un retroceso: “El inesperado fallo, retoma una línea interpretativa, bajada desde la Corte de las épocas del menemismo, en aras de proteger de la prensa a funcionarios de aquel gobierno”, explicaron en un comunicado. Para Bonis es una sentencia que puede sentar “peligrosa jurisprudencia” y que es “un ataque a la libertad de prensa. Este fallo es una advertencia a las editoriales”.
Fotos: Eduardo Lerke
Fuente: Revista Noticias

Publicó Diario Judicial:
¿La editorial debió haber guardado la carta original de 1987?
La Justicia no se lo tomó con humor
La Cámara Civil admitió la demanda de un abogado por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la publicación de una carta de lectores en la revista “Humor”, en 1987. Los vocales destacaron que la demandada “debió acreditar en forma indubitable que tomaron las medidas razonables y necesarias para verificar la identidad de los autores"

La Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de grado y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda de un abogado contra la revista “Humor” por la publicación de una carta de lectores, donde se lo acusaba de presuntas “amenazas contra los descendientes de las tribus calchaquíes".

La acción se inició a fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la publicación de una carta de lectores en la revista “Humor”. Dentro de la sección denominada “Quema esas cartas”, se acusaba al demandante por presuntas amenazas que “van desde el desalojo hasta la muerte para con los descendientes de las tribus calchaquíes que habitan en la Comunidad de Alto de Anfama”.

El pretensor entendió que el contenido era “injuriante, calumnioso y difamatorio”, y argumentó que “no se proporcionaron direcciones, ni números de documentos de los firmantes, ni de las instituciones que dicen representar”. También alegó que “la demandada obró ilícitamente al no verificar, identificar y/o individualizar la fuente y el origen de la carta, y no posibilitar el material recibido para su propagación”.

En los autos “T. M., G. B. c/ Ed. de la Urraca S.A. y Ot. s/ Daños y Perjuicios”, el juez de grado rechazó la demanda al considerar que en el caso se configuraban los lineamientos que la Corte Suprema fijó en el precedente “Campillay”, que “excusan de responsabilidad a quien difunde información con entidad para desacreditar a un tercero”.

En este contexto, los jueces señalaron que “los demandados actuaron de manera negligente en la publicación de la carta, pues más allá de la buena fe que hayan tenido, circunstancia que no está en juego y que no justifica en modo alguno el obrar imprudente, lo que se evalúa es el factor subjetivo de responsabilidad del medio periodístico que se refleja en el obrar culpable en la difusión de la carta”.

Al respecto, los magistrados resaltaron que la demandada “nunca acreditó la autoría de la misiva”. A continuación, los sentenciantes explicaron que al solicitar “el original de la denuncia o carta o suelto contenida (…) así como todo otro dato de nombre y domicilio y todo otro dato individualizador de los supuestos firmantes”, la editorial sólo manifestó que “debido al tiempo transcurrido, la misma no pudo ser conservada”.

Para los jueces, “parece poco serio que la editorial conserve sólo por dos años las misivas que recibe para su divulgación, conociendo los eventuales reclamos y teniendo en cuenta los plazos de prescripción de la acción respectivos”.

Sobre esta base, los magistrados concluyeron que la demandada “debió acreditar en forma indubitable que tomaron las medidas razonables y necesarias para verificar la identidad de los autores; circunstancia que no han podido comprobar y, dicha circunstancia constituye una imprudente despreocupación sobre las publicación que realizaron”, y así fijaron el pago de una indemnización de 10 mil pesos.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Tucumán se sumó al nuevo Consejo de Comunicación

Tucumán se incorporó formalmente al nuevo Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI), en la primera reunión plenaria del año que tuvo lugar esta semana en Buenos Aires, y fue convocada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom)
Del encuentro participó el director de medios de la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán y miembro del Consejo Provincial de Niñez, Emanuel Gall, quien fue ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial por un nuevo período como representante de la provincia en el CONACAI, organismo federal que tiene por misión asesorar y proponer sobre políticas públicas audiovisuales orientadas a niños, niñas y adolescentes al nuevo Ente Nacional de Comunicaciones.

La plenaria fue presidida por Silvana Giudici, integrante del directorio de ENaCom y quien cumplirá la función de Coordinadora del ConACAI y la charla de armado de agenda fue conducida por Sergio Grillo. Entre las presentes al evento de inauguración se encontraba también Yael Bendel, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El representante por Tucumán celebró la continuidad del espacio consultivo federal, en donde se sumaron organismos provinciales, Sindicatos de la Educación y la Cultura, referentes de la sociedad civil de más jurisdicciones e instituciones históricas como UNICEF.

María José Ravalli, coordinadora de comunicación de UNICEF dijo que la institución aportará criterios “para sancionar la falta de respeto a los derechos comunicacionales de los niños, herramientas para la formación de periodistas, compromiso de los medios de comunicación con los temas de niñez, federalismo y diversidad. Una agenda muy amplia que sigue siendo un desafío”.

