El veredicto contra el soldado que filtró información clasificada a WikiLeaks ha puesto en vilo a analistas y gremios de periodistas, que coinciden en señalar que la acción judicial va a afectar seriamente al periodismo de investigación
Por: Lucía Leal
El veredicto contra el exanalista militar Bradley Manning tendrá un “efecto intimidatorio” en quienes se planteen divulgar información confidencial en favor del interés público, lo que amenaza al periodismo de investigación en Estados Unidos, según expertos y activistas.
“Los periodistas de investigación están preocupados, y con razón, ante la posibilidad de que este tipo de procesos judiciales corte su acceso a fuentes clave de información”, señaló el miércoles un editorial del diario The New York Times.
Pese a resultar absuelto del cargo de “ayuda al enemigo” por filtrar documentos clasificados a WikiLeaks, Manning fue encontrado culpable de otros 20 cargos, entre ellos el de violar la ley de espionaje, lo que le expone a una pena máxima de 136 años. “Este proceso tiene y tendrá un efecto intimidatorio en las fuentes que podrían proporcionar información que exponga políticas y prácticas cuestionables del Gobierno”, dice Brant Houston, director de la iniciativa de periodismo de investigación en la Fundación John S. y James L. Knight.
“Sin protecciones legales suficientes y con la expectativa de un proceso judicial que les lleve a la bancarrota y la cárcel, habrá muchos menos informantes que decidan acudir a la prensa”, agrega.
Joel Simon, director del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), coincide en que la “agresiva acusación” que el Gobierno estadounidense desplegó contra Manning “ha enviado un claro mensaje a los potenciales informantes” que repercutirá en el trabajo de “los periodistas que cubren asuntos de seguridad nacional”, según indica en un comunicado.
Para Tom Rosenstiel, director ejecutivo del Instituto de la Prensa Estadounidense (API), lo preocupante no está en la acusación a Manning en sí, dado que el soldado “no acudió directamente a un medio de comunicación” convencional, sino a activistas de WikiLeaks.
“Eso distingue su caso de la forma en que normalmente tiene lugar el periodismo de investigación, en la que los reporteros cultivan sus fuentes y se ganan su confianza”, dice Rosenstiel. Lo inquietante, según el experto, es el que el Gobierno de Barack Obama está usando la Ley de Espionaje “de una forma que nunca se había hecho antes”.
Manning es el sexto procesado durante la administración de Obama por violar la Ley de Espionaje, aprobada en 1917 y que antes de que llegara al poder el actual mandatario sólo se había usado en tres ocasiones para sustentar una acusación judicial federal, según datos de Reporteros sin Fronteras.
“Si el Gobierno persiste en el uso de esta nueva interpretación, coartará en la práctica a los informantes legítimos y a los periodistas que actúan en el interés público”, advierte Rosenstein.
Houston está de acuerdo en que “el actual uso de la Ley de Espionaje”, en la que el Gobierno de Obama ha apoyado su persecución a cualquiera que filtre información confidencial, “contribuye enormemente al efecto intimidatorio”.
Esa nueva interpretación de la ley consiste, según Elizabeth Goitein, del Centro Brennan de Justicia, en “una tendencia a que no importe el motivo” por el que el informante revela datos, como demostró el Gobierno al acusar a Manning de “ayudar al enemigo” pese a que el soldado argumentó que sólo quería abrir un debate. “Eso va a tener implicaciones muy serias para quienes se planteen convertirse en informantes”, afirma Gotein al Washington Post.
Al cabo del tiempo, esa amenaza del Gobierno “puede hacer que las filtraciones sean cada vez más dramáticas y a mayor escala, porque los únicos que estarán dispuestos a asumir ese riesgo son gente que esté en una cruzada personal”, pronostica Gotein.
Ése es precisamente el perfil del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que tras el veredicto a Manning ve aumentar sus opciones de ser acusado bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos por conspirar con el exsoldado.
Un proceso contra Assange supondría acusar no ya a una fuente, sino a “alguien que se dedica a publicar información” bajo la Ley de Espionaje, algo “completamente sin precedentes y que pondría a cualquier periodista decente de seguridad nacional en Estados Unidos en el riesgo de ir a la cárcel”, señala Trevor Timm, director de la Fundación para la Libertad de la Prensa, en el Washington Post.
Ese panorama deja una única esperanza a los periodistas de investigación estadounidenses, según el editorial del New York Times: que el Gobierno “haga algo para superar su adicción a los secretos”.
Fuente: La Razón