La Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (ED-UIA) y el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPIPR), tuvieron de invitado la semana pasada al licenciado Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELEAI) de la Universidad de Palermo, en Argentina. Bertoni fue uno de los participantes del foro, “La penalización del derecho a la información”, y ofreció una serie de cursos acerca del tema a los estudiantes de dicha Facultad.
El licenciado Bertoni dijo que prefería comenzar debatiendo que si existe la libertad de expresión, ¿es importante defenderla? Su respuesta es categórica y definitiva. “Sí es importante defender la libertad de expresión”. No sólo decirlo desde el punto de vista dogmático, ya que se encuentra en distintos pactos internacionales como en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también lo contienen algunas declaraciones nacionales, el Artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (una declaración muy antigua de 1948 que firmaron todos los estados del hemisferio), el Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino que la pregunta debería ser, ¿qué perdemos si se pierde la libertad de expresión?
“Creo que cuando se pone en duda el ejercicio de la libertad de expresión, no se pierde sólo el derecho, como si esto fuera poco, sino parte de nuestra dignidad como persona. Lo que nos distingue a nosotros de los animales es nuestra capacidad de pensamiento. De poco serviría la capacidad de pensar si no podemos expresar nuestros propios pensamientos. Afectar la libertad de expresión es afectar la dignidad de las personas”.
Bertoni profundizó que más que afectar la libertad de expresión, lesionarla es afectar un derecho que es constitutivo de la democracia. “Es prácticamente impensable sostener un sistema democrático donde no hay un ejercicio robusto, fuerte, desinhibido, de la libertad de expresión. No es momento para profundizar en este concepto, pero es bastante claro que gobiernos autoritarios, dictaduras que hemos vivido y las cuales hemos sobrevivido en la América Latina, como mi país Argentina, más allá de violaciones aberrantes, de torturas y desapariciones, uno de los primeros derechos que se conculca, se lesiona, es el ataque a la libertad de expresión, a los periodistas que son críticos a una determinada situación. Por lo tanto, perder la libertad de expresión es perder la democracia”.
Abordamos la dicotomía de que en ocasiones en nuestras sociedades la libertad de expresión en el fondo es una “libertad de empresa” y que el que haya muchos medios de comunicación no necesariamente significa que la gente esté bien informada. Nuestro entrevistado reconoció que el señalamiento anterior es sometido a muchas discusiones. Que hay quienes sostienen que en realidad muchas sociedades no tienen una genuina libertad de expresión porque amplios sectores de las poblaciones en muchos países de nuestro hemisferio que viven en profunda situación de pobreza se ven absolutamente impedidos de ejercer su derecho a la libertad de expresión y hacer sus reclamos. Son de esas circunstancias, esa falta de acceso a los medios y otras instancias, de las cuales se deriva muchas veces la legitimación de la protesta social, apuntó.
“Cuando hay sectores que no pueden ejercer su libertad de expresión de otra manera, se acepta la protesta pacífica como una herramienta, como una modalidad de ejercer la libre expresión. Pero este tema de la libertad de expresión y la libertad de empresa es otro tema, es un problema en varios de nuestros países, que está vinculado a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Es algo que es preocupante porque en verdad si uno piensa en cuál es la ventaja de gozar del derecho a la libre expresión, está en que todos podamos ser escuchados, que podamos debatir nuestras ideas. En ese sentido es que la distribución de la propiedad de los medios es clave”, manifestó Bertoni.
Añadió que hay distintos foros y órganos internacionales que están propulsando que la distribución de los medios de comunicación sea una amplia y democrática. La compañera Candelas planteó que aun cuando la mayoría de los gobiernos supuestamente están de acuerdo en que la libertad de expresión es un derecho y que hay que respetarlo, la realidad es que cuando hay malestar social, lo primero que intentan los gobiernos es ir contra ese derecho. Calificó esa conducta como no justificable y peligrosa, la que muchas veces conlleva acciones desproporcionadas, ya que lo que se quiere es establecer una determinada homogeneidad y coartar el discurso que el estado considera disonante.
Según Bertoni, si la acción represiva de los estados es el uso de la máxima fuerza y si se parte de la base conceptual de que a partir de la organización del estado moderno el monopolio del uso de la fuerza se le otorga al estado, el estado no debería usar esa fuerza frente a la primera disconformidad o primer problema social.
En esa misma dirección, planteamos que otra manera de lacerar el derecho a la libre expresión es cuando el gobierno hace uso de la pauta oficial en los medios, que se puede prestar a manipulación. Ejemplos: la campaña de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico sobre la cuota a los estudiantes y la campaña de la llamada “vía verde”. ¿Puede el estado reclamar esa libertad de expresión?