Temas estratégicos
Luego aclaró que el ConACAI debe identificar temas estratégicos para poder avanzar en trabajo y conocimiento en todas las provincias. También lo que hace a los transmedia y la interacción de las múltiples pantallas con los niños, así como la alfabetización mediática para chicos y docentes de escuela.

Cielo Salviolo del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) contó que viene trabajando estos temas desde el 2003 y que estos años se trabajó muchísimo y se mantuvo responsabilidad y compromiso. “Los desafíos son enormes y entre esos hay que trabajar para acompañar a las provincias en la garantía de los derechos de los niños en los medios, trabajar cuota de pantallas, calidad de contenidos, acompañar a productores, alfabetización digital y recepción crítica de medios”. Por último celebró la continuidad y la institucionalidad del ConACAI.
Gall expresó que el Consejo debe ser un lugar de intercambio de experiencias y herramientas entre los comunicadores comprometidos con los derechos de las infancias de todo el país, una institución de producción y sistematización de conocimientos e investigaciones destacadas en el campo de la comunicación y la niñez, así como en todo lo referido al sistema de protección integral de derechos y también un articulador de Fomentos para la producción de nuevos contenidos destinados a la niñez en todas las provincias argentinas.
Silvia Bacher, integrante de Las Otras Voces, se mostró entusiasmada por el retorno del consejo, pero solicitó que los derechos de los niños ganen visibilidad en los medios, “se debe comprender la dimensión que esto tiene, hoy los medios multipantalla nos alertan en relación a la importancia de capacitar y fortalecer a adultos y niños sobre los derechos a la comunicación como un derecho habilitante, dado que la comunicación brinda la capacidad de luchar por otros derechos, por ejemplo Educación y Salud. Es muy importante sostener la mirada federal e interdisciplinaria en estos temas”.

Adrian Baccaro referente de Signis, Argentina declaró que “desde nuestra organización priorizamos el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, más allá del tema de lo que pasó con las restricciones a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso fuimos activos para que el ConACAI se vuelva a poner en marcha. No queremos restricción de derechos”.
Diferentes miradas
Además sostuvo que “como institución debatimos desde diferentes miradas y nuestra representación es institucional, no personal. Siempre nos vimos como catalizadores e impulsores, desde 2004 cuando iniciamos el movimiento. Más allá del gobierno de turno, la cuestión es avanzar en el cumplimiento de derechos”.

A su vez, destacó que “vamos a trabajar para que la acción sea realmente federal, por eso estamos en línea con temas como impulsar capacitaciones para la producción, redes de exhibición, acompañado de fondos concursables que se distribuyan de manera rápida y equitativa en todas las provincias”.

En relación al rol del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, Baccaro agregó que “debe impulsar todo tipo de acciones que tiendan a instalar y hacer efectivo el cumplimiento de derechos, lo que está implicado en lo que se hace desde las comisiones: capacitaciones en producción de contenidos y recepción critica, fomento a la producción, investigación, comunicaciones (sugerencias, preocupaciones, denuncias, etc.), articulaciones, promoción de derechos, audiovisual de calidad, etc. La tarea es muy amplia y en el futuro tal vez merezca una ley propia y un área ejecutiva específica en algún Ministerio o Secretaría de Comunicaciones Sociales”
El ConACAI deberá enfocar sus energías para que los derechos de niños, niñas y adolescentes en la comunicación audiovisual se respeten y estimulen, y para que se fomenten audiencias críticas que puedan discernir críticamente los mensajes que refuerzan estereotipos por razones de clase, sexo, raza, condición física, pertenencia territorial o identidad, y también aportar miradas actualizadas en el campo de las nuevas tecnologías e Internet en un escenario de creciente convergencia en las telecomunicaciones.
Los consejeros propusieron una extensa agenda de trabajo, que comprendió fortalecer la institucionalidad del ConACAI; garantizar el respeto al ejercicio de la comunicación de los niños, niñas y adolescentes; una labor más federal; eficientizar la articulación con otros actores e instituciones; evaluar sistemas mixtos de autorregulación para empresas y cámaras de productores así como protocolos destinados a sectores publicitarios, o bien sanciones específicas por incumplimiento de las premisas de las Convenciones y Leyes que protegen los derechos de la infancia.

Un capítulo aparte merece la reflexión y la solicitud para sentar una posición en torno a la derogación de la Resolución 474/10 dictaminada por ENaCom mediante la Resolución 2.484/2016. La norma derogada obligaba a la televisión abierta a emitir una cantidad de horas diarias de programas destinados a los niños dentro del horario apto para todo público.

