Por: Martin Becerra
En ausencia de cambios estructurales en el mapa de medios y con varios de los principales grupos multimedios (no todos) en proceso de adecuación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual transita su cuarto año de ejecución con novedades menos ambiciosas, como el cambio de grilla de programación en la televisión por cable, y con una agenda pendiente.
En un país donde el 80% de los hogares ve televisión a través del cable (cerca del 65%) o del satélite (15%), la grilla ordena la disposición de los canales, incidiendo en el menú con el que la mayoría de los argentinos accede a su principal fuente de entretenimientos e información. Para el oficialismo, el cambio de grilla fue importante porque venció la resistencia de Cablevisión (Grupo Clarín), que controla cerca del 47% del mercado, mientras que los opositores ridiculizaron la medida contrastándola con la verba maximalista del Gobierno sobre la batalla cultural.
Las señales históricas del cable no parecen haber sufrido alteraciones notables tras la reorganización de la grilla. Un vocero del Grupo Clarín, que hasta que se concrete su separación en unidades es el gran destinatario de la medida ya que gestiona varias de las primeras veinte señales, dijo “no apreciamos cambios en la audiencia, pero hay una pérdida de calidad global de la grilla porque hubo que dar de baja algunas señales para poder sumar los canales obligatorios”.
En cambio, la reorganización de la grilla favoreció a señales que fueron colocadas entre las primeras opciones y que antes tenían baja audiencia por estar ubicadas en lugares marginales de la programación. Es el caso de Ciudad Abierta, el canal de la Ciudad de Buenos Aires que gestiona el gobierno de Mauricio Macri. A los aficionados a las conspiraciones les resultará sustanciosa la paradoja por la que Macri capitaliza parte de la ley audiovisual.
La ley dispone que los cableoperadores incluyan en su grilla las emisoras de administraciones estatales y de universidades nacionales. La grilla debe ser ordenada por géneros (información, deportes, infantiles, cine y series) y contener los canales de aire local. En tanto, la tv satelital (DirecTV) debería incluir las señales estatales y de universidades nacionales. El decreto reglamentario 1.225/2010 sumó como obligatorias para el menú del cable a las señales noticiosas y facultó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para modificar la grilla “si se acreditan razones de fuerza mayor”. Sin que esto sucediera, el Gobierno impuso la programación de señales como “Argentinísima Satelital” para el cable. Sin embargo, las condiciones más laxas para la grilla de DirecTV siguen incumplidas.
En la medida en que el cable continúe digitalizándose y se expandan servicios on demand, disminuirá la incidencia de la grilla analógica. El Gobierno ya no hace de esto el centro de su activa política de medios, que no se limita a la gestión de la norma audiovisual. La ley no regula el gasto en publicidad oficial, no previó la creación del sistema estatal de medición de audiencias, no comprende a los medios gráficos ni a internet y por consiguiente no está relacionada ni con la anunciada condonación de deudas tributarias a empresas periodísticas, ni con la propuesta reducción del IVA a medios gráficos con beneficios para los más chicos. Aún dentro de los contornos de la ley el Gobierno elude la realización de concursos para los operadores privados que gozan de señales de alcance nacional en el menú de Televisión Digital Abierta (TDA).
Esos son ejes que, junto a la convergencia tecnológica, la postergada inserción de los actores sin fines de lucro en la titularidad de licencias, la desconcentración de los principales conglomerados, el acceso a la información pública o el respeto del mandato de pluralismo para los medios públicos, integran la agenda pendiente sobre políticas de comunicación en la Argentina.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
Fuente: Diario Perfil
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