La ausencia de muchos radiodifusores pampeanos a la hora de tramitar su legalización sobre la base a la nueva Ley de Medios Audiovisuales es difícil de explicar. Se los vio durante los numerosos debates previos a la sanción de la normativa y aparecieron públicamente como férreos defensores de la libertad de expresión, como cuestionadores de las grandes corporaciones oligopólicas y como impugnadores de la vieja norma que databa de la última dictadura militar y que, con sus modificaciones, había permitido la gran concentración de medios audiovisuales en muy pocas manos generando inequidades impropias de un sistema democrático.
Pero una vez sancionada la norma, y cuando todavía el gobierno nacional se encuentra en plena batalla por desarmar los grandes conglomerados mediáticos que resisten someterse al nuevo encuadre legal con el uso abusivo de medidas cautelares y la inestimable ayuda de no pocos jueces antidemocráticos, era de aguardar que quienes explotan emisoras de frecuencia modulada confirmaran con hechos lo que habían expresado con palabras. Esto es, que asuman que las frecuencias que integran el espectro radioeléctrico son bienes públicos y no propiedad privada, y como tal deben ser administradas por el Estado. Es cierto que la desidia gubernamental, durante mucho tiempo, dejó hacer a muchos pequeños radioemisores, pero también lo es que esa estrategia no fue inocente. Mientras el Estado hacía la vista gorda frente a tanta proliferación anárquica de emisoras de baja potencia, permitía, en el extremo opuesto, la enorme concentración de radios y canales de televisión y empresas de distribución por cable de los grandes grupos económicos.
En momentos en que la batalla legal se está dando con esos enormes conglomerados y una resolución de la Corte Suprema acaba de poner límite temporal a la postergada "desinversión" establecida en el artículo 161 de la nueva norma, se está observando una preocupante actitud de indolencia, un evidente boicot a la ley por parte de quienes más han sido beneficiados con ella: los pequeños radiodifusores.
La nueva normativa, con buen criterio, establece que las radios tienen que ajustarse a determinadas reglamentaciones que no pueden considerarse abusivas: transmitir contenidos locales, cumplir requisitos mínimos de legalidad en cuanto al funcionamiento de los equipos a fin de no perjudicar a terceros con interferencias, blanquear a los trabajadores, pagar tasas e impuestos. No se trata de exigencias desmedidas. Cualquier persona que desee instalar un pequeño comercio tiene que cumplir con más requisitos a la hora de habilitarlo. Con más razón una radio que hace uso -como concesionaria- de un bien público como lo es el espectro radioeléctrico que necesariamente debe estar regulado en beneficio del conjunto de quienes lo usan.
Es comprensible el enojo y la desazón del delegado pampeano de la Afsca y sus palabras de crítica hacia quienes no han mostrado el mínimo interés por regularizar su situación bajo la nueva ley que intenta democratizar el espectro radial y televisivo. Pretender ponerse por encima de la norma o ignorarla es asumir una postura de "vale todo" o de "a mí no me importa", reclamar privilegios inadmisibles y borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
Democratizar el espacio radial no es lo mismo a permitir que cualquiera haga lo que se le ocurra. El funcionamiento de la sociedad y la búsqueda del bienestar general nos obliga a un compromiso a todos los individuos. Si alguien busca colocarse por encima de la ley no hace más que darles argumentos a los que la combatieron férreamente en nombre del privilegio. Haber apoyado su sanción obliga doblemente a su cumplimiento, por el solo hecho de que significó un avance indiscutible con respecto a lo que había antes.
"Baladrón me dijo que no me iban a cerrar la radio"
"Manuel Baladrón (asesor del Gabinete nacional) me dijo que no me iban a cerrar la radio", fue la frase que habría pronunciado el propietario de una radio trucha en el despacho del intendente Julio González y ante la presencia de técnicos de la delegación La Pampa de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Manuel Baladrón fue hasta hace poco tiempo director de la Afsca.
La frase supuestamente la reiteró posteriormente al aire, para explicar porque no presentará propuesta en el proceso de adjudicación de licencias, cuyo sobres se abrirán mañana en el Salón de Acuerdos del Centro Cívico en Santa Rosa.
Esta frase resume como actúan y porque prolífera la ilegalidad en la radiodifusión pampeana, pese a que desde el 2006 se están realizando infructuosos concurso de normalización para las emisoras de Frecuencia Modulada (FM).
El delegado de la Afsca-La Pampa, Nelson Nicoletti, destacó el rol que tuvo el actual asesor del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación porque fue miembro informante del bloque del Frente para la Victoria cuando se trato la sanción de la Ley de Medios en la Cámara de Diputados de la Nación.
Admitió conocer la pronunciación de esta polémica frase en la reunión en el despacho del jefe comunal castense. "Es una expresión poco feliz. Y algunos trámites en otro momento tenían sentido, pero hoy habiendo un concurso en marcha, todos los gestos de apoyo y buenas voluntades de otros momentos, deben respetar este concurso que es la ley caminando", señaló.
"No hay otro camino que no sea el de la ley. El objetivo más importante no es cerrar una radio, sino darle sustento legal a quienes están al aire y a quienes aspiren incorporarse a la radiodifusión", agregó.
Protagónico
El entrevistado sostuvo que en las últimas semanas el tema de la radiodifusión "se convirtió en protagónico por la gran manifestación de FM en todos el territorio".
"Con la Ley de Medios en vigencia, se despejo bastante el camino para que comience a darse cumplimiento a todo el articulado de la Ley de Medios y una línea corresponde a la regularización de las radios de FM. Este camino llevará un tiempo, pero se conseguirá que toda la radiodifusión este bajo la tutela de la ley como corresponde en un país democrático, porque la igualdad ante la ley hace que todos tengan las mismas obligaciones y los mismos derechos", dijo Nicoletti.
- Nicoletti, pero también la flexibilidad del Estado permite y facilita la ilegalidad de las radios que realizan una competencia desleal con las emisoras legales.
- Esto me duele en lo personal. En muchos años hemos apoyado y colaborado la instalación de radios clandestinas, casi rayando la ilegalidad desde distintos espacios de gobierno, para facilitarle esta actividad a los radiodifusores cuando el Estado hacia abandono de su obligación. Y ahora que pueden acceder a sus licencias, vemos que no toman con seriedad esta posibilidad. Pero, cuidado que quienes no se presenten en este concurso pierden todos sus derechos y antecedentes ante la Afsca, incluidos el Censo de 2009 y notas que hayan presentado en algún momento. Esa es una primera medida de la Afsca ante quienes no se presenten en los concursos.
Fuente: Diario La Arena
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