Por: Lluís Cucarella
El auge de las redes sociales ha abierto otro frente de atención en las empresas, por los mensajes que sus trabajadores lanzan a través de Twitter o Facebook. Son ya numerosos los casos de empleados que han sido despedidos o amonestados por hablar mal de su empresa en las redes sociales o perjudicar su imagen, lanzar comentarios ásperos en contra de sus jefes o compañeros, emitir opiniones que distan del buen gusto o contrarias a la política de la empresa, o hablar mal de clientes.
Algunos ejemplos han sido motivo de debate como los de la trabajadora norteamericana de una empresa de ambulancias de emergencias médicas que fue inicialmente despedida (luego la empresa tuvo que llegar a un acuerdo económico con ella) por escribir en su Facebook "¿Cómo la compañía permite a un 17 ser supervisor?" (17 es el código interno que usaban para referirse a un paciente psiquiátrico); el caso de la joven inglesa que tras su primer día en la empresa escribió en su Facebook que se había aburrido, y la empresa decidió que no se aburriera más; o el que saltaba a la luz hace unos días, cuando Apple despedía a un trabajador de una tienda suya en Reino Unido porque había hablado mal de la compañía en Facebook.
No todas las sentencias judiciales están en una misma dirección ya que aún no existe una normativa clara en torno al impacto que los comentarios en redes sociales pueden causar a la empresa y su colisión con otros derechos. Pero sí empieza a valorarse el derecho patrimonial de la empresa a que sus trabajadores no dañen su reputación y aconsejan que se regule ese marco nuevo. Para evitar conflictos algunas empresas ya han elaborado códigos de comportamiento al respecto. Coca Cola, por ejemplo, recuerda que: "Eres responsable de tus acciones. Cualquier cosa que postees y que pueda perjudicar la imagen de la compañía será responsabilidad tuya", y "actúa conscientemente cuando mezcles negocios con tú vida personal. En el mundo online, tu vida personal y profesional probablemente se crucen".
Este problema se agudiza en el caso de los periodistas y las empresas a las que pertenecen. El pasado verano, la periodista de la BBC Laura Kuenssberg avivaba la llama de una controversia que aún continúa. Kuenssberg había acumulado 60.000 followers en Twitter cuando trabajaba para la BBC. Fichó por la ITV, cambió el nombre a su cuenta, y los seguidores pasaron de recibir tuits informativos vinculados BBC a recibirlos ahora relacionados con la ITV. Debajo de este suceso subyacía una cuestión de mayor calado: la propiedad de las cuentas en las redes sociales y el uso que puede hacerse de ellas por parte de los periodistas: ¿Puede un periodista expresar su opinión personal en las redes sociales o decantarse por un lado en alguna controversia informativa? ¿Puede un periodista publicar una primicia en su cuenta de Twitter antes que en su medio de comunicación? ¿De quién es, finalmente, una cuenta en redes sociales que se alimenta fundamentalmente con contenido que ese periodista elabora en tiempo de trabajo, pero también gracias al enfoque que le da el periodista y a su credibilidad?
Ya se han dado casos de despidos, como el de Octavia Nsar, editora de la CNN para Oriente Medio, que escribió en Twitter que era triste oír hablar de la muerte de Fadlallah, a quien admiraba (Fadlallah era un destacado ayatolá chiita). La CNN, que comprobó cómo había sentado su comentario en Israel, la despidió argumentando que su credibilidad como editora había quedado en entredicho.
Para atajar el goteo de casos como estos, las empresas periodísticas han de empezar a regular el uso de las redes sociales por parte de sus trabajadores y a definir el marco de actuación. Associated Press, por ejemplo, en su reglamento interno dedica siete páginas a esbozar estas actuaciones y prohíbe a los periodistas que expresen su afiliación política en sus perfiles personales; exige que se eviten situaciones que perjudiquen la imparcialidad de AP; prohíbe tajantemente adelantar en las redes sociales primicias antes de publicarlas en AP, y recuerda que "todos representamos a AP y todos debemos cuidar su reputación".
En una línea parecida abordan esta regulación The Washington Post, Reuters, ESPN, y otras empresas periodísticas, y cada uno de ellas fija políticas al respecto, incluso en algunos casos impidiendo que los periodistas usen cuentas personales para asuntos periodísticos, y recordándoles que sólo podrán lanzar tuits informativos a través de cuentas corporativas. En el otro lado, periodistas a título particular y colectivos de periodistas creen que estas regulaciones colisionan contra la libertad de expresión y su derecho a la privacidad.
La American Society of News Editors, que agrupa a las editoras de los periódicos estadounidenses, ha publicado una guía que compendia las regulaciones de los principales periódicos y recomienda tener en cuenta que "las reglas éticas tradicionales son también aplicables al mundo online". "Asume que cualquier cosa que escribas online, acabará siendo público". "Las primicias, en tu sitio web, no en Twitter". "Las redes sociales son herramientas, no juguetes". "Sé transparente y si te equivocas en el mundo online, reconócelo". O:"Mantén en secreto las deliberaciones internas de tu medio".
Independientemente del debate sobre cómo debe regularse esta participación de los periodistas en las redes sociales, hay una recomendación que ASNE no incluye pero sobre la que aparentemente hay consenso, y que es la que la editora de Social Media del New York Times, Liz Heron, recuerda a sus empleados en casos de duda: "Usen el sentido común. No cometan estupideces".
Fuente: Levante
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