lunes, 28 de marzo de 2011

Bloqueo a la libertad sindical en Clarín: Comunicados gremiales y documentos oficiales

Buenos Aires: Cuando la noticia es otra
Fieles a su costumbre, los medios que integran el grupo Clarín pretenden inventar una realidad que no existe. Como si se pudiera mutar de victimarios a víctimas a partir de la ficción que el monopolio crea.
Los compañeros que son perseguidos en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) -perteneciente al Grupo Clarín- protestan, junto a sus familias, frente a la planta de impresión de la empresa en reclamo ante la persecución sindical que sufren los delegados. Ésa es la noticia del día.
A los compañeros delegados los dejan fichar pero no se les paga salarios, ni se les asigna tareas. Y aparte son “custodiados” por personal de seguridad y son sancionados los compañeros que se les acerquen.
Clarín dice que se viola "el fallo que ordena no cercenar la libre circulación de medios impresos", pero nada dice de que el Grupo está violando las resoluciones judiciales que obligan a reincorporar a los delegados despedidos.
Nada ha dicho en sus páginas de la violación sistemática de los fallos de la justicia que buscan recuperar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera.
Así como el pasado 24 de marzo, omitió en su portada hacer mención al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el 35° aniversario del golpe militar que dio paso a la peor dictadura genocida de la historia.
Las entidades empresarias como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y AdEPA, junto a quienes se llaman periodistas y son meros replicadores de la postura patronal, nada dicen del cumplimiento de la ley y de las decisiones de la justicia. Sólo repiten el coro del pretendido cercenamiento a la “libertad de expresión”.
Es la misma SIP que condecoró al dictador Pedro Eugenio Aramburu, llamándolo “uno de los más meritorios hombres del continente”.
Son las mismas SIP y AdEPA para quienes el asesinato y desaparición de más de cien trabajadores de prensa durante la última dictadura mantuvieron silencio porque eso no afectaba su “libertad de expresión”. No podían hacerlo porque al mismo tiempo el grupo Clarín negociaba con los asesinos para apropiarse ilegalmente de Papel Prensa.
Las herramientas con la que cuentan los trabajadores para oponerse a la injusticia son el paro, la marcha, el piquete. Y son sistemáticamente atacadas desde el establishment. Pero son ensalzadas cuando esas herramientas son utilizadas por los patronos del campo para realizar un lock-out patronal para mejorar su rentabilidad a costa del bienestar del pueblo argentino.
Llaman defensa de la libertad de expresión a la defensa de los intereses económicos del grupo Clarín. Defender la libertad de expresión sería defender las leyes, los convenios internacionales, los derechos humanos, los fallos judiciales y las resoluciones de carteras del Estado que tratan de ceñir a derecho a esta empresa, que ni siquiera respeta la jornada horaria para sus trabajadores.
SIP, AdEPA, los medios cómplices y los comunicadores que olvidan que son trabajadores de prensa y actúan como voceros del poder económico, no son más que defensores de esa visión del mundo donde se pretende que las reglas no se apliquen, donde no haya sindicatos que discutan salarios, donde la libertad de prensa les permita estar al margen de la ley, donde la supuesta libertad de expresión se utiliza para modificar la realidad política de los países, para su mejor provecho económico.
Ante ello, y ante toda esta operación de prensa mediática, FATPren está donde debe estar, junto a los trabajadores y a los sindicalistas que sufren el atropello de grupos económicos que usan sus páginas y sus antenas para gritar y tratar de hundir a esos 40 compañeros que luchan por sus puestos de trabajo, que luchan porque les abonen los salarios atrasados.
Clarín debe respetar los convenios colectivos, debe respetar las leyes, pero sobre todo debe respetar los derechos de sus trabajadores y el derecho que tiene la sociedad de denunciarlos cuando manipulan la realidad a tal punto que le mienten a sus lectores, televidentes y oyentes.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa

Ministerio de Seguridad
Comunicado de prensa N° 86
Actuaciones en bloqueo a instalaciones gráficas
Con relación a los hechos ocurridos en la madrugada del día domingo 27 de marzo de 2011 frente a las instalaciones de la empresa AGEA, sitas en calle Zepita y Magaldi de la Capital Federal,
El Ministerio de Seguridad informa:
a) Que cumplió estrictamente las directivas que recibió de los magistrados actuantes, de acuerdo con la siguiente cronología:
1) A las 2 AM del día domingo, luego de recibir una denuncia efectuada por Sergio Domínguez, se hace presente la PFA (personal de la Comisaría N° 30 interviniente) en el ingreso de la planta de la empresa AGEA, y constata la existencia de una manifestación de empleados de la Federación Gráfica Bonaerense y sus familiares, encabezados por el dirigente Luis Siri, en reclamo de reincorporación de cesantes y pago de indemnizaciones. A los reclamantes se incorporó posteriormente un grupo de aproximadamente 60 personas más.
2) A las 3.40 AM la Policía se comunica con la Fiscalía Correccional N° 3 —a cargo de la Dra. Sánchez Negretti— que instruye se dé intervención a la Justicia Federal.
3) A las 3.50 la PFA intenta comunicarse con la Fiscalía Federal N° 7 —a cargo del Dr. Cearras—, sin resultado.
4) A las 4, la PFA comunica telefónicamente la situación al prosecretario del Juzgado Correccional interviniente —Dr. Lemos—, quien solicitó comisionar móvil policial para determinar cuántas personas manifestaban, debiendo determinar el motivo por el que impedían la entrada y salida de vehículos e identificar a las personas involucradas.
5) A las 5.52, el Dr. Lemos indicó telefónicamente efectuar lectura de derechos y garantías al Sr. Siri y hacer nueva consulta una vez cumplida la diligencia.
6) A las 7.30, el Dr. Lemos tomó conocimiento del cumplimiento de las medidas ordenadas y dispuso el cierre de las actuaciones en la Comisaría y que sean elevadas el lunes 28 a las 7.30 horas.
7) A las 9.50, el Juzgado dispone establecer contacto con el Delegado Siri a quien requiere que ceda su actitud con relación a los cortes en forma inmediata. El Juez, entonces, toma conocimiento que el Delegado convocaría a una asamblea a las 11 para analizar el levantamiento de la medida de fuerza y que los manifestantes se retirarían antes del mediodía. Por lo tanto, el Magistrado dispone que se espere el resultado de dicha asamblea; y que, si antes del mediodía no se retiraban del lugar, se efectuara una nueva consulta a fin incrementar el personal policial.
8) A las 12, el Dr. Bruniard (magistrado a cargo) tomó conocimiento de que los manifestantes habían levantado el corte a las 11.55.
9) A las 14.20, la Fiscal Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Solano, interiorizada de la causa, dispuso labrar un acta por infracción al artículo 78 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que tipifica la obstrucción de la vía pública como una conducta que da lugar a sanciones de 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos.
b) Además, con relación a lo resuelto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 en el marco del amparo que la Empresa entabló oportunamente contra Luis Siri y sus compañeros, el Ministerio de Seguridad también dio cumplimiento estricto a lo solicitado por el Magistrado, que había requerido arbitrar los medios necesarios en orden al regular cumplimiento del retiro del lugar ordenado a los demandados. En este sentido, el Ministerio de Seguridad ordenó a la Policía Federal impulsar a los demandados, a través de una acción policial ejercida con prudencia y proporcionalidad, al retiro pacífico, sobre todo teniendo en cuenta que en el escenario del conflicto se hallan presentes sus familiares (mujeres y niños).
c) Por lo expresado, resultan absolutamente infundadas e irresponsables las acusaciones y amenazas de denuncia ante la Comisión de Juicio Político por supuestos incumplimientos a los deberes del cargo, dirigidas contra la titular de la cartera de Seguridad por parte de dirigentes políticos y de la empresa AGEA. En efecto, el Ministerio de Seguridad se atuvo estrictamente a lo ordenado por los magistrados competentes.
d) De ninguna manera quedó afectada la libertad de expresión como se sostiene, con la evidente mala intención de dramatizar el episodio y de victimizarse. Simplemente se trata de un conflicto gremial de larga data, que se desarrolla entre la empresa AGEA y sus trabajadores, y al cual gestiones del Ministerio de Trabajo han intentado encausar desde su origen, gestiones que resultaron infructuosas hasta la fecha atento la actitud reticente a una solución del conflicto que caracteriza a la Empresa.
e) Por todo lo expuesto, reiteramos: I) Es un conflicto gremial. II) Los magistrados competentes han intervenido. III) El Ministerio de Seguridad ha cumplido estrictamente las directivas que le impartieron los funcionarios de la Justicia. IV) Resulta infundado y extemporáneo calificar el reclamo laboral ocurrido como ataque a la libertad de prensa que la Constitución Nacional garantiza.

Dirección de Comunicación, Ministerio de Seguridad


En apoyo a la lucha de los trabajadores de AGR
El bloqueo que los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, junto a su comisión interna, han realizado a Clarín el último domingo, cuya consecuencia fue que el diario no llegara a los kioscos en su día de mayor circulación, ha atraído a un coro de voces que se encargó de demonizar a quienes pelean por sus reivindicaciones gremiales. Algunos de ellos, incluso, son reconocidos periodistas.
Los trabajadores de AGR, que se desempeñan en la planta que imprime Clarín y el diario deportivo Olé, llevan seis años de lucha contra una patronal que desoyó cinco medidas judiciales en su contra, acostumbrada desde hace demasiado tiempo a la impunidad. Una situación similar ocurre para las redacciones de esos medios, donde está prohibida la actividad gremial desde hace más de diez años, cuando de un plumazo y bajo la mirada pasiva de la conducción de nuestro sindicato, el Grupo Clarín despidió a 117 personas, incluida toda la Comisión Interna.
En el Colectivo de Trabajadores de Prensa creemos que la libertad de expresión no existe cuando no existe la libertad sindical de quienes desarrollamos tareas en los medios. El Grupo Clarín, y los periodistas que salieron a solidarizarse con la empresa, acallaron la voz de los trabajadores al ocultar el conflicto gremial existente. Los hicieron invisibles. Los negaron. ¿Esa es la libertad de prensa que buscan?
Nos solidarizamos con los trabajadores de AGR, y los acompañamos en su lucha bajo los métodos que ellos decidan. Llamamos a todos los trabajadores de prensa a sumarse. Desde noviembre realizamos ya tres encuentros por los derechos y libertades sindicales en la Esquina Ana Ale, en Finocchieto y Tacuarí. Los periodistas también sufrimos la persecución patronal. Acompañar a quienes hoy luchan es no olvidarse de eso.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa

FoPeA rechaza el bloqueo a las plantas impresoras de Clarín y La Nación
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) rechaza el bloqueo a las plantas impresoras de los diarios Clarín, Olé y La Nación de este fin de semana e informa que su Monitoreo de la Libertad de Expresión se mantiene activo desde ayer tomando contacto con todas las partes involucradas para esclarecer las circunstancias y motivaciones de los hechos.
Más allá del resultado final de esa indagación, y de las razones que pudo haber tenido la acción de fuerza desarrollada por un grupo de sindicalistas de la Federación Gráfica Bonaerense, FoPeA discrepa con la metodología utilizada que implicó que los diarios Clarín y Olé no pudieran ser distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en varias provincias, y que La Nación sufriera demoras, lo que configura un grave ataque a la libertad de expresión.
Desde FoPeA entendemos que el bloqueo a la salida de un medio afecta la libre circulación entre sus lectores, y a su vez perjudica el trabajo realizado por los periodistas, por lo que nos solidarizamos con los colegas de las publicaciones perjudicados por esta medida, utilizada supuestamente como medio de presión para obtener conquistas laborales, sindicales –por más válidas que estas sean- o políticas.
FoPeA insta a las partes, gobiernos y sociedad en su conjunto a respetar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad del ejercicio sindical, a los fallos que dicte la justicia y a todas las normas vigentes de carácter constitucional y legal.
No compartimos, ni compartiremos, el uso de la fuerza para impedir que un medio periodístico pueda expresarse o distribuirse libremente, sea de la orientación que sea, o que los ciudadanos ejerzan su derecho a informarse en la forma que deseen. La libertad de expresión no tiene color político ni religioso, es un derecho inalienable de todo ser humano. Y su condicionamiento afecta a todo el sistema democrático.

