El Colectivo La Tribu convoca a movilizarse en defensa de La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en el marco del estado de alerta y movilización decidido ayer por la Coalición por una Comunicación Democrática y acompañado por un conjunto de redes que articulan a distintas emisoras y organizaciones de comunicación comunitaria.
Llamamos a acercarse a la sede de la AFSCA, en Suipacha 765, frente a la intervención del organismo, anunciada hoy por el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Y convocamos a defender los postulados de la LSCA, que son la base del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información y la comunicación.
Cada nuevo emisor es una ataque a la concentración de medios.
Repudio del Diputado Nacional Eduardo Seminara, Bloque FPV - PJ
Repudiamos la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de su directorio por parte del presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri e implementada por el recientemente designado Ministro de Comunicaciones Dr. Oscar Aguad.
La ley 26522 creó el directorio del AFSCA y determinó el mandato de los directores previendo las situaciones electorales de renovación de mandatos presidenciales. La decisión de separar el mandato de los directores y del Poder Ejecutivo Nacional no resulta una cuestión azarosa. Está fundada en el principio de poner por delante la continuidad de una política pública, que considera el derecho a la comunicación como un derecho humano y un valor innegociable en una sociedad democrática antes que las situaciones propias de la alternancia política.
Se acusa a las autoridades del AFSCA de revelarse al ordenamiento ministerial conferido por un Decreto de Necesidad y Urgencia que viola el principio de autarquía del organismo e intenta cambiarle su status jurídico otorgado por la ley 26522, aun en plena vigencia.
La intervención ratifica el sentido autoritario del gobierno y la vocación de avasallar la legalidad vigente tal como quedó demostrado con los decretos de necesidad y urgencia de los primeros diez días de gobierno. Por estos motivos respaldamos a su presidente –Martín Sabbatella- y a la totalidad del Directorio legal y legítimamente constituido.
Eduardo Seminara, Diputado Nacional Bloque FPV - PJ
Repudio a la intervención de la AFSCA
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria Norma López expresó su repudio absoluto a la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Argentina (AFSCA) que resolvió este miércoles el presidente de la Nación, Mauricio Macri mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "Ayer la represión de Gendarmería contra los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja. Hoy además de la decisión antidemocrátca de intervenir el AFSCA, como si eso no fuera poco, no permitieron el ingreso a su titular, Martín Sabbatella, con una guardia de efectivos de la Policía Federal en el ingreso del edificio de Suipacha en CABA", expresó la edila.
Ante la medida que se oficializó en el Boletín Oficial, y comunicado públicamente por el Ministro Oscar Aguad en conferencia de prensa, la concejala del FPV manifestó: "La #LeyDeMediosNoSeToca porque es una construcción colectiva de la que participaron organizaciones, sindicatos y ciudadanos. El presidente Macri eligió para cada una de sus decisiones políticas, primero el ejercicio de la violencia y luego, la convocatoria al diálogo. El reconocimiento de los conflictos y su resolución, es exactamente al revés".
Para finalizar, Norma López cuestionó: "Es otra muestra más del avasallamiento que en tan poco tiempo estamos sufriendo los argentinos. Medidas antiderechos que dejan a las claras el camino de este nuevo gobierno nacional. Esto sí que es cambiar. ¿Algo más para decir?".
Rossi sobre la intervención a la AFSCA:
"Viola los principios básicos del funcionamiento de las instituciones en la Argentina
"El parlamentario de el Mercosur, Agustín Rossi, se manifestó con respecto a la intervención de la AFSCA “Es una decisión anticonstitucional y viola los principios básicos del funcionamiento de las instituciones en la Argentina” al tiempo que resaltó "Esta claro que lo único que esconde esta medida es el desplazamiento de (Martín) Sabatella para avanzar luego en una modificación de la Ley de Medios a la medida de las corporaciones"
Asimismo, el dirigente santafesino evaluó "es una decisión totalmente arbitraria que se suma a la falta de apego a las leyes y a las instituciones que ha demostrado Mauricio Macri. Estamos en un escenario en donde los que hablan de diálogo y respeto de la división de poderes, hacen todo lo contrario"
En el mismo sentido, Rossi apuntó "En 13 días devaluaron, ajustaron, violaron la constitución, reprimieron a los trabajadores e intervinieron la AFSCA. La verdad si alguien tiene dudas de lo que es la derecha, ahí esta. Es el no respeto a las instituciones y a la democracia"
"La AFSCA fue creada por Ley con mayoría reglamentaria, fue debatida a lo largo y ancho del país durante muchos años con un enorme compromiso", recordó el ex ministro de Defensa, y continuó "es un organismo que tiene autarquía tanto financiera como política".
