La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitó divulgar información solicitada en relación con el proceso de selección del próximo Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, a esta altura ya designado.
El acceso a la información la solicitó el autor de esta nota el 1º de agosto, y el 23 de setiembre se recibió por correo electrónico de CIDH, una carta en formato pdf fechada el 20 de agosto y firmada por Mario López Garelli “por autorización del Secretario Ejecutivo” en la cual afirma que se había recibido “su comunicación con mucho interés”. Tanto fue el interés que causó que “ésta ha sido trasladada al seno de la Comisión para su consideración”, sin fijar ni estimar fecha para la respuesta.
La solicitud del periodista Andrés Alsina fue reiterada tres veces sin obtener respuesta alguna, y a los 33 días de su envío inicial, fue publicada en este medio, entre otros del Uruguay. Allí se especificaba que el plazo máximo para responder una solicitud de acceso a la información es, según la legislación uruguaya, de 20 días, siendo la mitad en legislaciones modelo. El intento de darle fecha adecuada a la respuesta en la que se dice que no se responde la solicitud, es lo que explica la diferencia de fecha entre la formal consignada en la carta, 20 de agosto, y la real del correo electrónico con la carta, enviada por la señora Flor Elba Castro ( FCastro@oas.org), el 23 de setiembre.
Los cuatro puntos de la solicitud de acceso que pasan sine die a consideración de la tan honorable Comisión son:
Al respecto, afirma que respecto de las comunicaciones recibidas en relación a este punto, “la Comisión consideró que en vista (de) que no había previsto que dicha información sería divulgada, ésta no fuera difundida en esta ocasión. En el futuro, tendrá en cuenta esta recomendación en el proceso de selección”. El futuro es dentro de tres y más probablemente seis años si se le renueva el mandato al electo Edison Lanza dado en estas condiciones de parquedad. Y la perentoriedad y actualidad de la información se diluye en transformar su solicitud en una recomendación.
El periodista Alsina no le hizo ninguna recomendación a la tan honorable Comisión sino que le pidió acceso a información que la CIDH posee y cuya reserva o secreto no está avalado por resolución fundada alguna. Es cierto (decía la solicitud) que “el encuadre jurídico de la solicitud es más doctrinario que regulatorio, toda vez que la Comisión, hasta donde conozco, no cuenta con reglamento específico en la materia de acceso a la información”.
Pero también es cierto que la solicitud también alegó dos puntos a los que la tan honorable Comisión omite toda referencia. El primero son resoluciones de OEA de 2009 y 2010 que se refieren al acceso a la información pública como instrumento de fortalecimiento de la democracia y el segundo aprueba la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública con bellas palabras: “es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas; el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio, el derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información y las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser clara y específicamente establecidas por la ley”, y un largo etcétera.
El otro punto es que CIDH emitió comunicado con mención a una serie de apoyos recibidos por los diferentes candidatos limitadas las referencias a los diversos orígenes geográficos de los avales, sin indicar organización ni beneficiario. Al mismo tiempo, diversos medios de comunicación de la región informaron sobre observaciones y avales recibidos por los candidatos. Al no haberse dado a conocer ni las audiencias de las entrevistas, ni los planes de trabajo eventualmente propuestos, ni las preguntas ni respuestas que tuvieron lugar en este proceso, se hace la solicitud de acceso a información.
Cabe preguntarse qué es tan importante que no se da a conocer; qué avales, qué organizaciones están interesadas en qué. La solicitud de información pública, en posesión del organismo interamericano y no restringida en su divulgación, es urgente y necesaria para la transparencia del proceso en el cual se nombra al defensor no sólo de la libertad de prensa sino, tal cual dice la propia CIDH, “principalmente al defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.
La perentoriedad de la información se exacerba cuando sale al público el nombre de algunas organizaciones interesadas en la designación de unos y las razones por completo ajenas a la libertad de prensa pero propias de la libertad de empresa con las que presionan. Como la cadena O Globo.