La situación de Artes Gráficas Rioplatenses según el Ministerio de Trabajo


Solidaridad con los trabajadores de AGR
Los delegados de la Comisión Interna de Canal 13 Y TN nos solidarizamos con los Compañeros Trabajadores De Artes Gráficas Rioplatense en su lucha por el respeto a la libertad sindical.
Repudiamos la actitud manipuladora de la empresa Clarín por presentar esto como una vulnerabilidad del derecho a la libertad de prensa porque somos los trabajadores de esta empresa quienes vivimos desde hace años la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad sindical libremente. La persecución de cualquier activismo gremial es moneda corriente dentro de las empresas del grupo Clarín y el no acatamiento a los fallos judiciales es una constante. En tres oportunidades la justicia dictaminó que Canal 13 debía reincorporar a Ricardo Junghans y Marcelo Moreira, dos delegados cesanteados, y la respuesta de la empresa fue desconocer los fallos.
Creemos necesario que no se desvíe la atención sobre el tema principal que es la falta de libertad sindical que sufrimos los trabajadores. La vulneración a derechos constitucionales como el libre ejercicio sindical, la violación a los convenios colectivos y al estatuto del periodista son prácticas constantes en las empresas del grupo Clarín. Los compañeros de AGR vienen desde hace años denunciando los atropellos a los que son sometidos y ahora ante un acuerdo donde fueron reincorporados un grupo de delegados, la empresa ha respondido con mas persecución. Solicitamos que las voces públicas que se solidarizaron con la empresa también se hagan eco de los graves problemas que viven los trabajadores del Grupo Clarín.
Delegados Comisión Interna de Canal 13 y TN

Los empleados gráficos de Clarín aclaran que no mantienen conflictos
A la Opinión Pública
Con motivo de la falta del diario Clarín del día domingo 27 de marzo de 2011, la Comisión Interna de Delegados del Personal Gráfico de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Diario Clarín), aclara que tanto ella como sus trabajadores representados no mantienen a la fecha ningún conflicto con la Empresa.
Comisión Interna de Delegados del Personal Gráfico de Arte Gráfico Editorial Argentino (Diario Clarín), adherida a la Federación Gráfica Bonaerense.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de marzo de 2011.

FoPreMi
El Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones -FoPreMi no puede ser indiferente ni neutral cuando desde diferentes sectores y estamentos, pero intrínsecamente unidos por actitudes intolerantes, se avasalla derechos consagrados por nuestra Carta Magna. El bloqueo a la circulación de dos medios gráficos capitalinos como medida de un justo reclamo, que se puede efectuar por otras vías y con otras herramientas, constituye un claro atropello a la libertad de prensa y un desacato a fallos de la justicia inadmisibles en un estado de derecho.
No menos preocupante e inadmisible resulta la limitación y el levantamiento del programa "Debate sobre el Futuro", que se emitía por el Canal 5 de Cablevisión, de Posadas ya que constituye un amordazamiento a un espacio de opinión.
Pero las múltiples amenazas y acoso que sufre la locutora y periodista de Radio Nativa de San Javier, María Rosa Machorrinski -conocida en el medio como María Rosa Fernández- merece ser atendido en forma inmediata por las autoridades de nuestra provincia por que además de constituir un ataque a libertad de expresión es una violación a los más elementales derechos humanos contra un trabajador de prensa.
Hoy más que nunca resulta imprescindible que se asuma como propia aquella famosa sentencia del lingüista estadounidense Noam Chomsky que dice “Si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para los puntos de vista que no compartes, de otra forma, no estarías a favor de la libertad de expresión”

Comunicado del Partido Obrero
El Partido Obrero denuncia la represión sistemática de la patronal de Clarín contra los derechos sindicales de sus trabajadores y rechaza al mismo tiempo el bloqueo al diario Clarín como una acción ajena a los intereses de esos trabajadores, en línea con el ‘paro’ frustrado del moyanismo contra el gobierno y los realizados por Venegas y Pedraza para impedir sus respectivos encarcelamientos o reclamar por su libertad o excarcelación
Con relación a los hechos de dominio público, volvemos a denunciar que la patronal de Clarín proscribe la organización sindical en sus empresas y ha perseguido y despedido en forma sistemática a quienes han luchado y luchan por defender los derechos de los trabajadores.
Denunciamos también que esa persecución continúa en la actualidad contra los delegados despedidos que fueron reincorporados en las últimas semanas contra la voluntad de la patronal del diario. Y también denunciamos que los turnos de trabajo violentan el descanso de fin de semana y que rige un clima de represión interna, con vigilancia a los trabajadores a través de cámaras de televisión.
Denunciamos la complicidad del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con esta situación represiva y a toda la burocracia de la CGT, que siempre ha sido cómplice con esta situación, en primer lugar a Raymundo Ongaro, el burócrata del Sindicato Gráfico.
El bloqueo a la salida del diario, el domingo pasado, no fue, sin embargo, una decisión de los trabajadores de AGR (propiedad del grupo Clarín) ubicada en Pompeya, ni tampoco de la planta gráfica del diario Clarín propiamente dicha, ubicada en Barracas.
Los responsables del bloqueo son los mismos que han impedido la reincorporación de uno de los delegados, que fuera despedido igual que ellos, debido a su pertenencia a la agrupación opositora del Sindicato Gráfico, la Naranja Gráfica, y del Partido Obrero. Este compañero fue expulsado por medios violentos de las instalaciones del ministerio de Trabajo, por el grupo de delegados que se identifica con el moyanismo, en oportunidad de las reuniones que discutían el reclamo de reincorporación de los delegados. El año pasado pretendieron utilizar el mismo procedimiento en las reuniones de la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el abogado moyanista Héctor Recalde, que debían discutir el reclamo de las reincorporaciones de los delegados.
Nuestro compañero, Pablo Viñas, ha iniciado acciones judiciales contra el grupo moyanista, el ministerio de Trabajo y la patronal de Clarín, la cual es cómplice en la discriminación contra la reincorporación de Viñas.
El bloqueo contra el diario no forma parte, entonces, de una real acción gremial sino que se encuentra en la línea de amenazas que la burocracia sindical ha venido ejerciendo contra su socio, el gobierno nacional, para que intervenga para desarmar los procesos judiciales que sufren varios de sus jefes. Ésta es la razón por la que la burocracia de la CGT de Moyano apoyó al burócrata rival, Venegas, en ocasión de su detención por parte del juez Oyarbide.
El fracaso de la tentativa de un paro del transporte, para el pasado lunes 17, y una marcha a la Casa Rosada, explica este cambio de ‘método’, que dirigido contra un pulpo económico opositor, apunta en realidad a obtener protección política del poder político del Estado. La extorsión al gobierno reside en que el bloqueo de diarios debilita las posibilidades electorales de la Presidenta Fernández de Kirchner; estamos ante un caso típico de ‘funcionalidad’ en beneficio de la derecha. En esto consiste la extorsión del bloqueo hacia el gobierno nacional. El poder ejecutivo elude la responsabilidad de una definición que lo afecta mucho políticamente, con la etiqueta de conflicto gremial. Es incapaz de hacer frente a las contradicciones insalvables de su aparato político.
El Partido Obrero rechaza las acciones patoteriles de la burocracia sindical y denuncia su carácter político extorsivo, en función de arrancar la protección del gobierno nacional, contra los procesos judiciales, civiles y penales, que los tiene como responsables. Advertimos que el 31 de marzo próximo se ventila un nuevo pedido de excarcelación de José Pedraza, la cual viene acompañada de medidas de presiones e incluso cohechos económicos a los jueces de la Cámara de Casación. Por último, rechazamos la pretensión de las patronales de prensa de que defienden la libertad de expresión y los derechos y garantías constitucionales, luego de una larga colaboración con las varias dictaduras militares que asolaron al país; la discriminación que ejercen contra las expresiones socialistas y obreras; la manipulación informativa cuando se trata de las luchas populares; y la persecución sistemática a los luchadores sindicales.
Partido Obrero

