Las posturas de los diferentes actores se encuentran dentro de los límites de los previsible. Los grandes operadores se mostraron a favor del proyecto que les abarata costos de despliegue y les permite competir con todos los servicios a nivel nacional, bajándole barreras de entrada.
Luego están los operadores “PyME” de telecomunicaciones, que llevan años en competencia. Ellos están a favor del proyecto en líneas generales, aunque haciendo hincapié en la necesidad de garantizar esa competencia. A esto le suman su ya conocido interés por participar del negocio de los servicios móviles, pero no tanto como OMV sino como OMR. No obstante, solicitan hacerlo sólo a nivel regional, ya que está claro que ninguno tiene las espaldas financieras para poder incursionar en este rubro a nivel nacional. Este último punto también es reclamado por los cableoperadores medianos (y no tanto). Esta demanda es atendible. Viendo las tendencias en la tecnología, ningún operador del futuro será relevante si no tiene acceso a la posibilidad de ofrecer servicios móviles.
Finalmente, están las cooperativas y PyMEs de pequeñas localidades (de menos de 80 mil habitantes) que buscan mantener lo más posible sus posiciones dominantes allí donde operan . Para ello piden reconsiderar los plazos para el desembarco de los grandes operadores, queriendo estirarlos por al menos 5 años.
Ninguno de estos reclamos es sorprendente. Cada uno hace su juego y defiende sus intereses, como es natural. Sin embargo, en todas las reuniones el foco de los planteos (y de las preguntas de los legisladores) estuvo puesto en qué tipo de actores se ven beneficiados o perjudicados con el proyecto de ley en su estado original. Pero nadie planteó qué podría ser lo mejor para el consumidor/usuario. Es un debate que mira claramente hacia la industria. El consumidor/usuario está ausente de las discusiones.
Además de estas lógicas divergencias, algunos (consciente o inconscientemente) empujan el proyecto de ley a un empantanamiento. Pretenden que deje de ser una ley corta, enfocada principalmente en aspectos que hacen a la infraestructura, para convertirse en una Ley de Convergencia integral, desarrollando mucho más el tema contenidos. Se trata de un tema de por sí muy complejo y con múltiples aristas, que merece una mirada integral y no una serie de remiendos sobre una norma enfocada al desarrollo de la infraestructura. Habrá que ver si los legisladores perciben esta diferencia y avanzan dentro del espíritu actual o si por buscar hacer lo mejor, nos quedamos sin lo bueno. En este estado de situación el gobierno tiene su responsabilidad. Pidieron un borrador de Ley de Convergencia que fue entregado hace meses y que hoy duerme el sueño de los justos.
Fuente: Comentarios - Carrier y Asoc.