Finalmente, se refirió a la política de Cambiemos y analizó "a la hora de tomar decisiones toman el camino del decreto y del autoritarismo".
Repudio a la intervención del AFSCA
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos expresa su más enérgico repudio a la intervención del AFSCA.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo descentralizado y autárquico regido por la Ley de Medios y su sóla intervención implica la violación flagrante de dicha ley votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual.
Si la voluntad política del gobierno que ganó democráticamente las elecciones es modificar la ley debería hacerlo a través de los mecanismos constitucionales y no con decretos de necesidad y urgencia que se parecen más a una intervención policíaca del Estado.
El SATSAID seguirá sosteniendo la vigencia de la Ley de Medios y la democratización de la palabra como un pilar fundamental de la libertad de expresión y defenderá como lo hizo siempre los puestos de trabajo que surgieron a partir de su aplicación.
Las carreras de comunicación rechazamos la intervención de AFSCA y AFTIC
El decreto es violatorio de las instituciones democráticas y afecta la representación de nuestras universidades. Está en juego el rol del Estado
En la mañana de hoy el gobierno nacional con la firma del decreto 236/2015 intervino la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC).
En el decreto, que no estuvo publicado en el Boletín Oficial hasta después de la conferencia de prensa brindada por el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, se fundamenta la medida en una serie de generalidades carentes de información fidedigna, con groseros errores y en algún caso apelando a fuentes periodísticas. En la conferencia el ministro habló de “rebeldía de las autoridades”.
De este modo se dejan sin efecto las autoridades institucionales dispuestas por las leyes 26.522 y 27.078. En el primer caso se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental. No fue el proyecto de un gobierno, sino que fue el producto de la labor mancomunada de diferentes organizaciones sociales (comunitarias, públicas, universitarias, cooperativas, sindicales, municipales, provinciales, de comunidades originarias, de derechos humanos y de medios privados de arraigo local) nucleadas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática que lograron el apoyo e impulso fundamental del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 pero también de distintos sectores políticos de oposición que manifestaron su apoyo en el parlamento. Una ley reconocida por distintos organismos internacionales y declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 uno de los dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debe ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. En consecuencia, la intervención nos afecta directamente por la pérdida de representación.
En ese sentido, las expresiones del ministro Aguad en las últimas semanas han sido claras y contundentes: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno”. Ya había anticipado que para él en el país no existen los monopolios, sino que sólo "hay medios más grandes que otros". En realidad lo que está en discusión es el rol que debe asumir el Estado frente a los medios de comunicación audiovisual concentrados.
Las carreras de comunicación de la Argentina rechazamos y repudiamos la intervención sin motivo de las autoridades dispuestas por ley que resulta violatoria de las instituciones democráticas y exigimos el cumplimiento y aplicación plena de las leyes vigentes en la consideración del derecho a la comunicación como un derecho humano inalienable.
Comunicado de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario
Ratificamos nuestro absoluto respaldo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y expresamos nuestro rechazo a todo intento que busque distorsionar y avasallar su espíritu y las instituciones que consagra.
Defendemos una ley que es el resultado de un largo y amplio proceso de construcción de consensos, nutrido por un debate abierto y federal, en el cual las carreras universitarias tuvieron una activa participación junto a los trabajadores de la comunicación, las organizaciones sociales y de derechos humanos, los pueblos originarios, las cooperativas y los medios comunitarios. Una ley votada por una amplia mayoría parlamentaria, conformada por representantes del oficialismo y la oposición y que incluso, en su posterior proceso de judicialización, impulsado por los intereses concentrados, fue declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia la Nación.