En su sitio del 27 de junio, hay una nota de la corresponsal en Washington Flávia Barboza en la que este grupo que tiene el monopolio de hecho de la televisión brasilera impugna desde la misma bajada de un título informativo del tema de la entonces próxima elección, la candidatura del argentino Damián Loreti. Agrega que lo hace por haber defendido el abogado Loreti al gobierno de Cristina Kirchner en el juicio contra el grupo Clarín. Adjudica su preocupación por esa candidatura a fuentes imprecisas, como “observadores de la sociedad civil”.
El nuevo relator, dice la nota, “tiene la tarea de defender la relatoría de los inclementes ataques de las naciones bolivarianas, notoriamente Ecuador y Venezuela. Seis candidatos disputan el puesto y observadores de la sociedad civil tienen reservas sobre un fuerte postulante: el argentino Damián Loreti”. Esta no es la consignada tarea de ser “principalmente defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, sino una politización del tema.
La única fuente identificada que cita es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, que va en el mismo sentido de politización. Éste considera que “lo que está en juego en estas elecciones es inmenso”, no sólo por la necesidad de continuar la obra de la titular saliente, Catalina Botero, sino por “la ardua tarea de contener la obsesión bolivariana de debilitar a las organizaciones americanas que desafían su perfomance democrática y sus políticas”.
Un cuerpo de siete miembros de la CIDH eligió entre los postulantes a Edison Lanza como Relator Especial de Libertad de Expresión. No se encuentra en la respuesta de CIDH razón alguna para no reiterar el pedido de informes hecho, para saber cómo y por qué lo eligieron. Si no es indiscreción.
Publicado en los periódicos 7N y Noticias, de Treinta y Tres el jueves 2 de octubre de 2014.
Lee aquí el artículo completo publicado por Andrés Alsina en Noticias de Treinta y Tres
El acceso a la información la solicitó el autor de esta nota el 1º de agosto, y el 23 de setiembre se recibió por correo electrónico de CIDH, una carta en formato pdf fechada el 20 de agosto y firmada por Mario López Garelli “por autorización del Secretario Ejecutivo” en la cual afirma que se había recibido “su comunicación con mucho interés”. Tanto fue el interés que causó que “ésta ha sido trasladada al seno de la Comisión para su consideración”, sin fijar ni estimar fecha para la respuesta.
La solicitud del periodista Andrés Alsina fue reiterada tres veces sin obtener respuesta alguna, y a los 33 días de su envío inicial, fue publicada en este medio, entre otros del Uruguay. Allí se especificaba que el plazo máximo para responder una solicitud de acceso a la información es, según la legislación uruguaya, de 20 días, siendo la mitad en legislaciones modelo. El intento de darle fecha adecuada a la respuesta en la que se dice que no se responde la solicitud, es lo que explica la diferencia de fecha entre la formal consignada en la carta, 20 de agosto, y la real del correo electrónico con la carta, enviada por la señora Flor Elba Castro ( FCastro@oas.org), el 23 de setiembre.
Los cuatro puntos de la solicitud de acceso que pasan sine die a consideración de la tan honorable Comisión son:
- Listado y copia de las observaciones recibidas, respecto de los candidatos finalistas, durante el mismo período reglamentario, sin perjuicio de solicitar su exhibición pública como muestra de transparencia activa.
- Acceso y Exposición pública de presentaciones efectuadas por los candidatos en materia de plan de trabajo u otras complementarias a las hojas de vida publicadas.
- Acceso y Exposición al listado de las preguntas formuladas a cada candidato.
- Si existen registros de las exposiciones de los mismos en las entrevistas, solicito acceso a tales constancias y su exhibición.
Al respecto, afirma que respecto de las comunicaciones recibidas en relación a este punto, “la Comisión consideró que en vista (de) que no había previsto que dicha información sería divulgada, ésta no fuera difundida en esta ocasión. En el futuro, tendrá en cuenta esta recomendación en el proceso de selección”. El futuro es dentro de tres y más probablemente seis años si se le renueva el mandato al electo Edison Lanza dado en estas condiciones de parquedad. Y la perentoriedad y actualidad de la información se diluye en transformar su solicitud en una recomendación.
