Este martes 28, Río de Janeiro vivió el operativo de seguridad más letal de su historia: la Operación Contención. El hecho expone el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad del Estado carioca y sume a la ciudad en un clima de terror, según denunciaron organizaciones de la sociedad civil de Brasil
Vecinos protestan mientras los cuerpos son alineados en la plaza São Lucas, en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, Río de Janeiro, el 29 de octubre de 2025, tras la Operación Contención
La masacre en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río, forma parte de una larga y trágica historia de asesinatos cometidos por fuerzas policiales estatales, muchas veces disfrazados de política pública. Hasta el momento, son cerca de 130 las personas asesinadas en un solo operativo, el más mortífero en la historia de Río de Janeiro.
La masiva pérdida de vidas reproduce el patrón de letalidad que caracteriza la gestión del gobernador Cláudio Castro, responsable de cuatro de las cinco operaciones más sangrientas de la historia reciente. Supera incluso sus propios récords, establecidos en Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). Lo que Castro presentó como "el mayor operativo en la historia de Río" es, en realidad, una masacre perpetrada por el Estado brasileño.
El impacto político fue inmediato. En medio de un operativo policial cuestionado por su brutalidad, Cláudio Castro, cercano al bolsonarismo, se perfila como posible candidato al Senado y busca ganar visibilidad nacional de cara a las elecciones del próximo año.
En un escenario donde la derecha brasileña aún busca un liderazgo tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro, y mientras el gobierno de Lula da Silva intenta reformar el sistema de seguridad pública sin recurrir a medidas militarizadas, la tensión entre seguridad, política y derechos humanos vuelve al centro del debate nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el altísimo número de muertes registradas durante la Operação de Contenção, y urgió al Estado brasileño a investigar de manera pronta, diligente e independiente los hechos, considerando toda la cadena de mando, sancionar a los responsables y garantizar reparación integral a las víctimas y sus familias.
Para comprender cómo este episodio puede incidir en la campaña electoral y qué impacto tiene en la relación entre los gobiernos estaduales y el federal, en las Señales conversamos con Caio Manhanelli, consultor político internacional y miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos.
¿Cómo se explica este operativo policial en Río en este momento político? ¿Fue una respuesta de seguridad o una jugada electoral?Si vamos a lo simple, es una jugada electoral. Pero hay que contextualizarlo para no parecer que estamos dando una respuesta partidista. Río de Janeiro vive una situación de guerra desde hace décadas. El Comando Vermelho (CV) tiene unos cincuenta años: surge a mediados de los años setenta, en plena dictadura militar.
El CV se caracteriza por una estructura muy jerarquizada. Cuando un jefe muere, otro ocupa su lugar, pero a veces sin mantener el nombre original del grupo. Así, a lo largo de los años, fueron surgiendo otras facciones criminales que terminaron controlando distintas zonas de Río. Esa fue la realidad de las décadas del setenta, ochenta y noventa.
Entre los años ochenta y noventa aparece el Primeiro Comando da Capital (PCC), en São Paulo, con otra lógica: más de negocios, más de negociación que de guerra. El PCC fue ampliando su control sobre el narcotráfico en Brasil, especialmente en las fronteras con Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina. Desde hace unos veinte años, el PCC ha extendido su influencia más allá de las fronteras brasileñas.
Pero en ese proceso también creó enemigos. Las facciones del norte y nordeste de Brasil rompieron con el PCC y adoptaron una lógica más violenta. Esas bandas se acercaron al Comando Vermelho, que comenzó a fortalecerse nuevamente, retomando influencia en el tráfico de drogas dentro de Brasil y participando también en el tráfico internacional, sobre todo en la región amazónica de la Triple Frontera de Leticia (donde confluyen Colombia, Brasil y Perú).
Mientras el PCC domina el corredor fronterizo Bolivia–Paraguay–Brasil y también parte de la conexión con Argentina, el Comando Vermelho tiene ascendencia sobre la zona de Leticia, un paso clave para el tráfico entre Perú, Colombia y Brasil por la Amazonía.
Esa nueva configuración fortaleció al Comando Vermelho, que empezó a regresar a su territorio de origen: Río de Janeiro. Allí buscó recuperar áreas que antes estaban bajo el control de las milicias.