Frente a las estrategias del poder hegemónico, defendemos esta herramienta construida para democratizar y multiplicar voces, rechazamos las acciones anunciadas, reclamos la aplicación plena y efectiva de las leyes vigentes y ratificamos que nuestra voz se hará presente en todos los ámbitos donde fuera necesario para sostener esta conquista colectiva que entiende el acceso a la comunicación como un Derecho Humano inalienable.
Equipo de gestión. Docentes, estudiantes, graduados y no docentes.
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario
"Necesaria y justificada"Por: Andrés Gil Domínguez, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires
"Tal como lo establece la ley de servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) es autoridad de aplicación y se configura como un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente del AFSCA es designado directamente por el presidente de la Nación.
Esto implica que en el ámbito del control estatal, el Poder Ejecutivo ejerce sobre esta clase de entes, un poder de tutela que, entre otras atribuciones, admite la facultad excepcional de intervención. Refuerza esta idea la atribución conferida por la Constitución argentina al presidente de la Nación de nombrar y remover por sí solo a los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por la Constitución (art. 99 inc.7).
La ley de de servicios de comunicación audiovisual establece determinados requisitos de acceso a los cargos, de ejercicio de los mismos y de funcionamiento de la autoridad de aplicación: personas con alta calificación profesional en materia de comunicación social, reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralistas, abiertas al debate y al intercambio de ideas diferentes.
Dichas exigencias fueron reforzadas constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Grupo Clarín" cuando sostuvo que el encargado de aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual debía funcionar como un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión y que debía garantizar la igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.
Desde su primera conformación, el AFSCA incumplió la totalidad de los mandatos constitucionales, convencionales y legales que regían su actuación. Lejos estuvo de garantizar el pluralismo, la igualdad de trato y la independencia técnica, y en muchas ocasiones, funcionó como una especie de 678 audiovisual. En estos días, un fallo de primera instancia también verificó la existencia de un objetivo incumplimiento de las obligaciones emergentes de la ley de servicios de comunicación audiovisual por parte de dicho órgano.
La intervención del AFSCA está constitucional, legal y fácticamente justificada. El gran desafío consiste en dejar definitivamente atrás el 'modelo Sabbatella' y configurar lo más rápido posible una autoridad de aplicación que funcione como un órgano independiente, técnico y plural".
CELS: "La decisión política no está por encima de la ley"
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que la intervención de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) "anula la autarquía del órgano y reforma la estructura de toma de decisiones federal, integrado por representantes de distintos sectores sociales, políticos y académicos. La consecuencia principal de esta medida es que las decisiones sobre la regulación del sistema de medios de comunicación quedarán sometidas a la única autoridad del Poder Ejecutivo".
"En el caso de la AFSCA -continúa el CELS-, órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la medida remueve al presidente y el directorio del órgano y anula el sistema de remoción previsto por ley, tal como anunció hace unos días el Ministro de Comunicaciones de la Nación al sostener que una ley no puede limitar la facultad del presidente para nombrar y remover funcionarios.
"De este modo, mediante los decretos 13/15 de modificación de la Ley de Ministerios y el 236/2015 (que dispuso la intervención simultánea de la AFSCA y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, AFTIC), el Poder Ejecutivo avanzó en forma ilegítima sobre facultades que el artículo 75 inc 19 otorga en forma exclusiva al Congreso de la Nación. Este avance entra en contradicción con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión, que exigen que cualquier regulación en esta materia esté expresamente definida en una ley.
"La decisión del Poder Ejecutivo implica también otorgarle al interventor designado de hecho una amplia discrecionalidad para desarrollar funciones que la ley reservó a un órgano representativo de diversos sectores y al cual protegió con la autarquía. La Declaración Conjunta de 2001 de los Relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE remarcó que "las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales". En esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en el fallo del caso Clarín de 2013 que: 'Es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión'.