El periodista Alsina no le hizo ninguna recomendación a la tan honorable Comisión sino que le pidió acceso a información que la CIDH posee y cuya reserva o secreto no está avalado por resolución fundada alguna. Es cierto (decía la solicitud) que “el encuadre jurídico de la solicitud es más doctrinario que regulatorio, toda vez que la Comisión, hasta donde conozco, no cuenta con reglamento específico en la materia de acceso a la información”.
Pero también es cierto que la solicitud también alegó dos puntos a los que la tan honorable Comisión omite toda referencia. El primero son resoluciones de OEA de 2009 y 2010 que se refieren al acceso a la información pública como instrumento de fortalecimiento de la democracia y el segundo aprueba la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública con bellas palabras: “es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas; el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio, el derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información y las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser clara y específicamente establecidas por la ley”, y un largo etcétera.
El otro punto es que CIDH emitió comunicado con mención a una serie de apoyos recibidos por los diferentes candidatos limitadas las referencias a los diversos orígenes geográficos de los avales, sin indicar organización ni beneficiario. Al mismo tiempo, diversos medios de comunicación de la región informaron sobre observaciones y avales recibidos por los candidatos. Al no haberse dado a conocer ni las audiencias de las entrevistas, ni los planes de trabajo eventualmente propuestos, ni las preguntas ni respuestas que tuvieron lugar en este proceso, se hace la solicitud de acceso a información.
Cabe preguntarse qué es tan importante que no se da a conocer; qué avales, qué organizaciones están interesadas en qué. La solicitud de información pública, en posesión del organismo interamericano y no restringida en su divulgación, es urgente y necesaria para la transparencia del proceso en el cual se nombra al defensor no sólo de la libertad de prensa sino, tal cual dice la propia CIDH, “principalmente al defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.
La perentoriedad de la información se exacerba cuando sale al público el nombre de algunas organizaciones interesadas en la designación de unos y las razones por completo ajenas a la libertad de prensa pero propias de la libertad de empresa con las que presionan. Como la cadena O Globo.
En su sitio del 27 de junio, hay una nota de la corresponsal en Washington Flávia Barboza en la que este grupo que tiene el monopolio de hecho de la televisión brasilera impugna desde la misma bajada de un título informativo del tema de la entonces próxima elección, la candidatura del argentino Damián Loreti. Agrega que lo hace por haber defendido el abogado Loreti al gobierno de Cristina Kirchner en el juicio contra el grupo Clarín. Adjudica su preocupación por esa candidatura a fuentes imprecisas, como “observadores de la sociedad civil”.
El nuevo relator, dice la nota, “tiene la tarea de defender la relatoría de los inclementes ataques de las naciones bolivarianas, notoriamente Ecuador y Venezuela. Seis candidatos disputan el puesto y observadores de la sociedad civil tienen reservas sobre un fuerte postulante: el argentino Damián Loreti”. Esta no es la consignada tarea de ser “principalmente defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, sino una politización del tema.
La única fuente identificada que cita es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, que va en el mismo sentido de politización. Éste considera que “lo que está en juego en estas elecciones es inmenso”, no sólo por la necesidad de continuar la obra de la titular saliente, Catalina Botero, sino por “la ardua tarea de contener la obsesión bolivariana de debilitar a las organizaciones americanas que desafían su perfomance democrática y sus políticas”.
Un cuerpo de siete miembros de la CIDH eligió entre los postulantes a Edison Lanza como Relator Especial de Libertad de Expresión. No se encuentra en la respuesta de CIDH razón alguna para no reiterar el pedido de informes hecho, para saber cómo y por qué lo eligieron. Si no es indiscreción.
Publicado en los periódicos 7N y Noticias, de Treinta y Tres el jueves 2 de octubre de 2014.
