Fue creada hace cinco años por el Sindicato de Prensa. Concentró desde entonces las denuncias por agresiones a periodistas. Pero además, instaló entre las organizaciones sociales la necesidad de pelear por el derecho a la información como una política cotidiana
Alicia Simeoni y Alicia Salinas son dos de las integrantes de la "Comisión en defensa de la libertad de expresión y del trabajo periodístico", creada por el Sindicato de Prensa de Rosario hace unos cinco años. Una trabaja como periodista en el diario Rosario/12, otra en el diario El Ciudadano. Como llevan el mismo nombre de pila, y el apellido de ambas empieza con la letra ese, casi dan ganas de arrancar la nota con un chiste, y preguntar si las iniciales que comparten son un requisito para participar del grupo. Pero enseguida, Salinas se encarga de empezar hablando bien en serio: "Intentamos que nuestro trabajo esté vinculado todo el tiempo a la comunidad, porque la libertad de expresión es un problema que excede al hecho de que a un periodista le peguen una piña cuando va a hacer una nota. En realidad, este espacio está abierto a colegas y a organizaciones sociales. Desde aquí, procuramos asistir en los casos puntuales, pero también instalar la problemática como tema de discusión pública. Y esta, creo, es una batalla que nos tenemos que dar como sociedad".
La Comisión funciona desde 2000 bajo la órbita del Sindicato de Prensa de Rosario, pero desde el vamos intentó trascender la frontera de lo gremial. Simeoni recuerda, justamente, las primeras ideas que fueron dando forma a este equipo: "Antes, se habían tenido en cuenta fundamentalmente problemas gremiales, de salud y casos de agresiones a compañeros. Pero no había habido una política de instalar la defensa del derecho a la información como una política más cotidiana. Lo primero que tendríamos que decir es que para nuestro trabajo acá partimos de considerar a la información como un derecho humano. Esto, en tanto facilita el conocimiento de otros derechos, y es un puente hacia la toma de decisiones. Creo que ese es también nuestro trabajo, como periodistas. Poder poner la información en manos de la sociedad, para que esta pueda ser realmente soberana".
De las denuncias a la pelea política
En estos años, la Comisión se fue organizando con reuniones semanales en las sus integrantes se encargan de juntar datos que interesen. Y aunque en los primeros tiempos, se procuraba hacer sobre todo seguir denuncias por presiones o agresiones a periodistas rosarinos, con el tiempo fueron atendiendo casos de colegas de otras ciudades. Y además, fueron aprendiendo que podían tener nuevas líneas de acción. Alicia Simeoni lo explica así: "Cuando decidimos desde el gremio atender este problema, no sabíamos sobre el tema todo lo que conocemos hoy. En cierta medida, fuimos aprendiendo y estudiando mucho para conocer cuáles son las prioridades a la hora de defender el derecho a la información libre. En un principio pensábamos sobre todo en las amenazas contra nuestros colegas, pero después se fue dando otra perspectiva".
Esta nueva línea de trabajo, les permitió encabezar varias luchas políticas en la provincia, vinculadas a la libertad de expresión. Una de ellas, la pelea por la sanción de una ley que le permita a cualquier ciudadano el acceso sin restricciones a la información pública. Para esto, la comisión organizó varias charlas a las que se invitó a numerosas organizaciones sociales. Incluso, el último 29 de septiembre el Sindicato de Prensa fue el principal impulsor de una manifestación frente a la sede de la Legislatura en la capital provincial, para insistir a diputados y senadores en la necesidad de la norma que termine con los secretos en la vida política santafesina.
Desde la comisión, explican en este sentido que la propia Constitución Nacional habla de legislar sobre libertad de expresión desde su reforma en 1994. Ese año se incorporaron a la Carta Magna varios pactos internacionales, entre ellos el de San José de Costa Rica. Y allí se establece en el artículo 13, que la libertad de expresión y el derecho a la información son la posibilidad para cualquier persona de buscar, recoger y difundir información.