"La LSCA significó un cambio histórico de paradigma. La regulación del sistema de medios audiovisuales no puede quedar librada únicamente a la lógica mercantil. Es función del Estado garantizar el ejercicio del derecho humano a la comunicación a través de políticas públicas destinadas a fortalecer la diversidad, el acceso, el pluralismo y el debate democrático. Para ello, un punto central es que las políticas tiendan a la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación y que respondan a las necesidades de todos los actores: las empresas de medios de comunicación, los medios públicos, los medios no comerciales, los trabajadores de los medios de comunicación y las audiencias como sujetos de derechos, entre muchos otros.
"Las demoras o deficiencias que ha tenido la implementación de la LSCA requieren medidas para profundizarla y no un cambio antidemocrático de objetivos y principios que surgieron de un amplio debate, fueron decididos por el Congreso nacional y ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida del Ejecutivo es un paso claro en contra de una política que se construyó sobre la base de un fuerte consenso social y político", concluye el organismo de derechos humanos presidido por el periodista Horacio Verbitsky.
Ley de Audiovisual: Ni decretos Ni interventores
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos la medida del gobierno nacional de intervenir la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones), como primera medida en la búsqueda de desarticular la actual Ley de Medios con el objetivo de reencauzar un marco legal que favorezca sin tapujos a los medios monopólicos
En el día de la fecha el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, anunció en conferencia de prensa la decisión (vía decreto Nª 236/2015) de intervenir la AFSCA y la AFTIC, destituyendo a sus actuales titulares y colocando en su lugar a Agustín Garzón al frente del primer organismo y a Mario Frigerio como interventor del segundo.
Quienes construimos crítica y cotidianamente medios de comunicación alternativa, comunitaria y popular no seremos espectadores pasivos ni nos quedaremos al margen de tamaña maniobra de carácter poco democrático que intenta echar por la borda los ínfimos pasos que se dieron en la práctica para aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y democratizar las comunicaciones.
Como RNMA hemos sido y somos muy críticos de la gestión del actual titular de la AFSCA y no hemos dudado en realizar acciones de protesta y repudio por la falta de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la misma signifique un fortalecimiento real de los medios comunitarios, alternativos y populares. Asimismo, estamos profundamente convencidos de que gobernar por decreto atenta contra las libertades democráticas salteando la voluntad popular.
Exigimos:
- La autarquía de AFSCA y AFTIC, tal como establece la LSCA votada por el Congreso Nacional
- La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.
- Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.
- Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.
Por: Santiago Gándara
El DNU de Mauricio Macri que pasa el AFSCA y AFTIC a la órbita de un flamante Ministerio de Comunicaciones, a cargo del derechista Oscar Aguad, pero sobre todo las declaraciones de este funcionario en el sentido de que “la regulación de Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro Gobierno” (La Nación, 12/12), traza la línea gruesa de la política comunicacional del macrismo: "Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños". Traducido: van por un nuevo reparto capitalista del mercado audiovisual y de las telefonías. Se pasaría de la intervención del Estado a la supuesta mano invisible del Mercado. Por eso, antes como ahora, y más rápida que las redes que promociona, Telefónica ya presentó su nuevo pliego: “se podría mejorar mucho”, dijo un ejecutivo de la multinacional (El Cronista, 16/12), en referencia de la ley Argentina Digital, aprobada a fin del año pasado, más conocida como la ley de las telefónicas porque las habilita para el fenomenal negocio del triple play.
El giro capitalista de Macri no debe hacernos perder de vista que la ley de SCA fue un enorme simulacro. Porque nada cambió en el llamado ecosistema de medios. Nada cambió en un sentido democratizador de la palabra, de expresión de las corrientes políticas, de libertad de opinión. La demostración más sencilla de esta tesis es la siguiente: basta un DNU para hacer temblar y hasta derrumbar toda la andadura (más declamada que efectiva) de la Ley. Y eso porque la estructura económica del sistema de medios, seis años después, exhibe idéntica concentración, la presencia de los mismos grupos corporativos y hasta de un mayor grado de extranjerización si consideramos no solo las presencias de las telefónicas en el sector sino también del buitre de David Martínez (dueño del 40% de las acciones de Cablevisión) o del otro empresario mejicano dueño de canal 9, Remigio Angel González. Salvo que se quiera consignar como parte de la batalla por la pluralidad de voces el desembarco del empresario del juego, Cristóbal López, la expansión del grupo Veintitrés o la creación del canal digital de la patota de la UOCRA. Suponemos que no. Tampoco parece calificar como “polífonía de voces” el puñado de licencias aprobadas bajo el nuevo marco regulatorio: unos 300 medios, de los cuales la mitad corresponde al sector estatal.