Lee aquí el artículo completo publicado por Andrés Alsina en Noticias de Treinta y Tres
Abogado y periodista de larga trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, Edison Lanza parece más que preparado para su nueva función como relator encargado de velar por esos derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aptitudes como recaudador de fondos y saber manejarse con personal reducido tampoco le vendrían mal. Uno de los principales problemas que enfrentó la relatora saliente Catalina Botero durante sus seis años en el puesto fue la falta de recursos para cumplir su función en una región en la que abundan las denuncias de que la libertad de expresión está siendo cercenada
“Tres abogados no alcanzan”, afirmó Botero, quien entregará el cargo a Lanza el lunes. "Tengo tres abogados, una persona que me ayuda con los proyectos, una periodista y una asistente administrativa. Eso es todo el equipo de la relatoría", declaró a la Associated Press.
Agregó que la relatoría tiene un presupuesto de un millón de dólares que obtiene de donantes, ya que la Organización de Estados Americanos, a la que está adscripta la CIDH, no aporta un centavo. “Comprenderás que para 35 países...", dijo Botero, quien es colombiana, sin completar la frase.
“Te estoy hablando de la amenaza del crimen organizado, de la obligación de generar estándares en materia de protección que sean viables, porque no le puedes pedir a los estados que hagan cosas que no pueden hacer.
Para eso tienes que entender la realidad de los estados, tramitar casos, asesorar a la gente, estudiar medidas cautelares. Además, unas cuatro visitas a la región al año y publicar tres informes temáticos como el de internet, el de acceso y el de violencia este año, y ya. Ahí se te fue un millón de dólares”.
Botero explicó que cuando se creó la relatoría en 1998, “la CIDH no tenía recursos y le pidió que buscase sus propios recursos”, lo que ha hecho desde entonces.
“La relatoría diseñó un plan estratégico, que aprobó la CIDH y todos los órganos técnicos de la OEA, y esa agenda la puso a competir en competencias de cooperación internacional. Y nos ganamos todos los concursos”, señaló.
La falta de recursos es tal que Botero dijo que se siente “en deuda con muchas personas que han necesitado mayor apoyo de la oficina”. No dio ejemplos específicos.
Lanza trabajó como periodista en diversos medios de comunicación de su Uruguay natal, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay y como docente universitario, según la biografía de la CIDH. Además, ha presentado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fue elegido por sobre otros 48 postulantes al cargo. “He dedicado toda mi vida a la libertad de expresión”, declaró Lanza a la AP. “Me da placer trabajar en todo esto. Sé que es un tema difícil en la región, pero bueno, supongo que ahí también se pueden hacer muchas cosas como lo han hecho los relatores anteriores".
Lanza se negó a hablar de países en particular, pero sostuvo que el periodismo y los activistas “nunca pueden ser las primeras víctimas” incluso en naciones con intensa polarización ideológica.
Aseguró, no obstante, que “en aquellas situaciones donde corroboremos que pueda existir el peligro de que haya una violación a la libertad de expresión y lo tengamos que manifestar y tengamos que actuar, lo vamos a hacer”. “Lo cortés en este caso no quita lo valiente”.
Lanza deberá lidiar con situaciones volátiles sobre todo en Ecuador y Venezuela, los países con problemas más graves de violaciones a la libertad de expresión, según el último informe de la Relatoría.
El informe señaló a las autoridades ecuatorianas de amenazar a periodistas, abusar de las cadenas televisivas, emitir sentencias penales por ejercicio periodístico, acosar a organizaciones denunciantes y de regular excesivamente el acceso a la información pública con una ley orgánica de comunicación.
El apartado para las denuncias en el caso venezolano fue más extenso, e incluyó agresiones, amenazas y detenciones de periodistas y destrucción de sus materiales, prohibición de acceso a funcionarios y organismos públicos y la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional.
Botero dijo que esas dos naciones andinas son los "los países de mayor preocupación" en relación con una de las dos tendencias negativas más importantes de la región: la captura de la escena pública por parte del discurso de funcionarios estatales.
La otra gran tendencia regional negativa es el crimen organizado, al que Botero describió como el principal eje de violencia contra periodistas. Al respecto, dijo que no se puede eximir a los gobiernos de su responsabilidad de proteger a la ciudadanía cuando el crimen organizado atenta contra periodistas.