Para Alicia Salinas, cotidianamente se viola este principio constitucional. Y para graficar lo que esto implica, elige una figura doméstica: "Cuando uno toma decisiones en su casa, como comprar útiles para sus hijos, saca un montón de cuentas. Para las decisiones que toma el gobierno en nombre nuestro, políticas de Estado, deberíamos como sociedad saber lo mismo, tener los datos que uno siempre quiere tener a nivel doméstico antes de decidir algo".
El debate en la sociedad
Además de las actividades que realiza periódicamente, para instalar en la agenda del debate público este problema, cada año la comisión presenta un informe. En el primero, que reúne lo hecho en 2000 y 2001, la carpeta da cuenta de la agresión vivida por Guillermo Brasca, periodista de Canal 3, en noviembre de 2000. Para Simeoni, ese caso les sirvió para darse cuenta todo lo que se debía avanzar para generar conciencia: "Nuestro colega estaba cubriendo una noticia en la que un policía entraba violentamente a una villa, a buscar a un grupo de personas que estaba acusada de robo. Y la gente de las casas de material, los que en el barrio estaban un poco mejor económicamente, no quiso que las cámaras del periodismo filmaran la represión policial. Desde ese lugar, impidieron el trabajo de Claudio Brasca. En ese momento recién nacía la comisión, y me acuerdo que nos dimos cuenta que en esos casos lo que indudablemente faltaba era una noción a nivel social sobre la importancia de que exista la información".
Sobre este punto, Alicia Salinas hace mención de un caso que considera emblemático. "El hijo de Villavicencio, el empresario de la salud privada atropelló con su auto hace unos años a un joven de apellido Stradiotto. El muchacho falleció, por lo que sus familiares y amigos se organizaron para hacer reclamos de justicia. Como el tema no salía en los diarios por las influencias que tenía Villavicencio, ellos empezaron a hacer escraches frente a La Capital. Y de a poco, el tema se pudo ir filtrando en algunos lados, como noticia. Esto quiere decir que los periodistas tenemos una responsabilidad importante en la pelea por la libertad de expresión, pero nunca podemos quedar solos. Porque nosotros manejamos información, que es claramente un bien social, que no es nuestro y mucho menos de las empresas periodísticas. Sobre todo, con el actual marco de la concentración de los medios. Y si la sociedad no es consciente de su derecho a estar informada, es imposible que salga a pelear contra este tipo de cosas".
Las repercusiones en colegas y políticos
En la comisión –que además integra de forma permanente el periodista Claudio Andrés De Luca– se enorgullecen por el crecimiento en estos años. Cuando aquí en Rosario se empezó a trabajar con estos temas desde el Sindicato de Prensa, no había demasiados antecedentes. Hoy, los gremios periodísticos de Córdoba y Buenos Aires ya tienen su propia comisión. "Además, con el tiempo, dejó de ser un sello, una chapa. Suelen llamarnos periodistas agredidos en toda Santa Fe. E incluso, cada vez que hay una marcha a Tribunales en la capital provincial, se cierran las puertas para los manifestantes, pero también para nuestros colegas. Y la respuesta que inmediatamente tienen ellos es llamarnos a nosotros", relata Simeoni. Que enseguida admite que por este tema tuvo varios roces con Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema santafesina.
No ha sido esa la única discusión con el poder político. Después de aquel masivo acto en Santa Fe, la iniciativa por una ley para el acceso a la información pública fue aprobada por la legislatura. Sin embargo, en el camino se había modificado la el proyecto inicial: el senador justicialista Joaquín Gramajo, propuso incorporar cláusula por la cual, aquellos que necesiten acceder a la información que producen los diversos organismos del Estado, "debe acreditar un interés legítimo". De esta forma, aunque aprobada, es como si la ley no existiese. El propio gobernador Obeid vetó la norma por esta cláusula, pero la Legislatura no volvió a tratarla.