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas toma partido y sale a defender la libertad de prensa
El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, que preside Gustavo Pedace, manifestó su preocupación ante el bloqueo a los diarios Clarín y La Nación.
En su comunicado, el Consejo dijo que “expresa su preocupación por el bloqueo que impidió la salida, el pasado 27 de marzo, de la edición dominical del diario Clarín y dificultó la del diario La Nación. También rechaza todas las acciones que de alguna manera limiten la libertad de expresión”.
Si bien el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó tras el piquete, de 12 horas de duración, que no interpretaba el ataque como violación a la libertad de prensa, sino como “conflicto sindical” de la empresa, la administración kirchnerista se encargó de dejar implícitamente claro que el piquete tenía el visto bueno de la presidenta: la agencia noticiosa gubernamental TelAm informó que se había producido el ataque una hora antes de que siquiera empezara, y la policía desobedeció la orden de la Justicia de liberar el ingreso a la imprenta. Esos dos elementos le dan al hecho, grave en sí mismo, una dimensión política alarmante e inusitada. Medios no oficialistas y periodistas independientes hablaban ayer de una desviación del gobierno hacia el fascismo y el autoritarismo. El bloqueo fue criticado por medios de comunicación y organismos multilaterales de todo el mundo.
En ese marco, el apoyo del Consejo contrasta con el habitual silencio empresario y adquiere mayor relevancia política. El comunicado del Consejo agrega que “una democracia republicana se enriquece con el debate de ideas y proyectos que se producen tanto en los ámbitos parlamentarios como en los medios de comunicación. Atentar contra los medios, empobrece la vida pública”. Continúa que “las nuevas tecnologías han aumentado las posibilidades de expresar opiniones a los distintos públicos. Sin embargo, éstas no reemplazan a los medios tradicionales. La información nunca es excesiva: contribuye a la trasparencia de los diferentes ámbitos de la vida pública y, en consecuencia, mejora la calidad de las instituciones”.
Y finaliza con una clara alusión al estilo autoritario y violento que está caracterizando al gobierno y, particularmente, a la central sindical CGT del sospechado jerarca gremial Hugo Moyano: “No debemos olvidar la importancia del diálogo como herramienta para la solución de los conflictos.

Comunicado de AGR, publicado en la edición de Clarín 29/03/2011

Clic en la imagen para ampliar

Lee en Chequeado.com: Bloqueo a Clarín: los puntos claves

Protesta: Con Cablevisión pasa lo mismo ¡Clarín!

Una de las tapas de Clarín de hoy, qué hoy no miente:

Mi televisor, abonado a Cablevisión, único servicio en la zona, que se ve así por incumplimiento del ordenamiento de la grilla dispuesto por la Resolución Nº 296-AFSCA/10. Además de las interferencias que se reciben y la empresa no soluciona.

domingo, 27 de marzo de 2011

Misiones: decisión de Cablevisión provoca que este año falte un debate

El programa Debate Sobre el futuro, que se emitía por Canal 5, de la proveedora de televisión por cable Cablevisión, en la ciudad de Posadas, en Misiones, no saldrá este año al aire porque la empresa, perteneciente al Grupo Clarin, pretendió que el productor y conductor del espacio suscriba un contrato en el que le exigían que se abstenga "de verter en el programa toda manifestación, sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o sus empresas vinculadas, controladas o controlantes, sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros"
Lea la solicitada publicada hoy en los diarios de Misiones:
Clic en la imagen para ampliar
Fuentes: Misiones On Line, Línea Capital

Clarín: Hoy, en democracia, algunos impidieron que nuestros lectores pudieran informarse y el Gobierno no hizo nada para evitarlo