“Cuando uno dice crimen organizado pareciera que uno dice que está relevando de responsabilidad a los estados, y me parece que eso es equivocado", señaló Botero.
“Tres abogados no alcanzan”, afirmó Botero, quien entregará el cargo a Lanza el lunes. "Tengo tres abogados, una persona que me ayuda con los proyectos, una periodista y una asistente administrativa. Eso es todo el equipo de la relatoría", declaró a la Associated Press.
Agregó que la relatoría tiene un presupuesto de un millón de dólares que obtiene de donantes, ya que la Organización de Estados Americanos, a la que está adscripta la CIDH, no aporta un centavo. “Comprenderás que para 35 países...", dijo Botero, quien es colombiana, sin completar la frase.
“Te estoy hablando de la amenaza del crimen organizado, de la obligación de generar estándares en materia de protección que sean viables, porque no le puedes pedir a los estados que hagan cosas que no pueden hacer.
Para eso tienes que entender la realidad de los estados, tramitar casos, asesorar a la gente, estudiar medidas cautelares. Además, unas cuatro visitas a la región al año y publicar tres informes temáticos como el de internet, el de acceso y el de violencia este año, y ya. Ahí se te fue un millón de dólares”.
Botero explicó que cuando se creó la relatoría en 1998, “la CIDH no tenía recursos y le pidió que buscase sus propios recursos”, lo que ha hecho desde entonces.
“La relatoría diseñó un plan estratégico, que aprobó la CIDH y todos los órganos técnicos de la OEA, y esa agenda la puso a competir en competencias de cooperación internacional. Y nos ganamos todos los concursos”, señaló.
La falta de recursos es tal que Botero dijo que se siente “en deuda con muchas personas que han necesitado mayor apoyo de la oficina”. No dio ejemplos específicos.
Lanza trabajó como periodista en diversos medios de comunicación de su Uruguay natal, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay y como docente universitario, según la biografía de la CIDH. Además, ha presentado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fue elegido por sobre otros 48 postulantes al cargo. “He dedicado toda mi vida a la libertad de expresión”, declaró Lanza a la AP. “Me da placer trabajar en todo esto. Sé que es un tema difícil en la región, pero bueno, supongo que ahí también se pueden hacer muchas cosas como lo han hecho los relatores anteriores".
Lanza se negó a hablar de países en particular, pero sostuvo que el periodismo y los activistas “nunca pueden ser las primeras víctimas” incluso en naciones con intensa polarización ideológica.
Aseguró, no obstante, que “en aquellas situaciones donde corroboremos que pueda existir el peligro de que haya una violación a la libertad de expresión y lo tengamos que manifestar y tengamos que actuar, lo vamos a hacer”. “Lo cortés en este caso no quita lo valiente”.
Lanza deberá lidiar con situaciones volátiles sobre todo en Ecuador y Venezuela, los países con problemas más graves de violaciones a la libertad de expresión, según el último informe de la Relatoría.
El informe señaló a las autoridades ecuatorianas de amenazar a periodistas, abusar de las cadenas televisivas, emitir sentencias penales por ejercicio periodístico, acosar a organizaciones denunciantes y de regular excesivamente el acceso a la información pública con una ley orgánica de comunicación.
El apartado para las denuncias en el caso venezolano fue más extenso, e incluyó agresiones, amenazas y detenciones de periodistas y destrucción de sus materiales, prohibición de acceso a funcionarios y organismos públicos y la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional.
Botero dijo que esas dos naciones andinas son los "los países de mayor preocupación" en relación con una de las dos tendencias negativas más importantes de la región: la captura de la escena pública por parte del discurso de funcionarios estatales.
La otra gran tendencia regional negativa es el crimen organizado, al que Botero describió como el principal eje de violencia contra periodistas. Al respecto, dijo que no se puede eximir a los gobiernos de su responsabilidad de proteger a la ciudadanía cuando el crimen organizado atenta contra periodistas.
“Cuando uno dice crimen organizado pareciera que uno dice que está relevando de responsabilidad a los estados, y me parece que eso es equivocado", señaló Botero.