¿Y quiénes son las milicias? También son organizaciones criminales, formadas en parte por agentes o exagentes de la policía, que combinan actividades legales e ilegales. Se sabe que las milicias han tenido vínculos con el entorno de Jair Bolsonaro y del gobernador Claudio Castro. Estas redes se financian a través de actividades criminales —incluido el tráfico de drogas— y han aportado recursos a campañas de políticos asociados con ellos.
El Comando Vermelho estaba retomando justamente esos territorios que antes controlaban las milicias. El operativo policial se desarrolló en esa zona: la región de Jacarepaguá. En la práctica, la policía utilizó la fuerza del Estado para eliminar a personas vinculadas al Comando Vermelho y limpiar el territorio, de modo que las milicias pudieran recuperar el control.
Por tanto, hay dos niveles en esta operación: uno vinculado al tráfico de drogas y otro claramente político. Claudio Castro aspira a ser candidato al Senado, y busca presentarse como "el gran cazador de bandidos", usando este discurso como bandera electoral.
Esta mañana, un periodista en Río contaba que mucha gente apoya este operativo. ¿Qué impacto tuvo la masacre, creés vos, en la opinión pública brasileña?Es verdad. Cada nueva encuesta muestra que, por lo menos entre los cariocas, la mayoría evalúa positivamente la operación. En cierto modo, la consideran "exitosa" porque ya terminó y porque ahora hay una presencia del gobierno federal en el estado.
No se trata de una intervención federal directa, pero sí de una acción coordinada: el ministro de Justicia viajó a Río y participa en una oficina especial creada para combatir el crimen, con la expectativa de capturar a "Doca", el número dos del Comando Vermelho, que era el objetivo principal del megaoperativo del martes. Ese objetivo no se logró: se mataron a unas 130 personas, pero no se detuvo a Doca.
Eso genera sospechas. Hay una percepción fuerte de que parte de esta operación sirvió para "borrar archivos", es decir, eliminar a personas que sabían demasiado sobre los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. Así, el operativo también habría tenido la función de silenciar testigos o intermediarios incómodos.
Familiares de fallecidos junto a los cuerpos hallados tras el megaoperativo policial en la favela de Penha, en Río de Janeiro
La presencia del gobierno federal y la integración de sus equipos con la inteligencia de la policía de Río apuntan a otro frente: investigar hasta qué punto la policía local está implicada en corrupción y si el operativo excedió los límites legales. De hecho, ya hay investigaciones abiertas en Brasil sobre estos abusos.
Ahora bien, la mayor parte de la población que no vivió directamente los tiroteos ni las muertes tiende a apoyar a Claudio Castro. Lo ven como el gobernador que "mata bandidos" y restablece el orden. Existe un sentimiento social muy extendido —y muy peligroso— según el cual las víctimas "eran delincuentes", y si no lo eran, "no importa, porque eran negros y pobres". Ese es el gran reflejo racista, egoísta y clasista de buena parte de la sociedad carioca en este momento.
¿Y el papel de Lula? Porque en su momento rechazó firmar el decreto que permite la intervención del Ejército. ¿Qué lectura política tiene esa decisión?
Es una cuestión compleja. Ese decreto se llama GLO, acrónimo de Garantía de Ley y Orden. Para entender la posición de Lula, hay que mirar cómo ha gestionado el tema de la seguridad pública desde que volvió al gobierno.
Primero, conviene decir algo: a Lula no le gusta hablar de seguridad pública. No es su tema. Cuando lo hace, suele relativizar, se le escapan frases fuera de contexto, y eso termina jugándole en contra. Por eso, él prefiere trabajar desde la institucionalidad, dejando que las instituciones funcionen, sin exponerse directamente.
En 2023, con mucha resistencia, Lula terminó firmando una GLO. En ese momento había una situación caótica en Río, cerca de fechas festivas y con un ambiente de tensión creciente. Finalmente se autorizó esa intervención federal temporal. La GLO establece que las Fuerzas Armadas pueden sustituir a las fuerzas estatales en determinadas zonas y durante un tiempo limitado, para garantizar la seguridad.
Pero esto tiene un costo político e institucional importante: cuando la Federación interviene la seguridad de un Estado, el mensaje implícito es que el gobernador no está cumpliendo con su función, que es incompetente para garantizar el orden público. Ese es el "recado institucional" que deja una GLO.