Hoy el diario Clarín no pudo llegar a la gran mayoría de sus lectores. Fue debido a un bloqueo en su planta impresora por parte de un grupo de manifestantes, algunos de los cuales se identificaron como afines al sindicalista Hugo Moyano.
Se trata de un hecho gravísimo que atenta contra la libertad de expresión, derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. Algo que no registra antecedentes de esta magnitud desde la recuperación de la democracia en la Argentina.
El bloqueo constituye un delito no sólo porque está previsto en el Código Penal (arts. 161 y 194) sino porque existen dos fallos judiciales recientes que expresamente prohíben impedir la circulación de diarios y revistas. Así es que, tras haber sufrido cuatro bloqueos de diferente magnitud en los últimos meses, la Justicia ordenó a las fuerzas de seguridad y a su titular, la ministra de Seguridad Nilda Garré, tomar las medidas necesarias para evitar nuevos bloqueos.
No puede pasar desapercibido que, recientemente, la Presidenta de la Nación afirmó que "tenemos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Impedir que el otro circule, trabaje o estudie, porque hace a la libertad y yo soy una acérrima defensora de los derechos de los demás".
Es evidente que el bloqueo contó con la sugestiva inacción de las fuerzas de seguridad, traducida en la falta de una orden política de las autoridades del Gobierno Nacional para resolver la situación. Nos hallamos ante un caso de doble omisión: por un lado la "desobediencia judicial" al incumplirse dos fallos, delito que será oportunamente denunciado. Y por el otro, el desconocimiento de instrucciones expresas de una fiscal, que había ordenado hacer cesar las trabas a la circulación.
Resulta falso lo expresado por quienes buscaron enmascarar el hecho con un pretendido reclamo laboral, por cuanto no existen conflictos colectivos en ninguna de las empresas de Clarín; las plantas operan con absoluta normalidad e imprimieron tanto el diario como sus revistas y suplementos; y el sindicato no decidió ni avaló semejantes medidas. Por el contrario, existen elementos para radicar una denuncia por extorsión y así lo hemos hecho.
Todo esto no hace más que demostrar que la verdadera intención de los ideólogos del bloqueo era impedir la salida del diario, como un eslabón más de la cadena de persecución y hostigamiento que –con diferentes modalidades y en distintos ámbitos- se está perpetrando sobre Clarín y otros medios de comunicación independientes.
Un ataque doblemente grave porque se da a pocos días de la flagrante amenaza del Sindicato de Camioneros contra los medios y periodistas que publiquen información sobre sus dirigentes.
Son rasgos inquietantes en un año electoral, en el que debería asegurarse más que nunca a la sociedad argentina el libre acceso a la información, la posibilidad de debatir ideas y el control sobre los actos de gobierno, en un marco de absoluto respeto por los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
A pesar de los ataques seguimos trabajando , como hace más de 60 años, para estar con nuestros lectores, todos los días, las 24 horas.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2011


NdE: El Grupo Clarín habla de un "pretendido reclamo laboral" sin mencionarlo. Tampoco menciona, ellos y los que bloquearon la salida de los diarios que fue excluido Pablo Viñas, militante del Partido Obrero y congresal de la Lista Naranja

LT9: Carta abierta a la dirigencia política y social de Santa Fe

Por: Alejandro Colussi, periodista, trabajador de LT9
La primera versión de la historia la escriben los medios. Deformada, interesada, a veces manipulada, pero escrita al fin. Los medios también reflejan la sociedad en que vivimos, son parte invalorable de nuestra cultura.
Si compartimos este pensamiento les pregunto: ¿Van a callar, hacerse los desentendidos de lo que pasa en LT9, primera licencia radial del interior del país, con más de 80 años escribiendo la historia de nuestra ciudad y gran parte de la provincia? ¿Vamos a esperar que como en el caso Storni, sea un periodista o escritor o medio de Buenos Aires que impulse una investigación? Con este criterio ¿con qué autoridad moral le piden, entonces, a la gente que se involucre?
Más allá de mis motivaciones personales, que no es poco dado que lucho por mi derecho a trabajar y expresar libremente mis ideas sin ser censurado, más allá del interés económico que puedan tener empresarios sobre su propiedad privada, está claro que lo que se discute es la confusión entre Estado y partido.
La caducidad del usufructuo de una licencia es legítima pero, puede constituirse en la partidización fraccionada en nombre del Estado, sobre ese medio? ¿tanto nos hemos acostumbrado a esto, a la confusión estado-partido-fracción interna? ¿nada tienen para decir? ¿nada tienen para preguntar? ¿Quién defiende los intereses de los oyentes, ciudadanos, vecinos? ¿Quién resguarda la libertad de expresión de un medio ahora en manos del Estado nacional, en realidad de una fracción o sector interno del partido que gobierna?
Es esta sensación de indenfesión que siente cualquier ciudadano al que le toque vivir estas circunstancias lo que habla a las claras de la falta gravísima de seguridad jurídica, independencia de poderes, y la pobreza de la clase dirigente en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad.
Es, a su vez, lo que desnuda la hipocresía de sus discursos, el vacío de sus ideas, la falta de credibilidad en sus palabras.
Se acuerdan de ese poema, de las puertas y de por quienes iban... que no sea tarde.

Incertidumbre, desazón, miedo y bronca
La intervención de LT9 me obligó a tomarme vacaciones forzadas "pagas" hasta tanto decidían en Buenos Aires "que hacer conmigo (sic)". Conductor de la mañana más escuchada y más vendida del centro norte de la provincia, me quedé atónito. "Vos sabes que hay gente que te ama pero que te ganaste odios" me dijo César Miretti.
"El caso de Colussi es especial" sostuvo el joven interventor ante el gremio de prensa. Lo cierto es que detrás de la intervención está Gustavo Marconatto… y Oscar Kachi Martínez. Este último antes del acuerdo para apoyar a Bielsa dijo "Sacame a Colussi de encima". Marconatto intenta encontrar una salida intermedia que todavía no la encuentra, por eso hace 20 días que no estoy al aire pese a un contrato comercial y laboral en ese sentido.
"Si no querés quedar afuera de la radio defendelo al Kachi" fue el mensaje a mi celular 24 horas antes de la intervención por un gran allegado al dirigente menemista-massatista y ahora devenido en K. Ante mi negativa fui separado de la mañana. He sido un periodista ecuánime en lo posible, pero se la agarraron conmigo. "Hay que pegarle fuerte a Bonfatti, Perotti y Rossi" fue otro mensaje, y otra negativa de mi parte. "No hay que hablar de Clarín, TN ni El Litoral”, nueva negativa. No meo agua bendita, pero una radio en manos del Estado lo mínimo que podía hacer es "jugar con todos" por una cuestión democrática y hasta por una cuestión económica. Me anticiparon que podía pasar a FM vulnerando mi contrato laboral y comercial sin razón y sin dármelo por escrito.
En nuestra ciudad no hay opciones, si te dejan sin trabajo para que le hagas un juicio al Estado nacional pueden pasar años, de ahí la autocensura, de ahí mi silencio todos estos días, porque sin laburo tenés que entregar la casa que alquilás, no poder ayudar a la madre de tus hijos en grave enfermedad, no pagar los créditos que sacaste pensando que nadie te iba a tocar por tus ideas, entre otras cosas.
Me animo a decir esto porque veo que otra vez son los medios nacionales los que se hacen eco, ante el silencio espantoso, cómplice miserable de la clase dirigente local. "No digo nada a ver si me empiezan a matar en esa radio " me dijo un dirigente político. Es la misma génesis que teníamos durante la dictadura. Se equivocan los medios en centrar en Cesar Miretti la noticia. No es él, es Gustavo Marconatto (con él cuál no tengo problema ni político ni personal) y fundamentalmente Oscar Martínez, cuyo padre requieren los organismos de derechos humanos que se investigue, ex asesor de imagen de Mauricio Macri, ex vocero de Massat, ex Reutemanista, ex... lo que quieras imaginar, ahora dependiente de Nicolás Fernández en Baires.
Fuente: DataSantaFe

