Este primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública fue adoptado a partir del Día Internacional del Saber debido a que todos los 28 de setiembre la sociedad civil a nivel global conmemora este derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es también una nueva oportunidad para instar a los gobiernos a aprobar leyes, instituciones y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión, la transparencia, la participación tanto política como de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos.
La libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en diversos instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad. En todo caso las excepciones deben estar establecidas por ley y el Estado tiene la carga de probar que la divulgación de la información puede producir un daño sustancial al interés protegido, un daño que producirá a la sociedad un daño mayor del que se produce al impedir que acceda a información de interés público.
La celebración de este año reviste de particular importancia, entre otros motivos, porque se cumple un año de aprobada la Agenda para el Desarrollo Sostenible en la que el acceso a la información y la libertad de prensa hacen parte de las metas concretas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Se trata asimismo de una instancia destinada a coordinar esfuerzos entre actores clave de la región, reflexionar y transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de este derecho desde distintos lugares y consolidar la sensibilización pública sobre su relevancia y la importancia que tienen los medios de comunicación para su realización.
¿Cuál es la situación de la legislación de este derecho en América Latina?
Hasta hace algunos años, cuando la cultura del secretismo imperaba en varios países de la región, el principal problema era la ausencia de legislación y mecanismos para garantizar el acceso a la información como un derecho y hacer efectivas las herramientas para los ciudadanos que requieren información pública en poder del Estado. En 1990, solo 13 países en todo el mundo habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 100 leyes aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 en estudio. En el hemisferio americano, ya son 23 los países de la región que han adoptado leyes e instituciones para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública. La mayor parte de estos avances se produjeron en la última década, gracias a la influencia positiva del sistema interamericano de derechos humanos, Unesco y el extraordinario activismo de la sociedad civil de la región.
La sentencia Claude Reyes Vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento del que también se están cumpliendo 10 años en 2016, marcó un hito jurisprudencial al constituirse en el primer tribunal internacional en reconocer que el acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión venían impulsando avances en la materia a través de sus diferentes mecanismos de trabajo y fueron quienes impulsaron junto a las víctimas el caso ante la Corte. Al respecto, la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 fue pionera en reconocer a todas las personas el derecho de acceso a la información pública en poder del Estado.
Países como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay aprobaron, en años recientes, leyes de acceso a la información pública y están en etapas implementación. Argentina acaba de sumarse hace pocos días a los otros 22 países de América Latina y el Caribe que ya cuentan con leyes de acceso. Buena parte de estos países cuenta con instituciones u órganos garantes para implementar y efectivar el acceso a la información pública, que han formado una Red de Transparencia por el Acceso a la Información (RTA). No obstante estos avances y la aprobación de los marcos legales relacionados con el tema del acceso a la información pública, muchos países siguen enfrentando serios desafíos, sobre todo en la fase de ejecución y de consolidación de órganos e instituciones para supervisar e implementar este derecho.
En este sentido el sector judicial de la región también ha dado importantes pasos con un compromiso consensuado, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de avanzar en la agenda de la libertad de expresión, del acceso a la información pública, la transparencia y la seguridad de los y las periodistas. Las Cortes nacionales cumplen un papel fundamental en la garantía y protección del derecho fundamental de acceso a la información a través de decisiones judiciales que desarrollan y elevan los estándares de acceso a la información.
¿Qué ocurrirá durante este día?
Como se ha visto, la promoción de la información de interés público y la transparencia es una tarea que se desarrolla durante todo el año, sin embargo el hecho de contar con un día caracterizado por la colaboración resulta importante para la labor de promoción.
El propio el 28 de setiembre, en Asunción se llevará a cabo la I Jornada de Celebración Regional del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información. Consistirá en una actividad abierta y participativa, con paneles interactivos para debatir y reflexionar sobre los principales desafíos para la agenda del acceso a la información pública en América Latina. Se espera la participación de más de un centenar actores provenientes de Poderes del Estado, sociedad civil organizada, organismos multilaterales, ciudadanía en general.
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Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
