¿Sabés de algún empresario fusilado por la espalda? ¿Conocés algún pibe de un exclusivo colegio de Recoleta torturado en una comisaría o alguna persona de barrio privado detenida por meses arbitrariamente?
Probablemente no.
Porque la violencia institucional no afecta a todos por igual. Los expuestos son los grupos históricamente vulnerados. Los jóvenes en situación de pobreza, los migrantes de los países limítrofes y los pueblos indígenas. La violencia institucional responde a una lógica clasista y racista.
Es racista porque como sostiene el sociólogo Ramón Grosfoguel establece una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida. Según Grosfoguel, “las personas que están arriba de la línea de lo humano son reconocidos socialmente en su humanidad como seres humanos con derecho y acceso a subjetividad, derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales. Las personas por debajo de la línea de lo humano son consideradas sub-humanos o no-humanos, es decir, su humanidad está cuestionada y, por tanto, negada”.
Estas violencias son posibles porque estamos atravesados de una matriz cultural que subordina a determinadas personas por su origen, clase social o identidad. También porque nos bombardean con una pedagogía mediática de la violencia que se promueve desde los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes construyendo enemigos y justificando fusilamientos.
Esta violencia es funcional. Recientemente, el jurista Raúl Zaffaroni sostuvo “este totalitarismo financiero nos coloniza debilitando nuestros Estados y, por eso, cuánta más violencia haya, mejor. Porque nuestro Estado será más débil. Por eso buscan reproducir la violencia ¿Qué mejor negocio que sean los propios excluidos quienes pidan represión? Porque al final esa represión se la usará contra ellos mismos. Este es el juego”.
Para que los excluidos pidan represión se necesita la construcción mediática de un enemigo: “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches” tituló Infobae refiriéndose a la “RAM”. Recordemos que, Jorge Nawel, referente del Consejo Plurinacional Indígena y werken de la Confederación Mapuche de Neuquén denunció que “La RAM es una operación de los servicios”.
Lo que llaman enfrentamiento son fusilamientos: cuando fue asesinado Rafael Nahuel, el periódico del mayor grupo comunicación de la Argentina, el diario Clarín, tituló: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi”.
Este titular tiene marcas de discursos anteriores. La puesta museográfica del sitio de la Memoria (ex ESMA) señala: “En muchas ocasiones los comunicados oficiales presentaron a las víctimas de los operativos como abatidos en enfrentamientos para encubrir los secuestros y los asesinatos. Lo publicado era parte de la propaganda política del régimen para agitar el fantasma del miedo y de la violencia. La mayoría de los medios de comunicación fomentó la circulación de este tipo de noticias con grandes titulares y con la utilización del mismo lenguaje de los perpetradores”.
Esta violencia no es aislada se da en el marco de los crecientes abusos que denuncia la Correpi, Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional: las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron, a nivel nacional, a 725 personas durante la gestión de Cambiemos.
Pero el asesinato por la espada no es la única forma de violencia a la cual están expuestos los grupos históricamente vulnerados de la sociedad. El sistema penal selecciona en su accionar a las personas en situación de pobreza. En ese marco, en el 2017 la Procuración Penitenciaria de la Nación documentó 615 casos de torturas y/o malos tratos, entre los cuales 605 hechos se debieron a registros de violencia física y 10 a casos de amenazas graves. Asimismo, este organismo denunció el avance de la sobrepoblación en las unidades penitenciarias federales.
Los medios de comunicación que ocupan posiciones dominantes realizan un doble juego de estigmatización e invisibilización: estigmatizan a los grupos históricamente vulnerados, nos los presentan como enemigos para legitimar la violencia. Paralelamente invisibilizan las violencias estatales que serán naturalizadas.
Como se pregunta Zaffaroni: “¿qué mejor negocio que sean los propios excluidos quienes pidan represión?”.
En ese sentido, nuestro desafío es cuestionar los discursos violentos y racistas que nos atraviesan.
*Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de “Comunicación Social y Seguridad Ciudadana en la UNRN.
Foto: Paula Ribas/TelAm
Fuente: Roberto Samar