En el marco del viejo conflicto en Artes Gráficas Rioplatenses bloquearon la salida de Clarín y La Nación

Una protesta de trabajadores gráficos y familiares bloqueó hoy durante más de doce horas la salida de los diarios Clarín y Olé y demoró la expedición del matutino La Nación, dado que el piquete se instaló frente a las plantas impresoras en el barrio porteño de Barracas. La agencia TelAm anunció el bloqueo cuando todavía no ocurria. Clarín definió como piquetero a un trabajador de la empresa que no reconoce. La Secretaría de Medios, vía Sala de Prensa, anuncia una conciliación de Trabajo con "los diarios" y lo ilustra con imagen de tapas de junio del 2002 (fecha del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de la policía)
En el marco del viejo conflicto en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), del Grupo Clarín, un grupo de trabajadores, acompañados por sus familias, protestaron frente a las plantas impresoras e impidieron la salida del diario. Según informaron, el reclamo es por la "persecución sindical que sufren los delegados". El titular de la CGT, Hugo Moyano, afirmó no tener vinculación con la protesta y manifestó que se trata de "trabajadores que despidieron esos medios y que están con sus familias allí porque no tienen ni para comer". El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión de conciliación para mañana.
La protesta comenzó poco antes de la medianoche. Los trabajadores, acompañados con niños y bebés, instalaron carpas sobre la calle Zepita, donde pasaron la noche. Los manifestantes desplegaron un pasacalle de nylon que los identificaba como Federación Gráfica Bonaerense.
El titular de la CGT, Hugo Moyano, salió al cruce de las versiones periodísticas que lo vinculaban con la protesta. Sostuvo que acusarlo de bloquear la salida de diarios era "un absurdo total". "Ahí solo está el personal con sus familia e hijos, es el personal despedido de Clarín. Son los despedidos que bloquean con sus criaturas y familiares, con sus madres, porque esa gente está desesperada", acotó en diálogo con radio Brisas.
Moyano también sostuvo que "hace seis años la justicia les ha dicho en varias oportunidades que tiene que reintegrarlos".
En tanto, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó al Grupo Clarín y a los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) a una reunión que se celebrará mañana para conformar "un espacio de conciliación entre las partes", luego de la protesta que impidió la salida del matutino.
Los trabajadores de AGR, empresa que pertenece al Grupo Clarín, acamparon desde las 22.30 de anoche junto a sus familias frente a la planta ubicada en Zepita 3220, en el barrio de Barracas, para reclamar por la "persecución" que se lleva a delante por la patronal contra los delegados sindicales.
Un comunicado de prensa de los trabajadores distribuido anoche expresa que la protesta y bloqueo de las puertas de la empresa del grupo Clarín se debe a la "persecución sindical que sufren los delegados, quienes son rodeados en todo momento por patovicas y a los que no se les asignan tareas laborales".
Una asamblea de trabajadores que se realizó este mediodía decidió levantar la medida de fuerza y los trabajadores calificaron la jornada como "un hecho histórico, porque es la primera vez que Clarín no sale un domingo" y la segunda vez en toda su historia que no sale (en 1989 por una huelga de los trabajadores gráficos había ocurrido lo mismo)".
"La pretensión no era que no salga Clarín ni impedir que expresen sus ideas, al margen de que no estamos de acuerdo con ellas, sino que el objetivo era enviar un mensaje a los directivos para que Clarín no siga apretando trabajadores", resumió el delegado gremial Luis Siri a sus compañeros en la asamblea.
Por su parte, Nicolás Rivero, delegado de AGR, aseguró en declaraciones a TelAm que "la comisión interna tiene permitido ingresar a la plata, puede fichar, pero no se nos paga el día y tampoco nos dan tareas". Asimismo señaló que "nos ubican en un cuartito rodeados por personal de seguridad, patovicas, que nos siguen a todos lados con cámaras. Y si algún compañero intenta hablar con nosotros o se relaciona de alguna manera, la empresa lo suspende o lo echa", concluyó Rivero.
Clarín presentó nuevas denuncias penales al señalar que el bloqueo generó "un daño muy grande, irreparable" porque dejó unos 600 mil ejemplares inmovilizados, mientras la UCR reclamó el juicio político de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al acusarla por no implementar medidas de prevención para evitar que la protesta impida la salida de los diarios. 
Las empresas periodísticas señalaron que un grupo de activistas prendió fuego un contenedor de basura en cercanías del piquete y que incluso amenazó a un escribano y personal de la empresa La Nación que intentó dejar asentado el bloqueo.
El presidente de AdEPA, Daniel Dessein, sostuvo que "el gobierno debe reaccionar" ante esta situación que consideró "tan grave para la vida democrática del país".