Entonces, ¿de qué habla Martín Sabbatella, ahora en la autodefensa revolucionaria de su cargo, cuando dice que en canal 7 “se escucharon todas las voces”? ¿O a qué se refiere cuando denuncia a Aguad –con justicia- por su “complicidad de las corporaciones mediáticas", siendo que él fue el mejor abogado defensor de la multinacional Telefónica a la hora de justificar el plan de adecuación de Telefe? ¿No es todo una gran impostura?
Y desde otro lado, ¿qué significa defender la ley? ¿Su “espíritu” democrático? ¿La efectiva consolidación de un mercado concentrado y extranjerizado? ¿A qué defensa nos convocan? ¿Incluyen a la ley Argentina Digital? ¿De qué conquistas hablan? ¿Y quiénes pretenden encabezar la lucha de qué: los que dijeron nada cuando se invisibilizaba el conflicto social y popular durante toda la década? ¿No pretenden llevarnos a otra estafa?
Repudiemos las declaraciones del “milico” Aguad. Denunciemos los crecientes intentos de cierres, ajustes y despidos en los medios gráficos y audiovisuales. Como dice la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la comunicación no debe ser rehén de ningún gobierno. Ni antes ni ahora. Solo desde una organización “independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos” vamos a preparar el camino para conquistar el derecho a la comunicación para los trabajadores y el pueblo.
Vía: La Naranja de Prensa
La Naranja repudia la intervención de la AFSCA y la AFTIC
Desde la Naranja de Prensa repudiamos la intervención de parte del gobierno de Mauricio Macri a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Una vez más, el Gobierno de Macri apela a un decreto, tal como hizo cuando benefició impositivamente a las patronales del campo y la industria, como así también con las designaciones la Corte Suprema. Recién asumido, el espacio "del diálogo" ha constituido un verdadero estado de excepción gobernando con DNU y represión a los trabajadores de Cresta Roja.
Esta intervención marca una nueva fase en la defensa de la concentración de los medios, aunque ahora al servicio de otra facción empresarial, como la que lidera el Grupo Clarín, pero también Telefónica, que ya cambió de bando y presentó su “pliego”.
Estamos, de esta manera, ante una nueva etapa de disputa entre los dueños de los medios —que ignora otra a vez a los trabajadores— luego de que la Ley de Medios fortaleciera a las patronales afines al gobierno kirchnerista durante la última década. Los beneficiados son los mismos: monopolios capitalistas de los medios y la comunicación, que buscan un beneficio privado y que mantienen, a su vez, un sistema de explotación económico, ideológico y social.
Como bajo el gobierno anterior, la reyerta presente deja completamente fuera de agenda la libertad de expresión para las mayorías sociales y ni está planteado abrir espacios para todas las voces políticas, sociales y culturales con actuación real de la sociedad, en ningún medio, estatal o privado.
La conquista de la palabra —es decir el derecho a opinión no solo de los periodistas, sino de todos los que producen la riqueza cultural, informativa y espiritual en la sociedad— sólo pueda ser garantizada por la organización de los trabajadores de prensa, con una orientación independiente del Estado y de los dueños de los medios.
Llamamos al conjunto de los trabajadores de prensa y a las organizaciones de lucha que actúan en su seno a movilizarnos junto con el resto de la clase obrera en lucha para exigir la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso, para que en ese ámbito se discuta cualquier cambio de la Ley de Medios y de otras normas que afecten el interés de los trabajadores de los medios, así como para reclamar la atención de las reivindicaciones generales más urgentes de los que vivimos de nuestro trabajo.