Bastante enojada, Salinas habla del senador Gramajo. "El nos dice algo ridículo. Se defiende argumentando que la sanción de ley tal como la pedimos nosotros y una cantidad inmensa de organizaciones sociales de toda la provincia y el país, sería ‘un despelote’. Porque todo el mundo vendría a pedir información, y ellos no tendrían estructura para cumplir con tanto pedido".
La censura existe
Sobre el final, las integrantes de la comisión hablan sobre los medios de comunicación locales, y las posibilidades de que haya libertad de expresión en medio de la impresionante concentración de las empresas periodísticas.
"En realidad –aclara Simeoni– hay un nivel de censura que funciona solapadamente, pero que es muy fuerte. Y de esto hay casos emblemáticos por su virulencia, y la complicidad de casi todos los medios. Uno es el de la proscripción que tuvo un dirigente sindical con trayectoria como Héctor Quagliaro. Y esto pasó durante mucho tiempo en los últimos años, por la cantidad de dinero que pagaba en publicidad un sector mafioso que manejaba ATE PAMI liderado por Raúl Praino. Ahora, Quagliaro fue declarado ciudadano distinguido de Rosario, y todos los medios lo pudieron reflejar, pero hace un tiempo, eso hubiera sido imposible. Otro ejemplo es el de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. La empresa que manejaba Aguas Provinciales se fue, dejó de aportar grandes pautas publicitarias, y entonces ahora se puede hablar de un dirigente como Alberto Muñoz que siempre denunció las irregularidades en un servicio público tan vital como el agua. Pero hace fines de los ’90, esto hubiera sido imposible. En este sentido, la defensa de la libertad de expresión debe ser algo permanente".
Por eso, en la comisión insisten que se debe discutir en varios niveles. Denunciar cada vez que hay agresión a un periodista, pelear por las normas legales que permitan la circulación de información, pero también luchar contra un sistema de medios que concentra la comunicación y la publicación en pocas manos.
En este punto, Alicia Simeoni menciona el discurso del presidente Néstor Kirchner el último 25 de mayo en Plaza de Mayo. "Ese acto tuvo un dato central, el de la convocatoria a la pluralidad. Nosotros decimos que está bien, pero deberíamos partir, para que eso sea cierto, de que en nuestra sociedad pueda circular una pluralidad de voces que hoy no están. Entre otras cosas, por la brutal concentración de los medios de comunicación, que está favorecida por la actual ley de radiodifusión, que es la misma que tenemos desde la última dictadura. Si una sociedad quiere ser pluralista, no puede tener medios que no lo sean.
Y ojo que esto de los medios plurales no quiere decir que una vez cada tanto aparezcan todos los sectores. Porque los más pobres por ejemplo, los que han sido perjudicados por las políticas económicas de las últimas décadas, aparecen en los medios solamente en las páginas policiales".
Sobre el final, Salinas, agrega: "Esto que dice ella es vital para pensar la sociedad futura. Claro que como los argentinos estamos tan deprimidos económicamente después de años de devastación, que pareciera que algunos asuntos como una ley de acceso a la información pública, no fueran importantes. Por eso nuestro desafío es que la gente logre apropiarse de la pregunta vital, aquello de que el pueblo quiere saber de qué se trata, que es un interrogante que en este país ya va a cumplir doscientos años".
Pauta oficial y libre información
"Otro de los factores que atenta contra la libertad de información es la mala distribución de la publicidad oficial, que también es un derecho. Tengamos en cuenta que “la publicación de los actos de gobierno”, que es lo que en realidad debería ser la pauta publicitaria de los distintos niveles del Estado, muchas veces condiciona la información que leemos. Y en otros casos, hay medios de comunicación más chicos, generalmente muy críticos del poder, son silenciados a través de la discriminación económica. Porque al que se porta mejor y calla determinadas cosas, casi siempre le llega su cuota económica publicitaria. Si pensamos que ese dinero público es de todos debiéramos darnos cuenta, que el problema también es de todos", Alicia Simeoni
Fuente: enREDando.org.ar