Inspeccionará denuncias de incumplimiento sindical
Convocan a conciliar mañana por el conficto en los diarios
La cartera laboral convocó a una reunión de las partes involucradas en el conflicto de la madrugada en las plantas impresoras de La Nación y Clarín para buscar un espacio de conciliación. Designará un inspector que constate los incumplimientos denunciados sobre el desarrollo de la actividad sindical
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación acaba de convocar a las partes del conflicto suscitado con los diarios a una reunión para el día de mañana a fin de buscar un espacio de conciliación.
La cartera laboral designará un inspector para relevar y constatar incumplimientos denunciados sobre el desarrollo de actividades sindicales en la empresa. La denuncia del incidente que afectó en la madrugada las plantas impresoras de Barracas fue formulada por los diarios La Nación y Clarín.
Según consigna, un grupo de unos 40 manifestantes, incluidos niños, impidió la salida y entrada de camiones que distribuyen los ejemplares de ambos matutinos, situación que, en el caso de La Nación, se normalizó a las 3.10, mientras que en Clarín, demoró 11 horas.
La medida de fuerza, implementada desde poco antes de la medianoche, impidió la entrada y salida de camiones para la distribución de los diarios, señala.
Efectivos de la comisaría 30 de la Policía Federal se apostaron en las inmediaciones del lugar, aunque no intervinieron.

Perlas del conflicto
TelAm anunció el bloqueo cuando todavía no había comenzado

Clarín descalifica y no reconoce a un trabajador de AGR
 
Fuentes: DyN, PáginaI12, Sala de Prensa, TelAm, Radio Brisas

sábado, 26 de marzo de 2011

Tucumán: Denuncian a Alperovich por su intromisión en Canal 10 y reclaman sea 100% propiedad de la UNT

La diputada nacional Stella Maris Córdoba (PJ) acusó al gobernador de Tucumán José Alperovich de usufructuar apropiaciones realizadas por la dictadura cívico-militar

"Alperovich debe explicar al pueblo de la provincia por qué sigue usufructuando la usurpación de Canal 10 que cometiera la dictadura cívico-militar en vez de mandar a su empleado de Prensa a defender lo indefendible y atacar a quienes queremos profundizar la Democracia en Tucumán”, desafió Stella Maris Córdoba.
La diputada nacional recordó que “ser Kirchnerista no es un traje que uno se ponga según le convenga sino un compromiso con una ideología. Nosotros queremos construir en la provincia un espacio más coherente con el Gobierno nacional frente a quienes se dicen Kirchneristas mientras se rodean de funcionarios afines a Bussi”.
“Los tucumanos deben recibir alguna explicación de Alperovich, quien fuera director administrador del Canal 10 por la UNT y luego avalara su pseudoprivatización impulsando una oferta y pugnando por ella ante Alberto Llaryora, a quien se sindica como testaferro del Almirante Massera”, enfatizó la candidata a gobernadora por Proyecto Popular.
Stella Maris Córdoba sostiene que “la ilegalidad en la que sigue incurriendo el Poder Ejecutivo de la provincia se da de bruces con la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Esta Ley de comunicación de la Democracia establece taxativamente que las emisoras “deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural” (Artículo 148, Título VIII Medios de Comunicación Audiovisual Universitarios y Educativos).
“Sin embargo, y como afirma la periodista de La Gaceta Nora Lía Jabif, la estrategia de Alperovich estuvo centrada en la presentación por Canal 10 de piezas publicitarias bajo el formato de pseudoeventos, engaños planificados o generados por el equipo de campaña del gobernador”, acotó la vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación para quien “el colmo de la impunidad lo constituyen las declaraciones de Diego Lobo, asesor en comunicación de Alperovich, ante la propia periodista respecto de todas las campañas en las que el actual gobernador abusó del canal de la UNT”.
Lobo, reconoce ante Jabif que “se centró la publicidad en canal 10. Se transmitían las ideas a través de un formato que era más bien informativo, pero que en verdad encerraba una pieza publicitaria. Se utiliza el pseudoevento, pero gracias a una coyuntura: por la crisis cayó el 60 % del abonado al cable, que estaba ávido de televisión. Aprovechamos el segmento informativo de 7 a 9, y de 9 a 12 de Armisen.
Los formatos fueron informativo y una especie de magazine. En medio de eso se iba mostrando la actividad del candidato”.

Córdoba culpa al jefe de prensa de Alperovich de defender normas del Proceso militar
La diputada nacional Stella Maris Córdoba (PJ) cargó contra el secretario de Prensa y Difusión, Ignacio Golobisky. Según la candidata a gobernadora por Proyecto Popular, el funcionario defendió un decreto suscrito por el ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, en nombre de la Universidad Nacional de Tucumán.
La legisladora y dirigente kirchnerista hizo alusión a que ella reclamó a la Defensoría del Pueblo la restitución de Canal 10 a manos de la UNT y que, en declaraciones públicas, Golobisky replicó que la Provincia es propietaria del 30% de las acciones de esa televisora.
Córdoba insistió en que Canal 10 fue "usurpado ilegalmente" a la casa de altos estudios durante el último gobierno militar.
"Queda claro que la sociedad de facto que aún mantiene unida a la UNT con el PE carece de toda legalidad en su causa y en sus efectos, ya que el PE actuó como único centro de interés del supuesto contrato", aseveró la legisladora nacional.

Historia reciente de Canal 10
En 1998, la Universidad Nacional de Tucumán, ante los sucesivas balances negativos de la emisora Canal 10 decide buscar aportes de capital privado.
El 16 de abril, el Consejo Superior de la UNT dicta la Resolución Nº 597/998 en la cual se aprueban las “bases y procedimientos generales que deben tener en cuenta los interesados en participar en el proceso de reconversión de LW83 Canal 10”.
La resolución crea una comisión ad hoc integrada por el Lic. Enrique Valdecantos, el Lic. Mario Fortuna (secretario administrativo del rectorado), el Dr Norberto Rodríguez Vaquero, el C.P.N. Luis Víctor Gentilini (representante de la UNT en el directorio del 10 hasta ese momento), el C.P.N Hugo Martín Denett y el ingeniero Juan Carlos Reimundín (decano de ciencias exactas).

Los oferentes fueron:
Newline SA (Llaryora)
Maastricht Group SA
Fenal SA (Alperovich)
Multimedios SA
Gestión De Medios SA

La falta de claridad de la UNT respecto del proceso a utilizar para el salvataje del Canal 10 se refleja en la impugnación de Alperovich (una formalidad sobre el depósito de garantía que Newline hizo a la UNT y que era un plazo fijo en el Banco Galicia a nombre de Spinelli Roca y la UNT) y la contestación del Dr Norberto Rodríguez Vaquero. “Cabe admitir la existencia de algunas situaciones derivadas del proceso anterior a la Resolución nº 597/998 en el que la ausencia de una conveniente formalidad dio lugar a actos que, si bien no se ajustan estrictamente a lo dispuesto en la resolución citada, debieran ser subsanados”, reza el dictamen de la comisión ad hoc. (foja 69 expte).