Nuestra agenda es:
La defensa de los puestos de trabajo y el salario, por un bono de fin de año ya; adelantamiento de las paritarias; defensa y cumplimiento estricto de nuestros convenios y estatutos; que se abran los medios (por segundos en televisión y radio y espacios en la prensa escrita) para que se conozca la voz de los trabajadores de prensa en disidencia con la línea patronal, en el camino de una gestión que promueva el escrutinio popular de los contenidos; en contra del monopolio de clase de la comunicación; por la entrega efectiva del 33 por ciento del espacio radioeléctrico para los medios alternativos, con financiamiento estatal que garantice salario de convenio de los compañeros que se desempeñan en ellos.
El SiPreBA repudia las intervenciones a la AFSCA y la AFTIC
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudiamos la intervencion de parte del gobierno de Mauricio Macri, a través de un decretazo, de la Autoridad Federal de Sericios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Del mismo modo, alertamos contra este método que, como ya se ha hecho con los beneficios impositivos para las patronales del campo y la industria y los cambios en la Corte, pasa por encima del Parlamento con el agravante de que, en esta ocasión, fue ejecutada con una intimidante presencia policial.
La intervención del AFSCA marca una nueva fase en la defensa de la concentración de los medios de comunicación.
SiPreBA
Coalición por una Comunicación Democrática La Pampa
En defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
No hay pluralismo sin diversidad. La Ley de Medios aprobada en 2009 saldando una deuda que se mantenía con la democracia. Desde 1983 hasta ese momento hubo numerosos intentos por contar con una legislación que permitiera la pluralidad de voces y reemplazara a la de la dictadura. Fue debatida en toda la República mediante foros democráticos y aprobada por múltiples organizaciones populares y las principales fuerzas políticas. Obtuvo un gran consenso en ambas cámaras del Congreso Nacional y su vigencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia que confirmo su constitucionalidad en todos sus artículos.
La sanción de la Ley de Medios (Ley 26.522) fue producto de una construcción colectiva horizontal y con mecanismos de amplia participación que permitió reemplazar el Decreto-Ley 22285/80, impuesto por la última dictadura militar y conocido como Ley de Radiodifusión Nacional. La Ley de Medios vincula el concepto de libertad de expresión con la defensa de los derechos humanos, alienta la diversidad de voces estableciendo límites a la concentración y al dominio de mercado y el discurso único.
El nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ha fijado posición respecto a la Ley de Medios al expresar que será reemplazada por un decreto macrista por el cual “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir”.
Las organizaciones que impulsamos la desmonopolización de los medios de comunicación y la democratización del acceso a las licencias no aceptamos la derogación de la Ley de Medios por un pretendido decreto de necesidad y urgencia. Volvemos a organizarnos para salir a la calle y defenderla. Nos estamos organizando para una larga resistencia contra las disposiciones de un gobierno que quebranta el marco democrático y quiere retrotraer la política de medios de comunicación a tiempos de dictadura.
Firman:
Universidad Nacional De La Pampa, Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, Canal 3, Radio Nacional Santa Rosa, Mujeres Por la Solidaridad, Radio La Tosca, Asociación Bancaria, seccional Santa Rosa, Radio Kermés-Asociación Civil El Ágora, Agrupación “Todas Somos Andrea”, Mujeres Autoconvocadas, Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, UTELPa, CTA, el Centro de Estudiantes de Humanidades de General Pico, la FM Libre Cooperativa de General Pico, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura de La Pampa, el Centro de Estudiantes de Agronomía, el Sindicato de Prensa Zona Sur, “Quien quiera oír que oiga” (programa Radial de FM Los Caldenes, de Victorica), Infohuella, diario digital de Victorica; FM Siento Rock, Santa Rosa; Partido Humanista, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Agrupación Hijos La Pampa, Agrupación Martín Fierro, Nuevo Encuentro, Mutual Eduación y Trabajo, Carta Abierta, Mujeres K, Movimiento Evita, Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial La Pampa, Mesa de las 3 T (Tierra, Techo y Trabajo) La Pampa y Central de Trabajadores de la Economía Popular- CTEP.