El Consejo de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI) fue creado por la Ley 26.522 artículo 17, y está integrado por representantes de los Gobiernos Provinciales, de organismos nacionales, organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la temática; y por gremios del sector educativo.
Fuente: Gobierno de Tucumán

Argentina espera inversión de US$ 20.000 millones en telecomunicaciones

A poco de asumir la presidencia, Macri firmó un decreto que habilita a las empresas telefónicas a ofrecer a partir de enero de 2018 contenidos audiovisuales, un rubro que es dominado por el servicio de cable de Cablevisión
La convergencia tecnológica que disponen los cambios forma parte del plan general del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder en diciembre, de liberar la economía para atraer las inversiones necesarias para que el país vuelva a crecer tras años de estancamiento.

Las inversiones en el mercado de telecomunicaciones de Argentina totalizarían US$ 20.000 millones en los próximos cuatro años, según espera el gobierno, debido a los cambios regulatorios que abrirán el juego a nuevos actores a partir del 2018.

La convergencia tecnológica que disponen los cambios forma parte del plan general del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder en diciembre, de liberar la economía para atraer las inversiones necesarias para que el país vuelva a crecer tras años de estancamiento.

Las dos mayores empresas de telefonía del país, Telecom y Telefónica de Argentina, ya anunciaron millonarias inversiones para mejorar sus servicios, en tanto que el multimedios Grupo Clarín escindirá a Cablevisión SA, su unidad de negocios del cable, internet y telefonía, para que se focalice en telecomunicaciones.

"En la medida en que consigamos dictar una norma con reglas de juego claras, conseguir espectro e incentivar la competencia, me parece que la cifra de US$5.000 millones por año es una cifra posible", dijo a Reuters el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en referencia a los próximos cuatro años.

El funcionario dijo que empresas como Motorola y AT&T quieren invertir en el país, lo que ayudaría a ofrecer al usuario mejores servicios a menores costos.

"Argentina es uno de los mercados más importantes a nivel mundial (...), y seguimos buscando maneras de continuar creciendo nuestra marca en el país", dijo Motorola Mobility LLC en un comunicado.

AT&T no respondió la consulta de Reuters.

A poco de asumir la presidencia, Macri firmó un decreto que habilita a las empresas telefónicas a ofrecer a partir de enero de 2018 contenidos audiovisuales, un rubro que en Argentina es dominado por el servicio de cable de Cablevisión.

Además de Telecom, controlada por el fondo Fintech, y Telefónica de Argentina, subsidiaria de la española Telefónica, otra favorecida por la medida será la firma de telefonía móvil Claro, del multimillonario Carlos Slim.

Macri espera también que el Congreso apruebe el año próximo una nueva ley de comunicaciones en la que actualmente trabaja el Gobierno, que, según la directora del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, fomentará el desarrollo tecnológico y la competencia.

Para llegar al 2018 en forma, Telecom invertirá hasta ese año alrededor de US$ 2.600 millones, mientras que Telefónica de Argentina informó que ya invirtió US$ 330 millones en los primeros seis meses de este año.

"Estamos trabajando en distintos proyectos de innovación y convergencia para aprovechar al máximo las oportunidades de negocio", dijo Telecom a Reuters a través de un comunicado.

La firma informó que está incrementando el ancho de banda que llega a los hogares y mejorando el servicio de 4G.

Un ejecutivo de Telefónica de Argentina que pidió no ser identificado dijo que "el servicio audiovisual permitirá a la empresa mejorar el ARPU (ingreso promedio por usuario)".

La fuente aclaró que la empresa aún espera más detalles sobre la habilitación para dar televisión paga con el objetivo de invertir en la red de fibra óptica que llegue hasta los hogares.

En busca de mejores ingresos
Las dos telefónicas se encuentran por el momento en desventaja respecto a Cablevisión y a otros cableoperadores, ya que éstos pueden ofrecer internet y contenidos audiovisuales a través del mismo cable.

La facturación de las firmas telefónicas, en cambio, se basa en los servicios de telefonía fija, que tuvo una fuerte caída en los últimos años, telefonía móvil e internet.

"Si no incluyen el paquete audiovisual, las empresas quedan medio rengas", dijo a Reuters Martín Becerra, especialista en comunicaciones de la Universidad de Buenos Aires.

Medios locales y analistas creen que el Grupo Clarín -o Cablevisión, una vez concluida la escisión- podría fusionarse o adquirir Telecom, con el fin de brindar un servicio que se conoce como "cuádruple play": telefonía fija, móvil, internet y contenido audiovisual.

De acuerdo con analistas de Itaú BBA, Telefónica expresó interés en comprar los activos de DirecTV en América Latina.

Además de Cablevisión, las telefónicas deberán competir en el mercado de televisión paga con DirecTV -de transmisión satelital-, Supercanal y cerca de 1.000 pequeños operadores de cable en todo el país.

"Es muy caro construir una red, y para hacerlo (las empresas telefónicas) tienen que tener la posibilidad de recuperar ese costo. Si brindan más servicios, entonces pueden facturar más por esa conexión", explicó Enrique Carrier, especialista en tecnologías de la comunicación.
Fuente: Reuters

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