La Pseudoprivatización de Canal 10
El 27 de abril de 1998, mediante la Resolución Nº 704 y en sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la UNT aprueba el despacho de mayoría de la comisión Especial por 19 votos contra 5, 3 abstenciones y un voto negativo para ambos dictámenes. Aprueba también “la alternativa de incremento de capital que involucra la cesión del derecho de preferencia de la UNT correspondiente a su participación accionaria actual”.
En sus considerandos, la resolución 704 hace referencia a que “queda expreso el sentimiento y la inquietud de lo difícil que resulta tomar una decisión (…) pero teniendo en cuenta la crítica situación patrimonial y financiera de la Televisora, al extremo que dado los resultados contables al 31 de diciembre de 1997, la empresa se encuentra dentro de las causales previstas por el art. 94 de la ley 19.550 por lo que no queda otra alternativa”. “La Universidad debe procurar preservar los aspectos culturales”.
Al 30 de abril de 1998 adeudaba a Artear (Canal 13) $500.500.
A pesar de que en la Resolución del Consejo de la UNT Nº 597/998 se aprueban las “bases y procedimientos generales que deben tener en cuenta los interesados en participar en el proceso de reconversión de LW83 Canal 10” no disponía la figura de aumento de capital por parte de un privado y la correspondiente cesión de preferencias por parte de la UNT, dicha opción fue la elegida.

La intervención
El 11 de noviembre de 2005, el director de Personas Jurídicas Aldo Madero pide la intervención judicial de la emisora. Se hace eco de la denuncia del síndico del canal 10 Carlos Domingo Gómez, quien le comunica supuestos “hechos graves que ponen en peligro la existencia misma de la sociedad Televisora de Tucumán SAPEM y de la autorización del servicio”.
A menos de dos semanas de esta presentación (24 de Noviembre de 2005) la Justicia “hace lugar a la petición efectuada por Dirección de Personas Jurídicas, bajo caución juratoria del Director y en consecuencia Disponer la Intervención Judicial de Televisora de Tucumán SAPEM, por el término de tres meses a partir de la fecha de asunción del cargo de los interventores...”
El dictamen de la Justicia también designa como uno de los interventores al Sr. Raúl Armisén.

La JP Evita Tucumán quiere que Canal 10 sea 100% propiedad de la UNT
Mediante un comunicado, la organización repudió la actitud de Golobisky y criticó al gobierno provincial. “Queremos una televisión pública abierta”.
El Gobierno Nacional impulsa desde 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, medidas tendientes a recuperar nuestra memoria histórica y el derecho de todos los argentinos a recibir y generar una información democrática y plural.
Pero no es lo que hace el gobierno de Tucumán. Hay funcionarios que olvidaron los debates para llegar a la Ley de Medios Audiovisuales, y dejando que los medios públicos secuestrados por la dictadura de Bussi retornen a sus dueños.
El secretario de Prensa y Difusión de la provincia, Ignacio Golobisky, juró como concejal por un día en memoria de la Resistencia Peronista. Hoy (por ayer jueves), en el Día de la Memoria, defendió la apropiación de parte de las acciones de Canal 10 que hizo la dictadura encabezada en la provincia por Bussi.
Los tucumanos queremos una televisión pública abierta, en la que todos los sectores tengamos la posibilidad de dar a conocer nuestras ideas y proyectos.
Nicolás Escasena - JP Evita Tucumán
Fuentes: Prensa Dip. Stella Maris Córdoba y JP Evita Tucumán

viernes, 25 de marzo de 2011

Cablevisión pierde el virtual monopolio de la TV de pago en Paraguay

Claro obtiene permiso para operar en DTH y espera proveer TV cable. Esta misma licencia se suma a la otorgada recientemente a la empresa chilena TuVes HD y a la Tigo
El servicio DTH o difusión directa al hogar tiene varias similitudes con Direct TV. Dos empresas han obtenido la licencia para operar dentro del país con el servicio DTH (direct to home tv o difusión directa al hogar). Las que han logrado tener la autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) son TuVes de Chile y la empresa de telefonía Claro.
La televisión DTH tiene varias similitudes con Direct TV, en este caso los contenidos distribuidos en los satélites pueden llegar al hogar directamente, a través de las distintas plataformas de televisión digital.
El marco legal del servicio DTH está reglamentado por la Conatel desde 1999, según indicó Cesar Martínez, gerente técnico del ente regulador. De este modo solo se espera que las empresas comiencen los trabajos para poner a disposición de los usuarios, pues ya poseen el marco legal para explotar este servicio.
Además de estar en Chile, TuVes se encuentra operando en Bolivia y muy pronto lo hará también en Perú. Además de la pretensión que tienen de alcanzar países como Argentina y Venezuela, aunque cuesta más llegar a las concesiones, por contar con marcos regulatorios más rígidos. Sin embargo, están haciendo esfuerzos por ingresar a Uruguay y a Ecuador.
Para Claro sería la primera experiencia en este rubro de servicios. La telefónica actualmente ofrece servicios de telefonía celular y de internet móvil.

TV Cable
También Claro ha solicitado la licencia para proveer el servicio de televisión por cable. La solicitud de la telefónica se encuentra en etapa de estudio y aprobación por parte del directorio de la Conatel. Con esto la empresa de telecomunicaciones amplía sus servicios y es la segunda entidad de este rubro que se vuelca hacia la provisión de TV cable.
Tigo es otra de las telefónicas que desea incursionar dentro de televisión por cable en el país a pesar de que por el momento solo lo puede realizar en cuatro ciudades del área metropolitana que son, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora y Lambaré. El servicio estaría disponible a mediados de este año de no sufrir contratiempos. En Asunción no puede todavía proveer el servicio, ya que pesa sobre la licencia una medida de no innovar.
Fuente: Diario La Nación

Otras Señales

Quizás también le interese: