El pasado 22 de julio en ocasión de lo que se denominó Derecha Fest, un evento del partido de gobierno, se impidió la cobertura informativa por parte de la periodista de este medio Melisa Molina y se la amedrentó. Hace poco tiempo, se calumnió para intimidarla a través de un video de contenido sexual generado con inteligencia artificial a otra periodista, Julia Mengolini. Unos días después el mismo presidente iniciaba causas judiciales contra la propia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos vinculadas a sus análisis y opiniones. Dos meses antes lo había hecho contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa. El año pasado su ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició la saga contra Darío Villarruel y Nancy Pazos. Todo bajo la consigna “No odiamos los suficiente a los periodistas”. Esa diatriba sirvió de marco para que fuerzas de seguridad dispararan y pusieran en riesgo la vida del reportero gráfico Pablo Grillo o un grupo de partidarios del gobierno golpearan en un lugar público al periodista Roberto Navarro.
Hace medio año publicábamos el "Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024" elaborado conjuntamente por la Carrera de Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Allí se resumía: "Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión".
En un sentido similar, en mayo de este año se divulgó el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA que registró "un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos (…) la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial".
En una línea similar, se manifestó la organización internacional Reporteros sin Fronteras en su Informe 2025: "Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder". Del mismo modo, lo hicieron nueve relatores especiales de Naciones Unidas en una carta remitida al gobierno argentino donde expresaron su seria preocupación ante "el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023".
En el plano nacional, el reciente monitoreo sobre manifestaciones públicas de la Comisión Provincial de la Memoria señala que "el incremento exponencial de los hechos de represión que ocurrieron en 5 de cada 10 movilizaciones en el primer semestre de 2025, contra 3 de cada 10 movilizaciones durante 2024, da cuenta de la decisión del Gobierno nacional de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y la construcción democrática".
En síntesis, la gravedad del deterioro del debate público en nuestro país es advertida por instancias nacionales e internacionales. Para los simpatizantes de Milei, sin embargo, se trata de que “habla como habla la gente”. En este tipo de afirmaciones se evidencia la negación cínica de la responsabilidad de la investidura presidencial y de la posesión del monopolio de la fuerza. En otras palabras, se expresa la negación de la asimetría entre gobernantes y gobernados.
Una preocupación central de las constituciones modernas ha sido limitar los poderes con contrapesos y fórmulas de equilibrio y, sobre todo, propulsar la participación y el debate social. La expresión de la diferencia y la crítica respecto de los gobiernos, así como el debate público sostenido en datos y argumentos, se constituyen en condiciones para la toma de decisiones de la ciudadanía y para la vida democrática en su conjunto.
Por el contrario, asistimos a una práctica sistemática de ataque dirigido específicamente a una de las instituciones que ha configurado su rol social en torno la producción de información, la argumentación y la prosecución de verdad como trabajo de cara a la sociedad: el periodismo. ¿Hasta cuándo? La responsabilidad por la salvaguarda de la información precisa en pos del debate público no es sólo del gobierno de turno, sino de todo el sistema político argentino que viene mirando hacia otro lado. En su defecto, sólo nos quedará el regodeo de tribus aisladas en burbujas algorítmicas de creencias. Quizás, ese sea el proyecto político ideológico de este tiempo.
* Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
** Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA
Fuente: La Ventana, PáginaI12
