Desde que el presidente Alberto Fernández definió en una entrevista concedida a Tiempo Argentino, en plena campaña electoral para las presidenciales de 2019, que la supuesta “guerra” con los grupos mediáticos había terminado, un sinnúmero de experiencias periodísticas con mayor o menor incidencia pública pero comprometidas con la democratización de la comunicación en Argentina se pusieron en alerta. Bajo el baldazo de agua fría de esa concepción política acuñada desde la cima del Frente de Todos, el ahogo financiero sobre el sector y la preocupación por el crecimiento después de cuatro años de resistencia política y cultural, un surtido puñado de canales de TV, radios, revistas y portales de internet se zambulleron a la discusión para la generación de mecanismos de política pública que derivaran en el fortalecimiento del sector. Entre la algarabía de diciembre y la expansión del Covid19, FM La Patriada, la cooperativa de los trabajadores que recuperó y mantuvo el diario que Sergio Szpolsky fundió, Revista Kamchatka, El Cohete a la Luna y FM en Tránsito, entre otras, se dieron a la tarea de pensarlos.
Curtido en incontables batallas por la libertad de expresión y derecho a la información en Argentina y la región, el abogado, doctor en comunicación y docente Damián Loreti asumió la redacción de un proyecto que terminó bautizándose como Iniciativa Pluralismo y Diversidad. En esta charla, el mismo hombre que tuvo un rol protagónico en el impulso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual explica los detalles de la propuesta, sus oportunidades de concreción y sus objetivos.
¿Cuáles son los fundamentos para la iniciativa pluralismo y diversidad?
La correlación entre la democracia, el pluralismo y la diversidad, aunque resulte obvio, es un pronunciamiento de todos los relatores de la libertad de expresión y de los órganos de los sistemas de derechos humanos. En 1985, la Corte interamericana dijo que la libertad de expresión era un derecho de todos. Aparece ahí el concepto de pluralismo, aparece la problemática de los monopolios, de los oligopolios, se señala que no deben aceptar discriminaciones a la hora de contar herramientas técnicas necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, y que no es un derecho meramente declamativo y que los estados tienen que garantizar los mecanismos para hacer ejercicio de ese derecho.
Dando un gran salto en el tiempo, lo que se fue planteando luego fue la idea de déficits estructurales del pluralismo, lo que otros llaman la concentración indebida de medios. En todos los casos, se trata de situaciones que no alcancen la condición de monopolio pero aún así existen óbices para el ejercicio democrático de la libertad de expresión. Ante esto, la respuesta que los distintos estados fueron dando, tomando los estándares de los órganos de derechos humanos, fue hablar directamente de pluralismo como herramienta sustantiva del sistema democrático.
La UNESCO ha hablado de pluralismo y diversidad, los relatores especiales de la libertad de expresión de CIDH, OSCE y ONU han planteado varias veces que la razón de ser de las regulaciones del Estado es la garantía del pluralismo y la diversidad como valores, frente a otras doctrinas de corte más conservador, en las cuales el Estado toma como única premisa abstenerse de la censura.
Esto impacta en regulaciones concretas de fomento al pluralismo y de prevención de restricciones indirectas, lo que en el sistema interamericano se traduce en abusos de controles oficiales o particulares de recursos como el papel para periódicos o las frecuencias radioeléctricas, así como el uso no discrecional de la hacienda pública, donde aparece como un rubro la publicidad oficial pero no es el único rubro. Aún más, la pauta es menos relevante si se lo cuantifica que otro montón de situaciones de negocios que tienen los medios grandes con el Estado, y que puede ser menos en valores absolutos respecto a una sabia iniciativa por el pluralismo y diversidad, en términos de equiparación de asimetrías y mecanismos de fomento, que la propia pauta (desgravamientos directos, beneficios de infraestrcutrura y otros). Además los actores que discuten son diferentes y la racionalidad del Estado también es distinta. Esto lo digo porque no tiene que ver con la iniciativa la discusión estrictamente por la pauta. La cuestión de la pauta se merece una discusión aparte. Con otros ratios, con otras lógicas, con incidencias de mensajes como indicador y no sólo por lógica de mercado ni de subsidio. Debe ser discutido, como la cuota de papel, como las asignaciones de frecuencias u otras facilidades esenciales, pero no es el objeto central de la iniciativa.
Entones, si no discute la pauta, ¿cómo se sostiene esta iniciativa por el pluralismo y la diversidad?
La iniciativa se apoya en tres ejes centrales. Uno es el achicamiento de asimetrías impositivas, otro es el achicamiento de asimetrías en los accesos a las facilidades esenciales, y el tercero es un fondeo directo a instancias del pluralismo y la diversidad, no de proyectos, sino más sistémicos.
Algunos ejemplos de cada cosa. En el primer caso, las entidades sin fines de lucro no pagan ganancias por razones obvias, pero al mismo tiempo tienen otras complicaciones mayores, que tienen que ver con diseños legales. A saber, los medios que no son responsables inscriptos, absorben el 21 por ciento del IVA y no lo descargan, cuando las leyes tienden a ser más favorables pero no están bien escritas, como el caso del IVA en la cadena de diarios y revistas. La ley habla de cadenas de comercialización en lugar de hablar de cadenas de producción, lo cual determina que la compra de insumos se realiza con el 21 por ciento del IVA pero como no se descarga en las mismas condiciones eso genera un crédito fiscal gigantesco y como no hay contribuciones patronales, y como no hay una regla fiscal de bonos de libre disponiblidad, termina siendo un costo hundido millonario e indisponible como crédito cuando se supone que el rol que deberían tener las sin fines de lucro es que deberían estar promocionadas y no castigadas.
