Por Alejandra Beresovsky, especial para Cronista.com.
A una semana de la última sesión de Diputados, un grupo de legisladores del bloque de la Concertación de la cámara baja presentó un proyecto de Ley de Radiodifusión para reemplazar a la 22.285, vigente desde la última dictadura militar.
La iniciativa es paralela a la que está elaborando desde este año el Poder Ejecutivo a través del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), pero en su presentación participaron el subsecretario General de Presidencia, Gustavo López, además de la titular del INADI, María José Lubertino; el intendente de Vicente López, Enrique García y los diputados Silvia Vázquez y Claudio Morgado. Según fuentes cercanas a los autores del documento, el objetivo es “sumar” al debate, aunque la creación también fue interpretada como una suerte de “globo de ensayo”, que permitiría medir las reacciones ante las medidas más fuertes, como la apelación a instancias de participación popular para decidir sobre las adjudicaciones.
Es que el proyecto —que recién podría tener estado parlamentario el año próximo— establece que las licencias para radio y televisión abierta serán entregadas por el Estado Nacional previa audiencia pública. Esa posibilidad también fue pensada por quienes trabajan en el texto del Ejecutivo, según anticipó el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, a comienzos de noviembre.
El texto considera a las prestaciones de radio y televisión como de interés público (una categoría con menor regulación que los servicios públicos) y las divide en dos tipos. Las básicas, que utilizan el espectro radioeléctrico para dirigirse a un público indeterminado; y las complementarias, destinadas a una audiencia determinada. Ejemplo de estas últimas son las emisiones o programas de pago, que se contratan individualmente, esquema que en inglés se denomina pay per view.
El texto dice que las licencias podrán prorrogarse por única vez por un plazo de cinco años y que, en caso de que no haya pedido expreso, el Estado podría convocar a concurso público hasta un año antes de que termine el plazo de adjudicación.
De aprobarse ese documento, se exigirá a los canales del exterior que tengan una dirección y representante local y también se obligaría a los canales a emitir un mínimo 70% de producción nacional, que incluya también un piso de 35% de obras musicales compuestas, interpretadas o ejecutadas por argentinos o residentes en el país.
Aunque no hace referencia al polémico deseo de las telefónicas de dar televisión por Internet, impulsa la utilización de infraestructuras alternativas. “La autoridad de aplicación podrá, para promover el desarrollo y avance tecnológico de la radiodifusión, autorizar a una misma persona física o jurídica como titular de una licencia de servicio básico de radiodifusión, para que, dentro del área de cobertura de prestación del servicio, brinde el servicio a través de un sistema tecnológico alternativo”, explica. “Por las mismas razones la autoridad de aplicación podrá autorizar, en forma precaria, la utilización de una única segunda frecuencia, sin que su utilización genere derecho alguno a la adjudicación de la misma”, añade.
Con respecto a la política de emisión de publicidad, restringe la difusión de programas comerciales, también bautizados como “infomerciales”. “Los programas dedicados exclusivamente a la promoción o venta de productos sólo se podrán emitir en las señales expresamente autorizadas para tal fin por la autoridad de aplicación”, señala.
Fuente: El Cronista
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