En 2023, esa intervención se realizó con el aval de Claudio Castro, aunque lo aceptó a regañadientes. Se delimitó claramente el territorio y el tiempo: los dos principales aeropuertos del país —Guarulhos (São Paulo) y Galeão (Río)— y los dos puertos más importantes —Santos y el de Río de Janeiro—.
El resultado fue sorprendente: un mes después, en diciembre, un jefe de milicia vinculado al Comando Vermelho se entregó sin que se disparara una sola bala. No hubo enfrentamientos ni muertes. Eso demostró que el narcotráfico puede combatirse con inteligencia, no necesariamente con violencia.
Porque, en el fondo, el narcotráfico es un negocio. Y como cualquier negocio, tiene puntos frágiles. En este caso, los puntos débiles son los canales de tránsito y exportación. Atacando esos eslabones —a través de operaciones financieras, de inteligencia y control logístico— se puede desarticular el sistema.
En 2025 se hizo algo similar en São Paulo: un megaoperativo que incautó más de un billón de reales al PCC (Primeiro Comando da Capital), sin disparar un solo tiro. Nadie murió, pero sí se desmanteló una estructura económica del crimen.
En cambio, Claudio Castro no quiere una intervención federal en Río, porque implicaría admitir su fracaso. Y Lula tampoco quiere imponerla, porque no es políticamente conveniente. Para ambos, mantener la situación actual es útil: Lula puede seguir diciendo "esta es la forma equivocada de hacer seguridad pública", y Castro puede sostener que "todo está bajo control".
En ese equilibrio, institucionalmente sale mejor parado el gobierno federal, porque no está obligado a intervenir mientras el gobernador —que es el responsable legal de la seguridad— no lo solicite. Ese es el escenario actual: una tensión política donde cada actor preserva su discurso, aunque la violencia siga cobrando vidas.
¿Cómo creés que sigue todo esto?Hay dos líneas principales de desarrollo a partir de ahora. La primera tiene que ver con el ámbito judicial. La Corte Suprema brasileña quiere realizar una evaluación minuciosa del megaoperativo, sobre todo en lo relativo a los excesos cometidos. Hay denuncias de desfiguración de cuerpos para demorar su identificación, lo que ya constituye una violación grave de derechos humanos. Y cuando algunos dicen "¿derechos humanos para bandidos?", la respuesta es que no se trata solo de eso: también hablamos de los derechos de las personas que viven en esas comunidades, de quienes iban a trabajar o volvían a sus casas y quedaron atrapados en medio de un operativo pirotécnico, más pensado como espectáculo que como acción de seguridad.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, preste declaraciones sobre la operación policial que dejó más de un centenar de muertos y que tenía como objetivo al Comando Vermelho. Además, exigió que la policía estatal adopte mecanismos que reduzcan la letalidad de sus intervenciones.
¿Por qué? Porque desde que Claudio Castro asumió el gobierno, en 2021, las operaciones policiales en Río se caracterizan por un nivel altísimo de muertes. Cada vez que la policía sube al morro, hay muertos: diez, veinte, y esta vez fueron más de ciento treinta. Es un patrón de violencia que ya había motivado acciones judiciales previas.
Por eso, el Supremo quiere saber si el pedido de ajuste de conducta impuesto a la policía carioca —que buscaba reducir la letalidad en sus operaciones— fue violado. Si se confirma, Claudio Castro podría enfrentar sanciones políticas, incluso la pérdida de derechos políticos por incumplimiento de una orden judicial. Esa es una línea: la del control institucional y la responsabilidad del gobernador.
La segunda línea es la del Ejecutivo federal. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, está montando una oficina especial en conjunto con la inteligencia de la Policía Federal para dar seguimiento a la situación en Río. La idea es coordinar acciones y diseñar estrategias que reduzcan la violencia policial, apostando a métodos de investigación e inteligencia más sofisticados, menos letales y más eficientes.
El caso abre dos frentes: uno judicial, que puede tener consecuencias políticas para el gobierno de Río, y otro federal, que busca sentar las bases de un nuevo modelo de seguridad pública en Brasil, más racional y menos basado en la lógica de la guerra.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Pablo Porciúncula - Agencia AFP, Ricardo Moraes - Agencia Reuters