Lo mismo ocurre con el impacto de los planes de competitividad respecto de ganancias y otros impuestos, que no tienen los sin fines de lucro porque no tienen esos impuestos. Las discusiones sobre la ley de conocimiento que dejó el macrismo, porque solamente acceden los grandes porque tienen diferimientos impositivos que los más chicos no los tienen. Con lo cual, la discusión no es solo si te podés pelear, sino cómo hacer para subirte al ring. Lo que decimos es “al menos, déjenme subir a la lona”.
El segundo andarivel, por supuesto, tiene implicancia económica, pero impacta más sobre lo que la propia convención americana de DDHH dice cuando habla de monopolios, oligopolios o restricciones indirectas por vía del abuso de controles sobre las frecuencias radioeléctricas, o el papel para periódicos, lo que se traslada a reglas de conectividad en general. Para esto, basta ver lo que pagan los operadores en el interior para tener alojamiento, acceder a los hosting. Además se le restringe el contenido a las señales de TV, porque están privatizadas. El caso por excelencia es el de fútbol pero no solo. Todo esto genera una correa brutal al cuello de los emprendedores del interior. Es de público conocimiento que en el interior la circulación de diarios y revistas es un problema adicional y gigantesco, tanto como en el AMBA el de las revistas culturales y sin fines de lucro
Cuando los americanos hablaban del mercado libre de ideas como teoría de la libertad de expresión, los críticos preguntaban cómo se hacía para llegar al mercado. (Risas) No es cierto que todos llegan a una plaza pública donde cada uno monta su kiosco y tiene dónde exhibir.
La tercera franja tiene que ver también con impuestos, más específicamente con los desgravamientos de ganancias. Mirá, si alguien le pone plata a una organización educativa gigantesca, desgrava de ganancias. Si pone plata en una campaña o partido político, desgrava ganancias. Si le pone plata a una FM perdida en la frontera argentina, no desgrava. Eso hay que corregirlo. De más está decir que la mayoría de las emisoras cumplen con este rol educativo, formativo e informativo, más en tiempos de crisis.
Si lo que se quiere hacer es equiparar distancias de actual asimetría en términos de multiplicidad de voces, este es un mecanismo serio y razonable. De hecho este es el modelo que existe en EEUU.
Un último andarivel que toma IPD, que toma también modelos comparados, es un fondeo para infraestructura o fortalecimiento institucional. Eso se obtendría de una porción del impuesto al valor agregado que se les cobra a las llamadas “GAFA” (Google, Amazon, Facebook, Apple), que son exportadoras de capital e importadoras de servicios digitales que no generan contenidos locales. Esto no es un invento. Avanza en muchos lugares del mundo. Pero, fundamentalmente, hay que tener un encuadre más sistémico.
Y eso porque antes, la publicidad iba dirigida a los medios abiertos, incluida la publicidad oficial… parte de la pauta publicitaria quedó después acaparada en el cable, que además cobraba abonos. Luego, en las señales satelitales. Más tarde hay una traslación de pauta publicitaria a estos medios o plataformas que tributan afuera. Y ahí hay un deslizamiento al pago de conectividades. Y además del pago de conectividades, la recepción de publicidad privada y oficial por quienes no producen en la Argentina.
La idea es tomar parte del IVA, que el año pasado se calculaba, considerando solo consumo hogareño de este tipo de servicios, en una exportación de divisas de 119 millones de dólares para el primer trimestre. Es necesario que el mecanismo no sea esporádico o espasmódico, sino que sea institucional. A su vez, el planteo incluye que el sujeto acreedor tiene que cumplir con las instancias de producción, diversidad y pluralismo. El beneficiario se define a instancias del fortalecimiento del pluralismo, ya sea por dónde están, por lo que hacen, a quiénes contratan y en qué cantidad. Eso determina el acceso al beneficio fiscal, que en este caso es el aporte.
El achicamiento de las asimetrías es urgente más allá del fomento específico.
¿Por qué se piensa en una estructura tributaria específica cuando las asimetrías son propias del mercado en general?
Si se trataran de situaciones similares, se podría recurrir a las reglas de control antimonopólico. Los relatores de la libertad de expresión dijeron en el 2007 que lo que hay que prevenir es la concentración indebida. Prevenir, esa es la diferencia central. (De ese concepto se desprendió la idea de la adecuación de la LSCA, después se conoció el documento de la UNESCO donde se hablaba de desinversión).
En el mundo de los medios, la ley Sherman (o antitrust) de Estados Unidos, sancionada en 1890, establecía regulaciones que fueron aplicadas específicamente para diarios, y por presiones al presidente Nixon antes de su reelección lograron la “Newspaper preservation act” para zafar de las reglas animonopólicas pero para los medios de comunicación de radios y TV hay reglas en la ley de 1934 y mantenidas luego con Clinton. Lo que dicen los relatores es que la concentración afecta a la construcción de la opinión pública, que es un valor distinto a la lógica económica. Por eso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que el control monopólico posterior no garantiza pluralismo. Y esto lo dijo en el informe de 2004.
La prevención es – obviamente – previa. Y la discusión pasa por ahí: mecanismos regulatorios previos que sirvan de prevención de la concentración o controles antimonopolios posteriores. La concentración indebida está antes que la formación de oligopolios y monopolios.
Foto: Mariano Campetella
Fuente: Revista Kamchatka