Comunicado del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia ante la intervención de la AFSCA
El Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI) expresa su profunda preocupación por la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), medida dispuesta en la fecha por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 236/15 de Necesidad y Urgencia.
Fundamentamos esta preocupación por entender que la intervención, mediante un decreto, viola dos leyes votadas por el Congreso de la Nación. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se llega a su aprobación tras varios años de debate federal y propuestas por parte de organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios, sindicatos, universidades, entidades sin fines de lucro, entre otros actores del sector de la comunicación audiovisual.
Ningún decreto, de la naturaleza que fuera, puede modificar o violar una ley aprobada por el Congreso de la Nación, que se funda en derechos garantizados por la Constitución Nacional y numerosos Tratados de Derechos Humanos incorporados en la misma, y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, en 2013, mediante el cual exhortó al Poder Ejecutivo a respetar la “independencia” de la AFSCA.
Consideramos esencial el respeto a la división de Poderes establecida en nuestra Constitución Nacional, a las instituciones, así como el respeto irrestricto a una ley aprobada por el Congreso, y a los organismos que de ella emanan, con su autarquía y descentralización consagradas por ley.
Coincidimos con diversas voces de organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, en que es un retroceso democrático la modificación de una Ley de la Nación a mediante un decreto presidencial.
Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la pluralidad de voces, el diálogo, y la vigencia y el cumplimiento de los derechos comunicacionales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso, desde este Consejo Asesor, exhortamos a las autoridades nacionales a aplicar la ley vigente, y avanzar en el paradigma de la comunicación como un derecho humano, consagrado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI)
Es imperioso recuperar la normalidad institucional
Comunicadores de la Argentina (ComunA) reclama a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial que se ajusten a las normas vigentes y adopten medidas inmediatas para recuperar la normalidad institucional luego de una sucesión de acciones que, en 48 horas, arrasaron con la legalidad en el sector de los medios de comunicación audiovisual.
Un decreto inconstitucional, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la finalidad de desplazar a autoridades legítimas en los organismos de aplicación AFSCA y AFTIC, fue seguido por una insólita acción del juez Julián Ercolini imponiendo la clausura de un organismo público.
ComunA, en coincidencia con numerosos actores de la comunicación, sindicatos, organizaciones sociales, entidades de derechos humanos y universidades, entre otros sectores, expresa la necesidad imperiosa de la reapertura inmediata de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y su funcionamiento normal, con la reposición de sus autoridades.
El gobierno nacional, con su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, lanzó una serie de atropellos sin precedentes en la historia democrática argentina con su pretensión de desplazar a las autoridades de AFSCA y AFTIC mediante la intervención que impone el decreto 236/15 del 23 de diciembre. Esta acción coincidió con los anuncios previos de funcionarios del Ejecutivo contrarios a la Ley 26.522, exactamente en los mismos términos que, desde antes de su aprobación, vienen expresando el grupo empresario Clarín y sus socios y aliados.
En cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, el presidente de AFSCA, Martín Sabbatella, recurrió al Poder Judicial dada la inconstitucionalidad manifiesta del decreto, pero antes de que este planteo tuviera respuesta otro juez, Ercolini, dispuso insólitamente la clausura del organismo.
A nadie pasa desapercibido que es el mismo juez que mantiene estancada la causa por las denuncias de múltiples actos ilegales, incluyendo la comisión de delitos de lesa humanidad, en la entrega de la empresa Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón, sobre la base de un acuerdo en 1977 con el genocida Jorge Rafael Videla.
También son llamativos los tiempos de la acción judicial: mientras las pretensiones del macrismo contra AFSCA fueron satisfechas aceleradamente, no hubo pronunciamiento por el planteo de la ilegalidad del decreto y la intervención que dispuso.
Estos desarreglos institucionales motivaron múltiples pronunciamientos de los actores de la comunicación audiovisual, desoídos uno a uno por el Ejecutivo y sus aliados judiciales.
ComunA