Sin dudarlo, Bertoni afirmó que los funcionarios no sólo tienen el derecho de expresarse, sino que tienen el deber de expresarse. Más aún, llamó la atención de que los funcionarios que se expresan tienen unas responsabilidades distintas al resto justamente por las consecuencias que pueden causar sus expresiones. En cuanto a la “pauta oficial”, describió que se reconocen como ataques a la libertad de expresión actos directos de censura de desapariciones, muertes, que son las formas más brutales. Pero pasadas las dictaduras y autoritarismos fuertes, “entrando a un periodo de elecciones”, en referencia a los países latinoamericanos, la pauta oficial es un modo de censura más suave.
“Hay medios que pueden y sobreviven bajo el auspicio del estado. Esto es una herramienta de presión para castigar al enemigo y premiar al amigo. Si el funcionario público no entiende que está utilizando fondos que no son de él, entonces estamos frente a un estado que también está violando la libertad de expresión no usando el garrote, o asesinando. Es un entendimiento equivocado”.
La penalización del derecho a la información
En cuanto al avance del acceso a la información en poder del estado, señaló que en los últimos 10 años en los países de América Latina se ha visto un impulso muy fuerte por una mayor transparencia y como herramienta para difundir esa transparencia se han comenzado a establecer distintas leyes que permiten el acceso.
“Lo que se está viendo es un aumento fuerte de países que legislan para dar herramientas a los ciudadanos para acceder a esa información. La idea de que existan herramientas que le permitan a la ciudadanía acceder a información en poder del estado es fundamental porque tampoco podemos hablar de libertad de expresión si uno tiene que expresarse sobre información que no conoce”.
El profesor Bertoni recalcó que el derecho a buscar y recibir la información pública va junto de la mano al derecho de la libertad de expresión. “No se puede pensar en una dimensión de la libertad de expresión que no contenga cómo acceder a información que sea pública. Muchas veces se ataca a esa legislación porque son cosas de los periodistas para jorobar al gobierno”.
No obstante, reconoció que no hay ley que no tenga excepciones y el problema es cuando las excepciones terminan siendo la regla. “Cuando esas excepciones terminan siendo manipuladas y utilizadas arbitrariamente por quien debe dar la información, en estos casos en realidad estamos frente a una pantomima, frente a una situación de pantalla irreal, donde se pretende establecer la existencia de un derecho cuando el derecho no existe”.
La criminalización de la protesta social
Pero mientras se da una apertura al derecho de acceso a la información pública no parece suceder lo mismo con el derecho a la protesta social. Bertoni, quien dirigió un proyecto de investigación sobre el Derecho Penal y la criminalización de la expresión en América Latina, narró que cuando hizo la invitación a otros profesores de los países de la región todos le dijeron que querían escribir sobre el tema de la protesta social.
Describió la situación como problemática en América Latina la cual se está dando en varios países. “Aquí no hay ideología, color político que valga. Es en países más liberales, menos liberales, más conservadores, países más de izquierda, en todos los casos hemos visto que se hace uso en muchos momentos del derecho penal, utilizando distintas formas desde delitos vinculados con terrorismo a delitos vinculados con ataque a la propiedad, es decir atar con el código penal la mano de cualquier acto, trata de acallar la protesta. Esto significa que se está utilizando el medio más fuerte, gravoso, para atacar una determinada forma de expresión que se da de una forma particular, que es la protesta en la vía pública”.
No pasó por alto de las entrevistadoras que en nuestro país tanto el derecho al acceso a la información del estado como el derecho de la protesta social también están siendo lacerados por el estado.
El entrevistado trajo a la atención que el derecho a la protesta social pacífica está también vinculado al derecho de la libertad de expresión. Reconoció que, salvo excepciones, las personas no salen a protestar a la calle porque quieren protestar, sino porque están defendiendo derechos que no son respetados; en particular aquellos sectores que no tienen otra manera de hacerse escuchar que no sea la vía pública, ya que sus reclamos no tienen resonancia en los medios de comunicación de amplia cobertura muchas veces vinculados a la concentración de las propiedades de los medios de comunicación. Ante este escenario, resaltó la importancia de los medios alternativos y de las nuevas tecnologías.
Por último, al insistir en la necesidad de continuar en la defensa del derecho a la libertad de expresión, incluso en países donde el estado de derecho no lo permita, el experto planteó que había que perseverar en la denuncia tanto a niveles locales de los países como a nivel internacional. Mencionó los organismos como la Comisión Interamericana de DH, organizaciones de periodistas, y otros foros. Lo que no se puede dejar de hacer es no denunciar las violaciones.
“En nuestros países, en las épocas más duras de las dictaduras, pensar en la defensa del derecho en los tribunales era una quimera. Entonces también había una cierta sensación de que aquí no se puede hacer nada. Sin embargo, la estrategia de los defensores de los derechos humanos fue tratar de buscar apoyo internacional. La vieja estrategia, nombrar al que está violando el derecho para avergonzarlo en el plano internacional, podemos seguir utilizándolos todos”.
Foto: Nahira Hernández Moncourt
Fuente: Diario Claridad
